Por Juan Bolívar Díaz
El proyecto de ley de ingresos y gastos públicos para 1997, próximo a ser conocido por el Consejo Nacional de Desarrollo, para ser envíado al Congreso Nacional, podría convertirse en la primera prueba de fuego para el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y para la gobernabilidad de la nación, en dudas por ser la primera vez que la oposición política acumula un control casi total del Poder Legislativo.
Dadas las expectativas, el proyecto de presupuesto someterá a prueba la capacidad del gobierno y los partidos políticos para una real concertación, sobre todo si la pieza incluye, como se espera, una elevación de impuestos y alzas salariales en el sector público muy por debajo de las proporciones en que fueron aumentados los sueldos de los altos funcionarios.
Pasado el “período de gracia de los cien primeros días”, el primer desafío que tiene esta semana el gobierno del doctor Leonel Fernández es lograr una total cohesión en las filas partidarias, donde se vienen expresando inconformidades y disensiones que han obligado a convocar una sesión del Comité Central del PLD para el 28 del mes que agoniza.
La primera prueba
La proximidad del período navideño favorece la continuación de la tregua política de que ha disfrutado el gobierno, que si bien ha sido observada en lo formal por los partidos opositores, no ha conllevado una activa colaboración del Congreso Nacional, que no ha aprobado ninguno de los proyectos de leyes pendientes que interesan al gobierno, ni los viejos, como el que favorece la inversión privada en energía, ni el envíado por el presidente Leonel Fernández para la reforma de las empresas públicas.
Sin embargo, la obligación de conocer y aprobar la ley de ingresos y gastos públicos para el próximo año, podría precipitar la confrontación, particularmente si la pieza conlleva aumentos de los impuestos, a lo que los partidos políticos no están, al menos en principio, en disposición de acceder. Será esta la primera vez en los tiempos modernos en que un gobierno nacional depende de dos partidos de oposición para la aprobación del presupuesto. Los opositores podrían modificarlo a su antojo, ya que ni poder de veto tiene el Poder Ejecutivo, puesto que apenas dispone del diez por ciento de los miembros de la cámara baja y del 3 por ciento del senado. Cualquier veto se cae con el 75 por ciento de los votos de cada cámara.
Al margen del asunto impositivo, ya los legisladores han mostrado interés en elevarse sus ingresos en términos que los llevarían a ser más exigentes en un aumento general de los sueldos del sector público. Recuérdese que ya los diputados aprobaron un proyecto que establece un alza del 100 por ciento en el salario mínimo, y escalas descendentes hasta el 40 por ciento. Voceros senatoriales han dicho que condicionarán la aprobación del proyecto a que se incluya en el mismo obras de interés para sus comunidades, nuevas y de las más de dos mil que dejó en construcción el gobierno del doctor Joaquín Balaguer.
Desde luego, el presupuesto no soportaría un aumento salarial como el debatido en el Congreso, a menos que conlleve la probación de mayores gravámenes, lo cual podría ser peligroso para la estabilidad macroeconómica. Si se incluye una elevación de los combustibles agitaría el mundo sindical y popular, que reclamaría elevación de los salarios del sector privado.
Altas expectativas
Las expectativas de aumentos salariales son tan altas que los médicos han hablado de salario mínimo de 15 y hasta 20 mil pesos, los maestros no se quedan atrás y hablan hasta de 10 mil pesos, y los legisladores andan por las nubes con aspiraciones sobre los 50 mil pesos.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo sueña con una triplicación de su asignación en el presupuesto, reclamando mil 300 millones de pesos. Y los ministros sometieron peticiones tan elevadas que levaron el total solicitado sobre los 50 mil millones de pesos, el doble del presupuesto del año que concluye, incluyendo desde luego los tres mil millones de la Corporación Dominicana de Electricidad y los 700 millones de pesos del Consejo Estatal del Azúcar. Mientras los municipios aspiran al 5 por ciento del presupuesto, ya propuesto en un proyecto de ley sometido al Congreso. Economistas estiman que el presupuesto no podrá pasar de los 30 o 32 mil millones de pesos, aproximadamente un 20 por ciento mayor que el de este año, con un crecimiento doble al promedio de los últimos cuatro años.
Esas expectativas, marcadas también por la abultada suma que debe disponer el gobierno sólo para concluir las dos mil obras dejadas a medio construir por el gobierno de Balaguer y amortizar la elevada deuda interna y afrontar la mayor carga de la factura petrolera, a consecuencia del alza de los precios del crudo de los últimos meses, obligarán a una concertación entre las fuerzas dominantes en el Congreso y el gobierno.
Carga impositiva
Versiones extraoficiales indican que el gobierno ha estado debatiendo la posibilidad de elevar el impuesto a la transferencia de bienes industrializados -ITEBI- al 12 por ciento. Técnicos nacionales y extranjeros han llegado a recomendar llevarlo hasta el 16 por ciento, considerando la actual carga del 8 por ciento entre las más bajas del continente en esa materia. Lo mismo dicen de los precios de los combustibles, lo que se justificaría en al alza del petróleo, superior al 33 por ciento en los últimos tres meses, lo que ha reducido el margen del gobierno en el diferencial de los combustibles. Los tentativas no perdonan ni al gas propano para uso doméstico. Mientras ya la Corporación de Electricidad aplicó el alza proporcional en sus tarifas.
Versiones sin confirmar indican que en su conversación de hace dos semanas con el lider perredeista José Francisco Peña gómez, el Presidente Fernández lo tanteó sobre el aumento del ITEBI y de los combustibles y la unificación cambiaria. Se afirma que el dirigente del PRD estuvo de acuerdo en la unificación cambiaria, pero no se mostró positivo en los otros dos asuntos.
Tal vez olfateado de lo que se cocina, el Consejo Nacional de la Empresa Privada se manifestó en desacuerdo con la elevación del ITEBI y replanteó el argumento de otros sectores de que primero corresponde cobrar eficientemente ese impuesto, con lo que el gobierno podría duplicar o triplicar sus recaudaciones por ese concepto. La generalidad de los analistas concuerdan en que es lo lógico, pero sería un proceso lento. Un sólido argumento señala que equivaldría a elevar el margen de los tantos empresarios que se quedan con la recaudación del ITEBI, lo que repercutiría hasta en la competitividad.
El gobierno tendrá que aceptar parcialmente el argumento y contar con una mayor recaudación del ITEBI, negociando con el Congreso una elevación mucho más modesta que la recomendada por los técnicos, tal vea al 10 por ciento. De hecho, las oficinas recaudadoras han anunciado aumentos considerables como consecuencia de mayores esfuerzos en sus obligaciones.
Intereses partidarios
Los intereses partidarios de cara a las elecciones congresionales y municipales de mayo de 1998 planean sobre el Congreso Nacional y entrarán abiertamente en juego con la discusión del presupuesto de 1997. No se excluye ni siquiera al PLD que tendría que buscar un mejor posicionamiento en el Poder Legislativo y en los municipios en los comicios dentro de 18 meses.
El problema más significativo es que el crecimiento del PLD está llamado a darse básicamente a costa del Partido Reformista social Cristiano, lo que pende sobre los deseos de dirigentes y legisladores de este de endurecer cuanto antes la oposición al gobierno, buscando recuperar los votos prestados al PLD desde la primera vuelta de las elecciones de este año, y más claramente para la segunda, cuando fueron la diferencia.
Si el PRSC endurece temprano su oposición al gobierno, arrastrará a lo mismo al PRD y sus aliados, que tendrían que luchar por mantener la excelente posición en que quedaron de cara al poder legislativo y municipal. Recuérdese que en la primera vuelta la alianza encabezada por el perredeísmo, ganó en 27 de las 30 provincias y en 92 de los 107 muicipios. Cuando PLD y PRSC fueron aliados a la segunda ronda, todavía el Acuerdo de Santo Domingo pudo ganar en la mitad de las provincias.
Por supuesto, factores como la salud del doctor Peña Gómez y del ex-presidente Balaguer podrían ser determinantes de importantes cambios en las perspectivas políticas y mejorar contundentemente las posibilidades del PLD y su gobierno, quienes también saldrían beneficiados a mediano plazo de unendurecimiento irracional de la oposición.
El desafío del PLD
Desde luego, el primer desafío para el PLD y su gobierno consiste en mantener la cohesión, sometida a algunos interrogantes por expresiones de disensión que se han manifestado progresivamente en la medida en que pasan las semanas, y que ya crearon preocupaciones antes de que el régimen de Leonel Fernández llegara a los cien días.
No se trata de la crisis que ya denuncian los opositores, pero sí de disensiones que comenzaron temprano con el cancelado subsecretario técnico Miguel Solano, y pasaron públicamente luego a Josefina Pérez Gaviño, Johnny Matos y Franklin Almeyda. Estos últimos han planteado las inconveniencias para el PLD de que todos menos uno de los miembros de su Comisión Política, tengan altos cargos en el gobierno.
El reclamo público de Almeyda, pese a las anunciadas sanciones a su esposa Josefina y a Matos, obligó al Comité Político a reunirse para considerar la situación y a convocar el Comité Central para el 28 de noviembre. La petición reiterada por Almeyda es que convoquen la Conferencia del PLD para evaluar las relaciones partido-gobierno. Pérez Gaviño de Almeyda y Matos habían propuesto claramente que los miembros delComité Político, con la excepción del Presidente Fernández y del secretario general Lidio Cadet, y tal vez del secretario de la Presidencia Danilo Medina, tomen licencia en el máximo organismo ejecutivo del partido.
La peticion se fundamenta en que las ocupaciones que suponen los altos mandos del gobierno les impedirían desarrollar la labor necesaria para adecuar el partido a las nuevas circunstancias políticas y prepararlo para competir en los próximos torneos electorales. Los comicios de 1998 planean también sobre el partido de gobierno.
El desafío es público y esta misma semana el PLD tendrá que empezar a considerarla, sin recluirse en el argumento de la violación a los métodos partidarios. Porque son expresión de inconformidades subyacentes, algunas fundadas en la constitución del gobierno y la distribución de cargos y empleos, otras en prejuicios de dirigentes no preparados para la apertura que implica gobernar la nación y temores de que un anillo pueda relegar el partido, y las más en legítimas preocupaciones por la suerte futura del partido y las esperanzas de que pueda extender su permanencia en el poder más allá del año 2 mil .
Las experiencias del PRD en el poder, que se fragmentó y terminó haciendose una oposición interna paralizante, están pendientes ahora que se repite la presencia de un presidente que no es un caudillo y que pretende mantener la democracia interna y en el plano nacional.
Al PLD y al país hay que desearle mejor suerte que la de los dos gobiernos perredeistas. Tener aquel precedente no deja de ser una ventaja.-