Juan Bolívar Díaz

            El diálogo entre los tres partidos mayoritarios se consumió el mes de marzo sin que haya asomado un acuerdo satisfactorio, a pesar de las buenas voluntades expresadas, en medio de un clima de creciente escepticismo en la opinión pública nacional.

            Aunque al concluir la última sesión, que fue la sexta desde su inicio el 3 de marzo,

se anunció un “principio de acuerdo”, declaraciones posteriores parecen indicar que el mismo correspondía más a las ilusiones que el mundo de lo objetivo, y el ex-presidente Joaquín Balaguer seguía manteniendo el “juego trancado”.

            Mientras tanto el descrédito en que va cayendo el proceso de cedulación y el riesgo que implica para los comicios presidenciales del 2000, ameritan soluciones urgentes, sino de consenso entre los partidos, al menos de transacción, como las auditorías propuestas por el Movimiento Cívico Participación Ciudadana.

Vueltas a la noria

            Concluido el primer trimestre del año, la opinión pública prosigue, como en diciembre, o como hace dos años, demandando del sistema partidista algún nivel de real negociación y consenso que garantice la gobernabilidad dentro de la diversidad de poderes estatales determinada por los electores.

            El primer mes se consumió en el enfrentamiento en torno a la Liga Municipal Dominicana, que llevó las relaciones entre los tres partidos, y especialmente entre el gobierno y el principal de la oposición, a los peores términos en los dos años y 7 meses que registra el actual período constitucional, especialmente por la ruptura de la institucionalidad municipal.

            Febrero fue de reclamo de la opinión pública. Y de golpe el gobierno pareció más sinceramente interesado que nunca en una transacción con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tanto que se ha permitido el lujo de disentir discretamente de las posiciones de su aliado el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)

            Fue en su discurso ante el Congreso Nacional, el 27 de febrero, cuando el Presidente Fernández invitó para el miércoles 3 en el Palacio Nacional, a fin de iniciar el diálogo, después de dos semanas de intercambio de cartas protocolares con el perredeismo.

Como en los intentos de diálogos de finales de 1996, 1997 y 1998 los dirigentes políticos y gubernamentales parecen hablar un lenguaje ambivalente. Llegan a las reuniones en representación de sus partidos, pero para todo tienen que remitirse a las decisiones de sus organismos, o del caudillo, en el caso del PRSC y Balaguer.

Esa ocurrencia parece ser indicativa de madurez democrática y no debería originar mayores críticas, como las expresadas recientemente al respecto por el Cardenal Arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, dado que el PLD y el PRD están en proceso de transición a direcciones más colectivas, tras la desaparición de sus históricos líderes, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

El descubrimiento

            Una lectura cuidadosa de las declaraciones y artículos de los dirigentes del PLD y funcionarios gubernamentales crea alguna expectativa de que pueda lograrse algún consenso con la oposición. Lucen más conscientes de que con todas sus debilidades el PRD es el partido mayoritario, a quien deben combatir pero también con el que hay que contar si se quiere hablar de acuerdos.

            Ningún observador más o menos honrado podía entender cómo los funcionarios del gobierno querían enfrentar al PRD, disputándole todos los espacios que le confirió democráticamente el electorado, y al mismo tiempo pretendían su colaboración legislativa. Por alguna razón ahora por primera vez se tiene la impresión de que los peledeistas están interesados en algún nivel de acuerdos.

            No faltan quienes lo atribuyan a las crecientes dificultades económicas, concretamente a la urgencia de préstamos internacionales, en manos del Congreso, que permitirían no sólo recursos para urgentes inversiones, sino también divisas para ayudar a mantener el precario equilibrio de la tasa de cambios. Así mismo para que le aprobaran bonos por 5 mil millones de pesos para paliar las deudas con los contructores de obras del Estado.

            Sobre el gobierno pesan también las presiones provenientes de los sectores populares agobiados por la acumulación de deficiencias y de obras públicas por construir que sobrepasan las 4 mil, mientras va quedando poquito más de un año del período

constitucional, y los recursos no alcanzan dado que la herencia balaguerista obligó a disparar de golpe los gastos corrientes que están consumiendo más de tres cuartas partes del presupuesto.

Balaguer con la llave

            Aunque han manejado lo del diálogo político con asombrosa discreción, las fuentes políticas indican que efectivamente el Presidente Fernández tiene positivo interés en conducir las negociaciones hacia la concertación y que se ha mostrado más abierto que nunca con los delegados del PRD.

            Tras la sexta reunión del diálogo tripartito el miércoles 23 se anunció la fórmula del pre-acuerdo sobre los conflictivos casos de la LMD y la JCE, consistente en que el PRD aceptaría que Amable Aristy Castro siguiera al frente de la Liga Municipal hasta que los tribunales decidan sobre sus demandas y PLD y PRSC aceptarían la oferta de elevar de 5 a 7 los jueces electorales.

            Las declaraciones de los delegados políticos esa noche al salir del Palacio Nacional no pudieron ser más optimistas. De los tres sectores se recibieron alientos sobre un inminente acuerdo. Sólo el Listín Diario recogió el desacuerdo. Alguien se encargó de colar la versión de que se habría acordado la renuncia del doctor Manuel Ramón Morel Cerda a la presidencia de la JCE.

            Posteriormente ninguna de las partes se atrevió a decir que tal cuestión formaba parte del pre-acuerdo, aunque por razones obvias Donald Reid Cabral sugería la posibilidad de que se le incluyera. Los reformistas seguían siendo el hueso duro de roer, hasta el punto que los mediadores del diálogo, el obispo José Arnaiz y monseñor Agripino Núñez Collado quedaron en visitar al ex-presidente Balaguer para convencerlo de que acepte el pre-acuerdo.

            La posición de los delegados reformistas era razonable, aunque dejaban entrever que ese hilo sólo lo desembolla el caudillo. Por eso se habló de pre-acuerdo y no de acuerdo defintivo. Informes polsteriores provenientes de influyentes personajes ligados a Balaguer indican que éste habría advertido a Reid Cabral y Federico Antún el viernes 26 que se fueran preparando para retirarse de ese diálogo.

            El viejo caudillo no está por soltar la llave que el gobierno y el PLD le han entregado para que sea el árbitro nacional, pese a su escasa representación congresional y municipal y las bajísimas preferencias que le registran las encuestas. Todo eso mientras se prepara para lanzar nueva vez su candidatura presidencial y enfrentar al gobierno, pero seguro de que los peledeistas están presos de su política de no tocarlo ni con el pétalo de una rosa en post de un nuevo Frente Patriótico en junio del 2000.

Razonable propuesta

            Designar otros dos jueces electorales es una salida razonable al conflicto de la JCE, sobre todo si se tiene en cuenta que ni el PLD ni el PRSC han impugnado ante la justicia la designación de los cinco actuales. Todo el mundo está consciente de que el Senado los designó apegado a la Constitución. Aunque la generalidad deseaba que se hiciera por consenso, como en las dos ocasiones anteriores, no es una condición constitucional ni legal, mientras el consenso interpartidario había sido roto previamente por los otros dos partidos.

               Otros dos jueces independientes serían garantía de equilibrio para los objetores de la JCE, lo mismo que la observación electoral propuesta desde ya por el Movimiento Cívico Participación Ciudadana en coordinación con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), órgano del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el cual visitó el presidente Fernández en su viaje de hace poco más de un año a Costa Rica.

            Participación Ciudadana, como la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado, tienen convenios con CAPEL, que tiene a su cargo el secretariado ejecutivo del Protocolo de Tikal, que relaciona a las organismos electorales de la región.

            La propuesta de observación del movimiento cívico incluye realizar sendas auditorías al proceso de cedulación y al padrón electoral, con la cooperación técnica de CAPEL. En el primer caso se perseguiría evaluar la seguridad del carné electoral, la eficiencia de los procedimientos de cedulación y la capacidad instalada de la JCE para determinar si esa tarea puede concluir debidamente y a tiempo para los comicios del año próximo.

            Sobre el padrón, el objetivo sería identificar sus consistencias e inconsistencias, comparando las informaciones de la base de datos con los formularios de inscripción, mediante un sistema de muestreo.

            Si al mismo tiempo los partidos pueden ponerse de acuerdo en la selección de los funcionarios ejecutivos básicos de la JCE y los presidentes y secretarios de una docena de Juntas Electorales que requieren reestructuración, no hay razón para que no se intente una transacción en el diálogo tripartito.

            Los perredeístas han cedido en relación a su demanda original de que Amable Aristy saliera de inmediato de la LMD y en aumentar los jueces electorales. Los peledeistas lucen dispuestos a esa transacción. Pero se ignora en qué ha cedido Balaguer. Después de Semana Santa se sabrá si lo pudieron ablandar o si el diálogo finalmente fracasará. Mientras tanto, además de los prelados mediadores, sería bueno que también fueran en procesión hasta la Máximo Gómez los dirigentes del PLD que conocen bien esa ruta. Nos conviene a todos.