Por Juan Bolívar Díaz

            El establecimiento de efectivos mecanismos de control del gasto público, la rendición de cuentas sobre todas las acciones de los poderes del Estado y la reivindicación del concurso para las compras y obras públicas forman parte de los compromisos más trascendentes contraídos por el presidente electo Hipólito Mejía.

               La reforma de la ley de ingresos y gastos públicos para reducir la discrecionalidad que ha permitido a los últimos presidentes manejar a su antojo importantes proporciones de las finanzas nacionales, deberá repercutir en una disminución del clientelismo político y el sistema de repartición que tantos recursos dilapidan.

            Un Fiscal Especial contra la corrupción, por elección del Congreso nacional, sería clave no sólo para el control de los gastos del Ejecutivo, sino también de las cámaras legislativas, la justicia y los municipios, mucho más necesario en la medida en que se ejecute la anhelada y prometida descentralización.

Reparto a dos manos

               Recientes cuestionamientos a la gestión de Rafaela Alburquerque en la presidencia de la Cámara de Diputados, han evidenciado prácticas clentelistas, colindantes con la corrupción que se han venido imponiendo mucho antes que esa dama alcanzara el puesto, mismas que se repiten en el Senado y en muchos municipios.

            La doctora Alburquerque por su propia iniciativa y sin previa aprobación de la Cámara decidió comprar por más de 14 millones de pesos un solar a un correligionario en una zona bastante alejada, al otro extremo de la ciudad, para erigir un club legislativo que compromete una inversión sobre los 58 millones de pesos. Hay familiares y relacionados entre los beneficiarios de los contratos otorgados de grado a grado.

            Se puso en evidencia que una fundación presidida por la legisladora y otras dos por familiares inmediatos figuran con partidas en el presupuesto nacional de este año, aunque las dos últimas no estaban incorporadas al momento de recibir tal beneficio.

            En defensa de la presidenta de los diputados se ha dicho que tales prácticas son generalizadas, que lo mismo han hecho otros directivos congresionales y de las demás instituciones del Estado, y que en su caso han sido denunciadas por machismo y luchas por desplazarla de la posición que ostenta.

            Aunque tanto los contratos para el club como los subsidios a sus tres fundaciones provocarían la renuncia en cualquier país con un mínimo de control, entre nosotros muy pocos se rasgan las vestiduras por estas menudencias o “indelicadezas”. Y no faltan razones, pues de seguirse el curso de la dimisión el país podría quedarse sin legisladores ni funcionarios ejecutivos, incluyendo a los presidentes de la nación, que han sido los más generosos repartidores del presupuesto nacional.

            Al reclamar transparencia y honestidad en los gastos de todo el sector público, el movimiento Participación Ciudadana denunció el pasado fin de semana que en el presupuesto de este año hay subsidios para más de 400 fundaciones, más de 300 asociaciones, para 186 asociaciones de estudiantes universitarios y más de cien clubes sociales, además de centenares de otras entidades no gubernamentales de diversa denominación.

            Como es natural, cientos de esas entidades son instituciones merecedoras de los subsidios que montan cientos de millones de pesos. Pero otras tantas son creaciones de los mismos legisladores y funcionarios para agenciarse recursos para usufructo personal y clientelismo político. Nadie las controla ni a nadie rinden cuenta.

            Y desde luego, cada año se les renueva el presupuesto, como se y ha venido ampliando la cantidad de dinero que manejan a discreción los presidentes de las cámaras legislativas, como forma de comprar su silencio y complicidad con los abusos que a su vez practica el Poder Ejecutivo con mucho mayores sumas del erario nacional. De esa forma se ha desalentado la misión congresional de velar por el cumplimiento de la ley de gastos públicos.

            La práctica se generaliza porque también en los municipios se dilapidan partidas de los fondos públicos y se evaden los concursos públicos en aras del clientelismo y el nepotismo, de lo cual también se han denunciado brotes -aunque de menor cuantía- en el Poder Judicial y organismos autónomos del Estado.

Ejemplo a seguir    

            Hipólito Mejía insistió en su campaña electoral en que cumplirá y hará cumplir la ley de presupuesto, dejando atrás la práctica de Joaquín Balaguer, proseguida con entusiasmo por Leonel Fernández, de gastar más del cien por ciento de lo asignado a la presidencia de la República en la ley de gastos públicos, a menudo proporciones relevantes de la inversión pública.

            El presidente electo se comprometió también con la restauración del concurso público, actualizando la ley que lo establece, y en su programa de gobierno figura una reforma para crear todo un poder contralor del Estado con autonomía suficiente para que no dependa del Poder Ejecutivo y pueda actuar contra éste. Finalmente planteó la figura del Fiscal Especial contra la corrupción.

            Ciertamente que muchas de esas promesas son viejas y han sido olvidadas, al igual que la supresión de las facturas consulares y los demás tráficos inmorales de los consulados, nunca habían sido demandas tan sentidas de la ciudadanía. Y como Hipólito ha jurado ser “un hombre de palabra”, corresponde ahora esperar y reclamar su pronta concretización.

            Esos mecanismos de control, ese ejemplo de comenzar por el Poder Ejecutivo, será más necesario en la medida en que se cumpla también el compromiso de la descentralización del gasto, del fortalecimiento del municipio. El nuevo presidente llega con el compromiso de elevar al 10 por ciento del presupuesto la asignación de los ayuntamientos, pasándola del 4 al 7 en el 20001 y al 10 en el año siguiente.

Sin efectivos controles solo serviría para aumentar la repartición y el clientelismo y multiplicar la corrupción. Cuando se instituyó el 4 por ciento del presupuesto para los municipios, muchos de estos vieron duplicarse sus ingresos, pero no así los servicios a la comunidad. En muchos casos han servido para elevar los salarios y el empleo y para pagar ilegales “dietas” a los regidores, función que constitucional y legalmente es honorífica.

            La independencia del Ministerio Público, con un régimen de inamovilidad, lo mismo que de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas, debería contribuir al establecimiento de la transparencia en los recursos de una nación que tiene en agenda la lucha contra la pobreza, mediante una mejor distribución del ingreso.

Imperativo de la hora

            El nuevo gobierno nace con un imperativo de austeridad, trazado a lo largo de la campaña electoral por el verbo implacable de Hipólito Mejía. Y grandes sectores poblacionales le han dado crédito a su palabra, constituyéndose ello en una de las causas de su avalancha electoral.

            Tal austeridad, honradez y transparencia en el manejo de la cosa pública serán más necesarias por el hecho de que Mejía heredará una situación de estancamiento en los ingresos públicos, a causa del alza del petróleo que para este año representa unos 5 o 6 mil millones de pesos menos que en 1998. La elevada deuda interna, que disfraza un déficit presupuestario, y la enorme cantidad de obras inconclusas que recibirá, también obligarán a un manejo más austero.

            Sólo así el gobierno ganaría la autoridad moral necesaria para promover una reforma fiscal que eleve la presión tributaria del 14 por ciento en que es estimada hasta el 20 o 22,   proporción necesaria para el efectivo combate a la pobreza, mediante una mayor inversión en los servicios básicos, y para la infraestructura del desarrrollo nacional, comenzando por decenas de acueductos y alcantarillados ya imprescindibles.

            Como es tradición en la política nacional, la oposición no le servirá al gobierno en bandeja de plata y por amor al arte reformas fiscales que conlleven una mayor presión tributaria. La diferencia es que esta vez el partido de gobierno tendría el poder legislativo para hacerlo por propio impulso. Pero aún así tendría que ganarse ante la ciudadanía ese derecho, con una serie de golpes a la dilapidación, con probada austeridad y honradez.

            La mejor forma de abrir espacio para la reforma fiscal que demandan las necesidades nacionales es mediante el cumplimiento de ese programa de controles y transparencia que Hipólito Mejía vendió a la ciudadanía.

            La imposición partidaria sin fuerza moral sólo serviría para abrir desde temprano un amplio espectro opositor al gobierno, sobre todo en un país donde se ha llevado hasta la exageración el principio del consenso. Tanto que para algunos iguala las mayorías a las minorías. Y en cualquier caso, a quienes más se reclamaría en una reforma fiscal, es a los sectores con mayor capacidad para hacerse sentir en la opinión pública.

            La nación necesita algunos golpes de efecto al tráfico y la corrupción que restauren la fe en los valores éticos y morales, que creen un nuevo laborantismo positivo y reivindicador de la política, para el fortalecimiento de las instituciones, para la reafirmación de los principios democráticos y de la justicia social. Podría ser la nueva clase de diferenciación en esta coyuntura de pocas fronteras ideológicas. –