Por Juan Bolívar Díaz
Si la Junta Central Electoral (JCE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana (MPC) no se apresuran a revisar y entregar al escrutinio público la auditoría ejecutada al proceso de cedulación en el más breve plazo, ese esfuerzo podría quedar definitivamente en el descrédito.
Comprobado el error, la distorsión, o quien sabe si hasta sabotaje en el manejo de un informe sobre los cedulados entregado a los técnicos de CAPEL, las partes involucradas debieron proceder de inmediato a las correcciones, evitando el escándalo, especialmente la JCE, habida cuenta de que las conclusiones y recomendaciones del estudio hechas públicas por el MPC favorecen la cedulación total antes de los próximos comicios.
Interpretaciones incorrectas en importantes medios informativos y versiones infundadas hechas llegar a los magistrados electorales determinaron un tono agrio que no ha servido sino para manchar el más valioso esfuerzo encaminado a racionalizar el debate en torno al proceso de cedulación.
Largo proceso
Desde enero, cuando la Junta estaba bastante entrampada, el MPC comenzó a romper el hielo, señalando que mientras los partidos superaban sus enfrentamientos la Sociedad Civil debería interesarse porque saliera adelante el proceso de emisión de una nueva cédula electoral más segura, con huellas digitales y fotografía integradas, como se había reclamando vanamente en 1992, cuando se decidió la que ahora se sustituye.
Durante la conversación de un grupo de ciudadanos con los jueces electorales éstos manifestaron su disposición a la plena transparencia y se comprometieron a emitir un pronunciamiento acogiendo la observación, colaboración y sugerencias de la Sociedad Civil. Un comunicado público emitido días después expresaba su disposición hasta de aceptar auditorías a la cedulación y al proceso de empadronamiento.
Sobre esa base, y tras una visita al país del director ejecutivo de CAPEL, Luis Alberto Cordero, Participación Ciudadana propuso públicamente las auditorías y se comprometió a cubrir parte de sus costos, incluso a realizar una parte del trabajo, el de las encuestas y censo de los centros de cedulación, con la única condición de que sus resultados tenían que hacerse públicos, en honor a la transparencia que caracteriza los actos de una institución cívica, no partidista, que integra a cientos de personas de diversas concepciones, visiones y simpatías.
Según los acuerdos JCE-CAPEL-MPC las auditorías se realizarían en mayo y junio para entregar sus resultados el 1 de julio. CAPEL cargaría con los aspectos técnicos y MPC con las encuestas e inventarios. Sobre la marcha se advirtió que algunas informaciones de la JCE fluían lentamente, por lo que se separaron las dos auditorías para dar prioridad a la de la cedulación, por la urgencia. La del padrón electoral podía esperar hasta meses.
La presión de dirigentes políticos y periodistas y los reclamos de que se discutiera la posibilidad de votar con las dos cédulas (la vieja o la nueva) hizo que el MPC se empeñara en que la auditoría no se retrasara y se apresurara a dar a conocer sus resultados, tratando de canalizar positivamente el debate. Los dirigentes de Participación dicen que su único fallo en el proceso fue derivado de su compromiso de transparencia, al no haber dejado más tiempo entre la entrega a la JCE y la rueda de prensa.
Seria divergencia
Cuando los técnicos de CAPEL, acompañados de dirigentes del MPC entregaron el informe de unas 50 páginas a espacio corrido y más de un centenar en anexos, procedieron a explicar sus consideraciones y conclusiones. Fue el viernes 2 de julio en reunión iniciada a las 10 de la mañana. Allí mismo se detectó que informaciones contenidas en un disco compacto entregado por los técnicos de la JCE a CAPEL habían sido distorsionadas, o borradas. Es decir, que datos básicos sobre los empadronados no aparecían
Ante las protestas de los jueces electorales PC decidió sólo entregar a la prensa, los partidos y la Comisión de Seguimiento las conclusiones y recomendaciones, en las que no figuraban los datos erróneos objeto de la divergencia. Así se convino con los jueces. Se entregó a la 1.30 en el hotel Jaragua. Las partes recibieron el documento parcial son satisfacción y los partidos reconocieron el esfuerzo de Participación y CAPEL.
Para las 5 de la tarde del mismo viernes, las tres partes volvieron a reunirse en la JCE. Sumados los técnicos de Dato Centro. Los del Centro de Cómputos electorales demostraron eficientemente que habían entregado a los de CAPEL una información completa y correcta, diferente a la que aparecía en dos páginas del Informe. Fue entonces que los técnicos buscaron el CD en la oficina asignada a CAPEL, fuera del local central de la JCE. Lo encontraron raspado, en condiciones que no se podía leer. Contradictoriamente en el disco duro de la computadora asignada a los técnicos extranjeros sí estaba la información correcta, la misma que ellos echaban de menos en su informe.
De inmediato nadie ha podido explicar con seguridad lo ocurrido. El nivel y la experiencia en la materia de los técnicos enviados por CAPEL descartaría una chapucería o un error elemental. No han faltado quienes exploren la posibilidad de un sabotaje. Pero nada firme.
Hasta ahí, dado que esa información no se conocía, la auditoría se salvaba haciendo las correcciones correspondientes. Pero al parecer el titular de primera página del Listín Diario al día siguiente, sábado, puso la tapa al pomo: “CAPEL condiciona la entrega de fondos adicionales a la JCE”. Según informes esa falsa interpetación de prensa, pues las conclusiones del Informe entregadas dicen lo contrario, indujo a los jueces a decidirse por convocar una “urgente” rueda de prensa el sábado al medio día para denunciar la auditoría, en términos duros, retrasando ahora una revisión que pudo hacerse en unas cuantas horas.
¿Salvar la auditoría?
Aparte de los datos erróneos, contenidos en dos páginas de un subcapítulo, la JCE pudo haber solicitado algunas precisiones, si lo deseaba, lo que es normal en una auditoría de cualquier género. Probablemente ni CAPEL ni Participación se iban a negar rotundamente, a menos que no se quisiera cambiar la esencia de la investigación. Pero ésto no era necesario, pues en general tanto el Informe como sus conclusiones y recomendaciones se inscribían en la posición de la Junta de realizar los mayores esfuerzos para completar la cedulación.
En síntesis, el Informe avala la calidad del nuevo carnet electoral, y en sus conclusiones recomienda la ejecución del Plan elaborado por la JCE para tratar de rescatar la cedulación. Las conclusiones, en su punto 1 comienzan así: “La ejecución del Plan de 180 días, (anexo 6) en los términos previstos, permitiría superar el atraso y entregar la nueva CIE a todos los ciudadanos dominicanos. Para la ejecución de este plan la JCE debe contar con todos los recursos humanos, técnicos y financieros previstos en el mismo”…
La errónea interpretación del Listín Diario aparentemente sale del siguiente párrafo, donde tras calificarse el Plan como “laudable y que demuestra un alto nivel de planificación”, se afirma que debe aplicarse tan sólo cuando se logre la estabilización del sistema informático y la entrega de la base de datos maestra de cedulados y de la totalidad de los procesos para operación directa de la JCE”… Esos y otros elementos de la nueva tecnología todavía no son entregados por Dato Centro, que la vendió. Pero obviamente no hay base real para decir que el Informe de CAPEL “condiciona” la entrega de fondos adicionales a la JCE. Más bien establece prioridades hacia un objetivo que el Informe favorece ampliamente.
A lo largo del estudio hay sugerencias de recursos humanos, especializados como un administrador general del proyecto de Cedulación y dos administradores de base de datos, así como de más personal de digitación, campañas de motivación, ampliación de disponibilidades técnicas y hasta contratación de una empresa sólo para procesar la comprobación de huellas digitales. Todo ello conlleva alta inversión. Se indica que la comparación de las huellas dactilares es el mayor tapón que presenta la nueva tecnología y que se puede romper contratando ese proceso con empresas que en países desarrollados ofrecen tal servicio.
Al señalar tres alternativas en orden de prioridades, se compromete con la primera que es proseguir con la meta de cedular a todos los ciudadanos y ciudadanas antes de las próximas elecciones.
La segunda alternativa es imprimir y entregar la nueva cédula dejando la verificación de las huellas dactilares para después. Se elaboraría el padrón y si luego alguna huella se repite y se comprueba duplicidad, cancelarla o excluirla del registro. Presenta ventajas y desventajas de esta opción.
Finalmente deja abierta la posibilidad (tercera opción) de que se vote con la s dos cédulas, indicando que “votar con dos documentos y un sólo Padrón Electoral Fotográfico es técnicamente posible”. Pero indicando a seguidas que “La JCE podría abocarse a adoptar esta medida si los problemas técnicos actuales no fuesen solucionados y los partidos políticos y opinión pública así lo solicitaran”. En el siguiente párrafo precisa que “Esta alternativa debería ser tomada en cuenta por la JCE para su implementación en caso extremo y como contingencia final”.
Todavía más: a continuación otro párrafo advierte que “esta posibilidad no debe considerarse, sino cuando se agoten todas las sugerencias y alternativas consignadas en este Informe. La discusión extemporánea de esta posibilidad puede ocasionar una disminución de la motivación para obtener la nueva cédula en la ciudadanía y una baja en el rendimiento operativo del personal de la JCE”.
Más claro de ahí se dañaba. Pero ni la JCE ni los medios informativos parecen haberlo entendido tan claro. ¿Lo habrán entendido los dirigentes políticos?