Por Juan Bolívar Díaz

            Más allá de los resultados finales del enfrentamiento en la Liga Municipal Dominicana, la actuación gubernamental debería generar preocupaciones por cuanto implica una decisión de arrebato e imposición que no para mientes en aspectos institucionales ni en consideraciones personales.

            El involucramiento directo del secretario de Interior y Policía y el uso de la fuerza pública en el local de la Liga Municipal Dominicana (LMD), más las desconsideraciones y atropellos cometidos contra el Síndico del Distrito Nacional, muestran un gobierno poco preocupado por el juicio de una opinión pública por cierto bastante generosa en relación a los arrebatos gubernamentales.

            Así mismo, la convocatoria de una asamblea paralela de la LMD en San Pedro de Macorís demuestra una tendencia a recurrir a recursos no institucionales para dirimir los diferendos, en vez de apelar a la negociacion y la transacción, o a los recursos jurídicos.

Sobre el cansancio   

               Tras un largo proceso de enfrentamiento entre el gobierno y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) la opinión pública se fue insensibilizando frente a cualquier maniobra política. Llegó un momento en que la población parecía saturada y agobiada por el conflicto, y mucha gente lo que deseaba era ver superado el día de la Asamblea General.

            Ni siquiera la revelación de un documento donde se trazaba la estrategia del gobierno para desplazar al PRD del control de la Liga Municipal Dominicana apelando incluso al uso de los “mecanismos del poder”, logró producir impacto en la opinión pública.

            Para muchas personas lo de la Liga Municipal ha sido tan solo una disputa entre partidos. Nunca antes la elección de un Comité Ejecutivo del organismo asesor de los ayuntamientos había conllevado tanta importancia. Y aún en sectores de nivel académico había poco interés por dilucidar el conflicto.

            Desde luego, la forma como el PRD manejó el conflicto, su escaso crédito en la administración municipal, especialmente del Distrito Nacional, y su dispersión en una larga campaña electoral interna, han contribuido a la indiferencia de la comunidad frente al abuso del poder para neutralizar los efectos de las elecciones de mayo pasado.

Jalisco arrebata

           Gente que analiza los acontecimientos políticos con frialdad, como en la comunidad diplomática, no logra entender cómo se ha debatido durante tantos meses si correspondía, en una elección democrática la dirección de la LMD a un partido que ganó en 95 de 115 municipios hace ahora 8 meses.

            Aún con la alianza PLD-PRSC, el Acuerdo de Santo Domingo seguía controlando el 57 por ciento de las salas capitulares. El plan estratégico sobre la LMD atribuido a la secretaría de Interior y Policía reconoce que el PRD controlaba 66 de las asambleas municipales, contra 47 de la alianza y en 2 había empate.

            En vez de aceptar esa realidad y negociar con los perredeistas el gobierno siguió el consejo del plan estratégico, el cual advertía que “estudiando a cada uno de los regidores de estos ayuntamientos, determinando sus virtudes y debilidades, podríamos hacer contacto con los más disponibles y lograr un mínimo de diez regidores, utilizando los mecanismos del poder. Esto nos facilitará el control de la Asamblea General con la alianza PLD-PRSC”.

            Al parecer las gestiones de incentivos y captación de votos del Acuerdo de Santo Domingo comenzaron tarde, o los acuerdistas madrugaron. Hubo que apelar al recurso de realizar nuevas asambleas en una docena de municipios para invalidar la elección original y escoger nuevos delegados. Fue uno de los elementos conflictivos. Se ha debatido en la prensa, con divergentes opiniones de juristas, sobre cuáles son los delegados legítimos, si los primeros o los segundos. Si los escogidos con todas las formalidades, o los acomodados a la carrera y en algunos casos en “asambleas clandestinas”.

Sin disimulo alguno

            La alianza PLD-PRSC hizo esfuerzos infructíferos por controlar el Comité Ejecutivo de la Liga, donde los perredeistas también tienen mayoría. Buscaban de esa forma recomponer la Comisión Organizadora de la Asamblea General, que fuera designado por el brazo ejecutivo.

            Para ello los aliados querían que el PRD renunciara a sus mayorías e integrara una comisión con igual representación por partido. En otras palabras que les entregara a ellos el control de la organización de la asamblea.

            Los representantes de la alianza dejaron de asistir a las reuniones ejecutivas y por primera vez la semana pasada, trajeron al titular mismo de la Secretaría de Interior y Policía, el doctor Ramón Blanco Fernández, para que asumiera la presidencia de la Asamblea y antes de reunirse ésta pudiera convocarla y decidir quiénes son los delegados válidos.

            Nunca antes el secretario de Interior y había asumido un papel tan activo en la LMD, sustituyendo al organismo ejecutivo de una institución que se presume autónoma y cabeza de un poder del Estado, que si bien no está formalmente reconocido, en la práctica y en la teoría es defendido como tal. Hasta hace una semana la representación de la cartera la ostentaron subsecretarios como Joaquín Alberto Ramírez y Alfredo Molina Lluberes.

            La convocatoria de Blanco Fernández para la Asamblea General paralela en San Pedro de Macorís, pasó por encima del artículo 35 del Reglamento de la LMD, sobre las facultades del Comité Ejecutivo, que en su letra c) indica: “Convocar al Congreso Nacional de Municipios y a la Asamblea General de Municipios”.

Decisiones radicales

            El retiro del Comité Ejecutivo y la Comisión Organizadora y la convocatoria de la asamblea paralela, conocida el jueves 21, conllevaba otros pasos radicales, como la ocupación policial del local de la LMD para impedir a toda costa que los perredeistas y sus aliados pudieran celebrar allí su propia Asamblea General.

            El ensayo había sido hecho el 29 de octubre pasado cuando el local de la LMD fue literalmente ocupado por agentes policiales para “vigilar” una sesión del Comité Ejecutivo que precisamente discutía la composición de la Comisión Organizadora. Pocos se rasgaron las vestiduras entonces por aquel abuso de poder, a no ser los mismos perredeistas y unos pocos persistentes comentaristas de radio y televisión.

            La decisión fue firme. El propio Blanco Fernández pidió energía a la Policía, y esta la desarrolló hasta el punto de rasgar la ropa con que ese caballero de la política que es el síndico Johnny Ventura se presentó al local de la Liga el sábado 23. Un día después alguien dispuso que una grúa cargara con la jepeta del hombre que recibió más de la mitad de los votos de los munícipes del Distrito Nacional para encabezar su gobierno local el 16 de mayo del año pasado.

            El lunes, cuando se escribía este trabajo, se informó que la decisióln de las autoridades llegó al grado de cortar el suministro de agua, energía eléctrica y líneas telefónicas, tanto al edificio de la Liga, donde un grupo de perredeistas se mantenían, como al propio Ayuntamiento del DN.

Conclusiones de fondo

            El gobierno ha arriesgado demasiado en relación a los beneficios que otorga la secretaría general de la LMD. Al fin y al cabo el grueso del cuatro por ciento de los ingresos ordinarios del Estado, que la ley 17-97 destina a los ayuntamientos, están asignados por el mismo texto, en proporción a la población municipal. El año pasado la LMD manejó apenas unos 80 millones de pesos con el escaso margen de maniobras de que se dispone en un organismo colegiado de múltiple representación partidaria.

            La secretaría general de la LMD no vale el desgaste y el desprestigio que ha implicado la acción gubernamental para controlarla. Ni siquiera por satisfacer a un posible aliado, el PRSC, que podría darle empleo a tres o cuatro cientos militantes. El gobierno podría colocarle de un día para otros a mucho más que esos, especialmente ahora que arrancan planes como el de Comunidad Digna.

           El análisis lleva a la conclusión de que los objetivos son esencialmente políticos y están enmarcados en las elecciones presidenciales del próximo año. Por un lado dar una nueva “lección” al PRD, ratificar el pragmatismo político que reniega de todo compromiso institucional y moral del pasado y evidenciar la disposición de llegar hasta donde sea necesario para retener el poder.

Hay comentaristas que señalan que el manejo tan poco institucional y tan desconsiderado en la LMD, es un mensaje sobre la Junta Central Electoral y sobre todo sobre la capacidad para anular las mayorías opositoras, por más que fueran fruto de unas elecciones libres y transparentes.

Cualquiera que sea el desenlace en torno a la LMD, las consecuencias serán negativas para la institucionalidad democrática, para la imagen del gobierno, para un PRD que no logra defender sus ganancias electorales, y para una nación que da peligrosas muestras de cansancio del enfrentamiento estéril en que viven sus líderes políticos y gubernamentales.

A no ser que Agripino Núñez Collado haya logrado una tregua de último momento, cualquier resultado de la batalla de la LMD profundizará el enfrentamiento interpartidario y entre los poderes del Estado, ya por lo menos hasta mayo del 2000. Sin garantía de que no seguirá hasta el 2002.-