Por Juan Bolívar Díaz

            La reivindicación de los derechos humanos ante la Policía Nacional, el inicio de la reforma policial y militar y las primeras disposiciones en orden a combatir la corrupción son los puntos más luminosos de las dos primeras semanas del gobierno perredeista del presidente Hipólito Mejía.

            Las cancelaciones de empleados para ser sustituidos por militantes del partido de gobierno, que en algunas áreas han sido verdaderamente masivas, son el baldón mayor, al reafirmar la concepción del Estado como botín de campañas electorales, con su secuela de ineficiencia y tráfico de influencia.

            El período de arranque muestra inconsistencia en la relación del gobierno y su partido, que no ha podido superar la garata del “dos y dos”, lo que ha incidido en que para los diputados la nueva legislatura comenzara con dos semanas de atraso, y en que el gobierno elevara el impuesto a los combustibles por una vía no institucional.

Signos muy positivos

Diez días laborables constituyen un período muy breve para interpretar los caminos por donde transitará el nuevo gobierno. Sin embargo, en materia de Policía Nacional y Fuerzas Armadas se han registrado varios acontecimientos llamados a incidir positivamente. Lo mismo en los primeros pasos para combatir la corrupción administrativa.

El presidente Hipólito Mejía comenzó su primera semana completa el lunes 21 con una temprana visita a la sede central de la Policía Nacional para ratificar como su jefe al general Pedro de Jesús Candelier, reconociéndole haber mantenido a la institución fuera del marco de la política en la pasada campaña electoral.

            Lo más importante fue que el presidente Mejía se expresó contundentemente en la desaprobación de la vieja política policíaca de eliminación de delincuentes y presuntos delincuentes, afirmando que la credibilidad de la PN está bajo cuestionamiento de propios y extraños y que el orden no se puede defender “a patadas y tiros”.

            Es relevante la drástica reducción en las últimas semanas de las muertes “en intercambios de disparos con agentes policiales”.

            Debe esperarse que oficiales y agentes policiales tomen en serio la advertencia, sobre todo cuando dos días después del pronunciamiento presidencial, el Procurador General, Virgilio Bello Rosa, un abogado por tanto tiempo vinculado a la defensa de derechos humanos, reaccionó rápidamente ante la muerte a manos de agentes policiales de tres reclusos de la cárcel de Najayo.

            La masacre, ocurrida en la madrugada del sábado 19 de agosto, que incluyó heridas de balas a otros tres prisioneros, fue una prueba para Bello Rosa, a menos de 48 horas de asumir el cargo. El mismo se puso al frente de las investigaciones y el dictamen fue la recomendación de someter a la justicia ordinaria a los responsables por “homicidio voluntario”, ya que los hombres fueron muertos dentro del patio del penal, lo que indica que no habían escapado y podían haber sido controlados.

            Planteamientos de reformas policiales y militares esbozados por Candelier como por el nuevo secretario de las Fuerzas Armadas, general Miguel Angel Soto Jiménez, fueron reforzados por los decretos presidenciales que crean el Instituto Militar de los Derechos Humanos y el Instituto de Altos Estudios para la Defensa y la Seguridad Nacional. Otro instituye un programa de educación y capacitación profesional para los institutos castrenses y la Policía Nacional.

            Otra reforma importante está contenida en el proyecto de ley introducido al Congreso Nacional para crear la Fiscalía Nacional Anti-Corrupción, cuyo titular sería elegido por Senado, de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, por un período de 5 años, y con carácter de inamovible, para darle autonomía.

            También creó expectativas el anuncio del Consultor Jurídico, Guido Gómez Mazara, de la próxima emisión de un decreto suprimiendo la factura consular y fijando salario a los cónsules para suprimir el tráfico de los consulados dominicanos, fuente de enriquecimiento al vapor.

            No es que estas disposiciones por sí solas constituyan una revolución, pero prometen y deben ser acogidas por la ciudadanía, como forma de promover el compromiso de transparencia, de justicia y reformas para el fortalecimiento institucional de la nación y reducción de la corrupción, como expresaba el Movimiento Participación Ciudadana.

Arrasan la administración

            El lado crítico, lo censurable en el inicio del gobierno ha sido la política de despidos para dar empleos a los perredeistas y aliados electorales, que en algunas áreas de la administración ha sido verdaderamente masiva y sin observar los más elementales criterios de justicia y eficiencia.

            Tal fue el caso del Ministerio Público. En la Fiscalía del Distrito Nacional se ignoró el magnífico trabajo realizado por un conjunto de jóvenes abogados y abogadas sin filiación ni criterios partidistas. Simplemente porque había que dar los cargos a militantes y amigos, aún cuando la aplanadora afectó el desenvolvimiento de la justicia. Lo mismo ocurrió en la Procuraduría General. A último momento se dijo que un grupo de las cancelaciones serían revocadas.

            En tales circunstancias, las injusticias han estado a la orden del día, como ocurrió cuando fue relevada en una unidad estatal de asistencia a minusválidos la señora Brunilda Amaral, quien quedara en silla de rueda tras ser baleada en la columna vertebral durante el ametrallamamiento de una manifestación estudiantil frente al Palacio Nacional el 9 de febrero de 1966. Esa dama, además, tiene el mérito de haberse superado y dedicado parte de su vida a luchar por los derechos de los impedidos físicos motores. Luego se informó que la destitución había sido revocada.

            En áreas de la administración se ha traficado con cartas de recomendaciones de dirigentes perredeistas, de primera línea como de los comités de base. En algunas provincias, ejemplo Santiago, han tenido lugar enfrentamiento cuando dos personas han sido señaladas para el mismo cargo por parte de instancias diversas del gobierno y o el partido.

            Esa política de arrasamiento sustenta el Estado como botín de repartición por los triunfadores en campañas electorales. Además de graves injusticias, conlleva un costo alto en ineficiencia, en pérdida de los entrenamiento y experiencias acumulados y alienta el tráfico de influencia y la corrupción.

            Y ello en una nación que en 1991 aprobó una Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, llamada precisamente a evitar ese tipo de abusos. Nueve años después la legislación se ha implementado apenas en un 5 por ciento de la administración pública, pues ha prevalecido el criterio de repartición del Estado.

Solución no institucional

            Otro elemento negativo ha sido que el gobierno reeditara la solución no institucional de aumentar los impuestos a los combustibles por resolución administrativa, luego que el mismo primer mandatario había reiterado que se haría a través del canal constitucional, que es el Congreso Nacional.

            Esos aumentos estaban sobradamente justificados con el petróleo a 32 dólares el barril en el mercado mundial y sobre 28 dólares en el cartel de la Organización de Países Productores, OPEP.

Recibida la administración pública con un déficit fiscal que se estima alcanzaría hasta 9 mil millones de pesos al finalizar el año, con las reservas de divisas cayendo aceleradamente, con graves problemas de iliquidez, fuerte deuda internas y millares de obras a medio construir, el gobierno se vio urgido a buscar por lo menos los recursos para comprar los dólares con los que se paga la deuda externa y para evitar mayores desequilibrios que pudieran afectar la estabilidad macroeconómica.

Lo que no se comprende es que siguiera la senda marcada por otros gobiernos de establecer impuestos por resolución administrativa, cuando tenía toda la posibilidad de una aprobación congresional y de resolver así difinitivamente ese problema institucional.

Eso se pudo haber justificado en el pasado gobierno, que siempre tuvo minoría en el Congreso Nacional. Pero ahora que el Partido Revolucionario Dominicano tiene control de casi todos los poderes del Estado, debe esperarse y reclamarse que aplique los mecanismos institucionales.

Después de instalada la legislatura el 16 de agosto, las cámaras legislativas no han dado un solo paso que se corresponda con las urgencias del gobierno. Más aún, la Cámara de Diputados no sesionó en los primeros diez días. Se espera que lo haga este miércoles 30.

La parálisis de la cámara baja se atribuye a los casos aún no solucionados del “dos y dos”, como a una ausencia de la presidenta del organismo, Rafaela Alburquerque. Ninguna de las dos explicaciones tiene justificación. Y resurge la voracidad por los cargos públicos y la irracionalidad del sistema partidario.

En cualquier caso, esa circunstancia indica una escasa sintonía partido-gobierno, la ausencia de un liderazgo capaz de imponer soluciones en las divergencias perredeistas y el predominio de intereses individuales y grupales sobre las urgencias nacionales.-