Por Juan Bolívar Díaz
El criterio fiscalista como sustento de un desbordado gasto corriente y de inversión en megaproyectos viales predominó sobre los factores políticos coyunturales en las decisiones económicas adoptadas por el gobierno a partir del discurso del presidente Leonel Fernández el jueves 8 de octubre.
Es obvio que el considerable aumento en los precios de los combustibles y de la tasa cambiaria del Banco Central incrementará las protestas sociales y políticas y se revertirá en mayores dificultades para la candidatura presidencial del oficialista Danilo Medina, quien trata de sobrellevar la situación con entereza y estoicismo.
Nadie debe dudar que los partidos de oposición por lo menos alentarán las protestas sociales y buscarán sacar beneficio de la oportunidad que le ha brindado el gobierno a 7 meses de las elecciones presidenciales, aunque la generalidad de la sociedad dominicana no auspicia un desbordamiento del orden público ni disturbios que pongan en peligro los avances democráticos e institucionales de los últimos tiempos.
Se le fue la mano
Cuando se anunció el discurso del presidente Fernández ya todo el país estaba a la espera de un reajuste de los precios de los combustibles. Sólo los más interesados políticamente podrían creer que el gobierno estaba en condiciones de absorber un alza en el precio del petróleo que había elevado su precio en alrededor de un ciento veinte por ciento en apenas cuatro o cinco meses.
Incluso líderes de los más diversos sectores sociales, especialmente empresariales, y buena parte de los comunicadores ya habían reconocido como inevitable un incremento del costo por lo menos de la gasolina, por temor a que la reducción de los ingresos fiscales llevara a las autoridades a implementar políticas de financiamiento inorgánico que desestabilizara la economía nacional.
Había diferencias entre sectores empresariales que preferían una mayor carga sobre las gasolinas y eliminación del subsidio al gas propano, con tal de que no se tocara al gasolil ni el fluel oil, por considerarlos más inflacionarios, al repercutir directamente sobre las industrias, la generación de electricidad, el transporte y el alto comercio.
En la persistente crítica al gobierno por no haber honrado el compromiso público del presidente Fernández de evaluar cada semana la marcha del mercado internacional para aplicar las reducciones de precio en beneficio de los consumidores, formulada en ocasión del alza de diciembre de 1996, estaba implícito el criterio de que el gobierno no debería perseguir un alza que mantuviera el diferencial en los niveles esperado para este año, de 7 mil millones de pesos. Ellos equivaldrían a 800 millones más que los recibidos en 1998, que ya duplicaban los del primer año del gobierno,en 1996.
De haber aplicado las rebajas del petróleo, que cayó de unos 26 dólares el barril en diciembre de 1996 a menos de 10 dólares a principios de este año, los ingresos generados por el diferencial de precios serían del orden de los 4 mil millones de pesos. O tal vez de los 4 mil 500 millones que arrojarían los nuevos precios de los combustibles, establecidos a partir del viernes 8.
Pero el gobierno quiso no solo mantener los niveles arrojados por el diferencial, de 6 mil 215 millones en 1998, sino agenciarse un poco más. De ahí el incremento de la tasa cambiaria que pasó del 1.75 al 5 por ciento, equivalente al 185 por ciento, llamado a generar casi 3 mil millones de pesos adicionales a los mil 500 millones que recibía por ese concepto. A eso habría que sumar mil 500 millones más por las repercuciones de la tasa cambiaria en las recaudaciones aduanales y en el Itebis de las importaciones, vía devaluación del peso, de entre 3 y 4 por ciento.
En otras palabras, que el gobierno aprovechó el alza del petróleo para duplicar los 4 mil 500 millones de pesos que debería recibir por el diferencial petrolero razonable, atendiendo a las fluctuaciones del mercado, como fue concebido, prometido y decretado en diciembre de 1996.
Criticas generalizadas
De pronto el gobierno se quedó solitario, en un mar de críticas generalizadas, de orden político, social y económicas, provenientes de la oposición partidista, de los grupos populares y de los empresariales y sindicales. El aumento de la tasa cambiaria sobrepasó todas las expectativas. “Una devaluación sin los efectos positivos que ésta tendría sobre las exportaciones, según el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP.
Por demás, se ha considerado que la medida choca con el proceso de apertura de la economía y los tratados de libre comercio, porque en vez de reducir los aranceles, se les refuerza con un gravamen adicional.
Los grupos empresariales lamentaron que el gobierno dejó de lado cambios en el sistema de imposición de facto a los combustibles, sin dejar definitivamente al mercado la fijación de los precios finales de venta. Se quejan de que mantiene rígidos márgenes de comercialización y la persistencia de precios diferentes en el mismo producto, en el caso del gasoil y sobre todo del gas propano, lo que no auspicia transparencia y sí un jugoso tráfico que se ha mostrado imposible de controlar.
En lo que todos los sectores críticos parecen coincidir es que el gobierno evadió las sugerencias de que diera alguna señal de austeridad, que compartiera el costo del alza petrolera, siquiera para ablandar a los contribuyentes y a la opinión pública, cuando se le echa en cara que destine un 70 por ciento del presupuesto a gasto corriente y que cultive los megaproyectos, sin previa planificación, a menudo en detrimento de obras prioritarias ya iniciadas.
El caso típico son los numerosos pasos a desnivel, varios de los cuales se realizan en la nueva carretera hacia San Pedro de Macorís, o el aeropuerto del Higuero, que a un costo de varios centenares de millones de pesos se levanta en el Distrito Nacional, hangares y avenida incluídos, con el rechazo hasta de aquellos a quienes supuestamente beneficiaría.
Aún cuando no se había producido la avalancha de aumentos de precios que generará el “paquetito impositivo”, especialmente en los productos y servicios importados y en aquellos con alto ingrediente de materia prima importada y alto consumo de combustibles, el oportunismo del gobierno causó disgustos y fue caldo de cultivo para la convocatoria de protestas. Los grupos populares expertos en convocatorias de paralizaciones se sintieron tan estimulados que convocaron un paro “por tiempo indefinido”a partir del martes 12. El presidente del CONEP, Celso Marranzini, adelantó que las medidas originarán inflación de entre 5 y 6 por ciento. Otros la proyectan hasta 10 por ciento.
Fuego a la lata
En cualquier circunstancia los partidos políticos tratarían de sacar provecho de medidas que un gobierno adopta sin consultarles, sin pasar la prueba del Congreso Nacional y como “palo acechao”. Pero mucho más si están en campaña electoral, como es la coyuntura.
Ninguno de los partidos de oposición va a salir a enfrentar los grupos populares que protestan. Más bien los alentarán por lo bajo, como parece ser la posición del Partido Revolucionario Dominicano, o abiertamente como han hecho dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano. Aunque ambos coinciden en no desear un desbordamiento, sobre todo el primero que corre con cómoda ventaja en el proceso electoral.
Quienes más esperanzas pueden alentar de que las protestas dejan bien descalabrado el gobierno son los reformistas, cuya estrategia política se fundamenta en desplazar del segundo lugar al partido de gobierno, para alentar sus posibilidades de disputar la segunda ronda con el partido mayoritario.
Desde luego, los intereses políticos como los económicos están siempre activos, y se justifican sólo hasta cierto punto, cuando no hacen peligrar el bienestar general, sin generar desestabilidad o regresionismos. Un aprovechamiento excesivo puede ser contraproducente en las conciencias más lúcidas de la nación, aunque estas no son la mayoría.
No deja de resultar irónico como muchos dirigentes del PLD se indignan con las críticas a su política económica, cuando ellos fueron adalides de las protestas en circunstancias similares del pasado. Especialmente frente a los gobiernos de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Todavía se recuerdan las consginas y marchas masivas encabezadas por el PLD contra el “escuadrón de la muerte económica”, las repetidas peticiones de renuncia al presidente Guzmán, “porque carece de capacidad para gobernar”, las peticiones a Jorge Blanco para que les entregue la política económica a ellos, el rechazo sistemático de los ajustes económicos impuestos por los organismos internacionales.
Y en aquellos años el petróleo no se vendió a 22 dólares el barril, sino a 36 y 38, con precio promedio de 34 dólares en 1980, que a los precios internacionales de hoy equivaldrían a cerca de 50. Cuando la nación no tenía un millón de hijos enviando remesas desde el exterior, ni llegaban dos millones de turistas al año, ni las zonas francas habían acumulado 200 mil empleos. A principios de los ochenta las tasas de interés internacionales se colocaron sobre 20 por ciento multiplicando la deuda externa. Entonces la economía nacional dependía en gran proporción de la exportación de materias primas de origen agrícola, como el azúcar, cuyos precios cayeron estrepitosamente.
Desde luego, ni perredeistas ni reformistas pueden pretender repetir niveles tan dramáticos de oposición que en 1984 llegaron al extremo de la poblada de abril, en la que decenas de personas murieron en medio de asaltos de establecimientos comerciales y violencia que sobrepasó la pobre capacidad de contención civilizada de desbordamientos.-