Por Juan Bolívar Díaz
Entre las numerosas reformas que requiere la sociedad dominicana se cuenta la de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para las cuales cada día se dan condiciones más adecuadas, especialmente en la institución encargada del orden público, sometida a un permanente escándalo y a condena de organismos internacionales por violación de los derechos humanos.
En el ámbito puramente militar la República Dominicana está abocada a una reestructuración, que redefina el rol de las fuerzas armadas, reduzca sus efectivos y las haga más eficientes, con igual o menor inversión económica, a tono con las reformas registradas en todo el mundo, y muy especialmente en América Central, tras el final de la guerra fría..
La reforma militar
El tema de la reforma de las Fuerzas Armadas Dominicanas sigue siendo tabú para la mayoría de los políticos, de los medios de comunicación y los estamentos dominantes de la sociedad. Como si el país estuviera sumido en los años oscuros de la guerra fría, los sesenta y los setenta, que empezó a declinar hasta caer con el Muro de Berlín al culminar la década de los ochenta.
Todavía hay quienes pretenden que discutir sobre el rol de las fuerzas militares es poner en peligro la seguridad nacional, como si las instituciones castrenses no fueran parte del Estado y por lo tanto objeto de programas y reformas que en la sociedad democrática pasan obligatoriamente por los ámbitos de la política, de los debates parlamentarios y de los medios de comunicación.
En la pasada campaña electoral ninguno de los candidatos se refirió por propia iniciativa a la reforma militar o policial pendiente. Y es más en la serie de programas con los candidatos presidenciales Danilo Medina e Hipólito Mejía, desarrollados en el telediario Uno más Uno, ambos evadieron entrar al fondo del asunto, quedándose en generalidades de orden tradicional.
Pareciera como si temieran que cualquier referencia a la necesidad de reformas en esas instituciones del Estado, se convirtiera en una especie de boomerang que impactaría negativamente sobre sus campañas electorales.
Tal temor es injustificado y constituye una irresponsable evasión, puesto que es a los políticos a quienes compite definir el papel de las fuerzas militares y policiales. Sobre todo cuando la Constitución de la nación las declara subordinadas al poder civil, y no deliberativas.
Contradictoriamente es en el seno de las mismas instituciones militares y policiales, donde se ha desarrollado un mayor debate en los últimos años sobre sus necesarias transformaciones, fruto de la creciente profesionalización en las nuevas generaciones militares y policiales, por demás cada vez más vinculadas directa e indirectamente a las academias militares, a los teóricos y los reformadores de todo el mundo.
Para los profesionales e intelectuales dominicanos civiles que han participado en cursos y seminarios con militares, es cada vez más obvio que hay una gran efervescencia reformista en las academias de formación castrense y policial, probablemente incentivada desde el exterior, o derivadas del instinto de supervivencia o del deseo de rescatar el prestigio de esas profesiones, degradado por la corrupción y la politiquería que las redujo al papel de guardaespaldas, muchachos de mandado, choferes y trabajadores domésticos de políticos, funcionarios y empresarios.
Arritmia dominicana
La República Dominicana ha vivido una arritmia militar y policial en la última década. Tras el final de la guerra fría casi todos los países del mundo redujeron sus gastos y aparatos militares y redefinieron sus roles. Al reducirse las posibilidades de grandes conflagraciones entre los dos grandes bloques político-militares que se dividieron el mundo al final de la Segunda Guerra Mundial, se imponía el cierre de bases militares, la disminución de los ejércitos nacionales y transnacionales, y el achicamiento del gasto militar para reorientarlo en función de otras necesidades nacionales y una mayor profesionalización, suprimiéndose en muchos casos el servicio militar obligatorio.
Ni las grandes potencias escaparon a esa tendencia, pero tampoco las naciones pequeñas y pobres, siendo aleccionador el caso de América Central y el Caribe. En Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala, los ejércitos y gastos militares se han reducido del 33 al 50 por ciento. Haití fue más lejos pues allí el ejército como tal fue suprimido, siguiendo el patrón trazado por Costa Rica, la pionera de hace medio siglo.
La República Dominicana ha mantenido intacto el volúmen de sus fuerzas armadas, actualmente con 29 mil efectivos, de los cuales más de la mitad corresponden al Ejército Nacional, seguido por la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra. La Policía Nacional registra otros 25 mil miembros, para un total de 54 mil.
Uno de los altos oficiales preocupados por el rol de las Fuerzas Armadas dominicanas, decía en voz suficientemente alta, en pleno club de su secretaría, hace ya 4 años, que para achicar las instituciones militares del país sólo habría que aplicar su ley orgánica, pujes con ello habría que poner en retiro una importante proporción de sus miembros, en todos los niveles, desde los generales a los sargentos.
En la actualidad se estima en 70 los generales de los tres institutos castrenses y la Policía Nacional. Suman cientos los demás oficiales, desde coroneles a tenientes, que han rebasado el límite de tiempo para los grados que ostentan. En su mayoría no están inmersos en el entrenamiento ni la vida estrictamente militar. Muchos carecen de funciones específicas. Incluyendo a los generales.
Una alta proporción de las clases y simples soldados militares y policiales están dedicados a tareas no propias de su profesión, como choferes, mandaderos, guardaespaldas de funcionarios, civiles y militares y hasta de ejecutivos privados. Solo para las embajadas y consulados el país paga unos 500 agentes policiales.
Esa realidad, disolvente de la moral militar y policial por si misma, ha sido objeto de análisis y discusiones en los ámbitos académicos militares y policiales durante los últimos tiempos. Se ha impuesto y mantenido en virtud de que el presupuesto militar ha estado virtualmente congelado y no alcanza para la alimentación, el vestuario, el transporte, materiales y equipos, que muchos tienen que “buscárselos” con sueldos adicionales, o garantizándose la comida y la ropa en un servicio no propiamente militar o policial.
Perspectivas de cambios?
Las ya sistemáticas condena de la Policía Nacional por violación a los derechos humanos, por parte de las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, así como del Departamento de Estado norteamericano, de Amnistía Internacional y Human Rights han puesto esta institución en primer plano.
Se viene generalizando el clamor de una reforma policial, reclamada incluso por actual jefatura y promovida desde los ámbitos de la justicia, del ministerio público, y de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Se clama por una reestructuración para separar las funciones de vigilancia y prevención de las investigativas, y por una desmilitarización, de manera que una policía judicial, dependa del ministerio público y una policía municipal regida por los municipios, sin jurisdicciones privilegiadas, siguiendo los criterios que han normado las reformas en otras naciones, que desde luego incluyen mejor remuneración, mayor seguridad social y servicios y mejores posibilidades de formación y superación profesional, con equipos adecuados a sus funciones.
En algunos medios de comunicación, especialmente en la televisión, se ha llegado a discutir si las próximas autoridades estarán en aptitud de promover las reformas militares y policiales. Si se mide por el máximo nivel las señales son confusas. Por un lado las declaraciones del presidente electo, Hipólito Mejía, sobre las Fuerzas Armadas y la Policía se han quedado en la superficie y negando la posibilidad de achicamiento militar.
Pero por otro lado, el próximo mandatario ha anunciado como su secretario de las Fuerzas Armadas al general Miguel A. Soto Jiménez, uno de los pocos militares, sino el único, que ha escrito incluso libros para fundamentar la necesidad de reformas y modernización de los institutos castrenses y la Policía Nacional. Es autor de 8 libros de historia y doctrina militar, el último de los cuales titulado “Defensa, Seguridad y Democracia”.
Este último libro es presentado como “la primera propuesta formal de un modelo de reforma y modernización de la institución más antigua del Estado Dominicano, las Fuerzas Armadas, en tiempos en que defensa de la soberanía, seguridad nacional y democracia participativa son factores ineludibles de todo proyecto de desarrollo nacional”.
Soto Jiménez ha tenido la valentía de presentar sus puntos de vista. Seguramente que él es el primero convencido de que no representan una Biblia. Muchos esperan que tenga el valor y la capacidad para señalar el camino de las reformas militares a las autoridades que comandarán la nación desde el próximo 16 de agosto. Se sabe que hay muchos otros oficiales que comparten su visión y su profesionalismo.-