Por Juan Bolívar Díaz

            El próximo escenario del progresivo enfrentamiento entre el gobierno y el Partido Revolucionario Dominicano, que encarna la oposición, puede tener lugar en torno a la tradicional comparecencia del presidente de la República a la reunión conjunta de las cámaras legislativas al comienzo de la primera legislatura del año, el 27 de febrero, aunque ya se hacen algunos esfuerzos para impedirlo.

            Corresponde al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) la responsabilidad de frenar la carrera de reacciones emotivas y enfrentar la realidad con racionalidad, tratando de ver más allá de cada coyuntura, tomando en cuenta al conjunto de la sociedad y cumpliendo sus responsabilidades en el Congreso y los municipios, independientemente de la música que le toque el gobierno.

            Mientras tanto sigue prendiendo la preocupación en la ciudadanía y los sectores organizadores por el nivel que alcanza la confrontación política, ya no sólo porque pone en riesgo el proceso de institucionalización democrática, sino también porque empieza a incidir en aspectos económicos, como la persistente devaluación del peso en las últimas semanas.

¿Irá el Presidente?

            Ya es materia de comentario en los medios de comunicación si el Presidente de la República acudirá o no al Congreso Nacional el próximo día 27 para presentar las memorias del gobierno cor4respondientes al último año. El asunto ha sido objeto de consideraciones en altos niveles del gobierno, según fuentes informativas.

            Incluso se atribuye a ello la reunión que el doctor Leonel Fernández sostuvo a mediados de la semana pasada con legisladores de su partido y aliados. Relacionado con ella se publicó que el mandatario había recomendado una distensión con los legisladores del PRD y el Acuerdo de Santo Domingo.

            Los análisis han partido de que en realidad el texto constitucional no obliga al Presidente a presentarse personalmente ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas El inciso 22 del discutido artículo 55 de la Constitución, que señala las responsabilidades del primer mandatario, señala: “Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera Legislatura Ordinaria el 27 de febrero de cada año, un mensaje acompañado de las memorias de los Secretarios de Estado, en el cual dará cuenta de su administración del año anterior”.

            Como se advierte, desde el punto de vista estrictamente literal, Fernández bien puede cumplir con el mandato constitucional si deposita ante el Congreso un mensaje acompañado de las memorias de las diversas dependencias del gobierno central. El secretario de la presidencia o cualquier otro funcionario podría ser el depositante, el mensajero, en estricto sentido.

            Sin embargo, de darse ese acontecimiento, se rompería una vieja tradición democrática, según la cual el Presidente rinde cuentas ante el Congreso y lo hace personalmente. Por demás se estaría concretando un retroceso en el proceso de institucionalidad democrática, tan grave que aumentaría la distancia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y acentuaría el clima de enfrentamiento y de incertidumbres que está afectando a la nación.

               Eso no puede ocurrir en momentos en que crecen las presiones nacionales e internacionales sobre el gobierno y los partidos para que hagan un esfuerzo de conciliación y de mutua colaboración, aunque sea mínimo. Se gesta en la Sociedad Civil un gran foro y acciones para denunciar la crisis y exigir rectificaciones. La Iglesia Católica elabora su pastoral con motivo de la Independencia Nacional. El deterioro del peso obliga a algunas pausas.

Variados escenarios

Los paros de maestros, médicos y transportistas, el juicio a los acusados del asesinato de Orlando Martínez, y los nuevos interrogatorios sobre la desaparición de Narciso González diversificaron la atención nacional, pero la crisis política se mantenía latente, sin que dejara de atribuírsele el origen de algunos de los reclamos laborales.

El Cardenal Nicolás López Rodríguez y líderes evangélicos y de otras instancias sociales, insistían en la necesidad de buscar soluciones negociadas a las diferencias. Mientras el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) daba respaldo institucional a la Junta Central Electoral. Este organismo es asesor de las asociaciones de tribunales electorales de centro y sudamérica, y tiene mucho reconocimiento en el continente, al ser un órgano del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

            Al comenzar esta semana las preocupaciones políticas derivaban hacia las económicas, tras importantes saltos que llevaron la cotización del peso hasta a 16.70 por dólar, a sólo 7 meses de la última devaluación, cuando las autoridades monetarias fijaron el valor del peso a 15.33.

            En esa ocasión, el 2 de julio de 1998, el peso cayó en 9 por ciento, estableciéndose una tasa única en el mercado, que en las últimas semanas ha colapsado, dando inicio al reclamo de una nueva devaluación, especialmente por parte de exportadores y del sector turístico. Se puede advertir que la devaluación real desde julio es de otro 9 por ciento.

            De seguro que las causas de la pérdida de valor del peso son varias, pero ya los empresarios y algunos analistas se la cargan a la crisis política, que algún ingrediente debe haber puesto en el descenso de las expectativas de flujo turístico, junto al huracán Georges.

            Para algunos observadores internacionales, -y hubo advertencias diplomáticas al respecto- no hay dudas que el enfrentamiento entre los partidos y sobre todo entre los poderes del Estado, con uso de fuerza pública y cercos policiales y militares, más amenazas de movilizaciones, repercuten sobre la confianza de inversionistas y vacacionistas.

Responsabilidad del PRD

            De ninguna manera debe el PRD poner un solo ingrediente más de complicación en la crisis política, no solo porque debe considerar los intereses de la nación, sino porque en definitiva todavía no ha podido contener los ímpetus autoritarios del PLD y su gobierno. Como tampoco los de Balaguer y su círculo. Ni podrá fácilmente, especialmente mientras siga sumido en su prolongada lucha interna para determinar quién será su próximo candidato presidencial, que en cierta forma es un torneo por el liderazgo del partido.

            Aparte de la diversidad de su liderazgo de hoy, cosa casi inédita en la tradición política nacional, con las características de un partido donde la disciplina y la discreción son virtudes muy relativas, el PRD sigue sufriendo de emotividad, una enfermedad que le afectó incluso cuando tuvo al frente sus dos más grandes líderes, Juan Bosch y José F. Peña Gómez, especialmente éste último.

            Ganaron las elecciones de mayo del año pasado con más del 50 por ciento de los votos, el 80 por ciento de los senadores, el 57 por ciento de los diputados y el 83 por ciento de los municipios, pero la inconsistencia y la emotividad los han tenido bailando la música que le toca el gobierno y sus aliados balagueristas.

            Cuando no es el gobierno que les propina un golpe, como el de la Liga Municipal Dominicana, ellos se lo auto-infligen como cuando algunos dirigentes auspician que una asamblea de sus síndicos apruebe por aclamación no recibir los subsidios municipales de manos del ejecutivo impuesto por el gobierno. Como los municipios no pueden sobrevivir sin recursos a la semana siguiente estaban los síndicos recibiendo sus cheques. La realidad se imponía nuevamente sobre la emoción. En tanto tardaron dos semanas para iniciar sus recursos jurídicos contra la imposición de Amable Aristy Castro. Es decir que invierten más en lo emocional que en lo racional.

            En la política perredeísta subyace la concesión patrimonialista del Estado. Ellos son dueños de los ayuntamientos y de las curules, y no importa demasiado la calidad de los servicios que den a los electores. Tampoco las opiniones críticas. Como todos los políticos dominicanos dividen el mundo en blanco y negro, conmigo o contra mi.

            En base a esos criterios se dan el lujo de pretender que pueden derivar sus responsabilidades municipales al gobierno, rechazando los subsidios en base a un conflicto del que mucha gente entiende poco. Y por eso reaccionan desde el Congreso diciendo que no aprobarán ningún proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo.

            Se olvidan que la misión que les encomendaron los electores fue legislar, y no son capaces ni siquiera de distinguir entre proyectos destinados a reconstruir puentes y carreteras. Tan irracional como la posición gubernamental que quiere atribuir la inestabilidad de la tasa de cambio a la no aprobación de préstamos por 300 millones de dólares, cuando el gobierno tiene varios centenares hace tiempo disponibles en organismos internacionales y no ejecuta por falta de competencia.

            Al hablar con dirigentes y legisladores perredeístas en las últimas semanas, se cualquiera se tropieza con un manojo de erizos. Los hay tan iracundos que pierden la más elemental racionalidad. Les faltan unos cuantos chorros de agua fría.

            Por eso hay quienes están preocupados del escenario de la reunión conjunta de las cámaras legislativas para recibir al Presidente de la República y sus memorias del año pasado. Sino una reunión formal, por lo menos debe producirse pronto un intercambio de absolutas seguridades de que se guardarán no sólo las normas protocolares, sino que también se evitará todo género de provocación y de agresividad o cobro de cuentas.

            Después de todo, si se muestra suficiente madurez, el encuentro del 27 de febrero debería servir para ratificar principios y valores y para matizar las diferencias fundamentales -si las hubiese- y las secundarias, y sobre todo los aspectos en los que puede haber consenso y compromisos.-