Por Juan Bolívar Díaz
Contra todos los vaticinios y la oposición de gran parte de la opinión pública, y al margen del cada vez más debilitado movimiento sindical, cuatro o cinco dirigentes populares y transportistas pudieron paralizar una gran parte de las actividades nacionales el pasado martes 18 de mayo.
La ocurrencia bien podría ser interpretada como reflejo de un gran descontento nacional y avance de lo que pudiera ocurrir el próximo año en las urnas, así como una invitación a revisar la política de inversiones públicas y la escala de prioridades del gobierno.
A contrapelo de los diagnósticos más optimistas sobre disminución drástica de la pobreza y el desempleo, lo que se percibe en el ámbito nacional es que cada vez más la mitad de la población se siente excluida de la repartición del bienestar y reacciona en consecuencia sumándose a todo género de protesta, no importa la calidad de los convocantes, especialmente en las provincias y comunidades pequeñas y medianas.
Caen los vaticinios
Numerosos analistas y comentaristas hemos tenido que admitir que estabamos lejos de la realidad cuando vaticinábamos un fracaso rotundo ante la convocatoria al paro a nivel nacional.
Los vaticinios se fundamentaban en que objetivamente no parecía registrarse un movimiento de protesta tan ascendente como para marcar una paralización nacional, y menos en la capital de la nación, donde la semana anterior habían fracasado paros sectoriales en los barrios orientales y occidentales. También en que ésta vez los convocantes eran apenas los grupos aglutinados en la Coordinadora de Organizaciones Populares, Sindicales y Choferiles, sin la participación de las centrales sindicales, como otras veces, Y sobre todo en que el programa de demandas eran bien etéreo, irrealista y poco conocido.
Pese a todas las condiciones adversas, y aunque el paro no fue tan efectivo como el de noviembre de 1997 y otros anteriores, de cualquier forma se sintió considerablemente aún en la capital y en casi toda la región sur, así como en el centro, el nordeste y el noroeste. Las carreteras al norte y el sur quedaron desiertas al igual que las vías que comunican la capital con los ramales poblacionales circundantes, y las rutas que todavía son cubiertas por minibuses y “carros de concho” dentro de la gran urbe.
Incluso gente de clase media sin mayores motivos para protestar si no se sumaban con entusiasmo, por lo menos mostraban indiferencia, quedándose en sus casas, guardando sus automóviles o cerrando sus establecimientos comerciales y de otros servicios, con lo que daban fuerza a la protesta.
Hacen falta explicaciones de por qué un grupo limitado de dirigentes gremiales y populares puede paralizar gran parte de las actividades nacionales, sin que esta vez mediaran ni siquiera las quemas de neumáticos viejos, las pedreas y otros incidentes que se vieron en el pasado, cuando, además la inflación y la consiguiente degradación del ingreso golpeaban más duramente a los sectores medios y bajos de la sociedad.
Es insuficiente el apoyo verbal y poco militante que ofrecieron a la protesta los principales dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, aunque ese factor debió tener su influjo.
Contradice bonanzas
Las explicaciones son más necesarias a la luz de las cifras oficiales tan optimistas que nos hablan de la creación de más de 400 mil empleos o menos de 3 años, y en consecuencia de caída del desempleo a la tasa de países desarrollado del 13 por ciento y de la drástica disminución de la pobreza, que según el gobernador del Banco Central ya sólo sufre el 25 por ciento de la población.
El mismo funcionario aludió a las “afirmaciones” de organismos internacionales y nacionales que sitúan entre el 56% y el 60% a la población dominicana que se halla por debajo de la línea de la pobreza. Eludió señalar que entre esos organismos está la Oficina Nacional de Planificación, cuyo actual titular, Rafael Camilo, la situó en 60 por ciento en un estudio (no una afirmación) de hace apenas poco más de un año.
Desde luego, tanto la reducción del desempleo como de la pobreza fueron obtenidas mediante la aplicación de “nuevos criterios” de medición, como esa “metodología del Banco Mundial, que define como pobre a la persona con ingreso mensual igual o inferior a 30 dólares”, que a la tasa del 16 por uno, serían 960 pesos dominicanos, o lo que es lo mismo 32 pesos diarios.
Aún si “la persona” no tiene esposa o esposo, ni hijos e hijas, 32 pesos no dan ni para comer tres veces por día fuera del nivel de pobreza. Eso asumiendo que no tenga que pagar vivienda, ni servicios básicos, ni comprarse ropa y zapato ni pagar transporte ni lavar ropa, etc.
A la luz de tales realidades podría empezarse a entender que siempre haya mucha gente en disposición de sumarse, activa o pasivamente, a las convocatorias de paro aun cuando no tengan claros objetivos ni perspectivas de lograrlos.
En la coyuntura actual, la paralización de la pasada semana, aun cuando no fue completa tiene implicaciones que las autoridades deberían leer. En primer lugar refleja el disgusto de los pequeños y medianos transportistas de pasajeros y la solidaridad que han logrado, al ser desconocidos y simplemente desplazados por la masificación y mejoramiento del servicio de los autobuses. No se ha cumplido un acuerdo de 15 puntos pactado con ellos hace algunos meses, mediante el cual se le abrían alternativas de supervivencia.
Las protestas en el interior del país están claramente vinculadas a la concentración de la inversión, sobre todo en el Distrito Nacional, a la paralización por demasiado tiempo de más de 4 mil pequeñas y medianas obras públicas, reclamadas por las comunidades mientras se privilegian los mega-proyectos viales y a la multimillonaria deuda del gobierno con los constructores, los proveedores (sin exceptuar a los del desayuno escolar) productores agrícolas y hasta con los obreros del Consejo Estatal del Azúcar, que en algunos ingenios han llegado a acumular hasta 8 quincenas sin cobrar sus salarios, sin que ninguna autoridad se sienta aludida ante tanta miseria.
Eso explica los paros tan efectivos en Barahona y San Pedro de Macorís(azucareros) o en comunidades agrícolas como Licey y Salcedo, o en lugares donde se reclama la conclusión de decenas de obras, como en la provincia Monseñor Nouel, donde las cuantificaron en más de 80, o en San Francisco de Macorís, cuyo gobernador criticó por televisión la política del Secretario de Obras Públicas.
Algunas conclusiones
Más allá de los calificativos que mereció la convocatoria al Presidente Leonel Fernández y de las alegres afirmaciones de fracaso de dirigentes políticos gubernamentales, el éxito relativo de la protesta amerita algunas conclusiones.
Por de pronto bien podría el gobierno dar mayores informes de cómo va el proyecto rimbombantemente denominado “comunidad Digna”, para el cual reservó 4 mil millones de pesos en el presupuesto de este año, cuyo acto de lanzamiento oficial estuvo programado para fines de enero y que fue aplazado y hasta ahora no realizado. También sería saludable que informara sobre los programas de Promunidad, que al decir de dirigentes comunales han perdido su escaso brillo.
El mayor análisis que corresponde al gobierno es en torno a su política de inversiones, para determinar si es prioritario embarcarse en construir un nuevo aeropuerto alrededor de la capital, que no quieren ni siquiera aquellos a quienes supuestamente está llamado a beneficiar, mientras se mantienen paralizadas miles de obras que las comunidades reclaman a gritos.
También debería analizarse si corresponde una inversión estatal en un nuevo aeropuerto no prioritario en momentos en que se han privatizado los viejos y fundamentales. Con un nivel de planificación tan precario que no han podido discutir con el Ayuntamiento del DN como sustituirán el gran vertedero de basura de la capital, que ahora se descubre incompatible en las vecindades de un aeropuerto que hay que hacer a toda costa en El Higuero.
Hasta una obra tan necesaria como el acueducto para la parte oriental de Santo Domingo, que requerirá varios años, debería ser subordinada a la conclusión de cientos de escuelas, caminos vecinales, clínicas, viviendas y otras obras cuando a este gobierno le quedan apenas 14 meses. Mucho menos debería estarse anunciando el inicio de una villa olímpica para los Juegos Panamericanos a más de 4 años de distancia.
Si algo demostró la paralización de la semana pasada fue que hay dos sociedades bien distintas y distantes conviviendo en esta media isla: una satisfecha y en progreso, y otra cargada de frustraciones y pobreza. A esta última poco le significan las estadísticas reveladoras de un crecimiento del Producto Bruto Interno en los últimos 4 años o que el país vive del turismo y requiere cuidar su imagen internacional.
En esta última sociedad dominicana, sobre la ineficiencia y la impunidad de la otra es que crece la delincuencia que tanto ha dado que hablar en las últimas semanas. Ignorar estos síntomas puede tener consecuencias políticas en el futuro próximo.-