Por Juan Bolívar Díaz

   Del debate que ocupó mayor atención pública la semana pasada se puede deducir como hecho positivo que ninguno de los partidos políticos nacionales se opone a la presencia de observadores nacionales e internacionales en los comicios presidenciales del próximo año.

   El Partido Reformista Social Cristiano, que desató el debate al formular cuestionamientos a la Red Ciudadana de Observadores Electorales que auspicia el movimiento cívico Participación Ciudadana, pareció centrarse en que la Junta Central Electoral (JCE) norme la labor de los observadores, algo lógico y de lo que hay precedentes en el país como en otras naciones.

   Para las elecciones generales de 1994 la JCE estableció un minucioso reglamento para la observación internacional, lo que parece más lógico para los observadores dominicanos, más favorecidos por los jueces electorales, como por los partidos.

La preocupación del PRSC

   En una comparecencia del candidato presidencial reformista, Jacinto Peynado, y de los principales dirigentes del partido ante la JCE el martes, se expresaron numerosas preocupaciones sobre el papel que habría de jugar la Red Ciudadana de Observadores Electorales, llegando a confundir la observación electoral, incorporada ya al derecho internacional, con la responsabilidad del máximo tribunal electoral y otras autoridades del sistema.

   El documento que sirvió de base a la exposición reformista dice que «a primera vista parecería que (los observadores) van a suplantar a la JCE, a las Juntas Municipales Electorales y a los miembros de los propios Colegios Electorales». Luego preguntan si la evaluación del proceso electoral, desde su inicio hasta la proclamación de ganadores, no es función fundamental y legal de la JCE y los organismos bajo su dependencia.

   El PRSC se ampara en los artículos 16, 18, 26 y 29 de la Ley Electoral, donde se establecen las funciones de los delegados de los partidos políticos para sostener que «son las únicas personas autorizadas para intervenir en una mesa electoral».

   Si los objetivos de la red de observadores fueran sustituir a los funcionarios electorales en todos sus niveles, los cuestionamientos del PRSC serían válidos y absolutamente procedentes. Pero los documentos y las declaraciones de los promotores de la red, y sus actuaciones, muestran que tienen gran respeto por la JCE y sus organismos dependientes, y que en vez de sustituirlos, lo que se proponen es reforzarlos, darle el aliento de la Sociedad Civil, colaborar a la transparencia del proceso. Y eso comienza, como bien precisó Participación Ciudadana, por respetar la institucionalidad jurídica.

Justas precisiones

   Los cinco boletines publicados por la Red, a razón de uno mensual, y entregados a los reformistas como a los demás partidos, muestran el aliento y el respeto por las autoridades electorales. Con todo, Participación Ciudadana emitió un comunicado respondiendo las interrogantes del PRSC, las que consideró de legítimo derecho, y reiterando su disposición a reunirse con ellos para satisfacer   sus inquietudes. E incluso propone la creación de un mecanismo de consulta permanente con los líderes de los partidos políticos y de cualquier otro sector interesado.

   El documento expresa el criterio de Participación Ciudadana de que «corresponde solo y exclusivamente a la JCE elaborar el estatuto de los observadores y observadoras nacionales e internacionales, el cual acogerá con absoluto respeto de la jurisdicción y potestades insustituibles de ese digno tribunal».

   El movimiento cívico precisó que ya había sostenido varias reuniones con la JCE «para hacer conocer a sus jueces los contenidos del proyecto de observación electoral y los pasos dados para concretarlos, escuchar sus opiniones y establecer con diafanidad los límites jurídicos de nuestra intervención».

   Si lo que expresaban los líderes del PRSC eran sólo preocupaciones y no oposición, como han precisado su candidato presidendcial y varios de sus dirigentes, el comunicado de Participación Ciudadana debe haberles satisfecho muchas de sus inquietudes.

Objetivos de la Red

   En los documentos entregados a los partidos políticos y a los candidatos presidenciales por comisiones de los auspiciadores de la red que los han visitado, se especifica que ésta tendrá como misión fundamental evaluar el proceso electoral desde el momento mismo de su inicio hasta que la JCE haga la proclamación de los candidatos ganadores.

   «Los procedimientos e instrumentos para la observación serán diseñados apegados a los principios de objetividad e imparcialidad que para este tipo de labor han sido establecidos mundialmente como resultado de las experiencias de observación electoral llevadas a cabo en más de 20 países en los últimos diez años».

   Tres son los objetivos generales señalados: «Defender la integridad del proceso electoral a través de una red nacional de observadores electorales; desarrollar la capacidad de liderazgo de activistas cívicos a nivel municipal; y contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil a través de la vinculación entre sus organizaciones y la participación en la defensa de la soberanía del voto».

   Como objetivos específicos se establecen «aumentar la confianza de la ciudadanía y alentar su participación en el proceso electoral; promover una campaña electoral equitativa y la elevación del debate público; desalentar el fraude y contribuir a la reducción de los errores de gestión y administración electoral; desalentar el uso de la coacción y la intimidación; proveer una observación independiente de las tendencias de la votación; proveer una evaluación objetiva e imparcial del proceso que ayude a la aceptación de los resultados por todas las partes involucradas; y presentar sugerencias específicas para la modificación del marco legal electoral».

El reglamento de 1994

   En casi todas las elecciones celebradas en el país desde 1962 ha habido observadores internacionales y la JCE siempre les ha conferido un estatuto y credenciales, mediante resoluciones oficiales, garantizándoles el acceso a los centros de votación y a las diversas dependencias del tribunal. Como sugieren los reformistas no está especificado en la Ley Electoral, pero tampoco prohibido, y la JCE tiene facultades legales para hacerlo, como lo ha hecho. El 9 de mayo del año pasado, los miembros de la JCE presididos por el doctor Manuel García Lizardo firmaron el «Reglamento para la Observación Internacional de las Elecciones Generales Ordinarias del 16 de mayo de 1994». Sus derechos y limitaciones están explicitadas minuciosamente en el documento de 6 capítulos y 7 páginas a renglones seguidos. Reconoce no sólo los observadores de organizaciones internacionales, invitadas por el gobierno y la JCE, sino hasta a los que inviten los partidos políticos reconocidos.

   El reglamento, en el artículo 13, establece dos categorías de observadores: los que tienen «acceso a todas las áreas de la JCE y sus dependencias, incluyendo las restringidas, así como a la Junta Electoral del Distrito Nacional, Sub-Juntas Electorales del Distrito Nacional, Juntas Municipales Electorales y Mesas Electorales»; y otros que tienen «acceso al Centro de Cómputos de la JCE».

   Todo el capítulo cinco indica los «Derechos, Facilidades y Prerrogativas de los Observadores», señalando en detalles los lugares donde se podrán mover y donde tendrán acceso para realizar su labor. Desde luego, hay un capítulo, el seis, donde se especifican sus deberes, entre los cuales está el respetar la Constitución de la República, sus leyes y reglamentos, normas y disposiciones emanadas de los poderes del Estado y de la JCE. Se especifica la prohibición de participar en actividades políticas.

¿Quien se opone?

   La generalidad de los líderes políticos y el doctor César Estrella Sahdalá, como presidente de la JCE, han declarado en los últimos meses que favorecen la participación de los observadores, nacionales e internacionales. Algunos han preferido que sean los nacionales. De manera que sería muy contraproducente que se opusieran a que a los dominicanos se nieguen los derechos de observación que tradicionalmente, aquí y en otros países, se ha acordado a los extranjeros.

   El licenciado Jacinto Peynado disipó las dudas cuando al dia siguiente de publicadas las objeciones de su partido, precisó que de ninguna manera implican oposición a los observadores. Más contundente al respecto fue la declaración del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Leonel Fernández, del secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, licendiado Hatuey de Camps, y del Partido de la Unidad Democrática.

   Ninguno de los partidos políticos reconocidos ha rechazado los observadores. Y no ganarían demasiado con hacerlo, porque si se trata de los internacionales, vendrían en mayor número si los rechazan, asumiendo que no hay transparencia, y a los nacionales nadie le podrá impedir que observen y evalúen la limpieza del proceso electoral. Prohibirle el acceso a los centros de votación sólo dificultaría la función, pero no la podría impedir. Y la libertad de opinión rige no sólo para los partidos políticos, sino también para todas las organizaciones sociales y todos los ciudadanos y ciudadanas.

   Sin embargo, la transparencia con que actúa la actual JCE y los esfuerzos que sus mismos titulares han hecho para obtener la colaboración de la sociedad civil, garantizan que la Red de Observadores Electorales será realidad. El prestigio público de sus promotores garantiza seriedad y objetividad, por encima de las simpatías individuales, que en el caso son plurales, y de las que en una elección de autoridades las leyes no marginan a nadie.-