Por Juan Bolívar Díaz
El retraso que se registra en el proceso de emisión de la nueva cédula personal y de identidad está demandando una actitud de positiva colaboración de los partidos políticos y del resto de la sociedad con la Junta Central Electoral (JCE) que todavía no acaba de materializarse a nueve meses y días de los próximos comicios presidenciales.
A pesar del diálogo iniciado hace 5 meses con el fuerte auspicio del Presidente Leonel Fernández, la actitud de los partidos sigue siendo de desconfianza en los jueces electorales, cuando no de obstrucción del proceso organizativo.
Todavía la semana pasada la JCE buscaba que los partidos aprobaran los funcionarios administrativos básicos del organismo, y hubo de mediar una petición de la Comisión de Seguimiento a la JCE (creada por el diálogo tripartito) para que aceptaran a los ingenieros Gilberto Cruz Herasme y Huáscar Frías como titulares de las fundamentales Dirección Nacional de Elecciones y Dirección de Informática.
Todo se discute
Como si estuvieran empeñados en crear conflicto, los partidos discuten todas las resoluciones emanadas de la JCE, en un ambiente de desconfianza casi absoluta, a pesar de la ampliación a siete del número de jueces del organismo para que los tres partidos mayoritarios tengan allí magistrados que garanticen equidad o por lo menos transparencia en las decisiones
Informes provenientes de la JCE y testimonios de los doctores Julio César Castaños y Roberto Rodríguez indican que estos han sido acogidos con beneplácito e integrados plenamente a las labores del organismo, tras ser propuestos por los partidos Reformista Social Cristiano y de la Liberación Dominicana.
Aún así, los delegados del PLD y del PRSC persistieron durante semanas en objetar a los ingenieros Cruz Herasme y Frías, pese a no tener una objeción importante contra ninguna de ellos, pretendiendo ignorar las dificultades que implicaba el cambio de ejecutivos tan importantes cuando el proceso electoral y sobre todo el de cedulación, entraba en fase crítica.
El PLD ha insistido en que se reestructuren todas las 117 juntas electorales municipales. La JCE planteó lógicamente que solo se revisen aquellas donde se han producido vacantes o donde haya una objeción válida contra algún miembro. Las incompletas se están aproximando a la mitad. Todas habían sido escogidas anteriormente por consenso, por lo cual a menos que medie una nueva objeción, debe presumirse que responden a la equidad.
Una de las últimas resoluciones de la JCE, fijando el 17 de agosto como límite para la solicitud de nuevas cédulas , está siendo impugnada por el partido de gobierno. Se fundamenta en el hecho de que ya unos 300 mil nuevos electores han solicitado su cédula. Se estimaba que lo harían unos 320 mil. Lo que indica que la han tramitado más del 90 por ciento, aún cuando en muchos municipios pequeños todavía no se ha comenzado a cedular, y allí lógicamente, lo indica la resolución, será abierto el proceso tanto para nuevos documentos como para renovaciones.
Aunque el gobierno consintió en entregar financiamiento adicional para que la JCE pueda poner en práctica el Plan de 180 Días que pretende culminar a tiempo la cedulación, delegados políticos cuestionan casi a diario la viabilidad del mismo y ponen en duda que se alcance ele objetivo, mientras persisten los vaticinios de que habrá que votar con dos cédulas.
Los equipos perdidos
El último motivo de escándalo ha sido el extravío de 37 equipos de cedulación, indicado el la auditoría del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL),. Sobre lo cual la pequeña Fuerza Nacional Progresista (FNP) ha querido montar un espectáculo. Su desproporcionado presidente ha llegado a sugerir que esos equipos están siendo utilizados, desde luego por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para realizar su propia cedulación.
Desconcentrada y desbordada por los acontecimientos, la JCE no dio a tiempo una respuesta oportuna, como lo hizo el lunes 2 de agosto lo hizo el Director Nacional de Elecciones, al precisar sobre la naturaleza de los equipos no ubicados, que en su totalidad no dan para emitir una sola cédula.
Cruz Herasme afirmó en el telediario Uno más Uno que faltan 10 cámaras, 20 impresoras y 7 laminadoras. Que aunque Datocentro dice haberlas incluido en partidas importadas, retiradas de las aduanas por la JCE, éstos equipos no han sido efectivamente registrados. Que una comisión tripartita realiza una minuciosa indagatoria y que mientras tanto la empresa suplidora ha comenzado a reponer los equipos.
Lo importante, y deberían saberlo los partidos, es que faltan otras piezas para montar siquiera un centro de cedulación, además de los programas y las contraseñas de acceso al sistema. Que, por demás, equipos similares pueden ser comprados en cualquier parte y no haría falta sacarlos de la JCE si se tratara de un fraude. En resumen que el asunto no pasa de mucha espuma y poco chocolate. A lo más un indicador de insuficientes controles o descuidos en el período de transición entre jueces y funcionarios electorales, cuando se recibieron los equipos.
Tiempo perdido
A sólo días para cumplirse un año de la elección de cinco de los siete jueces electorales por el Senado bajo control del PRD, es mucho el tiempo que se ha perdido en la confrontación interpartidaria que hubiese podido evitarse de haber mediado el consenso en la decisión.
La situación hubiese sido menos grave si esta JCE solo hubiese tenido que organizar las elecciones presidenciales. Pero coincidió con el cambio de la cédula, decidida por los jueces anteriores y por reclamo precisamente de los partidos. A ello se agregó la circunstancia de que se contrató una nueva tecnología, más avanzada y segura, pero también más compleja y lenta, especialmente por la comparación de las huellas dactilares.
El enfrentamiento entre los partidos, con participación hasta del Presidente de la República, lo que llegó a implicar retención de la asignación presupuestaria, desconcentró a los jueces electorales y la incertidumbre se apoderó del personal, repercutiendo hasta en la empresa suplidora de la tecnología que aparentemente tomó una política de pasos lentos y medidos, temerosa de quedar atrapada en medio del fuego.
Los plazos fatales para los comicios presidenciales no permiten recuperar todo el tiempo perdido, sin costo adicional. De ahí el Plan de los 180 días que ya hemos empezado a pagar. A ello se agrega el aumento de los apagones que en los últimos meses han obligado a la adquisición de decenas de plantas eléctricas para mantener la atención a la ciudadanía demandante de la cédula.
A dos semanas de que el gobierno comenzara a entregar los recursos adicionales a la JCE, la estabilidad general parece en proceso de avance en el organismo. Los ciudadnos que han solicitado la nueva cédula suman 2 millones 110 mil (cerca de la mitad de los que lo deben hacer). Los que ya la han recibido son un millón 450 mil. En la última semana el promedio de solicitudes atendidas llegó a las 12 mil 500 por día. Al 30 de junio eran 10 mil 600 diarios.
La JCE espera 62 nuevos equipos de cedulación, con lo que confía en llevar a 17 mil cédulas por día, promedio que le permitiría concluir el proceso en diciembre. Desde luego para recibir solicitudes pueden disponer de hasta 60 días adicionales y la emisión física del carnet electoral puede extenderse hasta días antes de los comicios, como se ha hecho otras veces. Lo que es imprescindible es cerrar las inscripciones con tiempo suficiente para elaborar el padrón de electores definitivo y ponerlo en manos de los partidos.
El mayor cuello de botella en la emisión de la cédula lo ha constituído el insuficiente equipo de verificación de huellas dactilares. El director de Elecciones aseguró el lunes que este mes dispondrán de un equipo nuevo suministrado por la suplidora Unysis, que permitirá verificar hasta 50 mil pro día, con lo cual superarán esa barrera.
Un nuevo concierto
Es urgente que en la JCE se registre un nuevo concierto que tenga como ejecutantes estelares a los partidos y que el nuevo escenario sea aprovechado al máximo por los jueces y funcionarios electorales para afinar la puntería y elevar la productividad y la eficiencia en todas las direcciones.
La sociedad civil y la opinión pública deberían contribuir en esa dirección, interesadas más que los mismos partidos en eliminar sombras del proceso, para evitar el empantanamiento y la crisis pre o post electoral. La nación está desafiada a dejar atrás definitivamente los traumas electorales, como en los dos últimos comicios. Al comenzar el nuevo siglo y milenio sería un grave revés el repetir el escenario de los años pasados. No solo lo reclama la estabilidad política, sino también la económica.
Los análisis más desapasionados indican que todavía queda tiempo para culminar el proceso de cedulación y eliminar un posible motivo de conflicto. Para ellos los partidos tienen que dar una tregua a la JCE y mostrar mayor cooperación con la misma, menos obstrucción de sus iniciativas, más flexibilidad y hasta realismo. Porque al fin y al cabo es con esos jueces que tendremos que afrontar las elecciones. Cualquier otra expectativa equivale a adelantar la crisis que todos deberíamos evitar.-