Por Juan Bolívar Díaz
Los encuentros sectoriales iniciados por el Presidente Leonel Fernández, al reunirse el 27 de noviembre con unos 200 empresarios, aparecen como un buen arranque para enfrentar el desafío de la aprobación de un presupuesto equilibrado para el próximo año y que responda a las expectativas nacionales de aumentar el gasto social y elevar los salarios de la administración pública.
Pero tanto el encuentro con los empresarios, como el celebrado el lunes 2 de diciembre con los sindicalistas, evidenciaron las dificultades de lograr consenso en la sociedad dominicana, donde la tradición autoritaria y la escasa cultura democrática niegan sistematicamente la transacción, dificultando la gobernabilidad y la conjunción de esfuerzos aún para las más trascendente tareas nacionales.
Si bien son positivos los encuentros, por la vocación de diálogo que muestra el joven mandatario, implican un doble riesgo. Por un lado que los consultados estimen que la decisión gubernamental depende de su opinión, y por el lado del gobierno, que quiera pasar por encima de la oposición partidaria que controla el Congreso Nacional. La búsqueda de acuerdo con los partidos mayoritarios es tan importante o más que con los diversos sectores sociales.
El dilema planteado
En tono coloquial y apelando a la sensibilidad de los presentes, el doctor Fernández inició su reunión con los empresarios expresando el dilema de su gobierno, de cara al presupuesto nacional para el próximo año. Por un lado la disminución de recursos por consecuencia del alza internacional del precio del petroleo y por el establecimiento de la tasa cero para insumos y maquinarias agrícolas. A lo que sumarían reducciones de la tarifa arancelaria y hasta de las recaudaciones por concepto de la patente bancaria que el sector financiero demanda eliminar.
Por el otro lado, ineludible aumento general de sueldos en el sector público, el mantenimiento de los subsidios a la Coporación Dominicana de Electricidad y al Consejo Estatal del Azúcar y el incremento del gasto social, particularmente en educación, salud y servicios municipales.
Partiendo de que el petróleo ha subido de 18 dólares promedio a 25 por barril, en lo que va de año, algunos economistas estiman que para el próximo año el arrojado por el diferencial de precio del crudo se reduciría en unos 1,300 millones de pesos. Por la tasa cero las recaudaciones caerían en unos 300 millones. El Presidente habló de 500, pero el economista Carlos Despradel lo estima entre 150 y 250 millones. Un aumento salarial del 25 por ciento a los empleados estatales supondría otros 1,600 millones de pesos anuales. Esos tres renglones sumarían unos 3 mil 200 millones de pesos menos.
Partiendo de un incremento de recaudaciones similar al de este año en relación a 1995, que fue de un 15 por ciento, sobre los 26 mil millones y pico presupuestados para 1996, el aumento para 1997 sería de 3 mil 900 millones de pesos. Con la diferencia de 700 millones de pesos habría que absorber la inflación y es poco lo que queda para mejorar los servicios sociales. Sólo la aprobación de la reforma de la ley de financiamiento municipal para otorgar a los cabildos el 5 por ciento del presupuesto, se llevaría esa diferencia. Un presupuesto equilibrado andaría por los 30 mil millones de pesos.
¿Aumento de impuestos?
Es en tal perspectiva que el gobierno está consultando sobre una elevación del Itebis, presumiblemente para llevarlo del 8 por ciento actual al 12. Y pondera, aunque con más cuidado, la posibilidad de elevar el precio de los combustibles para restaurar el nivel del diferencial del que disfrutó el gobierno central desde los ajustes de 1990.
Se suma a ello la vieja demanda del sector exportador por la unificación cambiaria, que implicaría una devaluación real del 8 por ciento, que es la diferencia entre la tasa oficial de cambio que es de 12.87 por dólar y el promedio de 13.80 que ha predominado en el último año en el mercado libre de divisas. Llevar la tasa oficial a 13.50, equivaldría a una devaluación del 5 por ciento, más asimilable objetivamente tanto por la economía como por la opinión pública.
Aunque el gobierno tendría que buscar más pesos para pagar el diferencial del aumento de la tasa de cambio en el renglón deuda externa, los analistas económicos estiman que compensaría con el alza también automática de la base de cálculo de la tarifa arancelaria y el impuesto selectivo al consumo.
El consultor económico Carlos Despradel consideraba el lunes en el telediario Uno más Uno que un aumento del Itebis al 10 por ciento, implicaría unos mil millones de pesos adicionales en recaudaciones, lo que parecería razonable, pero aún a ello sectores políticos y empresariales no estarían dispuestos a ceder fácilmente. Importa sobre todo el político dado que el alza impositiva tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional. El empresariado no podría reunir significativamente oposición a una elevación del 2 por ciento en el Itebis, pero puede fortalecer las tendencias mezquinas de sectores políticos empeñados en negarle cualquier margen adicional de recursos al gobierno, y en los sindicales renuentes por superviviencia a todo lo que implique reducción del poder adquisitivo.
Posición empresarial
Ya con anterioridad al encuentro con el Presidente Fernández, la generalidad de los voceros empresariales habían venido expresando rechazo al aumento de los impuestos, particularmente del Itebis. Una resolución aprobada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada -CONEP- del 13 de noviembre último rechazó el dilema del aumento salarial versus incremento impositivo.
El CONEP aseguraba que la administración pública tiene unos 100 mil puestos de trabajo innecesarios, “que los empresarios hemos decidido que es incongruente que paguemos impuestos para que estos sean utilizados para mantener una burocracia estatal innecesaria y que los mismos deberían canalizarse en beneficio de todos los dominicanos, especialmente en las áreas de salud y educación.”
Tras una serie de condicionantes, desde el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica hasta la legislación para privatizar las empresas del Estado y resolver los problemas de energía eléctrica, el consejo empresarial se comprometió a “continuar generando las plazas de trabajo que harán posible la absorción de la mano de obra desempleada, de forma tal que el Gobierno pueda reducir su nómina en igual medida durante los próximos 48 meses y, a la vez, pueda paulatinamente ir aumentando los salarios de la Administración Pública en la misma proporción que va reduciendo su nómina…”
En cuanto al alza del Itebis los voceros empresariales, y así se expresaron ante el Presidente Fernández, son partidarios de que el gobierno “mejore la eficiencia en su cobro”, con lo que podría elevar sus recaudaciones de unos 4 mil 200 millones anuales que se calcula este año, a unos 7 mil millones. Es decir con un incremento del 70 por ciento, sin tener siquiera que gravar nuevos renglones, que serían artículos de primera necesidad como los alimentos. Insisten en que es inaceptable el incremento mientras el Estado no sea capaz de cobrar lo establecido. Y por demás un alza en tal circunstancia acentuaría la ventaja competititiva de quienes venden sin cobrar el impuesto, a precios más bajos que quienes lo pagan, y de quienes simplemente se embolsillan el 8 por ciento del Estado.
El Frente sindical
La posición del frente sindical en la consulta presidencial del lunes no fue más alentadora para las expectativas del gobierno que la del empresarial. Los sindicatos, como todo el frente popular, no sólo rechazan el incremento del Itebis en cualquier proporción, sino también el alza de los precios de los combustibles, que consideran altamente inflacionaria y hasta peligrosa para la estabilidad político-social.
Yes lógico que sea así, dadas las dificultades del empresariado para reconocer la necesidad de las revaluaciones salariales, y la debilidad en que se encuentra el mundo sindical para reivindicar su derecho por lo menos a mantener sus de por sí bajos niveles de ingresos. Alza de impuestos y del precio de los combustibles y elevación del salario público combinarían tasas inflacionarias que los sindicatos dificilmente puedan compensar.
El mismo gobierno no estaría unánimemente de acuerdo en el aumento del precio de los combustibles. En mandos ejecutivos y del partido de gobierno se recuerda con temor el costo que tuvieron las alzas de precios, y especialmente de los combustibles, para los gobiernos perredeistas de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. El primero enfrentó en 1979 graves disturbios con balance de unos 5 muertos. El segundo una poblada en 1984 con decenas de víctimas mortales cuando las fuerzas militares reprimieron las desbordadas protestas populares.
La dura realidad
La debilidad congresional ha llevado al gobierno a los encuentros sectoriales en busca de apoyo a su proyecto presupuestal. Para este jueves 5 el presidente se reunirá con los directores de periódicos y se contemplaba la posibilidad de algún otro intercambio con sectores de la sociedad civil.
Es positiva esa actitud del gobierno, que gana simpatías por dar un carácter consultivo a su mandato, lo que contrasta con la autocracia que ha predominado en la historia de la nación. Teiene antecedentes en los gobiernos perredeístas. También es preferible que sea el gobierno quien llame a consulta, y no que tenga que depender de los obispos de la Iglesia Católica o de cualquier otro grupo de notables.
Sin embargo, se teme que el ejercicio cause frustración, al no arrojar consenso alguno. Tal vez el gobierno lo haya hecho buscando llegar con mayor legitimidad y fuerza a la negociación política donde tiene que resolverse la suerte del presupuesto, es decir con el liderazgo político, para que baje línea al Congreso Nacional, aún muy lejos de decidir al margen de lo que ordenen los partidos, especialmente en el caso del reformismo-balaguerismo.
El Congreso controlado por reformistas y perredeístas no ofrecerá ofrendas fácilmente ante el Ejecutivo, pero tendría que buscar transacciones, para no correr el riesgo de aparecer como intransigente y obstruccionista. El gobierno tendría que conformarse por ahora con alguna transacción, dado que no le resulta fácil reunir consenso para imponer al Poder Legislativo un paquete económico pesado.
La realidad puede parecer muy dura, pero resulta inevitable en las actuales perspectivas nacionales. Fue de los riesgos que conllevó ganar las elecciones con un apoyo tan débil como el que implicaba el injerto peledeismo-reformismo. El PLD ganó el Poder Ejecutivo y otros mantuvieron el Legislativo. Por el momento puede que no haya muchas posibilidades de modificar el cuadro. Tampoco es cosa de que a la primera confrontación el gobierno vaya a jugárselas todas, radicalizando posiciones en un lance peligroso para la estabilidad política y hasta institucional.
Un modesto incremento del Itebis, al 10 por ciento, combinado con un aumento de sueldos también modesto, del 25 por ciento, podría ser la salida gubernamental por el momento. El Congreso no podrá negar que tiene que conceder algo a la gobernabilidad. Aunque la encuesta Rumbo-Gallup otorgó un buen promedio de aceptación y expectativas positivas para el gobierno, el análisis cuidadoso indica que hay mucho de esperanzas y generosidad en la evaluación. La categoría “regular” en nuestro medio puede ser interpretada como ni bien ni mal, sobre todo cuando se le completa “regular para el tiempo”, que en este caso es para una gestión que apenas llevaba 100 días. También hay quienes dicen regular para no tener que dar explicaciones.
Si a las tasas de aprobación registrada por la encuesta se le tumba el porcentaje que estima “regular” la gestión, el resultado viene a ser más o menos el mismo del 30 de junio pasado. Es decir, a la mitad, lo que no es necesariamente muy bueno para un gobierno que todavía no tiene oposición militante de frente.