Por Juan Bolívar Díaz
Sólo la mezquindad política o el sectarismo impedirían darle el crédito que merece el Presidente Leonel Fernández por los acuerdos en torno a la Junta Central Electoral (JCE) y la Liga Municipal Dominicana logrados por el diálogo entre los líderes de los tres partidos mayoritarios.
El mandatario se empleó a fondo, actuando desde la perspectiva de un líder nacional y de un jefe de Estado, por encima del sectarismo partidista, tal como se le reclamó desde diversas instancias de la Sociedad Civil y de la opinión pública durante los meses del enfrentamiento entre los partidos.
Aunque la cumbre de jefes de gobiernos de la Asociación de Estados del Caribe concentrará la atención esta semana, el presidente Fernández y todos los que han hecho esfuerzos en pro del consenso no deben darse tregua y tan pronto pase el evento internacional promover la continuación del diálogo para abordar las reformas institucionales, económicas y sociales pendientes.
Un parto forzado
Desde luego que el éxito de los acuerdos sobre la JCE y la LMD no es patrimonio exclusivo del presidente de la República. Contribuyeron los líderes de los partidos que se mostraron dispuestos a transar y especialmente monseñor Agripino Núñez Collado, quien se empleó a fondo consciente de que el fracaso del diálogo dejaría maltrecha su imagen de concertador.
Desde temprano de la semana pasada se sabía que había habido algún grado de aproximación entre los involucrados en las conversaciones. Fuentes bien informadas dijeron que el Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra había aprovechado el asueto de Semana Santa para visitar al ex-presidente Balaguer y realizar otros contactos en aras de la negociación.
Específicamente se decía que Núñez Collado logró convencer al doctor Joaquín Balaguer de la necesidad de realizar algunas transacciones para contener el enfrentamiento político y abrir espacio para acuerdos básicos, algunos de ellos precisos para garantizar la gobernabilidad del país.
La séptima ronda de negociaciones, celebrada en el Palacio Nacional el miércoles 6 no fue suficiente para vencer la resistencia. Fue claro que todavía el ex-presidente Balaguer no acababa de distensionar el encono que ha caracterizado la acción política desde que se conocieran los resultados de las elecciones congresionales y municipales de 1998.
Tras varias horas de conversaciones, los comisionados y el presidente de la República salieron de la reunión sin fecha fija para re-encontrarse. Pero Leonel Fernández tenía la misión de ”ablandar” al caudillo reformista, para lo cual le solicitaría una audiencia.
Como comenzó
Y he ahí que la confrontación concluyó como comenzó: con una reunión Fernández-Balaguer en la residencia de éste. Fue al medio día del jueves, con tan buenos auspicios que de inmediato el gobernante convocó a los delegados de los partidos para continuar el diálogo. Pero aún hubo dificultades. Se creyó que el encuentro sería cosa de una hora lo más. Pero se extendió por más de 8.
Y bien entrada la noche el presidente Fernández hubo de hablar telefónicamente con el doctor Balaguer para terminarlo de convencer de que aceptara el consenso del que hacía días participaban hasta algunos de sus delegados en el diálogo.
El resultado: se agregarían dos miembros a la Junta Central Electoral, a ser propuestos por el PLD y el PRSC, aunque no pueden ser militantes de partidos, previa reforma de la ley electoral. Se crearía una comisión de seguimiento a los trabajos de la JCE, integrada por dos religiosos y “un ciudadano de reconocida solvencia moral”, a ser designado por acuerdo.
También se acordó elegir por consenso de los partidos los principales funcionarios administrativos de la JCE y los directivos de las Juntas Electorales a ser restructuradas, que son una docena incluyendo las importantísimas del Distrito Nacional y Santiago. Esto había sido planteado ya por los mismos jueces electorales en su comunicado del 24 de febrero pasado, respondiendo planteamientos del movimiento cívico Participación Ciudadana y personalidades de la Sociedad Civil.
En cuanto a la LMD, el PRSC se comprometió a desistir formalmente de su recusación contra el juez de lo civil que conoce el recurso perredeista contra la asamblea que escogió a Amable Aristy Castro como secretario general del organismo. Los partidos exhortan al magistrado a fallar a la brevedad posible y designan una comisión de dos religiosos y el senador perredeista Andrés Bautista para que supervisen la entrega de los fondos a los ayuntamientos. La Tesorería Nacional entregará los fondos de los ayuntamientos de acuerdo a una lista de erogaciones que será preparada por la Contraloría General de la República , de común acuerdo con la LMD y la comisión de supervisión.
Al dar cuenta de los primeros acuerdos, Monseñor Núñez Collado señaló que en próximas reuniones, los líderes políticos seguirán conociendo la agenda previamente elaborada. Faltan los puntos concernientes a la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas, la reforma constitucional y las reformas económicas y sociales y proyectos de préstamos internacionales en manos del Congreso.
Las cámaras legislativas, con mayoría perredeista, tienen pendientes conocer proyectos de leyes de seguridad social, de reforma arancelaria y compensaciones fiscales, del código monetario y financiero, de incentivo a las exportaciones y de código de salud, éstos tres últimos ya aprobados por el Senado, donde el PRD tiene 24 de las 30 curules. Los proyectos de préstamos pendientes para rehabilitar daños del huracán Georges sobrepasan los 200 millones de dólares.
Magia de Leonel
Hay quienes se preguntan cual fue la magia que puso en práctica el presidente Leonel Fernández para convencer a su socio político Joaquín Balaguer que aflojara la cuerda con la que el propio gobierno había quedado atado, a pesar de las innumerables advertencias que se le formularon de que el camino conducía al empantamiento. Pues ninguna magia especial, a no ser la que representa ser presidente de esta nación, y que nadie conoce mejor que el anciano inquilino de la Máximo Gómez 25.
Fernández debía saber que Balaguer carece de la fuerza política necesaria para mantener solito el tranque político, en desafío al gobierno, al PRD, a la Sociedad Civil, las iglesias y demás fuerzas nacionales y del exterior que han promovido firmemente el consenso en los últimos meses.
El final del enfrentamiento dependía, más que de Balaguer, de que el equipo político de gobierno se convenciera que lo necesitaba y se dispusiera a buscarlo. Lo demás era cuestión de alguna paciencia y hasta ciertas concesiones que no tienen que trascender en lo inmediato. Ello no implica que Balaguer y sus huestes tendrán que dar el salto hacia una alianza con el PRD. Ya habrá otras oportunidades para compensaciones, y no sólo políticas. Aunque no faltarán chantajes públicos como el del secretario político reformista Federico Antún, quien tras el primer acuerdo dijo que a su partido le iría mejor en el 2000 aliado con el perredeismo.
Así las cosas, los doctores Fernández y Balaguer, que con su reunión del 14 de julio del año pasado iniciaron la confrontación con el PRD y que con su comunicado conjunto del 25 de agosto abrieron la guerra contra la JCE, acordaron los términos de este armisticio. “sin vencidos ni vencedores”, cosa que no han creído ni Vincho Castillo, ni Julio Maríñez, ni otros afectados por el consenso.
Por encima de las pequeñeces está el hecho de que el equipo de gobierno parece haber entendido que era la crisis política llevaba un curso sumamente peligroso. El haber reconocido que ya no había espacio para un intento reeleccionista contribuyó mucho a clarificar la visión. Lo mismo que la circunstancia de que en el enfrentamiento no se dividió el PRD y los jueces electorales no fueron vulnerables a las presiones y ofertas.
Un factor clave fue la presión de la Sociedad Civil y los medios de comunicación social para que los partidos pusieran límites al enfrentamiento y privilegiaran el interés nacional sobre las rebatiñas.
La política de Estados Unidos, que incluyó los pronunciamientos de tres importantes visitantes en los últimos cinco meses: los subsecretarios de Estado John Hamilton y Peter Romero y la primera dama Hillary Clinton, pudo haber contribuído a allanar el camino para dejar atrás la confrontación.
Lo demás lo pusieron las presiones económicas, es decir, las estrecheces presupuestarias, la reducción de la inversión pública con un gasto corriente galopante, la creciente deuda interna, la paralización de millares de obras en todo el país, los reclamos de reanudación de estas y las protestas populares, incluyendo el reclamo de nuevos incrementos de salarios por parte de médicos y maestros.
Y desde luego, como derivado de todo ello, la tendencia a la desestabilidad de la tasa de cambio llamada a agravarse si hay que pagar desde más de 120 millones de dólares al Club de París por el aplazamiento de cuotas de la deuda externa concedido a raíz del huracán Georges.
De cualquier forma hay que dar crédito al presidente Fernández y su equipo político, por haber cambiado el curso político, complaciendo a cuantos repetíamos que él era quien tenía la capacidad y la principal responsabilidad en la promoción de la concertación. Es cierto que perdieron mucho tiempo, pero aquí se impone, una vez más, el viejo adagio popular que proclama que más vale tarde que nunca.
Ahora toca a los perredeistas responder desde el Congreso con generosidad. Sin tratar de sobrepasarse ni hacerse los vivos. Tienen que aprobar en breve al menos dos de los tres préstamos para rehabilitación de los daños del huracán. Quedan pendientes las reformas económicas y sociales para lo cual será preciso que prosiga el diálogo. –