Por Juan Bolívar Díaz
La primera semana del Presidente Leonel Fernández transcurrió en un lento proceso de constitución del gobierno, con la designación de decenas de altos funcionarios de la administración central y de las instituciones autónomas del Estado, donde la generalidad de los nuevos incumbentes encontraron las arcas agotadas, enormes deudas y precariedades que tomarán mucho tiempo superar.
Es al despuntar la segunda semana, precisamente con un Consejo de Gobierno, cuando las nuevas autoridades nacionales comienzan a plantearse acciones concretas para echar a caminar la nueva maquinaria gubernamental y salir de la declaración de buenas intenciones en que agotaron sus primeros diez dias de gobierno.
Mientras tanto el Congreso Nacional, bajo control de la oposición, no logró culminar la integración del Consejo Nacional de la Magistratura ni dar demostraciones palpables de que superará la inacción y la confrontación en que sus integrantes agotaron la primera mitad de su mandato de cuatro años.
Lenta integración
Todavía al comenzar su segunda semana completa de gobierno, el presidente Fernández tiene pendiente la designación de importantes funcionarios del gobierno central, como el tesorero nacional y el director de Presupuesto. Tiene por delante también el nombramiento del cuerpo diplomático y consular, los gobernadores provinciales, y la integración de la Junta Monetaria, así como de los consejos de administración de las instituciones desentralizadas.
Aunque se ha tomado más tiempo del esperado, el nuevo mandatario ha seguido integrando a su gobierno a relevantes figuras profesionales, como el empresario y dirigente cívico Antonio Isa Conde, quien carga con la ernorme y delicada responsabilidad de dirigir el Consejo Estatal del Azúcar, o el doctor Julián Serrulle, un reputado peledeista de Santiago, puesto al frente del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. La selección de los economistas Roberto Saladín y José Santos Taveras para la administración del Banco de Reservas y la Superintendencia de Bancos fue considerada también como muy acertada, aunque conllevó el relevo de una mujer que había tenido una eficiente labor en este último organismo, la licenciada Persia de Alvarez. Celebrada ha sido también la designación del doctor Guillermo Moreno en el difícil cargo de Procurador Fiscal del Distrito Nacional.
La ratificación del licenciado Héctor Valdez Albizu en la Gobernación del Banco Central, así como la del general Camilo Nazir Tejada en la jefatura de la Policía Nacional, se veían venir. El primero por su exitosa gestión, gracias a la cual la estabilidad macroeconómica pasó la prueba del proceso electoral, sin los traumas de 1990 o los sobresaltos de 1994. Y el segundo porque con dos meses y medio en el cargo no había tenido tiempo suficiente para demostrar eficiencia, aunque lo legítimo era esperar que fuera reivindicada la ley orgánica de la Policía Nacional, designando en su jefatura a un oficial de carrera en la institución.
El mandatario siguió nombrando dirigentes de su partido como secretarios de Estado sin cartera, completando unos siete, pero donde estableció récord fue con la designación de ocho subsecretarios en la tradicionalmente poco operante secretaría de Interior y Policía, mientras todavía no completa los subsecretarios de otras carteras.
La terrible realidad
Aunque es obvio que la orientación del gobierno no se encamina a la denuncia y persecución de la corrupción y el abuso del poder registrados en la pasada administración, a causa de la deuda política contraída con quienes le dieron el triunfo electoral, han comenzado a salir a la luz pública parte de los desastres heredados, tanto en organismos del gobierno central como en las instituciones y empresas autónomas del Estado.
Ya el secretario de Salud Pública, doctor Erasmo Vásquez,.denunció que recibió esa cartera con deudas por 245 millones de pesos, en su mayoría con suplidores, y con el personal de salud, mientras las disponibilidades eran de apenas 377 mil pesos. Posteriormente revelaría que la tercera parte del personal de esa secretaría la integran botellas, reformistas y colaboradores que no justifican el salario. La titular de Educación, licenciada Ligia Amado Melo, dio cuenta de que en los últimos dos meses del anterior incumbente fueron creados 7 mil puestos de personal docente y administrativo, mientras informaba que había solicitado una auditoría para establecer la situación real de la importante cartera.
Lo encontrado por el doctor Serulle en el IDSS no puede ser más dramático. No disponía el día 24 con que pagar el salario del personal, teniendo que limitarse a entregarlo tan sólo a los empleados de menores ingresos. Las deudas del organismo ascienden a 510 millones de pesos, y sólo disponía de 20 millones, mientras el dispendio quedaba de manifiesto en el alquiler de vehículos a razón de 30 mil pesos mensuales y altas facturas en teléfonos celulares, gastos de representación y otros renglones. La Agrupación Médica del Seguro Social, parte de cuyos integrantes no han podido cobrar el sueldo navideño del año pasado, completa el cuadro asegurando que los empresarios adeudan al organismo unos 2 mil 500 millones de pesos, parte de los cuales fueron descontados a los trabajadores de sus salarios, mientras el gobierno central y sus instituciones autónomas han retenido al IDSS mil 372 millones de pesos.
Otro que ya gritó fue el director del Instituto Agrario Dominicano, ———————–,
quien dio cuenta de que las deudas a que debe hacer frente totalizan 60 millones de pesos, mientras sólo encontró 200 mil pesos como liquidez.
Tres tristes tigres
Con razón más que suficiente, uno de los primeros nuevos funcionarios en denunciar desastres y pedir impedimentos de salidas contra ex’funcionarios, fue el doctor Euclides Gutiérrez Feliz, quien aceptó la dirección de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), aunque cauto, como abogado al fin, todavía no ha entrado en detalles. Pero de eso se encargó con creces la acuciosa periodista Minerva Isa, en una serie de reportajes publicados a lo largo de la semana última en el diario Hoy.
La corrupción, los desaciertos administrativos y el clientelismo político virtualmente liquidaron el patrimonio empresarial estatal, especialmente en la última década, al punto de que la mitad de las 24 empresas de CORDE están quebradas, y más de una cuarta parte cerradas. Sólo la Compañía Anónima Tabacalera y la Sociedad Inmobiliaria registraron beneficios el año pasado, y relativamente insignificantes.
El consorcio registró pérdidas de mil 135.5 millones de pesos en los últimos cinco años y la mitad del corriente, sobrepasando los 2 mil millones las acumuladas.. Su déficit entre pasivos y activos se cuantificaba en mil 258 millones de pesos al final de 1995. Las pérdidas pasaron de 51 millones de pesos en 1991, a 248 millones en 1995. Los compromisos de pagos de corto plazo totalizan 827 millones de pesos.
Si alguno de los nuevos funcionarios conocía el torbellino en que caía era el administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), ingeniero Temístocles Montás, el mejor especialista en la materia de que dispone el PLD, al punto de que se llegó a rumorear que él prefería que lo dejaran en el Secretriado Técnico, cambio que seguramente no desearía el arquitecto Eduardo Selman, colocado en esta última posición.
Montás conocía del déficit mensual de más de 300 millones de pesos de la CDE, montando sobre los 3 mil 500 millones para el año, a razón de 10 millones por día. El mismo ya había denunciado que esa corporación cobra menos de la mitad de la energía que suministra. Pero tal vez no esperaba que los generadores privados de energía le reclamaran el pago de 78 millones de pesos en la primera semana de su gestión. Por de pronto ya ordenó investigar las inversiones en reparación y rehabilitación de plantas en los últimos años, donde seguramente encontrará culebrones y alacranes.
De los tres tristes tigres en que han devenido las otrora poderosas “tres c” del Estado, el más abatido es sin duda el Consejo Estatal del Azúcar, cuya producción ha caído en dos tercios en los últimos 15 años. La CDE tiene mayores deudas y requiere mayor inversión para cumplir su cometido, pero es imprescindible y más recuperable. El CEA en cambio es un moribundo
que sólo justifica mantenerlo en vida, por las implicaciones socio-políticas de su muerte definitiva, ya que todavía genera más de 50 mil empleos, unos 13 mil en nómina fija.
Sorprendió la aceptación del doctor Antonio Isa Conde de hacerse responsable de revivir y domesticar a ese tigre moribundo, tras el desafío y grito de auxilio que le formuló el Presidente Leonel Fernández. Nadie se hizo sonar como aspirante al cargo, aunque se afirma que dos primeros llamados rehuyeron acercarse a esa fiera capaz de destriparle el prestigio al más eficiente domesticador del mercado administrativo, después de haber dispuesto de casi todos los especialistas del sector azucarero.
Isa Conde todavía no ha tenido tiempo (fue designado el jueves 22) de gritar sus precariedades, pero se sabe que en lo inmediato requerirá de por lo menos 500 millones de pesos para hacerle frente a compromisos inmediatos de pago, (incluyendo tres quincenas de salarios) a reparación de equipos, maquinarias, rieles y otras inversiones para preparar la zafra que debía comenzar a fin del año, aunque todavía no ha concluído la retardada del año pasado. Las deudas del CEA se cuantifican sobre los 800 millones de pesos, la mitad de ellos con los productores privados de caña.
Consejo de Gobierno
Consciente de la necesidad de producir acciones que impacten en la opinión pública y que alienten el arranque del gobierno, el presidente Fernández inicia esta semana con una visita al vertedero de basura de la capital y el anuncio de su decisión de promover solución al problema de la limpieza del Distrito Nacional y de las principales urbes. Y con la celebración de un prolongado Consejo de Gobierno, en lo que invirtió casi todo el lunes 26.
Reafirmando un nuevo estilo de gobierno, sin contar con la mitificación y la experiencia de su antecesor, Leonel Fernández dejó claro que el consejo de ministros continuará el sábado y domingo próximos, para diseñar acciones que permitan poner en movimiento la maquinaria gubernamental, enfrentando las precariedades heredadas y aprovechando las energías de los nuevos funcionarios.
Los anuncios tras la sesión de más de 7 horas del lunes, configuran todavía un tímido comienzo. Algunas medidas para reafirmar la estabilidad macroeconómica y promover la inversión, para el saneamiento y financiamiento del Banco Agrícola y los primeros pasos para promover la reforma de la seguridad social.
Por de pronto, la reactivación del Consejo de Gobierno tiene la virtud de reafirmar las expectativas de un régimen mucho más democrático, donde las decisiones básicas sean fruto de un equipo gobernante y no de la voluntad individual y autosuficiente de un presidente, por más superdotado que sea. Y la acción contra la basura capitalina, concertada con el ayuntamiento distrital, es una muestra de que tomará en cuenta el régimen municipal.
Esos legisladores
Si el gobierno central no pudo despegar en su primera semana, mucho menos lo lograron los legisladores, aunque éstos llevan la ventaja de dos años integrados a las curules, acumulando una experiencia infructífera y de ineficiencia. Por de pronto reformistas y perredeístas no lograron escoger los dos delegados adicionales a los presidentes de ambas cámaras legislativas para completar el Consejo Nacional de la Magistratura.
Resultó evidente la desconfianza en los dos partidos mayoritarios sobre el cumplimiento del acuerdo para distribuirse los dos delegados pendientes de elección. Los perredeístas se amparan en experiencias de pactos incumplidos por la otra parte para desear que los senadores escojan primero a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Los reformistas esperan lo mismo con su candidato César Francisco Féliz.
Persisten las dudas sobre si los reformistas quieren realmente que se integre el Consejo y se inicie un saneamiento de la justicia. A diferencia de sus antagonistas, no han presentado una lista de reconocidos juristas para integrar la nueva Suprema Corte. Y algunos de sus dirigentes consideran que antes que nada debe aprobarse el reglamento del Consejo de la Magistratura y la ley de carrera judicial. Ambos textos serán precisos para escoger los jueces, pero no parecen imprescindibles para constituir el Consejo, quien puede darse su propio reglamento para cumplir su única función, que es escoger los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Esa condición puede implicar meses de debates en un congreso caracterizado por la intransigencia.
Los días por venir reclamarán pasos concretos hacia la gobernabilidad y las reformas, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. El primero tiene la ventaja de que disfruta de su período de gracia, mientras el segundo es visto con recelo.-