Por Juan Bolívar Díaz                                                               

            Diluída la euforia colectiva provocada por la reivindicación de la justicia implícita en el apresamiento de gran parte de los vinculados al asesinato de Orlando Martínez, registradas algunas concesiones como la de cárcel privilegiada al acusado de la autoría intelectual, el gobierno se prepara para una nueva ofensiva política con miras en las elecciones congresionales y municipales del próximo año y más allá.

            El discurso del Presidente Leonel Fernández el miércoles 16 ante la Cámara Americana de Comercio indica que el Poder Ejecutivo va en busca de otra victoria de cara a un Congreso Nacional sacudido por las incoherencias, el tráfico de influencias y la desorientación de los legisladores de la oposición, sin iniciativas propias que no sean para buscar pequeñas autoreivindicaciones a nombre de la independencia de los poderes del Estado.

            Mientras tanto, en sectores independientes y de la sociedad civil se manifiesta un creciente descreimiento en el sistema partidario, donde el clientelismo y la compra de conciencias siguen siendo pautas fundamentales, y de rechazo al prematuro posicionamiento de los partidos para los comicios a celebrarse en 13 meses, pero que ya parecen determinar cada movimiento del Gobierno, del Congreso y de los partidos políticos.

 

Un emergente en la Cámara

            La comparecencia del Presidente Fernández en la Cámara de Comercio fue decidida a último momento. Ya las invitaciones habían circulado dando cuenta que el orador de ese día sería el Gobernador del Banco Central, Héctor Váldez Albizu. El primer ejecutivo nacional salió de emergente, en un movimiento tan brusco, que ameritó una explicación del propio orador.

            Había buenas noticias, y el Presidente de la República quería ser su portavoz y capitalizar sus beneficios. El primer balance trimestral del año puede considerarse excelente después de las expectativas creadas con el paquete económico anunciado a fines de 1996, y dado el cambio político de agosto pasado.

            Leonel Fernández aseguró que la economía registró un crecimiento del 5 por ciento entre enero y marzo y expresó su convicción de que al final del año marcará un 6, proporción más que excelente hoy día para cualquier país, sobre todo si se encuentra en tránsito político de un viejo régimen autocrático y autoritario, a un ejercicio más acorde con los principios democráticos.

            Igualmente debe considerarse positivo que la inflación del primer trimestre quedara sólo en 2.82 por ciento, después del considerable aumento en los precios de los combustibles y de la unificación cambiaria que rigen desde la segunda mitad de diciembre, y pese a la confrontación de los poderes ejecutivo y legislativo. Y las expectativas inflacionarias son menores del 10 por ciento para todo este año, según lo expuesto por el mandatario.

            Como siempre, las cifras podrán ser cuestionadas por otros medidores de los indicadores económicos, pero como siempre las que cuentan “para fines de banca y pool”, son las del Banco Central que manejó el presidente de la nación. Alentadas también por una cifra mayor en crecimiento de las exportaciones (13.7 por ciento) que en el de las importaciones (10.9) en relación al mismo trimestre del año pasado

Retoma el paquete de reformas

            Aunque hechos positivos, el nivel de crecimiento económico y de la inflación durante el trimestre, no justificaban que el presidente desplazara del escenario al Gobernador del Banco Central. El objetivo fue otro: aprovechar el escenario para relanzar el paquete de reformas económicas de diciembre, corregido y aumentado, en dos etapas. La primera a ser llevada al Congreso a partir de esta semana, y la segunda en la legislatura que se inicia en agosto.

            En resumen del presidente Fernández replanteó:

            -El proyecto que reduce los aranceles de un nivel máximo de tasas del 35 por ciento, a un 20, y de 7 a 5.

            -Para compensar la disminución del ingreso aduanal, insiste en una elevación del 8 al 11 por ciento en el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (Itebis), ampliando su base con el gravámen a algunos productos y servicios, pero manteniendo exentos a otros de primera necesidad.

            -Establecimiento de un impuesto del uno por ciento de las ventas brutas, compensable con el impuesto sobre la renta.

            -Eliminar la patente comercial e industrial y desmontar en dos años la patente financiera.

            -Proyecto de ley para establecer un sistema de reintegro de impuestos de importación a los exportadores. Incluirá también el Itebis pagado por cualquier concepto.

            -Proyecto de ley de amnistía fiscal parcial, para otorgar trato especial a los contribuyentes que deseen corregir sus inventarios y o patrimonios, con tasa del 3 y 1 por ciento respectivamente.

Una verdadera ofensiva

            Pero el Presidente Leonel Fernández no se conformó con renovar su paquete de reformas económicas de diciembre. Fue más lejos aún y enumeró otros proyectos, sin indicar cuándo los sometería al Congreso, como el de una nueva ley general de aduanas y la unificación de las direcciones generales de Rentas Internas e Impuesto sobre la Renta.

            El mismo recordó que todavía están pendientes en el Congreso los proyectos de código monetario y financiero, de capitalización de la empresa pública y de inversión privada en el sector energético.

            Pero sobre todo eso, también anunció “una segunda ola de reformas” a ser sometida al Congreso en la segunda legislatura del año, la que comienza el 16 de agosto. Adelantó que incluirá la reforma del mercado de capitales, del mercado de seguros y del sistema de seguridad social.

            Todo eso mientras anunciaba un decreto para crear una nueva reglamentación del mercado de hidrocarburos, que se supone conllevaría libre importación de los mismos, autorizaba una asociación para reactivar la estatal Compañía Dominicana de Aviación, y disposiciones ejecutivas para mejorar el transporte urbano de la agobiada ciudad de Santo Domingo.

Táctica de saturación          

            El discurso del Presidente Fernández en la Cámara Americana de Comercio fue verdaderamente relevante; estructurado para un escenario y una ofensiva alentada por el éxito que tuvo en el manejo del presupuesto y el paquete económico de diciembre, gracias a la incoherencia del Congreso y al tráfico de influencia y de otras cosas más concretas.

            De lo que se trata es de la ejecución de una táctica de saturación del Congreso Nacional, que con su acostumbrada limitada capacidad de trabajo y para responder las iniciativas legislativas, quedaría desbordado con tantos nuevos proyectos, además de los que todavía no ha podido dar salida. Algunos, como el de aumento del Itebis, ya reiteradas veces rechazado por la mayoría opositora, y al cual queda atado el de reducción de los aranceles. Otros, como el de reformas a la ley electoral, que ameritan largas consideraciones y escuchar diversos criterios.

            El Presidente y sus asesores no parecen estar buscando ninguna real concertación con el Congreso para materializar todo ese paquete de proyectos. Aunque el discurso reitera “voluntad inquebrantable de concertación”. Desearían imponérselo, como hicieron con el presupuesto, que al no ser aprobado, quedaron en libertad de aplicar uno de casi 6 mil millones de pesos menos. Pero en cualquier caso, desean llegar a las elecciones congresionales y municipales de mayo de 1998 en condiciones de apelar al país para cambiar su desventaja congresional.

            Habiendo “demostrado” la ineficiencia, la obstrucción y hasta la descomposición del Congreso, las expectativas del partido de gobierno serían de barrer en esos comicios, lo que mejoraría sus posibilidades de gobernar en los dos años siguientes, y abriría las puertas para la prolongación, con o sin la reelección, cuya prohibición podría ser derogada, dependiendo del nivel del éxito comicial.

            En las condiciones en que están los máximos liderazgos de los dos partidos mayoritarios de oposición, un triunfo significiativo del gobiero y su partido en las elecciones de 1998, le abriría un espacio político muy amplio, por el que se espera transiten incluso muchos de sus actuales opositores, perredeístas y aliados, y reformistas. Ya recientemente el verbo florido de Angel Lockward vaticinó que el “PRSC sería tragado en las entrañas moradas del PLD”. Se iniciaría así un largo reinado del peledeísmo.

            Esa táctica cuenta con la ineficiencia del Congreso, y la fortaleza de quienes manejan el presupuesto de la nación, como quedó de manifiesto en la crisis del presupuesto. La orfandad del Congreso es tal que todavía el Presidente pudo quejarse ante la Cámara de Comercio, de que no le aprobaron ni el presupuesto ni el paquete de reformas, aunque fue el gobierno que así lo quiso y lo gestionó, incluso invirtiendo recursos en “sensibilizar” legisladores. El plazo de 15 días para que ambas cámaras aprobaran el presupuesto y las cuatro o cinco reformas fiscales que le acompañaban, no deja dudas para los que quieran ver más allá de las apariencias.

¿Responderá el Congreso?

            La capacidad de respuesta del Congreso frente a una ofensiva como la diseñada por el Presidente Fernández, es realmente muy limitada. La circunstancias de que el Poder Ejecutivo se le impusiera en el asunto presupuestario, contando con uno solo de 30 senadores y con el diez por ciento de los diputados, parece decirlo todo. Sus esfuerzos andan en la línea de las pequeñas reivindicaciones, como esa ridícula de la semana pasada, cuando aprobaron nuevas pautas para las placas oficiales, de manera que los presidentes de las cámaras legislativas y el de la Suprema Corte “rueden al nivel del presidente del Poder Ejecutivo”. Para qué sirve eso, si los legisladores no pueden reivindicar que corresponde a ellos aprobar el presupuesto de la nación, y no en quince días, sino en el tiempo que sea necesario.

            La obvia crisis de los liderazgos de los partidos mayoritarios contribuye a reducir la voluntad de lucha del Poder Legislativo, donde más bien hay muchos pensando más que nada en “buscársela” de alguna forma con el poder, incluso para tener recursos con qué hacer campaña en busca de la reelección el próximo año.

            La misma situación de los presidentes de las cámarases es poco auspiciosa. El del Senado sarandeado por escándalos en la repartición de tierras del Instituto Agrario, en la que hay otros senadores involucrados. El de la cámara de Diputados, cuestionado hasta por una parte de su propio partido, por la forma en que manejó el proyecto de presupuesto de este año.

            La grave enfermedad y ausencia del doctor José Francisco Peña Gómez, y el desgaste y el silencio del ex-presidente Joaquín Balaguer, son factores determinantes en el desconcierto en que se encuentran el Congreso, en manos de sus seguidores. Ambos liderazgos quedaron cuestionados por el balance de la batalla presupuestaria. Lo de Peña Gómez es drama, lo de Balaguer decadencia. De ambos se dice que todavía pueden imponerse en una asamblea, pero que ya no pueden manejar el “día a día” de sus partidos. Y es ahí donde la situación parece crítica.

Tremendo descreimiento

            Mientras el gobierno ratifica las políticas clientelistas y de compra de conciencias del pasado, y los opositores se rinden, se venden o aparecen incapaces de superar los desafíos, en muchos ambientes de la sociedad civil y en la opinión pública en general, se percibe un creciente descreimiento. Un país acostumbrado a los liderazgos caudillistas, de golpe se está quedando huérfano, se quejaba recientemente un científico social.

            La abulia y la indiferencia se han manifestado en la tibieza con que muchos sectores han tomado el proyecto de reformas de la Ley Electoral que debate el Congreso, donde por demás, los partidos han vuelto a mostrar las dificultades para materializar transformaciones importantes, aún las reiteradas veces pactadas. Por ejemplo, el establecimiento de los distritos y cinrcunscripciones electorales, que figura en el consenso pactado en la Fundación Siglo 21 en 1994 por todos los partidos, pero que ahora es observado por varios.

           En el caso de la sociedad civil, que luchó denodadamente por la transparencia electoral en 1996 y que auspicia importantes reformas, la decepción tiene otra fuente: la escasa voluntad de tomarla en cuenta que ha mostrado hasta ahora el gobierno. Y no sólo en la superestructura, sino en las comunidades de base, donde la tendencia manifiesta es a la coptación o la sustitución, aunque para ello haya que apelar al empleo no pulcro de los recursos del Estado.-