Por Juan Bolívar Díaz

            Si el gobierno del Presidente Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) quiere ganar credibilidad en el combate a la corrupción administrativa tendrá que poner el acento más en instaurar medidas preventivas y correctivas que en las denuncias de las irregularidades del pasado.

            No es deseable ni conveniente tampoco un nuevo “borrón y cuenta nueva”, por lo que el camino correcto es traducir a la justicia, como ya se empezó a hacer esta semana, los casos en que se estime que hay indicios suficientes para sentar precedentes de sanción a las irregularidades administrativas.

            Las simples denuncias, a veces de asuntos discutibles de índole individual, o de circo político, pueden entretener, pero terminan viciando el ambiente, consumiendo excesivas energías y ahondando los enconos políticos que en el caso del que divide a perredeistas y peledeistas, ha constituido un enorme obstáculos a los avances de la sociedad dominicana.

De circo y justicia

            Los estrategas perredeistas, si los hay dedicados a analizar y planificar acciones, deberán tomar nota del hecho de que hasta en sectores refractarios a la impunidad que ha predominado en la cosa pública, se manifiesta cierto rechazo a la lluvia de denuncias sobre la administración que concluyó el 16 de agosto.

            Se explicaría en parte porque algunos funcionarios, como el secretario administrativo de la Presidencia, Pedro Franco Badía, (cuestionado en el pasado por gestiones públicas) han llegado a utilizar altas tribunas de la comunicación nacional para denunciar prebendas individuales, del anterior entorno presidencial y hasta familiar.

            También porque se han producido en medio de un festival tan grande de cancelaciones masivas que sólo pueden ser aplaudidas por los interesados directos, y que no corresponden con las expectativas y anhelos de cambios sociales y políticos. La ácida reacción del presidente Mejía ante críticas sobre el particular, tampoco ayuda a mantener el ambiente de consenso que el gobierno precisa.

            Es cierto que los perredeistas encontraron las arcas del Estado vacías, con grave déficit fiscal, endeudamiento interno y cientos de obras inconclusas y que hubo un gran dispendio, especialmente en el último cuarto del gobierno del presidente Leonel Fernández, con manifestaciones de alguna corrupción.

            Pero por la misma delicada situación financiera, que pone en peligro la estabilidad macroeconómica de la última década, el gobierno tiene que manejarse con delicadeza política, para no enturbiar más el ambiente ni crear estados de pánico que en nada ayudarían a la recuperación económica.

            La tentación siempre se hace presente para los nuevos gobernantes. Se ha dicho, desde tiempo inmemorial que al pueblo hay que darle pan o circo para obtener su apoyo o su entretenimiento. Cuando se dificulta la distribución de pan, aumenta la tentación de apelar al circo. Algo de eso podría estar ocurriendo.

            Esa sensación pudo haber sido disminuida si las autoridades estuvieran más activas en la línea de la prevención y la corrección institucional de las situaciones que favorecen la corrupción. Como hechos positivos al respecto están el proyecto de ley para instituir la Fiscalía Nacional Anti-Corrupción y la prohibición de hacer negocios estatales con empresas de funcionarios, familiares y relacionados.

            También el propósito de eliminar la factura consular y la advertencia de que no cobrarán los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes, a tenor de la ley 82-79. Aunque estas dos medidas están pendientes de ratificación por los hechos. Los antecedentes al respecto alientan las dudas, las que no podrán ser disipadas hasta que no pasen los plazos de un mes y 15 días, respectivamente, otorgados para su ejecución.

           El fiscal del DN, Máximo Caraballo Aristy desperdició una oportunidad para dar ejemplo y demostrar que la persecución de las irregularidades no está marcada por el interés partidario, cuando aceptó la explicación de que fue una broma la alteración de un decreto presidencial para agregar a 4 abogados perredeistas como ayudantes fiscales, a pesar de que los “beneficiados” reclamaron ser juramentados.

            Claro que la administración perredeista apenas está en su tercera semana

por lo que no se le puede exigir demasiado. Pero también hay que comprender el descreimiento general sobre los esfuerzos contra la corrupción y la intención de las denuncias de los funcionarios precedentes, pues los antecedentes sobran.

Que actúe la justicia

            Pero el temor a la persecución política no debe llevar al extremo de no respaldar la penalización de graves irregularidades, utilizando el canal de la justicia, que está en las mejores condiciones para actuar independiente del poder político de turno.

            El inicio de acciones legales contra los ex-funcionarios palaciegos Luis Incháustegui y Danilo Pérez, mediante expedientes canalizados por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, parece justificado por la gravedad de las acciones puestas a su cargo, el primero de manejar a discreción unos 172 millones de pesos, entre enero y mayo pasado. El otro acusado de disponer del patrimonio inmobiliario del Consejo Estatal del Azúcar en favor de partidarios y relacionados.

            Nadie puede ni debe condenarlos a priori, respetando sus derechos individuales, entre ellos el de defensa. Están en proceso de instrucción y faltan muchas diligencias y un juicio público, justo y contradictorio, para que un juez determine si son culpables de los cargos.

            En los casos de distribución de automóviles y viviendas también denunciados, hay elementos que podrían avalar un proceso judicial. Pero lo procedente es que se investigue a fondo cada caso, y se proceda sólo cuando las sospechas estén fundamentadas y documentadas.

            También se justificaría plenamente que las autoridades requieran los vehículos y viviendas a las personas que no estaban calificadas para recibirlos. En el caso de los taxis denominados pollitos ya se ha documentado sobradamente que hubo distribución del patrimonio público en función política. Fue con un crédito español de 29 millones de dólares que el Estado contrató 2 mil de esos vehículos.

            Más aún, si no se hacen las rectificaciones correspondientes, se afianzará el temor de que se trate más de circo político que de real afán por sanear la administración pública.

            Hay otra categoría de denuncias que han ocupado la atención pública: las referentes al manejo abusivo del crédito financiero y la inversión pública, y a través de la compra de servicios, del endeudamiento irresponsable y del dispendio. Se trata de campos más difíciles de asimilar a simple corrupción.

            En tales casos lo más inteligente sería englobarlos en un solo expediente y darlo a conocer en uno o dos lanzamientos, evadiendo la tentación de las denuncias persistentes que crean un ambiente circense con simples objetivos políticos.

Esfuerzo propositivo

            Sin renunciar a la penalización de la corrupción, los mayores esfuerzos del gobierno tienen que dirigirse a crear un ambiente nacional de superación, a proponer metas y acciones, a sumar voluntades en aras de la recuperación y el desarrollo, a enfrentar las limitaciones que imponen realidades como el alza desmesurada del precio del petróleo. Y a las reformas pendientes imprescindibles.

            En esa dirección parecía andar el Presidente Mejía cuando el lunes se reunía con los senadores de su partido. Tiene que hacerlo también con los demás. Y motivar a todo el poder legislativo a que de salida a los proyectos pendientes, especialmente a aquellos dirigidos a sancionar más rigurosamente la corrupción administrativa, y los de reformas económicas que posibilitarán una mejor distribución del ingreso.

            Al respecto no hay razón para dar más largas a las reformas arancelaria y fiscal, al código monetario y financiero, a la ley de energía eléctrica, a la ley de seguridad social. Y enviar cuanto antes proyectos para crear un eficiente sistema de control administrativo, que fiscalice las operaciones de todo el Estado, desde el Poder Ejecutivo hasta el último ayuntamiento.

            Ya en este mes el gobierno tiene que empezar a elaborar el presupuesto para el próximo año. Lo ideal sería que estuviera precedido de las reformas arancelaria, con las correspondientes compensaciones, y fiscal para elevar la contribución de los sectores de mayores ingresos. No hay otra forma de combatir la pobreza, pues los recursos actuales son absolutamente insuficientes.

            La tentación de la retaliación política conduce a enfrentamientos que sólo sirven para consumir energías y perder tiempo, como se demostró que ocurrió al pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. En los análisis de Rumbo hay innumerables advertencias al respecto.

            La bola está ahora en la cancha del PRD. Ya el abismo que separa a este partido del PLD es suficientemente ancho, y ha determinado mucho tiempo y energías perdidos. Sin el mismo, la nación hubiese avanzado mucho más en el orden democrático institucional y social.

            Los forjadores principales de ese abismo fueron los dirigentes del PLD, en su esfuerzo por negar todo lo que pudiera oler a perredeismo. Pero corresponde ahora al PRD demostrar que está libre de ese virus contagioso que tanto ha debilitado lo que debió ser el frente democrático-progresista para el desarrollo dominicano. –