Por Juan Bolívar Díaz
Tras el fracaso del reciente intento de diálogo político, que auspició la Iglesia Católica, crecen por doquiera las preocupaciones por la suerte de la institucionalidad democrática en tanto al sector gubernamental partidario del enfrentamiento se le atribuye la promoción de una especie de golpe constitucional.
Esas preocupaciones determinaron las expresiones del fin de semana de la Primera Dama de los Estados Unidos, Hillary Clinton, del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, y del presidente del Diálogo Interamericano Peter Hakim.
Cada día crecen entre empresarios, diplomáticos, y analistas políticos las interrogantes sobre el futuro inmediato de la nación a causa de la profunidización del proceso de enfrentamiento, sin que ninguno de los sectores concurrentes al mismo den señales de suficiente generosidad ni templanza.
Reacción emocional
Observadores políticos vieron con alarma la forma tan emotiva como el presidium del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) reacción ante la provocación que le interpuso el gobierno con la observación de la ley que designaba con el nombre de José Francisco Peña Gómez al aeropuerto Las Américas.
La respuesta fue la ruptura pura y simple de un diálogo que de cualquier forma lucía estancado y contenido por una serie de acciones “poco amigables” como la sostenida negativa a entregar el presupuesto de la Junta Central Electoral y la reducción drástica de su asignación y la de la Suprema Corte en el proyecto de presupuesto para el próximo año, así como la renuencia a honrar el consenso con el Senado en torno al fondo de emergencia de 3 mil 500 millones de pesos para enfrentar la devastación del huracán Georges.
Los perredeístas cargaron con el fardo de la ruptura de un diálogo que reclamaba toda la sociedad, sin previamente evidenciar que el gobierno seguía tirando la piedra y escondiendo la mano, o realizando un doble juego. Como si no existiera una sociedad más allá de los partidos a la que se deben explicaciones. O como si estuvieran signados para bailar la música que otro toque, al compás del enfrentamiento puro y simple, en un ejercicio que traduce también prepotencia.
La dirección del PRD repitió el error de hace justamente un año, cuando se retiraron sin previo aviso de un diálogo en el que el gobierno mostraba poco interés. Entonces pasarojn varios meses a la defensiva mientras el gobierno desarrollaba su “Diálogo Nacional”.
Seria amenaza
En diversos sectores crece el convencimiento de que el ala más beligerante del gobierno, que incluye relevantemente a algunos de sus aliados, está convencida de que lo mejor que podría ocurrir en el 2000 es que no se celebren elecciones ante las perspectivas de que sean ganadas por el PRD, como ocurrió en mayo pasado. Advierten que la amenaza es más seria en cuanto la dirección perredeista pueda seguir aceptando provocaciones en vez de adscribirse firmemente a las expectiativas de concertación alentadas por la Sociedad Civil.
Al efecto se aduce que la del nombre de Peña Gómez al aeropuerto fue un gesto provocativo en vez de un abono al concierto del diálogo, pero no suficiente para justificar el rompimiento de éste. La ruptura se jusficiaba más por la persistencia del gobierno en desconocer el dictamen judicial que ordenó entregar las partidas presupuestarias de la JCE.
En otras palabras, señalaba un observador internacional, si fue cierto que el veto a Pëña Gómez fue planificado como “una bomba”, como publicó el director del diario El Nacional, Radhamés Gómez, en su columna, a los perredeístas lo que les correspondía era recoger el artefacto ardiente y devolverlo, no asimilarlo. En otras palabras: usar la bomba como recurso para exigir más definiciones y mayores ventajas en las negociaciones políticas auspiciadas por la Iglesia, haciendo el p’apel de víctimas.
Tampoco ayuda a crear un ambiente de rectificación y entendimiento el lenguaje empleado por algunos perredeistas, así como la circunstancia de que ellos tienen ahora mismo dos presidentes , un secretario general y cinco pre-candidatos presidenciales luchando entre sí por loiderear el partido, y a menudo jugando a cuál sea más duro en medio de la batalla.
Otras pruebas
El gobierno ha puesto otras pruebas a los perredeistas con los proyectos de presupuesto, reformas arancelarias e impositivas. Sobre todo con los dos últimos pendientes desde hace dos años y envíados al Congreso precisament5e en el momento de mayor cruispación entre los partidos.
Ya lo dijo un alto funcionario del gobierno, “lo de las reformas impositivas está en manos del PRD, ya nosotros cumplimos”, aunque no se intercambiaran consultas técnicas antes de elaborar los proyectos o para promover su aprobación, como se haría en cualquier democracia que se respete mínimamente con separación de poderes en manos de diversos partidos.
Y ciertamente a los perredeistas se les exigirá algo más que un simple rechazo a mayores impuestos. Tendrán que definirse respecto a la tantas veces diagnosticada necesidad de reducir los aranceles y sobre la forma de compensarla. Desde luego, plantear un alza del 80 por ciento al ITEBI en un año, pasándolo del 8 al 12 y al 14 por ciento, es seguramente ambicioso, pero es con numeritos que tienen que responder los opositores, presentando alternativas, si las creen necesario.
Por demás, un partido que puede enfrentar el reto del gobierno dentro de unos 20 meses, tiene que manifestarse con madurez y racionalidad para luego tener moral para reclamar esas virtudes. Y entonces más que ahora el Estado requerirá mayores ingresos fiscales para enfrentar los desafíos de la pobreza y el cesarrollo. A no ser que pretendan posteriormente reclamar los impuestos que ahora niegan, cuyo costo en estos momentos compartirían con sus contrincantes políticos. Luego tendrían que asumirlos ellos solos o correr el riesgo de dejar aislado el país en materia de integración comercial.
El presupuesto
El PRD tendrá también que demostrar su capacidad de negociación con el proyecto de presupuesto, reivindicando en parte a la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y otras instituciones, desde su mayoría en el Congreso, pero buscando negociar, sin pretender que maneja el gobierno, que es quien elabora y ejecuta el presupuesto.
No podrá ignorar el precepto constitucional que establece en dos tercios la mayoría necesaria para sostener una modificación del proyecto de presupuesto, lo que lo obliga a una negociación racional si no quiere pagar el costo de que el gobierno se maneje el año próximo con el presupuesto de 1998, lo que en la práctica le sería más rentable que el sometido al Congreso.
Los perredeístas tienen derecho a reivindicar, siquiera en parte, lo que se le redujo a la Suprema Corte y a la JCE, lo que podrían hacer con tres o cuatrocientos millones de pesos y repartir otros cien entres otras instituciones inconformes. Si extienden la sábana, el gobierno los volverá a enfrentar.
Ya el influyente secretario de la Presidencia, Danilo Medina, dijo , refiriéndose al Poder Judicial que “si ellos no están satisfechos con eso, (los 600 millones asignados) es un problema de la Suprema Corte, porque nosotros no tenemos más recursos”. Concepción patrimonial del Presupuesto, que para muchos es cosa sólo del Poder Ejecutivo.
Sanos consejos
Al decir del embajador Bernardo Vega, Hillary Clinton es la primera esposa de un presidente norteamericano que visita el país, desde que Eleanor Roossevelt pasó por San Pedro de Macorís, hace más de medio siglo. Como el subsecretario de Estado de asunots Interamericanos John Hamilton, que vino al país a principios del mes y volvió ahora acompñándola, la señora Clinton no se economizó preocupaciones por la suerte de la institucionalidad democrática.
Habló de concertación, de JCE y Suprema Corte, de separación de poderes y hasta se gastó este párrafo: “Vemos alrededor del mundo que donde la democracia apenas empieza a levantarse, a menudo los gobiernos elegidos no actúan en pleno conocimiento y entendimiento de lo que significa ser un gobierno democráticamente elegido”. Y a continuación insistió en que el acuerdo y la cooperación son indispensables para la existencia de una democracia sostenible.
Gaviria y Hakim fueron también específicos, al participar en la reunión de la Red de Líderes Legislativos celebrada el pasado fin de semana en Boca Chica. El presidente del Diálogo Interamericano planteó, sin que nadie lo entendiera una coincidencia, que “los congresos son las expresiones más representativas y directas de los pueblos, por lo cual los gobiernos no pueden actuar sin escucharlos”.
Entre observadores se ha visto con pena que tengan que venir tantos dignatarios extranjeros a llamr la atención del sistema político y los gobernantes, tratando de que enmienden un camino que además de estéril, conduce a empantanamientos y pone en peligro los vances democráticos logrados.
En los últimos días se ha vuelto a hablar de Fujimori y su golpe constitucional deabril de 1992, en circunstancias en que Perú se debatía terriblemente contra el terrorismo más despiadado y desorbitado. Con todo al gobernante peruano se le puso difícil la carga, tras desconocer el Congreso y la Suprema Corte, y fue aislado tanto dentro como fuera del país. Lo obligaron a convocar nuevas elecciones legislativas, y si se salvó fue porque en octubre de ese año, un comando militar que llevaba 8 años tras Abimael Guzmán, se tropezó con él y lo apresó.
Un ejemplo más cercano, y no solo geograficamente, fue el del presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías, quien el 25 de mayo de 1993 disolvió las instituciones democráticas y el 1 de junio, justo a la semana, atuvo que exiliarse en Panamá, poniendo abrupto fin a una carrera política que lucía promisoria.
Leonel Fernández no es ni Fujimori ni Serranos, pero hay quienes quisieran verlo en el transe y lo estarían tentando. Y él ha mostrado algunas debilidades con los halcones que lo rodean.-