Por Juan Bolívar Díaz

   El proceso de ruptura institucional en que se debate la sociedad y el Estado dominicanos marcha aceleradamente, en medio de la indiferencia o la resignación adoptadas por amplios sectores que ya no esperan nada de un gobierno sordo a cualquier reclamo, no importa que provenga del empresariado o de otros grupos de poder, como la Iglesia Católica.

   El silencio y aislamiento profundos en que se ha sumido el Presidente Joaquín Balaguer es un fructífero caldo de cultivo para la inacción de un gobierno y un país excesivamente acostumbrados a esperar la pauta de un mandatario autoritario y concentrador hasta en los más intrascendentes asuntos del Estado.

   El caos del tránsito terrestre y de servicios públicos fundamentales, como el de electricidad, transporte colectivo y atención hospitalaria, sumado a la casi total corrupción de los mecanismos judiciales, representan un legado difícil de revertir y que demandará una revolución moral y administrativa para el período post-balaguerista.

UN LEGADO APABULLANTE

   La descomposición moral que se registra en el país es de tal magnitud que no respeta ya casi ningún ámbito. La corrupción se generaliza, tanto en los asuntos públicos como privados, al amparo de un estado de impunidad casi absoluta, donde desde la infracción a la ley de tránsito hasta el asesinato se resuelven con un dinero para la policía, el ministerio público o el juez, en cualquier de las instancias.

   La sociedad observa más atónita que indignada cómo se pueden confiscar cientos de millones de pesos a productores de caña, habichuelas o cebollas, sin que existan mecanismos para hacer valer derechos elementales ni nadie pida la menor cuenta a los funcionarios responsables de depredaciones, extorsiones o despojos.   Semanas van y vienen y los consumidores e industriales no pueden satisfacer necesidades elementales como la del azúcar o la harina de trigo, en manos de verdaderas mafias de traficantes que llegan a duplicar los precios para hacer fortuna extorsionando a comerciantes y compradores.

   Esta sociedad ha asistido a la dilapidación o la quiebra de empresas estatales, como la Dominicana de Aviación, registrándose la barbaridad de que el único procesado es un administrador de la década pasada, acusado de una sobrevaluación de un par de millones de pesos en la construcción del edificio, que es precisamente lo único que ha quedado de lo que era denominado como «línea bandera nacional».

   Los hospitales públicos pasan cuatro semanas paralizados por una huelga de los médicos y no hay funcionarios con suficiente delegación de autoridad para negociar una solución al conflicto, mientras las legiones de pobres del campo y la ciudad se mueren, tienen que abandonar las camas de los hospitales o resignarse con sus enfermedades a cuestas; hasta que Monseñor Agripino Núñez Collado enfrente el reto de la mediación, no ante las autoridades de salud, sino ante el aislado gobernante.

SILENCIO CATORCEMESINO

   El silencio del Presidente de la República establece cada dia nuevo récord, y lleva ya más de 14 meses, desde que en septiembre de 1994 ordenara mantener a raya a los reporteros en sus cada vez más monótonos y aburridos actos inaugurales de los jueves.

   Ni siquiera el largo proceso de selección del candidato presidencial de su partido, o la necesidad de sus seguidores de recibir sus orientaciones para promover su nuevo candidato, han logrado impactar en el súbito mutismo de un hombre que pasó más de seis décadas aferrado al discurso político, que cultivó con pasión para sostener la dictadura o para prolongarse a sí mismo en el poder.

   Ante la inminencia de la Convención o Asamblea Nacional de su partido para formalizar la candidatura presidencial del licenciado Jacinto Peynado, programada para el sábado 25 de noviembre,

la comunidad del poder concentra expectativas y formula votos para que el caudillo «diga algo», en una consumación de los rasgos macondistas del ejercicio gubernamental de los últimos años.

   El año está por entrar en su último mes y el Estado no ha podido expedir las placas de los vehículos que circulan por todo el país, en una inexplicable e increible expresión de incapacidad y caos administrativo. Después de meses reclamando las placas y matrículas, que desde luego no son expedidas gratuitamente, parte de la ciudadanía se ha resignado a recibirlas cuando se pueda.

TERRIBLE DICOTOMIA

   La sociedad dominicana asiste a una terrible dicotomía expresada en que cada vez un número mayor de sus instituciones civiles clama por institucionalización, por reformas y participación democrática mientras parece mayor el empeño gubernamental en burlar los procedimientos y aniquilar el imperio de la ley.

   Dos claras expresiones de la burla a las instituciones fueron la anulación, mediante simple nota de prensa, de la ley que declaró no laborable el 6 de Noviembre, y el recinte decreto que estableció nuevos impuestos para los vehículos importados durante el festival aduanal reeleccionista del año pasado.

   Fue absolutamente innecesario e improcedente que el doctor Balaguer anulara una ley que él mismo promulgó, porque en nada cambiaba el estado de calamidad nacional determinado por los apagones, el que se dejara de trabajar un dia, más aún cuando ni en octubre ni en noviembre había algún otro dia feriado. No faltaron quienes encontraran como única explicación el deseo del mandatario de reafirmar en el «Dia de la Constitución», que ésta, al menos para él, no es más que un simple «pedazo de papel».

   La semana pasada fue el decreto que establece una escala impositiva nueva para los automóviles que no pagaron los impuestos correspondientes el año pasado. La orden administrativa tiene dos implicaciones negativas: por un lado abandona todo esfuerzo por cobrar a quienes evadieron millonariamente los impuestos, aunque con complicidad oficial, y por el otro, porque despoja al Congreso de una de las facultades que le atribuye la Constitución de la República, que es la de aprobar los impuestos y gravámenes.

   Buena parte de los medios de opinión, y el Consejo Nacional de Homabres de Empresa, en carta pública al Presidente, rechazaron el impuesto por decreto estimándolo violatorio del ordenamiento constitucional. Pero en realidad nadie se hizo ilusiones de que el presidente o un vocero debidamente autorizado dispondría rectificar la medida, o por lo menos ofrecer alguna satisfacción. El espeso silencio no se rompe por ningún reclamo, independientemente de su justeza, oportunidad o procedencia.

   El establecimiento de contribuciones ya no es solo función del Congreso, ni del Presidente de la República. Es que tambiún la Secretaría de Turismo, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Transporte Terrestre han establecido sus propios gravámenes. La decisión de Tránsito Terrestre de cobrar 200 pesos por la tablilla de identificación de los choferes del transporte urbano fue enfrentada solitariamente por una federación del transporte y costó paralizaciones y pérdidas considerables. El lunes 20 se anunció un acuerdo para expedirla por la mitad de la contribucón original, es decir por 100 pesos.

DOBLE CANSANCIO

   Todo parece indicar que el país marcha al garete, como expresión de un doble cansancio que afecta a su mandatario en vísperas de graduarse nonagenario y en la recta final de su extendida carrera de gobernante, y a un pueblo que ya deja para el próximo gobierno todo intento de redención, de reivindicación o rectificación.

   Las demandas sociales, económicas y políticas que se van acumulando, junto a la enorme deuda interna y el peso de cientos de obras públicas que quedarán sin concluir, suponen un legado que reducirá las posibilidades de altos vuelos del gobierno que surja de las urnas el 16 de mayo próximo, no importa cuál partido resulte triunfador, incluyendo al oficialista.

   Al próximo presidente se le reclamará todo lo que la resignación va acumulando en estos meses de balaguerismo bobo, en que no ha sido posible ni siquiera cumplir el mandato constitucional de instituir un Consejo Nacional de la Magistratura para iniciar la renovación de los jueces. Balaguer dijo en febrero que esa tarea era mejor dejarla «a las próximas generaciones», y la obstrucción de los legisladores de su partido parece estarle dando cumplimiento a ese deseo. Debe asumirse que no se iniciará la elección de los jueces en la próxima legislatura, que comienza el 27 de febrero, porque ya entonces estaremos en el fragor intenso de la campaña electoral.

   Muchos dominicanos están tan cansados, tan resignados, que ni siquiera alcanzan a ver la magnitud de la anarquía que estamos viviendo; la que alarma a cualquier observador sistemático y, desde luego, a los extranjeros que nos visitan. La primera y más clara expresión está a la vista de todos en las calles de Santo Domingo: en la increible anarquía en que ha devenido el tránsito vehicular, sin semáforos, sin policías de tráfico, sin sanciones, muchos vehículos sin identificación, con el resultado de 43 mil accidentes el año pasado, con mil 700 muertos y pérdidas materiales difíciles de cuantificar.