Hay que desbrozar el camino político

Por Juan Bolívar Díaz

 El paso arrollador del huracán Georges dejó al desnudo toda la pobreza y las miserias de la nación dominicana como para convocar a la realidad a aquellos que se ilusionan con que este país está compuesto de pedazitos de Miami y que ha atravezado la barrera de la modernidad.

La calamidad en que están sumidas regiones y poblaciones completas, algunas de ellas todavía aisladas, y la realidad de más de 100 mil refugiados en condiciones de hacinamiento y hasta de hambre, demandan esfuerzos extraordinarios del gobierno y toda la sociedad.

            En ese marco se impone más que nunca la concertación para buscar soluciones y el aplazamiento de todo lo que signifique confrontación, incluyendo el inoportuno planteamiento de una asamblea constituyente, formulado por uno de los asesores presidenciales, y el proyecto para reformar la Ley de Carrera Judicial en los aspectos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

Gran prioridad

            A dos semanas del huracán Georges la sociedad dominicana muestra toda su purulencia, no sólo porque han quedado manifiestas las estadísticas que hablan de hasta 60 por ciento de la población en niveles de pobreza, sino porque el resto de la comunidad ha sido incapaz siquiera de organizar el socorro a los más necesitados, de lo cual hubo de ocuparse el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Ni siquiera se ha podido recoger gran parte de los escombros dejados en las calles capitalinas por la furia del huracán.

            Decenas de miles de viviendas arrasadas o severamente dañadas, especialmente en la marginalidad capitalina y en toda la llanura oriental, muestran una precariedad de vida muy distante de los niveles de la sociedad moderna y nos remiten todavía a décadas de atraso y pobreza.

            Muchos de los damnificados ya están regresando a sus reductos ribereños de los ríos hasta que un nuevo ciclón o simples aguaceros los obliguen otra vez a huir para luego comenzar nuevamente a acumular simulacros de muebles y alguno que otro agente electrodomésticos de modernidad.

            Las autoridades deberán afrontar en primer lugar la realidad de los cincuenta o sesenta mil que habrán quedado sin techo, ayudándolos a conseguir otro urgentemente, o hacinándolos en barracones para que esperen allí la llegada dilatada de un apartamento de los 100 mil que la semana pasada el presidente prometió construir, en no se sabe cuántos años.

Paralelamente habrá que llevar asistencia de emergencia a todas las comunidades aisladas y a las más devastadas, donde la gente se está literalmente muriendo de hambre y adoptar todas las previsiones sanitarias para evitar epidemias y nuevos escándalos que puedan afectar la industria turística, sobre la que descansa en gran medida la economía nacional.

Evitar hambruna

            La devastación de la producción agrícola es de tal magnitud que ya se han expresado públicos temores de que el país pueda atravezar por una hambruna. En regiones enteras no quedó nada sembrado, y en algunas sufrieron las granjas de pollos y otras especies comestibles, hasta el punto que sólo las importaciones podrán paliar el hambre de quienes tienen ingresos garantizados. Legiones enteras de agricultores pobres y medianos tendrán que ser afortunados para reiniciar la producción y obtener algunos alimentos de la tierra dentro de algunos meses.

            Si ha resultado difícil llevar con que paliar el hambre a comunidades de las provincias orientales y del suroeste, mucho más lo será auxiliar a los agricultores, para lo cual se requiere recursos financieros, suministro de semillas, asistencia en la preparación de terrenos y alimentos durante algunos meses. Si no hay eficiencia y rapidez en esas tareas puede esperarse una nueva avalancha de emigración rural hacia las urbes, aunque tengan que crearse nuevas Mesopotamia.

            Hay quienes creen que la ayuda internacional paliará el hambre de los dominicanos y dominicanas. Pero ella es más racionada cada vez y las donaciones al país no llegarán más allá de cincuenta o sesenta millones de dólares, equivalentes a menos de mil millones de pesos, cuando los daños a la agropecuaria han sido estimados en unos 4 mil millones de pesos y en todos los sectores en unos 18 mil millones.

            La mayor parte de la ayuda será en créditos, algunos de ellos en condiciones especialmente blandas, pero que más tarde o más temprano se suman a la deuda externa y acentúan la dependencia dominicana de los centros financieros internacionales y el futuro de los nuevos habitantes que vienen al mundo con una deuda bajo el brazo en vez del tradicional pan.

La infraestructura

            Los daños a la infraestructura, viviendas, locales escolares, carreteras, puentes y caminos, ascienden a miles de millones de pesos, según los estimados oficiales y demandarán una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos del Fondo Especial de Emergencia acordado la semana pasada entre funcionarios y legisladores.

            Sólo la reconstrucción y reparación de los 80 puentes severamente afectados por el huracán implicarán una inversión estimada por la Secretaría de Obras Públicas del orden de entre 700 y 800 millones de pesos. Mientras la Secretaría de Educación afirma que 217 escuelas quedaron destruídas y 727 parcialmente dañadas. De estas últimas 347 perdieron el techo, estimando los daños en casi 400 millones de pesos.

            En provincias como La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata y La Altagracia, casi todas las escuelas están inutilizadas, gran parte destruídas o

dañadas por las furias del huracán y las que sobreviven ocupadas por los dmanificadosque en algunos casos las dejarán también maltrechas.

            A los planteles dañados hay que sumar los que están ocupados por refugiados, lo que dejan sin ensañenza a cientos de miles de niños, sumando otra fuente de agudizamiento de la pobreza a través del retraso en el proceso educativo.

Panorama desolador

            El panorama no podría ser más desolador y desesperanzador, demandando todas las energías que sea capaz de desarrollar la nacióny especialmente el gobierno. No cabe en tales circunstancias la mezquindad ni la politiquería y lo que se impone es la racionalidad y el acuerdo, la coordinación de esfuerzos que aún no se produce, al menos en las dimensiones correspondientes.

            Es cierto que la semana pasada funcionarios del Poder Ejecutivo y senadores de oposición lograron ponerse de acuerdo sobre el monto del fondo de emergencia, pero la concertación con los ayuntamientos y con las entidades de la sociedad civil empeñadas en ayudar al socorro de las víctimas y a la reconstrucción no ha poidido materializarse más que tímidamente, en algunos casos.

            Aunque estaban elaborados desde hace tiempo, el momento escogido, la semana pasada, para enviar al Congreso proyectos de leyes como el de Seguridad Social, el que busca crea una Dirección General de Contabilidad y el que instituye bonos para el pago de la deuda interna, muestran una falta de prioridades.

            Afortunadamente el Presidente Leonel Fernández aplazó el largo viaje que lo llevaría este mes a la cumbre Iberoamericana de Portugal y a otras naciones europeas.

El palo de la Suprema

            Hasta el palo de la Suprema Corte declarando inconstitucionales algunos artículos de las leyes de Carrera Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura llegó inoportunamente. Lo mismo se puede decir del documento emitido por la Junta Central Electoral a principios de la semana pasada, sólidamente fundamentado poero que se perdió en las angustias y la calamidad que afectan el país.

            Ese fallo era esperado, pues era obvio que la Constitución estableció la inamoabilidad de los jueces, aniquilada a último momento en la Ley de Carrera Judicial promulgada en el festival de agosto pasado. Pero la Suprema Corte pudo haber esperado dos o tres semanas hasta que el panorama se esclareciera un poco tras el arrugón de Goerges. Nada hacía urgente la declaratoria de inconstitucionalidad requerida por una coalición de organizaciones de la sociedad civil y por abogados perredeistas, en sendas instancias jurídicas.

               Por fortuna, con la tranquilidad de quien esperaba el palo, el Presidente Fernández reaccionó correctamente ante el dictamen de la Suprema Corte, cuando dijo que “no puedo opinar nada sobre el particular. Soy respetuoso de las decisiones de los demás órganos del poder político”. Una declaración que todo el gobierno, incluído el Procurador General de la República debían respetar y secundar.

El colmo de todo

            Pero el colmo de todos los colmos ha sido la propuesta del asesor presidencial Carlos Dore de que la nación se aboque a la convocatoria de una asamblea constituyente para modificar la Constitución de la República antes de que estalle una crisis política, como consecuencia de los diferendos sobre la Ley de Carrera Judicial y la constitución de la Junta Central Electoral.

            Aunque, desde luego, el director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República no lo dijo, todo el mundo entiende que detrás de esa Asamblea Constituyente se esconde la esperanza de abrir paso a la reelección presidencial, el elemento más disociador en la historia dominicana.

           Resulta difícil entender como un profesional de la capacidad y la sensibilidad humana de Carlos Dore se le ocurre semejante propuesta en medio de la desolación y la calamidad nacional, cuando al gobierno se le sigue acusando de ineficaz en la asistencia de cientos de miles de damnificados, y cuando se esperan elementos que unan y no que renueven las confrontaciones. Sólo se explica en el cegato consenso grupal que se ha formado en torno al Palacio Nacional.

            Tampoco procede en las actuales circunstancias que el bloque de senadores del Acuerdo de Santo Domingo introduzca un proyecto de reformas para enmendar los artículos de la Ley de Carrera Judicial declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. No hay urgencia que justifiquen ese elemento de conflicto en las actuales circunstancias. Puede esperar semanas y hasta meses.

Falta ponderación

           Lo que está haciendo falta es mucha ponderación en el sistema político y entre los funcionarios del gobierno, para afrontar la calamidad en que está sumido el país. Lo que se impone es una tregua firme en la confrontación y negociaciones sobre cuestiones puntuales como el proyecto de presupuesto para el próximo año o la aprobación de legislaciones relacionadas a la emergencia nacional.

            Los legisladores de oposición tienen que ser diligentes y respaldar las iniciativas del gobierno que se inscriban en orden a afrontar las calamidades dejadas por el huracán. Sin pretender quitarle la iniciativa, como intentaron cuando proponían 5 mil millones de pesos para el fondo de emergencia.

            Las inicaitivas corresponden en primer lugar al Poder Ejecutivo, especialmente al Presidente Fernández, que aún tiene tiempo para recuperar la crdibilidad y confianza que ha perdido en la confrontación de poderes. Y lo primero que tiene que hacer es acatar con todas las consecuencias el dictamen de la Suprema Corte de Justicia. Y en segundo lugar, rectificar su ialegal decisión de retener los fondos que la ley de presupuesto asigna a la Junta Central Electoral.

            Y debería hacerlo antes que la JCE apele ante la Suprema Corte con una instancia que bien puede someter para que dictamine la inconstitucionalidad de la retención de los fondos para sostener los gastos y pagar los empleados de ese organismo del Estado. Hay quienes creen que un simple tribunal de lo civil puede pronunciarse sobre el particular.

               Esos gestos de rectificación son más necesarios ahora que la nación demanda que todas las energías de los poderes públicos y especialmente del gobierno central se encaminen a suturar las heridas del cuerpo social y a reconstruir lo devastado por las fuerzas indetenibles de la naturaleza.-