Por Juan Bolívar Díaz
La actitud del próximo gobierno perredeista frente al problema de la corrupción podría ser un elemento definitorio de un reordenamiento político de cara a una sociedad que demanda acciones para reducir la proporción de los recursos públicos que son dilapidados por los funcionarios y servidores del Estado.
El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) parece empeñado en promover la persecución de la corrupción con el objetivo estratégico de echar a pelear al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con el de la Liberación Dominicana (PLD) para que estos se desgasten y ellos emerger como alternativa.
El gobierno del agrónomo Hipólito Mejía no podrá ignorar los clamores sociales de castigo a la corrupción, pero cuidándose de no repetir el error del gobierno que concluye que consumió sus energías en un enfrentamiento sin tregua, lo que le impidió realizar una gran parte de las reformas económico sociales que demanda la nación.
¿Conciliar a atacar?
En sectores pensantes se ha discutido recientemente si lo que conviene al interés nacional es un gobierno que ponga más el acento en la conciliación y la búsqueda real y sincera de consenso para enfrentar efectivamente los problemas nacionales, o en el ataque a la corrupción.
Se parte de la necesidad de limitar la política de la obstrucción y el ataque despiadado que ha caracterizado las relaciones PRD-PLD, que solo han servido al objetivo balaguerista de mantenerse en el poder o como árbitro del mismo, y que ha impedido el avance en el fortalecimiento democrático y las reformas socio-económicas.
Si los perredeistas ponen el acento en la persecución de los actos de corrupción, supuestos y reales, que se han registrado en el gobierno que concluye, podrían estar abonando el terreno para que continúe ese enfrentamiento infructífero, que por demás ya produce cierto rechazo y cansancio en sectores sociales.
Pero tampoco pueden ignorar el compromiso que tiene Hipólito Mejía de combatir la corrupción. Y la primera forma de hacerlo es traduciendo a la justicia a todo el que aparezca como responsable de actos dolosos contra el patrimonio público. Si no se hace con los contradictores de otras organizaciones políticas, mucho menos se hará dentro de poco, cuando corresponda, contra los propios compañeros.
En otra palabra, la sociedad rechaza un nuevo borrón y cuenta nueva, porque es el mejor caldo de cultivo a la continuación de la corrupción en todas sus manifestaciones. Detrás del temor a “dividir” la sociedad persiguiendo los corruptos, se esconde frecuentemente el temor a establecer precedentes que obliguen a los nuevos incumbentes de la cosa pública a actuar con mayor transparencia y honradez. “Hoy por ti, mañana por mi”.
Habrá siempre la tentación de irse a los dos extremos, o excesiva conciliación, para continuar la fiesta a nombre de la búsqueda del consenso, o persecución política disfrazada de profilaxis social. Esta también es promovida por la necesidad de dar circo a la población especialmente cuando repartir pan abundante es un asunto imposible o difícil de lograr en tiempo de vacas flacas, como los que va a encontrar el gobierno a instaurarse el 16 de agosto próximo.
Una nueva profilaxis
Es axioma generalizado que millares de los que han pasado por la vida pública dominicana se enriquecieron a costa del patrimonio nacional, cientos acumularon hasta merecer la categoría de millonarios. Corrupción en todas sus manifestaciones, por el cobro de comisiones, desvío de los fondos, a través de sobrevaluaciones de obras y de compras, por conflictos de intereses, por dilapidación irresponsable del dinero, por abuso de los equipos y bienes del Estado, en beneficio personal, de familiares y relacionados o del partido predominante.
Aquí como en toda América Latina y en gran parte del mundo, la corrupción es diagnosticada como uno de los peores males e injusticias sociales. Y las campañas electorales y los programas de gobierno recogen innumerables “compromisos” de combatirla, reducirla y extirparla, pero sin éxito.
Cuando se ha presentado algún combate a la corrupción, ha sido una forma de disfrazar persecuciones políticas, objetivos de reducir al contrincante, llegándose al abuso de convertir los tribunales en circo romano, como ocurrió aquí contra el ex-presidente Salvador Jorge Blanco y algunos de sus colaboradores. Algunos de los perseguidos de 1987-88 habían sido estigmatizados por el señalamiento generalizados de la ciudadanía, pero la burla de los procedimientos judiciales y la falta de calidad moral de los principales promotores de aquel espectáculo, terminaron desacreditando el proceso.
Ese es el tipo de combate a la corrupción que no se debe reproducir. Hirió la sensibilidad nacional ver al doctor Joaquín Balaguer, promotor de la corrupción integral como forma de mantenerse en el poder, avalando con su presencia y sus acusaciones la persecución contra un ex-presidente a quien había que destrozar a cualquier precio. Con unos jueces y unos tribunales manipulados, obsecuentes y genuflexos.
Ahora que la justicia ha ganado considerable independencia es posible un nuevo tipo de profilaxis, a cargo de un ministerio público que debe ser dotado de un estatuto de autonomía y con jueces apegados a los procedimientos jurídicos, desde la instrucción hasta el conocimiento de las acusaciones.
El presidente electo, Hipólito Mejía, ha prometido que no comprometerá su investidura, la magestad de la presidencia, en la persecución de la corrupción, aunque dará curso a todo expediente de peso que llegue a sus manos para que sean los órganos judiciales quienes decidan soberanamente.
Para que esa profilaxis tenga credibilidad el gobierno tendría que revestirla de una serie de medidas preventivas, que incluyen reformas legales para crear mecanismos efectivos de control, para obligar a la rendición sistemática de cuentas, una nueva ley de concursos públicos, mayores sanciones a la evasión de las declaraciones juradas de bienes y a las más variadas formas de corrupción.
Sin un gran esfuerzo para evitar la corrupción propia, toda persecución de la ajena será hipocresía y desviación de la atención pública y más temprano que tarde caerá en el descrédito y se revertirá contra sus patrocinadores.
Si el nuevo gobierno quiere dar una señal inequívoca de su actitud frente a la corrupción tiene que comenzar por aprobar alguna legislación preventiva y punitiva y de ambas categorías hay proyectos en el Congreso Nacional. Si hay real empeño bien se podría utilizar el tiempo pendiente hasta el 16 de agosto para elaborar algunos proyectos. El PRD no puede alegar dificultades, pues en esa materia – por ejemplo en una nueva ley de concurso público o sobre cumplimiento del presupuesto nacional- hay amplio consenso.
La estrategia reformista
Sectores reformistas están reclamando con énfasis al nuevo gobierno que combata la corrupción, obviamente pensando en los funcionarios peledeistas. No esperarán que el esfuerzo vaya al período de los diez años.
El planteamiento se corresponde con una estrategia, expuesta magistralmente en el telediario Uno más Uno por el ingeniero Guillermo Caram, vicepresidente de la Comisión Consultiva del PRSC: que el PLD se redefina, promover luchas intestinas, que resurjan los sectores “liberacionistas”, que los herederos del idealismo boschista barran a los oportunistas del realismo político.
Si los perredeistas escogen el camino de la persecución de la corrupción peledeista, sin las medidas profilácticas correspondientes, se desgastarían en el enfrentamiento, perderían credibilidad y los reformistas cosecharían los beneficios políticos.
El PRSC se embarcaría en una primera etapa en una oposición propositiva, dándole tiempo al PRD para continuar la pelea con el PLD. Todo un año, dijo Caram. Y hasta con algún nivel de colaboración, pero sin compromiso, por eso no han querido ningún cargo ministerial. Y la corriente dominante en las estructuras partidarias trata de que reformistas como Leonardo Matos Berrido rechacen las embajadas que Hipólito Mejía les ha ofrecido.
Al PRSC lo que más le convendría es que el perredeismo repita el error del PLD, de embarcarse en una política de puros enfrentamientos, para consumir en ellos sus energías y hacer lo mínimo posible. Sin lograr comprometer en nada significativo al partido colorado. Juntos, como aliados del Frente Patriótico, pudieron aprobar el paquetazo de reformas de diciembre de 1996. Pero el gobierno no se lo reclamó a su aliado. En cambio quería que se lo aprobara el PRD sin ninguna discusión. Lo que creyeron una forma de confrontarlo, pero que sirvió para promover su unidad interna cuando más lo necesitaron, al momento de la desaparición de su gran líder, José Francisco Peña Gómez .
Para el país sería una desgracia que los perredeistas reeditaran los mismos errores del gobierno que concluye. Deberían encontrar formas de rechazar la corrupción y combatirla sin caer en persecución del peledeismo. Lo ideal sería la búsqueda de colaboración y consenso, pero ya pocos pierden el tiempo con tan altas aspiraciones.-