Por Juan Bolívar Díaz
La rebeldía de dos empresas de televisión ante la Resolución 2-95 de la Dirección General de Telecomunicaciones, que dispone las transmisiones en el mismo número de canal a nivel nacional, ha creado una crisis de autoridad y una inconveniente confrontación entre empresarios y comunicadores del mismo sector, que ha empezado a degenerar en un caos televisivo.
Lo que más conviene a los operadores de la televisión, expuestos continuamente al juicio de la opinión pública, es serenar los ánimos y ponderar la disposición de Telecomunicaciones, colocando el interés colectivo por encima del individual, evitando desbordamientos que le resten autoridad moral de cara a los demás conflictos sociales.
Si prima la ponderación, los teleoperadores podrían descubrir que la unificación de las transmisiones por número de canal beneficia a los televidentes y a las mismas empresas emisoras, pues promueve la libre competencia y la calidad que requerirá la televisión nacional para enfrentarse al creciente volumen de canales extranjeros a disposición de los dominicanos por medio del telecable.
Origen del conflicto
El origen del conflicto está en las numerosas interferencias que se hacen los canales entre sí, derivados de que en un territorio pequeño, como el de República Dominicana, se ponga en antenas programaciones de empresas diferentes en los mismos canales. Por ejemplo, Teleantillas transmite desde Santo Domingo en el 2, que es su matriz, y es retransmitido en Santiago por el 13. En cambio, Color Visión que tiene como matriz al 9 en Santo Domingo, se retransmite en Santiago por el 2. El resultado es que con frecuencia y en diferentes zonas del país, la retransmisión de Teleantillas en Santiago interfiere con la emisión del 13 desde Santo Domingo, y la retransmisión de Color Visión en Santiago interfiere la que se hace por el 2 desde Santo Domingo. Eso se repite con los demás canales, sobre todo si son numerados a continuación.
Hace más de una década que el problema está diagnosticado y se hizo más complejo en la medida en que se incrementó la competencia por el mercado de la televisión. En consecuencia, crecieron las interferencias y las quejas de las empresas ante la Dirección de Telecomunicaciones.
Fue así que en octubre de 1994, el Presidente de la República emitió su Decreto 305-94 creando una comisión para realizar «un estudio de la situación reinante en las diferentes bandas de televisión, VHF y UHF, y someta al Poder Ejecutivo los cambios que a su juicio sean necesarios para su reordenamiento más adecuado». La comisión fue integrada por el Secretario de Obras Públicas y el Director de Telecomunicaciones, dos técnicos de las Naciones Unidas, 3 ingenieros de diferentes canales nacionales y la Secretaria General de la Asociación de Radiodifusoras.
La comisión se reunió con representantes de todos los canales y ponderó tres opciones, inclinándose finalmente por recomendar la unificación de los canales; es decir, que una misma programación no pueda ser emitida por dos o más canales diferentes, o que a cada empresa corresponda el mismo número de canal para todo el país.
La Resolución 2-95
El 15 de abril del 1995, la Dirección de Telecomunicaciones
emitió su Resolución 2-95, disponiendo la reordenación sugerida por la comisión. Desde el principio tuvo las objeciones de Color Visión y Rahintel, y entonces también de los operadores del Canal 6, los cuales posteriormente la aceptaron.
Las objeciones llegaron a cuestionar la facultad legal de Telecomunicaciones para autorizar y cambiar frecuencias en la ley orgánica de ese departamento, la número 118 de 1966, especialmente en sus Artículos 58 y 140. El primero es tan específico que consigna que ese organismo «podrá cambiar las frecuencias asignadas sin dar derecho a indemnización alguna. Los titulares de las licencias no podrán alegar derecho de propiedad en cuanto a asignaciones de frecuencia».
Se le contrapuso la Ley 908 del 10 de agosto de 1978, aunque ésta para nada se refiere a las facultades o no de Telecomunicaciones, sino que tiene como único mandato que a partir de su publicación «no se concederán nuevos permisos para la instalación de estaciones de radio o televisión».
Los teleoperadores podrán embarcarse en interminables procesos en los tribunales, y hasta podrían extender los alcances de la Ley 908, lo que sin duda tomará tiempo y agotará recursos económicos y creará animadversiones y divisiones. El problema es que mientras tanto Telecomunicaciones, amparada en una ley, ordena algo que en principio es equitativo, excepto para Rahintel que no podrá seguir operando un canal con diferente programación en Santiago, a menos que sacrifique sus emisiones desde Santo Domingo. Pero esa es, al mismo tiempo, la única empresa privada que utiliza tres canales diferentes, lo cual tampoco es equitativo. Muchos no logran entender en qué perjudica el reordenamiento a Color Visión.
Cuadro complicado
Como Telecomunicaciones ratificó que su Resolución 2-95 se iba a aplicar indefectiblemente y dio un plazo de seis meses para que se hicieran los ajustes técnicos correspondientes, y al vencerse en octubre otorgó un segundo y último hasta el 31 de diciembre, varias empresas optaron por comprar los nuevos transmisores requeridos y por lo menos una, el Canal 13, comenzó a operar en su nueva frecuencia.
El resultado es que desde fin de año hay más interferencias. Teleantillas y TV-13 transmiten ahora por el mismo canal desde Santiago y ninguna de las dos puede ser recibida satisfactoriamente por los televidentes. Pero entonces, Teleantillas, Telesistema y el Canal 6 están apresurando sus inversiones y ajustes técnicos para transmitir en las frecuencias unificadas, es decir sólo por el 2, el 11 y el 6, respectivamente. Dentro de poco, de no mediar solución, ni los programas de Color Visión ni los de Teleantillas podrán verse bien en el Cibao, porque ambos estarán transmitiéndose para esa zona en el mismo canal 2.
Dentro de ese cuadro, la situación de Telecomunicaciones y el gobierno es también complicada. ¿Qué puede hacer ahora? ¿Rectificar la resolución y volver a la posición anterior, después que la mayoría de las empresas televisivas la han aceptado y realizaron las inversiones correspondientes? ¿Premiar ahora a quienes desafiaron la autoridad del organismo rector de las Telecomunicaciones, para mantener por siempre las interferencias?
Pero tampoco pueden las autoridades cruzarse de brazos y dejar que la anarquía predomine en las emisiones de televisión. Alguna solución racional y la menos costosa para todos tendrá que ser implementada a breve plazo.
Beneficiosa para todos
La unificación de las transmisiones de televisión en los mismos canales para cualquier parte del país ciertamente conlleva inversiones que hubiesen podido ser minimizadas, si todos se hubieran puesto de acuerdo. Porque sólo tenían que intercambiar los retransmisores.
Sin embargo, los beneficios para los canales nacionales serían mayores. En primer lugar porque cada canal pasa a ser exclusivo, y al no tener adyacente, le podrán poner la potencia que quieran, sin más límites que los internacionales, en este caso Haití y Puerto Rico. A no ser que alguien quiera llegar más lejos. Segundo, porque la unificación es garantía de desaparición de las interferencias. Y tercero, porque todos podrán ser canales nacionales, colocando cuantos retransmisores quieran.
Estratégicamente le conviene a la televisión nacional llegar a todo el país con la mayor calidad de imágen y sonido, sin interferencias, para hacer frente a la creciente competencia de los canales extranjeros, a través del telecable. Sobre todo ahora que monstruos tan grandes como Televisa de México y O Globo de Brasil, anuncian su asociación con cadenas de Estados Unidos y Gran Bretaña para invadir todo el continente. Para el Estado también es responsabilidad ordenar la casa de manera que los canales nacionales puedan competir y no tengan que ser desplazados por emisiones extranjeras.
Es obvio que algunos empresarios de la televisión no están tomando en cuenta los factores de mediano y largo plazo. Pero podrían despertar un dia cercano, sobre todo cuando se materialicen planes de una telefónica de vender televisión a través de sus facilidades telefónicas instaladas en todo el país, lo que abaratará varias veces el costo de ese servicio.
Razonables divergencias
Que se hayan manifestado divergencias y que existan intereses diversos y encontrados, es normal en toda sociedad. Es posible que a unos favorezca un poco más que a otros la Resolución 2-95. Incluso es legítima y probablemente cierta la consideración de que la decisión ha sido motorizada por el interés de beneficiar a un alto funcionario del gobierno. Pero ello no le quita validez técnica. Es lamentable que hubiese que esperar tal circunstancia para reordenar las frecuencias de televisión, pero no sería la primera vez que el interés político ni el favoritismo se imponen en las licencias de radio y televisión. Esos dos factores estuvieron presentes en casi todas las autorizaciones anteriores. Tal vez las únicas excepciones son aquellos que tuvieron que comprarlas a otros que las obtuvieron bajo las mismas premisas.
Lo injustificable sería que la gente de la televisión se embarque ahora en una confrontación pública de pocos vuelos, apelando a la desinformación o a la manipulación, para descrédito generalizado. ¿Podremos pedirle después ponderación y diálogo a los demás sectores nacionales cuando se presenten los conflictos naturales de toda convivencia?