Por Juan Bolívar Díaz

     Aunque con toda razón para vetar y rechazar el proyecto de ley sobre energía aprobado por el Congreso Nacional, el gobierno ha dado un traspiés al retirarse por eso del diálogo con los partidos de oposición, desandando el camino iniciado a finales de abril por el propio Presidente Leonel Fernández, cuando se reunió con los doctores Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez.

     La cancelación del diálogo gobierno-oposición y el anunciado retiro de los proyectos de reformas sometido al Congreso condena el país a vivir un largo período de confrontaciones y una apasionada campaña electoral por el control de las cámaras legislativas en las elecciones congresionales y municipales del próximo año, además de retrasar importantes reformas. Para el Presidente Fernández implica jugarse la primera mitad de su período de gobierno a la permanente confrontación con los legisladores y con los partidos de oposición.

     El nuevo fracaso en el intento de lograr acuerdos a pesar de las pocas diferencias programáticas, revelan la grave dificultad de los líderes políticos dominicanos para concertar, y una escasa vocación democrática que no se ha afianzado en la creatividad dentro de la diversidad, con predominio del autoritarismo y la mezquindad.

Retiro precipitado

     Aunque el diálogo estaba estancado, a quien menos lucía romperlo abruptamente era al gobierno, en primer lugar porque la iniciativa del mismo partió del Presidente de la República, por lo que le correspondía más que a nadie sustentar la necesidad del mismo para abrirse un espacio de avance en las reformas que requiere el país. También porque el gobierno ha estado siendo acusado de contradicción entre el discurso y la práctica concertadora.

     La explicación gubernamental fue que al aprobar el proyecto de energía con inaceptables privilegios para el sector privado productor de energía la oposición demostraba que no quería concertar. En sí mismo ello implica que si no se acepta la posición gubernamental no hay posibilidad de diálogo.

     El desacierto fue mayor debido a que el Poder Ejecutivo tenía a su mano un recurso para replantear la legislación, como es el veto u observación, que devuelve el proyecto a las cámaras legislativas.

     La decisión conlleva la impresión de contradicciones en la posición gubernamental, pues da la apariencia de que al primer escollo se acabó la voluntad o la paciencia concertadora de quien, por estar en minoría en el Congreso, debería dar las mayores demostraciones de persistencia en un camino de por sí cargado de obstáculos.

     Hay otros proyectos pendientes en el Congreso de igual importancia para el gobierno y la nación, cuyo sacrificio no puede entenderse si no puede ser retirado el ya aprobado por las cámaras legislativas; a menos que aparezca algún constitucionalista de nuevo cuño que pontifique que el Ejecutivo puede retirar un proyecto de ley cuando no es aprobado tal como lo desea.

Oportunidad desaprovechada   

     Es indudable que la oposición congresional volvió a dar demostración de inconsecuencia con el interés general, al persistir en la aprobación de privilegios impositivos para un sector, en contradicción con el código fiscal vigente desde hace cinco años. Más aún, en la opinión pública persiste la sensación de que el voto opositor estuvo motivado en intereses de un grupo en el que tienen fuertes inversiones allegados a uno de los partidos mayoritarios de la oposición, en este caso el Revolucionario Social Cristiano (PRSC).

     La actuación de los legisladores del otro, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no ha sido justificada ni comprendida, dado que durante los tres años que lleva el proyecto de energía en manos del Congreso, se habían opuesto a aprobar esos privilegios, y su posición era coincidente con la del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

     Fue sorprendente que apenas un puñado de diputados del Acuerdo de Santo Domingo se opuso a la aprobación del proyecto, que ya había sido sancionado en el Senado. Y sólo el doctor Enmanuel Esquea se retiró para no validar tal acto con su presencia. Más aún, la petición de que fuera declarado de urgencia partió de un diputado perredeísta. ¿Qué justifica ese cambio de posición? ¿Simple obstrucción al gobierno? ¿Soborno? ¿Un regalo gracioso a los reformistas que durante tres años trataron de imponer los privilegios?

     La ruptura del diálogo, por parte del gobierno, le impidió sacarle beneficio en la opinión pública al desacierto de sus opositores. Especialmente porque la generalidad de la opinión pública había venido rechazando los privilegios que los reformistas buscaban para grandes empresas creadas al amparo de su régimen y en varias de ellas con participación de connotadas figuras del mismo.

La verdadera causa

     Hay quienes creen que la verdadera causa del retiro gubernamental fue su renuencia a que se conociera nuevamente el proyecto de presupuesto para el año en curso, que lo podría haber obligado a reformular gastos. De hecho uno de los mediadores de la Iglesia Católica, el Obispo auxiliar de Santo Domingo, monseñor José Arnaiz, dijo que la discursión sobre la reintroducción del Presupuesto “fue la causa principal de las dificultades del diálogo”.

     Una crónica del diario Hoy del lunes 26 de mayo, página 15, firmada por la periodista Fior Gil atribuye a Monseñor Arnaiz haber dicho además que “todo partido político, todo mnovimiento político que sube al poder lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia para determinar si tiene poder mayoritario para hacer caminar todos los proyectos y todas las leyes que tiene en la cabeza, o si no la tiene, si gobiernan desde la mayoría o desde la minoría”.

     De hecho varios días antes de anunciar oficialmente el retiro, lo que ocurrió el viernes 23 por boca del influyente Secretario de la Presidencia, Danilo Medina, ya los delegados gubernamentales virtualmente habían estancado el diálogo con la oposición, primero rehuyendo discutir el tema presupuestario y luego proponiendo llevar a abogados coincidentes con su posición para discutir si procede o no legalmente que se apruebe el presupuesto.

     La posición gubernamental se basa en el criterio de que la aprobación del Presupuesto sería inconstitucional, por haberle pasado dos legislaturas en el Congreso, cosa que está sujeta a un debate intepretativo, por lo que resistía moral y políticamente un acuerdo intrapartidario. Los opositores podrían alegar que lo clara e indiscutiblemente inconstitucional fue que el Poder Ejecutivo no enviara al Congreso el proyecto de presupuesto antes de concluir la segunda legislatura ordinaria del año pasado frente a lo cual los legisladores fueron ampliamente comprensivos.

Vocación impositiva

     El retiro gubernamental del diálogo parece reafirmar la vocación impositiva que caracteriza el ejercicio presidencial en la historia dominicana. En Estados Unidos, como en Francia o recientemente en Nicaragua, aún cuando el gobierno tiene mayoría en el Congreso, se negocia con la oposición en busca de consenso para legislaciones importantes como para el ejercicio presupuestal. Aquí, con el gobierno en absoluta minoría congresional, todavía no se ha visto la primera señal de transacción importante del gobierno frente a sus opositores.

     La tendencia impositiva se manifestó desde el envío del proyecto de presupuesto atado a un paquete de reformas fiscales que bajo cualquier gobierno, sin importar la correlación de fuerzas legislativas, hubiese implicado semanas de vistas públicas y discusiones. Aquí se quería su aprobación total en dos semanas.

    Incluso, después de que el mismo gobierno reformulara su presupuesto y paquete impositivo antes de que los legisladores lo pudieran conocer, lo que implica reconocimiento de su complejidad y conflictividad, el Ejecutivo lo retuvo dos semanas esperando el final de la legislatura para convocar al Congreso con plazo fijo de 15 días, algo sin precedente en el país.

     Una circunstancia adicional era desfavorable para el retiro gubernamental. Y es que se produjo al final de una semana en que las dos cámaras legislativas habían mostrado su mayor decisión de trabajo en los últimos tiempos, habiendo dado su aprobación en primera y segunda lectura a otros proyectos de interés gubernamental, como el de la Empresa Pública, y el que libera de impuestos las importaciones del sector agropecuario, que el Presidente Fernández acababa de ordenar su implementación por vía administrativa.

Remite a 15 meses

     La decisión gubernamental remite las reformas para el Congreso que debe ser electo en los comicios de mayo de 1998, y que tomará posesión en agosto, es decir, dentro de 15 meses. Ello implica que el gobierno se resigna a manejarse al margen del Congreso hasta los comicios. ¿Y si no sale entonces con mayoría, también hasta el final del período? Sin duda que ello no se inscribe en el proceso de institucionalización democrática y es un precedente del cual se agarraría cualquier otro gobierno que en el futuro no tenga la mayoría congresional. Por demás implica un riesgo fuerte para el gobierno del doctor Fernández, al jugar al todo o nada en materia legislativa.

     Danilo Medina dijo que las actuales circunstancias no son propicias para la concertación sobre planes económicos “debido a que nos encontramos prácticamente en un año electoral, donde cada organización política tratará de capitalizar cualquier situación en su afán de granjearse la simpatía de los electores de cara a los comicios congresionales y municipales de 1998″.

     No le falta alguna razón a Medina, pero lo mismo se dirá y con más razón, después de agosto de 1998, cuando estaremos a menos de dos años de las elecciones presidenciales, donde se juega el poder total, como se concibe en el política dominicana, lo que será un incentivo mayor a la búsqueda del favor de los electores. En otras palabras, que ahora con elecciones cada dos años, los partidos políticos serán incapaces de llegar a consenso sobre requerimientos legislativos de interés nacional.

     Otra implicación grave de la decisión y de la argumentación gubernamental es que el gobierno está desafiando la oposición a vérselas en las elecciones del año próximo, lo que incentiva una precipitación de la campaña electoral, que a un año será excesiva y con un costo alto en términos económicos y en acentuamiento de las divisiones y las ambiciones. Se supone que el más interesado en retrasar una nueva campaña electoral debería ser el gobierno, sobre todo en un país donde el manejo del presupuesto, aprobado o no por el congreso, da tantas ventajas.

Rechazo generalizado

     Aún compartiendo las objeciones del Ejecutivo a los privilegios contenidos en el proyecto de energía aprobado, la generalidad de la opinión pública ha rechazado el retiro gubernamental del diálogo con la oposición. Y entre los primeros en manifestarse han figurado los jerarcas católicos que han mediado en la búsqueda de concertación, así como la generalidad de los comentaristas y articulistas de los medios de comunicación. Para no citar a los líderes de la oposición y del Congreso.

     La precipitación ha colocado al gobierno en la difícil coyuntura de aparecer como intransigente y desinteresado en la concertación o volver sobre sus pasos y seguir presentando la imagen de inseguridad e improvisación, cuando debería ser el más militante en la idea de abrir espacio a la gobernabilidad ahora y en el futuro próximo, ya que la separación de las elecciones presidenciales de las congresionales puede implicar más posibilidades de gobiernos sin dominio del poder legislativo.

     Es obvio que una proporción considerable de las dificultades corresponde a los partidos de oposición, sobre todo a los legisladores que representan más los intereses particulares y los afanes auto-reivindicativos, como el implícito en el proyecto de pensiones privilegiadas para los congresistas, que en el supremo interés nacional.

     En los últimos días más que nunca ha hecho crisis la moral partidaria en el Congreso como en el gobierno. Y eso no contribuye a afianzar la incipiente fe democrática de los dominicanos y dominicanas. Todo lo contrario, siembra desinterés y rechazo a un sistema partidario en crisis y a la actividad política, percibida cada vez más como ejercicio de imposición y fuerza, de oportunismo y privilegios. –