Aunque se intento dialogar, el año concluye en medio de la crisis

Por Juan Bolívar Díaz

            El 1998 puede ser considerado tiempo perdido para el gobierno nacional que no logró crear un clima político adecuado a las reformas y la gobernabilidad, al negarse a aceptar las consecuencias derivadas de la consulta electoral de mayo que confirió el control del Congreso y los municipios al principal partido de oposición.

            Este penúltimo año de la década, del siglo y del milenio comenzó en medio de un enfrentamiento político tras el fracaso de un proceso de diálogo en noviembre de 1997, y concluyó de la misma manera con otra frustración de intentos de concertación de nuevo en el onceno mes.

            El año del devastador huracán Georges se llevó al líder perredeista José Francisco Peña Gómez y no registra avance significativo en la línea de las reformas que se vienen discutiendo enfáticamente en la última década. Se salvó de la esterilidad porque el Poder Judicial logró afianzar su independencia y proseguir su renovación, no obstante los intentos abiertos y encubiertos contra la Suprema Corte de Justicia.

Una sola garata

            Cuando arrancó enero el gobierno concentraba sus mayores esfuerzos en la organización de un Diálogo Nacional, convocado en noviembre como respuesta al retiro del Partido Revolucionario Dominicano de las estancadas conversaciones en busca de concertación que se celebraban con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado.

            Los perredeistas se habían retirado de aquel intento, alegando que el gobierno enviaba representantes sin calidad para tomar decisiones y que aquel no tenía interés en ningún concierto. Pero los oficialistas revirtieron la jugada y dejaron al perredeismo a la defensiva durante meses, mientras los reformistas le daban un tímido respaldo al nuevo diálogo, éste en un largo proceso conseguía incorporar a gran parte de las instituciones de la Sociedad Civil, superando las reservas originadas por la forma en que fue convocado.

            Finalmente el Diálogo Nacional tuvo efecto en marzo con bastante éxito dado el número de propuestas de todo género que conoció y aprobó. Pero aquel intento de apertura se quedó empantanado posteriormente cuando muy pocas de sus resoluciones fueron llevadas a la práctica.

            El gobierno en pleno, y el presidente Leonel Fernández en particular, concentraron excesivamente la atención en ese diálogo, con jornadas interminables y un gasto que nunca fue transparente, no obstante las especulaciones y los reclamos de la opinión pública. El resultado electoral de mayo desvanecería las expectativas de que aquel instrumento de confrontación al PRD arrojara rentabilidad política.

El desastre electoral

            Como todas nuestras campañas electorales, la que precedió a los comicios congresionales y municipales de mayo se caracterizó por la exacerbación de los ánimos, del lenguaje y hasta de las acciones con bastante violencia, en la que preponderantemente estuvo involucrado el partido de gobierno, incluyendo la muerte brutal de un general en reserva, lo que se revirtió en su contra.

            Colocando demasiado huevos en la canasta electoral, hasta el propio Presidente Fernández se involucró a fondo, recorriendo cada municipio en caravanas electorales, para al final cosechar unos frutos pírricos. El PRD se alzó con el 80 por ciento del Senado, el 56 por ciento de la Cámara de Diputados y el 83 por ciento de los municipios.

            No se conoció una autocrítica peledeista por el adverso resultado electoral, pese al fracaso en todo el esfuerzo por reducir al perredeismo, incluyendo la compra de dirigentes y militantes en todo el país, y por repetir una alianza electoral con el reformismo, que siempre se advirtió imposible, por cuando el partido de Balaguer tendría que jugar a su propia superviviencia, no a dejarse succionar por el que gobierna.

            En vez de reconocer que la política de enfrentamiento a la oposición, mantenida desde el principio del gobierno, no había dado rentabilidad, la conclusión que prevaleció tras “la gran encuesta de mayo”, fue que había que acentuarla si querían evitar que el PRD se hiciera del poder total en el 2000, para lo cual también habría que “recomponer” las relaciones con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

            Esos planteamientos se materializaron en las reuniones y propuestas de acciones comunes sostenidas entre el Presidente Fernández y el ex-presidente Balaguero, y en otros altos niveles dirigenciales, a partir de junio y en las acciones que siguieron, dentro de un devastador período de enfrentamientos que perseguía quitar al PRD el poder que le dieron los electores en mayo.

El plan maestro        

            La cronología política marca unos niveles de enfrentamiento verbal y de iniciativas excluyentes que asombraron al país y obligaron al conjunto mayor de las instituciones de la Sociedad Civil a clamar por el cese de las hostilidades, el respeto a la Constitución de la República y el principio de la inamovilidad de los jueces, y hasta por la supervivencia de la Suprema Corte ya para entonces involucrada también en la confrontación, tras ser considerada perredeista.

            En su encuentro con el presidente Fernández, el 14 de julio, Balaguer le propuso acciones comunes entre sus partidos en un plan maestro de 5 puntos que incluía reformas de la Constitución, entre otras cosas para restablecer la reelección presidencial, volver a 4 años el período de los jueces, y hasta extender el de los legisladores y autoridades municipales salientes para reunificar las elecciones presidenciales, congresionales y municipales.

               La propuesta de Balaguer implicaba el revocamiento de las reformas constitucionales de 1994, pero conllevaba un claro golpe de estado institucional. Cuando se analizaron las implicaciones, barajaron la fórmula de un año más para los legisladores y munícipes salientes y otro para los recién electos, que entonces se juramentarían en agosto del 1999 y ejercerían por 5 años en vez de cuatro, reunificando las elecciones en el 2004.

            Aunque el presidente Fernández rechazó el plan maestro en su conjunto, básicamente por las implicaciones del golpe de estado a los recién electos, dirigentes de su partido y del reformismo pasaron semanas debatiendo públicamente el plan y trabajando para ver si conseguían comprar los legisladores perredeístas, unos 20, que necesitaban para garantizarse las dos terceras partes congresionales que permiten la reforma constitucional.

            En aquella legislatura extraordinaria convocada por decreto presidencial del 27 de julio no se pudo reformar la constitución, varias veces los legisladores quedaron esperando el proyecto, pero se aprobó al vapor una “contra ley de carrera judicial”, se sustituyeron los jueces de la Cámara de Cuentas, y el Senado dio su beneplácito a una absurda “Ley de Amnistía” de crímenes y corrupción, que quedó luego empantanada en la Cámara de Diputados.

Sellada la discordia

            La nueva alianza PLD-PRSC trabajó para dividir al PRD y quitarle la presidencia de los diputados. Lo lograron empleando recursos persuasivos gubernamentales en forma de incentivos para sustentar en el puesto a Héctor Peguero Méndez, un perredeísta que había perdido la repostulación por 51 contra 29 votos.

            Para todo eso ambos partidos tuvieron que rechazar sistemáticamente los esfuerzos perredeistas por abrir un espacio de entendimiento, que incluyeron propuestas al propio presidente Fernández y al doctor Balaguer.

               El estéril período julio-agosto selló la discordia política y el enfrentamiento de poderes. Llegaron a discutir públicamente la “conveniencia” de que los senadores salientes se adelantaran a elegir los jueces de la Junta Central Electoral. No era posible constitucionalmente.

            Pero tan pronto se juramentaron los nuevos, el 80 por ciento de perredeistas y aliados procedió a designar los jueces electorales, al margen de la alianza PLD-PRSC y sin siquiera consultar a las instituciones de la Sociedad Civil., lo que desde luego fue inmediatamente rechazado por reformistas y peledeístas que entonces quisieron reivindicar “el consenso” que ellos habían destruido en los meses anteriores.

            Para entonces ya en la nación se habló de crisis política, sobre todo cuando el Ejecutivo avaló una maniobra para despojar de su presupuesto a la JCE, rechazada posteriormente por los tribunales en una sentencia “acatada pero no cumplida” por el gobierno, por lo menos hasta entrado el último tercio del mes de diciembre.

            La crisis pareció al rojo vivo el 30 de septiembre, en medio de las calamidades dejadas por el huracán, cuando la Suprema Corte de Justicia acogió la instancia de una veintena de organizaciones sociales y declaró inconstitucional los artículos de la ley que restablecía el período de 4 años para los jueces, reivindicando el principio constitucional de la inamovilidad.

            El 21 de octubre el presidente Fernández invitó a un diálogo al presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa y descongeló las relaciones, poniendo límites, para días después reconocer públicamente la labor saneadora de la justicia encaminada por el máximo organismo judicial.

Otro noviembre

            La sociedad asistió impávida a todo el enfrentamiento. Clamó sistemáticamente por un diálogo, por concertación, lo que se inició el 29 de octubre, con la mediación de la Iglesia Católica. Nunca hubo motivos para el optimismo, ya que las posiciones siguieron siendo radicales, excluyentes y beligerantes. Al concluir el mes el diálogo parecía muerto. El golpe de gracia lo dieron los perredeístas cuando el 16 de noviembre se retiraron de las conversaciones, luego que el Ejecutivo vetara poner el nombre del desaparecido José Francisco Peña Gómez al aeropuerto Las Américas, contraponiéndole el nombre del padre de la patria, Juan Pablo Duarte.

               El año concluye como empezó, en el enfrentamiento descarnado, en las recriminaciones y mutuas descalificaciones. Sin que hayan avanzado las reformas económicas, institucionales y sociales pendientes, sin que la ciudadanía pudiera evaluar suficientemente las acciones positivas de gobierno, porque el ruido de la pelea llena todos los espacios. Y lo peor, con temores de que la garata de incremente en la medida en que el próximo año será preelectoral y marcará la selección de candidatos presidenciales.

            Fue el año de la desaparición, en medio del dolor popular, de José Francisco Peña Gómez, que dejó al PRD bien colocado pero sin un liderazgo unificador, temiéndose siempre su división, en la que el partido de gobierno cifra esperanzas, lo que incentiva también el enfrentamiento, que, empero, parece haber jugado el papel de reactivo unificador entre los perredeistas.

            Para algunos analistas, la crisis política, o crisis de gobernabilidad, es fruto del avance en la vigencia de la separación de poderes, por primera vez en la historia de la nación, con las consiguientes dificultades para la conciliación y la concertación, derivadas de la inmadurez democrática y de toda una vida de presidencialismo avasallante, de paternalidad y autoritarismo.-