Por Juan Bolívar Díaz

            A menos de 8 meses para las próximas elecciones presidenciales, el gobierno del presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aparece atrapado entre una política de privatización que no acaba de afianzarse y criterios autoritarios que llevan a reafirmar centralismos estatales cada vez más desfasados.

            A los crecientes problemas confrontados por el proceso de capitalización de las empresas del Estado se han unido un grave retroceso en el servicio energético y la subida incontenible del precio del petróleo con tendencia a liquidar una fuente de financiamiento del gobierno que para este año se había estimado en 7 mil millones de pesos.

               El gobierno está ante el dilema de decidir en breve plazo un aumento de los precios de los combustibles, con posibles repercusiones políticas, o ver reducidos sus ingresos para los próximos meses en términos que paralizarán su programa de inversiones y causarán mayores traumas en suplidores y constructores ya agobiados por una creciente deuda interna.

Crece el desgaste

               El gobierno se ha visto tan atrapado en las últimas semanas que causa la impresión de haber comenzado el desgaste de su tramo final con demasiado anticipación. A ello podría estar contribuyendo el hecho de que el presidente Fernández no es candidato presidencial, lo que en la tradición continuista dominicana tiene repercusiones.

            Existe el criterio de que tan pronto un partido de gobierno escoge un candidato presidencial diferente al mandatario de turno, compelido por una prohibición de la reelección, (muy pocas veces por cierto) comienzan a “dejarlo solo” y las funciones de gobierno se complican.

            Esta vez la descomposición amenaza algunos de los mayores éxitos y de las obras emblemáticas del gobierno, como el desayuno escolar, el mejoramiento de la electricidad, del transporte y las soluciones viales y la capitalización o privatización de las empresas estatales.

            La repartición de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar de vocación urbanística ampliamente dilucidada en los medios de comunicación y en denuncias del principal candidato opositor se constituyeron en escándalo, lo que junto a incoherencias y contradicciones en el seno del gobierno y la reaparición de prolongados apagones mientras se encarecía la energía han dejado el gobierno debilitado y a la defensiva.

            El que los privilegiados repartos de tierras, los apagones y el alza desproporcionada de la tarifa energética coincidieran con el inicio de la privatización de la Corporación Dominicana de Electricidad y del Consejo Estatal del Azúcar, han sembrado el desconcierto y amenazan descacreditar una de las más importantes reformas del gobierno peledeista.

            Las diferencias entre altos funcionarios han sido tan obvias y de tal magnitud que el presidente se vio precisado a auspiciar dos reuniones y en la última a crear una comisión de coordinación entre todas las entidades públicas y privadas relacionadas con la producción energética.

            Los agobios de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) han sido de tal magnitud, que algunos de sus principales responsables llegaron a plantear su renuncia, mientras los apagones alcanzaban cotas de 12 y 14 horas consecutivas, recordando tiempos que la administración del PLD había dado por superadas con justificado alborozo.

            Hay quienes creen que en zonas importantes del partido de gobierno ha persistido la renuencia a la privatización, lo que tomó más cuerpo recientemente con declaraciones de dirigentes históricos como los secretarios de Estado Euclides Gutiérrez y Felucho Jiménez. El primero reivindicó públicamente sus reservas sobre la capitalización encaminada y el segundo consideró una desgracia que la suerte de los hoteles estatales dependa ahora mismo de la CREP.

            Mientras el secretario general del partido de gobierno, José Tomás Pérez, llegaba a sugerir la renuncia del Superintendente de Electricidad, Marcos Cochón, “si no está en capacidad de defender los intereses de los consumidores”.

El bendito petróleo

           Ahora mismo la principal amenaza al gobierno es el vertiginoso proceso de aumento de los precios del petróleo, que está pulverizando una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno dominicano: el diferencial de precios que el año pasado le aportó más de 6 mil millones de pesos.

            El barril del crudo cayó por debajo de los 10 dólares cuando despuntó el año, registrando el menor costo en más de dos décadas, y todavía en marzo promediaba 10.75, para iniciar una carrera alcista que lo ha llevado a 23.50 dólares, aproximadamente un 140 por ciento de incremento en relación a enero.

            La reducción de los ingresos del gobierno en el impuesto nunca oficializado al consumo de combustibles anda ya por sobre 2 mil millones de pesos, de los 7 mil que se había presupuestado para este año, y en términos más dramáticos para el próximo año de mantenerse los niveles actuales de compras petroleras y de ventas de carburantes.

En pocas palabras que el gobierno está compelido a aumentar los precios internos si no quiere atravesar por una mayor estrechez, con riesgos de desestabilidad económica, por vía de financiamiento inorgánico, alza de tasa cambiaria e inflación, o de ver reducido aún más su ya crítico nivel de inversión de apenas 30 por ciento.

Elevar el precio de la gasolina y el gasoil en los términos que demanda la situación tiene un costo político, sobre todo después que el gobierno se sirvió con la cuchara grande cuando el costo del petróleo se fue a pique durante más de un año. Se negaron a reducir precios y ahora carecen de fuerza moral para elevarlos.

Eso lo reconocen las instancias políticas del partido oficial. La semana pasada el secretario general dijo que el gobierno no puede perjudicar la candidatura presidencial de Danilo Medina elevando los precios de los combustibles y pidió cualquier otro sacrificio, especialmente austeridad en el gasto.

Pero hay quienes sostienen que los análisis gubernamentales ya han demostrado que al precio que se paga el petróleo es imposible mantener el costo local, sin un descalabro presupuestario, por lo menos. En consecuencia, consideran que el aumento hay que hacerlo cuanto antes, para reducir su incidencia en los comicios de mayo. De lo contrario, el gobierno se verá agobiado por mayores problemas y los costos políticos como quiera serán indetenibles.

Lo más emblemático

            Un ejemplo de lo que vendría es la suspensión del desayuno escolar, el programa más emblemático del gobierno en término de lucha contra la pobreza, levantado como fundamental en las primeras semanas de la campaña de Danilo Medina.

            El gobierno acaba de dejarse suspender el suministro del desayuno a los estudiantes de las escuelas públicas por no haber abonado 30 ó 40 millones de pesos a una deuda de 120 millones, aunque pasaron tres meses de “descanso” por las vacaciones escolares.

            Nadie puede atestiguar a cuánto asciende la deuda interna del gobierno, pero el grito de los suplidores de las secretarías de Estado, de productores agrícolas, constructores y hasta de las compañías a las que se atribuyeron los primeros 300 autobuses importados con financiamiento estatal, vuelve a hacerse sentir y crecería en proporción a la reducción de disponibilidades presupuestarias.

            En su último año, y en período preelectoral, el gobierno carecerá de fuerza como para compensar la reducción de sus ingresos con una más efectiva gestión impositiva. Y los compromisos de deuda externa serán mayores, dado que a partir de enero tendrán que afrontar los diferimientos de pagos obtenidos por causa del huracán Georges.

            Para el año próximo el gobierno enfrenta aumentos considerables para mejorar los sueldos de la Policía, la gestión del ministerio público, la Suprema Corte de Justicia, a Junta Central Electoral y otras instituciones.

            La situación se ha tornado tan preocupante que altos funcionarios del gobierno y dirigentes del PLD no ocultan su desconcierto. Hay quienes plantean abiertamente que en las circunstancias actuales la oposición no tiene que hacer mucho esfuerzo y que Danilo Medina podría pagar el costo de una obra de gobierno de la que no puede evadirse por ser uno de sus principales responsables.

            Refiriéndose al dilema sobre el costo del petróleo y los combustibles, un buen observador señalaba que el gobierno está en la trampa de palo si boga y palo si no boga. Cuando se le pidió definición, apostó a que tendrán que irse bogando, es decir elevando el precio de los combustibles. Pero advirtió que eso se discutirá tras las dos semanas de viaje en que estará el presidente Leonel Fernández por Estados Unidos y Taiwán.

            El viaje número 25 del joven mandatario servirá para demostrar lo difícil que le resultará una política de austeridad. En algunos de los tramos del periplo, en Boston por ejemplo, el presidente estará acompañado por 8 secretarios de Estado orgánicos, las dos terceras partes del gabinete, más dos sin cartera.

            En tales circunstancias hay quienes le están tomando pena a Danilo Medina, pues creen que él es merecedor de mejor suerte política.-