Al Presidente le apremia la firma del ¨Pacto Histórico¨

Por Juan Bolívar Díaz

            El empeño del gobierno por firmar con los tres partidos mayoritarios el llamado “Pacto Histórico”, parece haber sido el factor determinante del deshielo entre las relaciones del Poder Ejecutivo y la Junta Central Electoral, culminado en el encuentro del presidente Leonel Fernández con los jueces electorales el lunes 12, donde se comprometió a otorgarle los recursos económicos adicionales demandados.

            En menos de dos semanas, el presidente Fernández ejecutó una distensión en sus relaciones con la Suprema Corte de Justicia, con la Junta Central Electoral, y con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, con quienes sostuvo sendas conversaciones en el Palacio Nacional.

            A ello parece haber contribuido la tajante declaración del candidato presidencial y de otros dirigentes perredeistas en el sentido de que no firmarían ningún pacto con el gobierno mientras éste no cumpliera los primeros acuerdos logrados en el diálogo tripartito del Palacio Nacional, sobre la Liga Municipal y la JCE.

Proceso muy lento

            La tensión entre el gobierno y el PRD, que alcanzó niveles de crisis política entre julio de 1998 y febrero de este año, comenzó a ceder, tras intensas presiones de la Sociedad Civil y la opinión pública, cuando el presidente de la nación llamó a firmar un “Pacto Histórico”, en su discurso del 27 de febrero ante el Congreso Nacional.

            El pacto propuesto debería contener las reformas constitucionales e institucionales, económicas y sociales que la nación demanda para su desarrrollo, con miras al próximo siglo y milenio por comenzar.

            Delegados de los tres partidos mayoritarios comenzaron a reunirse con el mandatario y la mediación de la Iglesia Católica el 3 de marzo en el Palacio Nacional. Desde entonces han celebrado unos catorce encuentros. Los avances más notables han sido en dos cuestiones puntuales, piedras de contradicción entre el gobierno y el PRSC, por un lado y el PRD por el otro.

            Durante la séptima ronda de conversaciones, el 6 miércoles 6 de abril ya hubo acuerdo en torno a los álgidos conflictos de la Liga Municipal y la JCE, aunque fue en la semana siguiente cuando se hizo público. El PRD aceptaba que lo de la validez de las asambleas de enero y de la secretaría general de la LMD fuera decidido por el tribunal ya apoderado, mientras el PLD y el PRSC acataban la JCE, previa ampliación del número de jueces con dos que serían presentados por esos partidos. Se creaban sendas comisiones de seguimiento. El gobierno se comprometía a apoyar a la JCE con los recursos adicionales que necesitara para cumplir su misión.

            Pasaron semanas y meses para que los partidos lograran completar la JCE y el presidente Fernández ni siquiera sometió a estudio la petición del organismo de 92 millones de pesos para nuevos equipos, más personal y campañas publicitarias con el objetivo de sacar adelante el estancado proceso de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral. Mientras dirigentes del partido de gobierno y funcionarios mantenían una ofensiva restando credibilidad al tribunal electoral y pidiendo que simplemente se votara con la cédula vieja o con los dos, sin reclamar esfuerzos para cumplir el objetivo.

El Pacto Histórico

           En mayo el gobierno había sometido a consideración su proyecto de “Pacto Histórico por la Democracia y el Desarrollo Económico y Social de la República Dominicana”, del que a su vez se desprendían otros dos pactos a ser firmados por separado, uno “Por una Campaña Electoral Respetuosa y Pacífica y Elecciones Transparentes en el año 2000”, y el otro sobre Etica en el Ejercicio de la Actividad Política.

            Comisionados de los partidos y del gobierno discutieron cada uno de los tres pactos, con énfasis en el principal. Ninguna grave dificultad emergió, puesto que se trata de enunciados generales y buenas intenciones que ningún político rechaza, aunque pocos estén dispuestos a cumplirlos. El gobierno tenía tanta prisa con el gran pacto, que llegó a extender invitaciones a “testigos de la Sociedad Civil” para que asistieran a la firma en un acto que se realizaría el viernes 18 de junio en el Palacio Nacional, dos días antes de la elección primaria para escoger el candidato presidencial perredeista.

            Pero el acto hubo de ser suspendido cuando dirigentes del PRD advirtieron que los llevaban “como caña pal ingenio”, mientras ellos estaban concentrados en resolver el espinoso asunto de la elección del candidato presidencial. Una vez escogido el agrónomo Hipólito Mejía, éste y otros dirigentes advirtieron que no firmarían nada hasta tanto se cumpliera lo pactado sobre la LMD y la JCE. En el primer caso porque la Comisión de Seguimiento no había servido para nada mientras Amable Aristy Castro “hacía y deshacía en la Liga”; en el segundo, porque el gobierno no cumplía.

            Elemento importante fue una carta dirigida por el doctor Hugo Tolentino al presidente del PRD, Tony Raful, donde le advertía, lo que ya había dicho públicamente, que no firmaría el Pacto Histórico, en razón del incumplimiento sobre la Liga Municipal y la JCE. “Porque es evidente que ese Pacto es una forma poco seria de cerrar un diálogo que en sus aspectos operativos ha sido groseramente violado”, concluía la comunicación.

            Apenas una semana después de la declaración de Mejía, gracias a gestiones de monseñor Agripino Núñez Collado, éste se entrevistaba en el Palacio con el Presidente Fernández y se iniciaba la distensión.

            La decisión de entregar los fondos reclamados por la JCE y de colaborar con la cedulación no fue tomada el lunes 12 en el almuerzo con los jueces, síno tras la tajante declaración de Hipólito Mejía. El candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, y el secretario general, José Tomás Pérez, contribuyeron a la distensión con oportunas declaraciones sobre el tribunal electoral y la cedulación, y abrieron el camino hacia la decisión presidencial.

            Durante varias semanas la tónica del gobierno fue esperar la auditoría de CAPEL y Participación Ciudadana sobre la cedulación para decidir. Las conclusiones y recomendaciones del estudio son terminantes en cuanto a la opción de acentuar los esfuerzos para concluir la emisión de la cédula antes de los comicios y en respaldar el plan de los 180 días de la JCE, planteando que para ello el organismo electoral deberá contar con los recursos tecnológicos, humanos y financieros contemplados en el mismo.

Contenido del pacto

            El proyecto del pacto histórico bajo consideración de los partidos, cuya redacción es atribuida a un académico y funcionario vinculado estrechamente a la Universidad Católica Madre y Maestra, es un documento de 5 páginas, que inicia con una declaración general “En la antesala del nuevo milenio y a convocatoria del Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna”…Luego presenta tres capítulos, el primero sobre la Reforma Constitucional e Institucional, luego otro sobre Reformas Económicas y finalmente Reformas Sociales. En una sexta página hay espacio para las firmas por el gobierno y por los tres partidos mayoritarios, más los clásicos testigos.

            El documento recoge todas las reformas que se han reclamado en la sociedad dominicana de los últimos años, objeto de numerosos pactos firmados antes, pero siempre en generalidades, sin especificar más que un acuerdo concreto: el compromiso de modificar los artículos del 116 al 120 de la Constitución para instituir una Asamblea Constituyente, elegida por voto directo, al objeto de efectuar una reforma constitucional “preferiblemente en mayo del 2001 y nunca más allá de mayo del 2002.”

            Luego no se especifica ninguna reforma constitucional de fondo. Sólo el enunciado que la constituyente deberá “abocarse a crear un texto constitucional que ofrezca mayores garantías de protección a los derechos democráticos, asegure la gobernabilidad y brinde un marco jurídico propicio al desarrollo del pais, y se adecúe a los requerimientos de los nuevos tiempos”.

            También enuncia apoyo a los programas de modernización de las funciones ejecutiva y legislativa en ejecución con fondos y asesorías internacionales, y otras reformas institucionales como la ley de partidos políticos, código de organización municipal, nueva ley de Migración, reforma a la ley de la Cámara de Cuentas, a la creación del Defensor del Pueblo y a las iniciativas contra la corrupción administrativa.

            Igualmente enunciativas son las reformas que se indican en los ámbitos económicos y sociales, la mayoría de las cuales ya son proyectos de leyes en manos del Congreso Nacional, y sobre cuya necesidad hay consenso general, pero que los intereses económicos y políticos han bloqueado.

            El proyecto de pacto histórico no contiene una sola cuestión concreta que impida su suscripción por cualquiera de los líderes políticos y sociales del país, a no ser lo de la Asamblea Constituyente, sobre la que ha habido consenso en los últimos años, aunque algunos políticos preferirían que fuera constituida por los mismos legisladores. De manera que ahora que el gobierno se dispone a cumplir con la JCE y cuando pasen la mano al PRD sobre la LMD, aun cuando la justicia siga barajando el caso, seguramente será firmado en acto solemne.

            Aunque a lo mejor el empeño del presidente Fernández por asociar su nombre a la “agenda del próximo siglo” le abra mejores perspectivas a este pacto que a todos los firmados por los partidos desde 1990, y que duermen el sueño eterno de las gavetas. Entre ellos el Pacto para Combatir la Pobreza, el Pacto de Civilidad, el pacto tripartito y la Agenda Nacional de Desarrollo. También los acuerdos de reformas institucionales, políticas y municipales derivados del diálogo auspiciado por la Fundación Siglo 21,los acuerdos de los Foros Municipales, y los mil acuerdos del Diálogo Nacional, para quedar en una rápida memorización.

Con razón el ex-presidente chileno Patricio Aldwyn nos reconoció en el marco de un encuentro con 25 líderes dominicanos en agosto del año pasado en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Dijo que estaba asombrado por la capacidad de los dominicanos para llegar a consenso y firmar pactos como de nuestra habilidad para incumplirlos.-