Por Juan Bolívar Díaz

   El fortalecimiento de la Junta Central Electoral (JCE), con la recuperación de gran parte de la credibilidad perdida en el trauma electoral de 1994, parece ser el avance institucional más importante registrado en el país durante el año que concluye.

   Pocos cambios significativos pueden rastrearse a lo largo de 1995 en el proceso de fortalecimiento democrático demandado por la sociedad dominicana. Pero resalta el surgimiento de relevos del viejo liderazgo político encarnado en las figuras casi nonagenarias del doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch.

   Este año que cierra la primera mitad de la década de los noventa registra también un mayor protagonismo de la sociedad civil que comenzó a organizarse para promover la transparencia y la limpieza del proceso electoral del próximo año, llamado a enmendar los comportamientos antidemocráticos que marcaron el año anterior.

Pocos cambios

   A pesar de los clamores por un ejercicio de gobierno más democrático, poco parece haberse avanzado en el ejercicio de los tres poderes clásicos del Estado dominicano. El Ejecutivo, encarnado en el Presidente Joaquín Balaguer siguió manifestándose de forma autocrática, el Congreso Nacional se mostró incapaz de las más elementales concertaciones, cerrando el período con casi todos los proyectos importantes con que lo inició pendientes de aprobación. Y el Poder Judicial, blanco de todos los sectores sociales que denunciaron sistematicamente su corrupción, descomposición e ineficacia.

   El Presidente de la República pasó el año sumido en el más absoluto silencio, aislado, sin más preocupación que concluir una parte de la desproporcionada cantidad de obras físicas que comenzó al compás de su última campaña reeleccionista, al punto que a mediados del año la Conferencia del Episcopado Dominicano denunció que el país parecía una nave sin rumbo.

   Como claras expresiones autocráticas pueden señalarse el decreto que estableció doble imposición a todos los vehículos importados en 1994, hubiesen o no pagado los gravámenes correspondientes, la nota de prensa con que anuló la declaración de feriado del Dia de la Constitución, el 6 de noviembre, y el decreto que limitó a cinco mil pesos el sueldo adicional de Navidad, consagrado en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

   De nuevo el mandatario dispuso a su antojo del Presupuesto Nacional, en una escala que probablemente establezca un nuevo récord, al ejecutar cerca del 60 por ciento del mismo a través de la Secretaría de la Presidencia y de sus oficinas para las obras públicas.

   Durante los últimos 12 meses se acentuó el deterioro de diversas instituciones del Estado, especialmente de sus empresas, incluyendo la fundamental industria azucarera estatal, mientras el país sufría en escalas sin precedentes el reino del apagón, a ritmo de un promedio de 12 horas por dia, como fruto de la irresponsabilidad y la falta de decisiones.

Absoluta impunidad

   A pesar de los numerosos escándalos de corrupción, incluyendo el mayúsculo de las evasiones impositivas aduanales con que comenzó el año y los fraudes denunciados en la secretaría de Educación, el balance es de absoluta impunidad. Todos los acusados por esos abusos del patrimonio público fueron excarcelados, y nadie tiene la mínima expectativa de reparaciones en el ámbito judicial.

   Los tribunales lucieron convertidos en mercados donde todo se compra y se vende, especialmente en el Tribunal de Tierras, donde los escándalos obligaron, tras múltiples y contundentes denuncias, a la destitución de su presidente, como única sanción. Nadie abriga esperanzas de que la Suprema Corte de Justicia pueda establecer mayores responsabilidades.

   Los terribles efectos del narcotráfico se dejaron sentir en la judicatura y en funcionarios administrativos de la justicia que prevaricaron a la vista de todos los dominicanos, sin que tampoco se pueda señalar una sola acción ejemplarizadora.

Reformas pendientes

   Las expectativas con que comenzó el año en cuanto a que se emprendería un proceso de limpieza y renovación de la justicia, con la instauración del Consejo Nacional de la Magistratura, naufragaron en medio de un fuerte clamor de la sociedad civil. El propio Presidente Balaguer pareció haber trazado la pauta, cuando en su único discurso al país, ante el Congreso Nacional el 27 de Febrero, expresó su criterio de que esa es una tarea «que debe dejarse a las próximas generaciones».

   Empeñados en atribuirse una mayoría mecánica en el Consejo de la Magistratura, los legisladores del gobierno impidieron la elección del séptimo miembro del organismo, que de acuerdo a la Constitución corresponde a la oposición.

   El Congreso aprobó una nueva ley de inversión extranjera, pero dejó engavetados otros proyectos tan importantes como el de ley de energía eléctrica, el código monetario y financiero y los nuevos códigos de Educación y Salud Pública. Ningún paso se registró en la reforma del obsoleto sistema de seguridad social, mientras moría de inanición el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, cuya planta de producción de leche fue privatizada al módico precio de 100 pesos mensuales de renta.

Camino despejado

   En el balance político e institucional del año es relevante que quedó despejado el camino hacia los comicios presidenciales de mayo de 1996. Los temores que nublaban el ámbito político fueron desapareciendo progresivamente, en la medida en que la JCE ganaba prestigio a base de esfuerzo sostenido y trabajo coherente en las funciones organizativas y normativas, en coordinación con los partidos políticos, con el Poder Ejecutivo y con la Sociedad Civil. El gobierno le proporcionó, sin regateos, los recursos financieros que demandaba el organismo electoral.

   Sometido el país a una sistemática vigilancia internacional para el cumplimiento de las reformas constitucionales y con la presión de una opinión pública que se mantuvo bastante alerta, se dieron pasos importantes hacia un proceso electoral democrático. La JCE logró concluir una ardua depuración del padrón electoral, la reestructuración de las juntas electorales municipales y la cedulación de nuevos electores.

   Uno tras otro fueron cayendo los obstáculos que pretendieron obstaculizar el proceso democrático, como los recursos ante la Suprema Corte de Justicia que pretendían la anulación de las reformas constitucionales para prolongar el período de gobierno.

Sociedad vigilante

   Compensando las indiferencias y silencios del año pasado, la Sociedad Civil dominicana se colocó a la ofensiva en 1995, vigilante del proceso de transición democrática y decenas de sus organismos de los más diversos géneros se comprometieron en tareas concretas de vigilancia y promoción de la sana convivencia.

   Fueron particularmente relevantes la constitución del Grupo de Acción por la Democracia, por parte de los firmantes del Pacto por la Democracia que conjuró la crisis postelectoral de 1994, y de la Red Ciudadana de Observadores Electorales, como iniciativa del movimiento cívico Participación Ciudadana. Las iglesias mayoritarias, las asociaciones empresariales y sindicales, instituciones académicas y organismos diversos se involucraron en ambos esfuerzos, que además lograron coordinar esfuerzos, evitando repeticiones y competencias infructíferas.

   Criterios de estricto apego a los procedimientos democráticos y a la institucionalidad, tanto por parte de la JCE como de los entes operantes de la Sociedad Civil, se tradujeron en colaboración y firme respaldo a las tareas del organismo rector de las elecciones, fortaleciéndose así las expectativas de encaminar la nación hacia un estadio superior de convivencia dentro de la democracia.

Liderazgo renovado

   El sistema partidario salió este año airoso de la prueba de la elección de candidatos para los comicios presidenciales de mayo próximo. No hubo fracturas ni mayores confrontaciones en los procesos internos de los que han emergido por lo menos dos nuevos liderazgos, los encarnados en el doctor Leonel Fernández y en el licenciado Jacinto Peynado, llamados a relevar los dos más fuertes liderazgos que dominaron el escenario político nacional en las últimas tres décadas.

   El mejor ejemplo lo dió el profesor Juan Bosch que ha auspiciado firmemente el nuevo liderazgo de Fernández, investido candidato presidencial con el apoyo de más del 90 por ciento de los organismos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que contribuyó al extraordinario despegue y rápido ascenso de la candidatura del más joven de los aspirantes a la Presidencia.

   El Partido Reformista Social Cristiano sorprendió a la opinión pública al materializar un disputado proceso para elegir su candidato presidencial, mediante el voto de la universalidad de sus miembros, culminando con la proclamación del empresario Jacinto Peynado que logró el 57 por ciento del respaldo de los reformistas.

   El salto democrático del partido colorado se registró a pesar de los silencios e indecisiones del viejo caudillo, aún aferrado al poder, a meses de entrar en los 90 años, y de los torpedeos de algunos de sus más incondicionales seguidores. Aunque Balaguer finalmente dio su respaldo a la decisión partidaria, el 25 de noviembre, el año está concluyendo con persistentes incógnitas sobre la firmeza de su decisión de favorecer una transición de su liderazgo.

   Pero independientemente de su voluntad, que pocos se atreven a identificar, el año que concluye marca su declive definitivo como caudillo y determina para agosto próximo su relevo en el poder al que se ha aferrado toda la vida. Los nuevos liderazgos sucesoriales de Leonel Fernández y Jacinto Peynado, junto al del doctor José F. Peña Gómez, sumado a la firmeza de la JCE, la vigilancia de la Sociedad Civil y la indudable presión norteamericana, permiten augurar ascensos democráticos y ciertos grados de modernización en la República Dominicana. Cualquiera que sea el presidente electo en mayo próximo.-