Por Juan Bolívar Díaz

      A pesar de las amplias concesiones que el gobierno hizo a un sector del empresariado, su proyecto de ley de presupuesto para el año en curso y el paquete de reformas fiscales que le acompañan parecen aún lejos de ser aprobados por el Congreso Nacional, ya que los partidos mayoritarios insisten en conocer ambas cosas por separado.

      Los pronunciamientos de la última semana, alentados por la debilidad que mostró el gobierno frente a las presiones de los más fuertes sectores empresariales, indican que la posición de los partidos en el congreso se ha fortalecido y que como quiera el equipo presidencial tendrá que asumir la negociación política que trató de evadir a toda costa.

      Si esa negociación no se produce pronto, sobre bases realistas, el gobierno del presidente Leonel Fernández podría recibir nuevos reveses, ya que el congreso podría dilatar su decisión hasta realizar sus propias negociaciones con los sectores interesados tanto en la reducción del alcance de las reformas fiscales como en el aumento de partidas presupuestarias, y al final modificar los proyectos a su antojo.

Con los más fuertes

      Desde que se conocieron los alcances del paquete económico propuesto por el gobierno, se advirtió que era muy ambicioso y que por lo mismo resultaría muy difícil su materialización. Más aún, se entendía que habría necesidad de buscar consenso y transar, dada la debilidad congresional del partido en el poder.

      Lo que no se esperaba era que el gobierno se concentrara en la negociación con sólo una parte del empresariado. Ciertamente el más poderoso, al que era imposible ignorar, pero ha ocurrido que el esfuerzo por el consenso no ha resultado democrático, por haber marginado a otros sectores empresariales, al frente sindical, los profesionales y todo el ámbito popular. En otras palabras, se negoció con la minoría y se ignoró a la mayoría, para al final capitular en gran parte de las reformas cuyo costo económico debería ser pagado por los que más tienen, cuando ya se había impuesto el alza general de los combustibles y la unificación cambiaria, cuyo costo es transferido a los consumidores, es decir a la mayoría.

      El aumento al 11 por ciento del Itebis, un punto menos de lo que planteaba el gobierno, establecido en las negociaciones de la semana pasada, también será transferido a los consumidores, pese a lo cual el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) lo pactó sin consultar al resto de la sociedad, con la complicidad del gobierno. Los negociadores oficiales ni siquiera tuvieron la cortesía de informar al sector sindical, de lo que se ocupó la cúpula empresarial.

      Por declaraciones y confidencias de sectores empresariales se ha sabido que lo pactado con el CONEP resulta insatisfactorio hasta para una parte de la membresía de éste. Tal es el caso de los industriales de Herrera y de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, especialmente de este último subsector, al que resulta más difícil transferir el itebis a sus clientes por paquetes internacionales, y a quien afecta más que al sector comercial el gravámen a los activos brutos, por requerir sus operaciones de mayor volumen de capital.

Retirada muy precipitada

      Después del error inicial de intentar un paquete más pesado del que sus propias fuerzas le permitían empujar, los estrategas del gobierno decidieron una retirada muy precipitada, probablemente asustados por la devastadora vista pública celebrada por el Senado el 3 de enero, donde quedó indiscutible que las fuerzas opositoras a los proyectos eran muy superiores a las que los favorecían. Tal vez aleccionados también por el errático cálculo de que el ex-presidente Joaquín Balaguer y su partido iban a apoyar la posición gubernamental.

      Cuando se anunciaron los acuerdos con el CONEP la noche del viernes, el gobierno había cedido en el plan de establecer una tasa arancelaria única del 10 por ciento a partir de 1999, y había acordado varias tasas con tope del 20 por ciento. El Itebis quedaba reducido al 11 por ciento, sin proyección adicional para los dos próximos años y sin expandir la base de aplicación, como se propuso originalmente. Se redujo lo proyectado de aumento selectivo al consumo para bebidas y tabacos nacionales. Y se aceptó el rechazo empresarial de la reducción al 10 por ciento de la tasa de impuesto sobre la renta de las empresas, a cambio de que se mantega la exención de ese gravamen a los intereses bancarios y la depreciación.

      El CONEP no sólo negoció con el gobierno para que las empresas sigan pagando el 25 por ciento de sus beneficios netos a la renta, sino que se permitió pactar a nombre de las personas físicas de todo el país, para establecer una segunda tasa de 15 por ciento de impuesto sobre la renta, además de la del 10 por ciento propuesta en el paquete envíado al Congreso en vísperas de Navidad.

      En otras palabras que el “proyecto para todos los sectores, es decir, el gobierno, los empresarios, los sindicatos y los congresistas”, anunciado la semana anterior por el secretario de Finanzas Daniel Toribio, se negoció sólo entre los dos primeros. La precipitación resultó mala consejera, por lo menos al reducir el alcance democrático del consenso.

Sin ninguna garantía

      Sin bien algunas de las concesiones al CONEP parecen prudentes y hasta justas, analistas económicos entienden que las reformas fiscales mantenidas por el gobierno sólo tocan a los consumidores, sin que el gobierno se garantizara que el Congreso no reducirá aún más el paquete, lo que parece probable si se atiende a la declaración dominical del presidente del Senado, Amable Aristy Castro, de que los legisladores reformistas no apoyarán lo pactado. Hay razones para dudar de que vayan a ir más lejos que el gobierno en gravar a los sectores más poderosos. Lo más probable es que quieran reivindicar a los no representados en el acuerdo bilateral.

      Tanto voceros reformistas como del Acuerdo de Santo Domingo han insistido en que no están dispuestos a elevar el Itebis, sobre todo después de la carga ya impuesta a los consumidores por el aumento del costo de los combustibles y la unificación cambiaria. El resultado podría ser una veredadera reducción del proyecto de presupuesto, cifrado en 33 mil 600 millones de pesos, como ya adelantó el secretario de la presidencia Danilo Medina.

      El presupuesto del gobierno podría quedar afectado también por la inclinación manifiesta de los opositores de revisar las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial, la Junta Central Electoral y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

      El martes 14, los técnicos del gobierno estaban empeñados en la revisión del proyecto de presupuesto y del paquete impositivo para que el Presidente Leonel Fernández convocara una legislatura extraordinaria para que los conozca, ahora en una posición de mayor debilidad para negociar con los opositores políticos en control del Congreso Nacional, después de haber sustituído a los legisladores en las deliberaciones y negociaciones con los sectores empresariales afectados por los planteamientos de reforma.

La otra negociación

      Cuando la nueva versión del proyecto de presupuesto y de reformas fiscales sea llevada al Congreso, el gobierno deberá iniciar una nueva negociación, en dos niveles, con los técnicos del Poder Legislativo y con las direcciones partidarias, para tratar de evitar nuevos reveses.

      El primer desafío será convencer a los opositores de que conozcan conjuntamente el presupuesto y las reformas fiscales, cosa que luce muy difícil, a la luz de las declaraciones al respecto de los líderes de los partidos mayoritarios. Al respecto la posición más dura la llevan los perredeistas y sus aliados del Acuerdo de Santo Domingo.

      El riesgo de mantener atado el paquete y el presupuesto es que la aprobación congresional se dilate más de lo prudente, lo que implicará la aplicación por tiempo indefinido del Presupuesto del año pasado. Si además conlleva aplazar el aumento de sueldo a los empleados públicos, el resultado no será nada favorable para el equipo gubernamental.

      Aunque los voceros gubernamentales están muy comprometidos en el propósito y el esfuerzo de mantener atado el paquete, deben considerar la opción de pactar formalmente con los opositores para separarlos, a condición de un compromiso de conocer las reformas fiscales en un plazo prudente que podría ser acordado entre las partes. El compromiso debería incluir, en tal caso, la formación de comisiones técnicas que diafanicen todo lo posible las cifras relativas a las necesidades presupuestarias y a la proyección de ingresos.

El gran desafío

      Tal como habíamos advertido desde noviembre, la aprobación del Presupuesto para 1997 se ha convertido en la primera gran prueba para el joven gobierno del Presidente Leonel Fernández y en un gran desafío para la capacidad de concertación de la sociedad dominicana, y en consecuencia para la gobernabilidad sin un caudillo ni un partido mayoritario en el poder.

      Habrá que apelar al Congreso y al liderazgo político para que hagan concesiones al gobierno, incluyendo la aprobación del aumento al Itebis, sino al 11 por ciento, por lo menos al 10, lo que con el excedente derivado del aumento al precio de los combustibles permita al gobierno financiar por lo menos el incremento salarial. Una ampliación de los ingresos fiscales vendría por la vía de una mayor eficiencia en el cobro de los gravámenes existentes, particularmente del Itebis y del impuesto sobre la renta.

      De esa ampliación, que puede ser significativa con alto grado de eficiencia y sobre todo voluntad política, y con el prometido ahorro en las comisiones por compra y en las obras públicas, a su vez racionalizadas al máximo, dependería el aumento del gasto social. Al menos para este año.

      Por el momento, el gobierno debe despojarse de pasiones en su relación con el Congreso Nacional, al que tiene que reconocer sus derechos institucionales en el juego democrático. Los poderes del Estado están concebidos como contrapeso, balance o compensación. Ejecutivo y Congreso gozan de legitimidad y ninguno tiene fuerza suficiente para embarcar el país en una crisis política pretendiendo desconocer al otro.

      Ya quedó demostrado que la presión para que el Congreso conociera al vapor el paquete no estaba fundada en la objetividad, por cuanto el gobierno no logró reunir fuerzas suficientes para hacer pasar sus proyectos, y a los primeros tropiezos se lanzó a la revisión, incluso con más precipitación que la que pudo haber empleado cualquiera de las cámaras legislativas. Y sentando el precedente de que el paquete no es la Biblia.

El juego democrático

      En favor del gobierno de Fernández hay que reconocer que fue el Presidente el primero en escoger el camino democrático para plantear su paquete económico. El quiso obtener consenso, explicando sus propósitos, primero a los sectores organizados, y luego a toda la ciudadanía, por medio de sus discursos de diciembre.

      Si las cosas no han salido como quiso el gobierno, se debe entre otros factores, a que el juego democrático es complejo. Por eso las grandes transformaciones históricas pocas veces se lograron bajo el signo transparente de la democracia política. Sobre todo en naciones como esta, atravesada por una cultura autoritaria e impositiva que ha dejado poco espacio al fortalecimiento democrático, que implica participación, pero también concertación, consenso y transacción.

      Aún asumiendo que el paquete económico en su conjunto fuera equitativo y necesario, lo obvio es que su complejidad lo hacía poco viable para un gobierno nuevo, de pobre base congresional y sustentado por el tercer partido del sistema político. Es admirable la voluntad política de reforma que mostró el gobierno de Leonel Fernández, la que no tuvieron otros en el pasado en control de casi todo el poder político. Pero muchos siguen sin comprender con qué fuerzas contaba para abrirse paso.Y también por qué se dejó acorralar al primer tropiezo.-