Por Juan Bolívar Díaz

      La modificación del proyecto de presupuesto para 1997 por el Congreso Nacional y su observación y devolución por parte del Poder Ejecutivo configuran una confrontación llamada a debilitar aún más esos dos poderes del Estado, lo que se traduciría en mayores dificultades de gobernabilidad y tropiezos en el proceso democrático nacional.

      No importa cuál de los dos poderes termine imponiéndose en el largo trance del presupuesto, parece que perderá la institucionalidad democrática, porque se está creando un foso de separación tan ancho que hará más difícil aún la aprobación por el Congreso del paquete de reformas fiscales propuesto por el gobierno y de otros proyectos pendientes, como los de energía, de la empresa pública y de la ley electoral. Más aún cuando el veto presidencial implica un desafío al liderazgo de los doctores Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez.

      Por momentos pareciera que la nación no pasará airosamente la prueba de la autonomía real de los poderes ejecutivo y legislativo, con un gobierno que por primera vez en la historia nacional controla apenas el diez por ciento de la matrícula de los legisladores, levantándose voces extremas que abogan por soluciones tipo Fujimori-Perú y más recientemente Bucaram-Ecuador.

Signos de debilidad

      La aprobación del proyecto de presupuesto, modificado, dejó una vez más en evidencia las incoherencias y debilidades del Congreso Nacional, donde se pusieron en práctica viejas maniobras en esencia negadoras de la formalidad democrática.

      Primero en el Senado, donde el presidente Amable Aristy Castro dilató expresamente el conocimiento del presupuesto, al evadir colocarlo en la agenda por tres días consecutivos, para presentarlo a media noche del sábado 8 de febrero lo que dejaba a los diputados muy escaso tiempo para tomar una decisión consciente, dado que la legislatura extraordinaria de sólo 15 días convocada por el Ejecutivo vencía el martes 11.

      En la cámara baja su presidente Rafael Peguero Méndez, en una actitud cuestionada por la mayoría, incluso de su propio partido, trató de impedir la aprobación del proyecto, amparándose en el criterio, formalmente legítimo, de que debía ser sometido a una comisión de estudio, para lo cual ya no quedaba tiempo.

      La pieza fue finalmente aprobada, cuando la mayoría de los diputados decidió sesionar, después que el presidente titular y algunos seguidores abandonaron el local legislativo, pese a la presencia de más de las dos terceras partes de los miembros. Que la sesión se realizara por voluntad de una mayoría tan significativa, no puede considerarse una irregularidad, dado que siguieron las previsiones estatutarias, pero implica una anormalidad que no beneficia la imagen del poder legislativo.

      Los presidentes de ambas cámaras han sido cuestionados por sus actitudes, no suficientemente transparentes, llegándose a sembrar dudas sobre sus motivaciones. Las versiones más atrevidas llegan a sugerir que estarían en entendimientos con el gobierno el cual, de no aprobarsele el paquete completo preferiría la dilación para manejarse con el presupuesto del año pasado, que implica el manejo a discresión de mas de 6 mil millones de pesos. Independientemente de que tengan o no base, tales versiones contribuyen a arraigar la idea de que el Congreso es un mercado donde el Poder Ejecutivo puede comprar a cambio de canongías de carácter puramente personal o en beneficio de intereses políticos o provinciales.

      No deja de ser significativo que las actitudes de los presidentes de las cámaras legislativas contradijera la posición de sus respectivos partidos, los cuales bajaron instrucciones para que el proyecto de presupuesto fuera aprobado dejando pendienteslas reformas fiscales que le acompañaban, como de hecho ya había decidido previamente el Senado.

Amarres interesados

      Los senadores, sin procurar ninguna concertación con los diputados, no sólo elevaron a mil 600 pesos el salario mínimo, 200 pesos más que lo que proponía el Ejecutivo, sino que dispusieron aumentos en numerosas subvenciones y agregaron otras por un monto total de 393.8 millones de pesos. De éste monto 338.8 millones fueron asignados a los patronatos de la Plaza de la Salud. Es decir que una materia propiamente del gobierno, que debe tramitarse por la secretaría de salud, se conviortió en facultad del Poder Legislativo.

      Con los restantes 60 millones de pesos, los senadores atribuyeron partidas presupuestarias a unas 120 asociaciones, parroquias, clubes de todo género, universidades y entidades de servicios diversos, mientras procedían a elevar las asignaciones que ya contemplaba el proyecto de presupuesto a otras 29 instituciones privadas. Cada senador agregó de acuerdo a sus intereses, algunos hasta para entidades de conocida rentabilidad y en las que están personalmente involucrados.

      En total, el Senado elevó el presupuesto en 920.2 millones de pesos, para llevarlo de 31 mil 495 a 32 mil 415, incluyendo una previsión de 526.4 millones para el aumento salarial a los empleados del Estado. Para financiar la diferencia procedieron a elevar los gravámenes a las cervezas, las bebidas alcohólicas y el tabaco, desfigurando el proyecto gubernamental que buscaba aumentar el impuesto selectivo al consumo a otros productos. Implica la injusticia de cargar el dado a sólo dos renglones, precisamente de los que más impuestos pagan, dejando a salvo otros consumidos por sectores sociales medios y altos.

      Entre las causas de la renuencia del presidente de los diputados a aprobar el proyecto de presupuesto, se señala el hecho de que los senadores dispusieron las subvenciones atendiendo a su propio interés y sin tomar en cuenta los de los diputados. Según esta consideración, a estos también le debería tocar su cuota en el beneficio a grupos e instituciones.

Aumento de sueldos

      Una evidencia incontrovertible del pujilato en que se encuentran las relaciones ejecutivo-legislativo fue que tres días después que el Congreso aprobara elevar el sueldo mínimo a mil 600 pesos mensuales, el gobierno dispuso por decreto el alza salarial de los empleados estatales, con cien pesos menos que lo indicado por las cámaras, pero también con cien más de lo previsto en el proyecto original.

      De haberlo hecho con anticipación, el gobierno no hubiese tenido que elevar su propuesta, y habría quedado como un hecho consumado, haciendo más difícil la inicaitiva de la oposición al respecto. Quedó enredado en el discurso de que no era posible ejecutar el reajuste salarial sin la aprobación de las reformas fiscales, lo que ha terminado por negar en la práctica defensiva. ¿Dejó ya de ser imprescindible? Ahora sirve al argumento de la oposición de que el gobierno no necesita más recursos para ejecutar el presupuesto, lo que conspira contra las reformas fiscales pendientes en el Congreso.

      Esa ejecutoria gubernamental sirve también al argumento opositor de que lo que se buscaba no era tanto la reforma, sino el disponer de un excedente presupuestario para con ello ganar espacio con miras a lo que todos los sectores políticos tienen como agenda fundamental: las elecciones de 1998, en la que el gobierno buscaría alterar su desequilibrio legislativo y ganar presencia en los municipios, donde no controla ni uno solo de los 107 que eligieron autoridades en los comicios de 1994.

Tremenda confrontación

      Es indiscutible que el Poder Ejecutivo tenía derecho para observar y devolver el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, más aún aprovechando la anormalidad con que se aprobó en la Cámara de Diputados y algunos errores técnicos aducidos por el Presidente de la República en la comunicación con que lo remitió al Congreso Nacional.

      Lo que algunos analistas se preguntan es si se trata de un paso calculado en todos sus riesgos, si no expone al Ejecutivo a un nuevo tropiezo en la cadena de desaciertos en que se ha venido convirtendo su actuación desde el envío del paquete inicial, en la limitada concertación para su reformulación, en la persistencia en atar las reformas al presupuesto y en el plazo conminatorio de 15 días para la legislatura extraordinaria. Hay quienes creen que era mejor inversión manejarse con ese presupuesto y no exponerse a nuevos reveses.

      En ambas cámaras, pese a las renuencias de sus presidentes, el presupuesto fue aprobado con más de los dos tercios de los votos necesarios para rechazar la observación presidencial. La circunstancia de que los dos líderes de la oposición, Balaguer y Peña Gómez, dieran instrucciones para que sus legisladores actuaran como lo hicieron, determina que ahora tengan que defender suposición, bajo pena de quedar desautorizados.

      Debe suponerse que ahora más que antes, los líderes reformista y perredeísta presionarán para evitar que sus legisladores actúen por convicción propia, algo inusitado en nuestra historia, o puedan ser conquistados por el gobierno, lo que es tradicional. A su vez los legisladores tendrán que darse cuenta que se juegan posiciones si se hacen sospechosos de actuar contra los intereses de sus partidos y sus líderes.

    No se puede descartar que el Ejecutivo gane la confrontación. El régimen presidencialista está lejos de batirse en retirada y mantiene recursos suficientes para incentivar la rebelión legislativa. Aunque es cierto que nunca había necesitado conquistar tantos legisladores opositores como ahora. En el Senado son por lo menos diez, y en la cámara de diputados más de 25. Si el gobierno gana la partida, habrá dado un golpe contundente a Peña Gómez y sobre todo a Balaguer. El primero menos por estar seriamente enfermo y en el exterior. A Balaguer más por estar aquí al frente de su partido y porque los suyos están más acostumbrados a los beneficios del poder. Un paso adelante con los intereses del peledeismo, sería difícil de revocar, sobre todo con el incierto futuro de Balaguer y su partido. Balaguer lo sabe como el que más, razón de sobra para que resulte difícil dar su brazo a torcer.

Incierta perspectiva

      Para la gobernabilidad del país y el afianzamiento del proceso democrático, las perspectivas no son halagueñas. Si gana el Ejecutivo quedará la sensación de que fundó su triunfo en la compra de una parte del Congreso, lo que lo desacreditará a ambos y reafirmaría viejos métodos de gobierno que Leonel Fernández y el PLD prometieron erradicar. Aunque a mediano plazo puede beneficiarle, en lo inmediato tendería a solidificar un frente de oposición PRD-PRSC, en vez de dividirlos, como era lo lógico esperar, por la debilidad del gobierno.

      Si la oposición vuelve a imponérsele en el Congreso, el régimen peledeista sufrirá un nuevo tropiezo y quedará con poca fuerza para poner en marcha otras iniciativas legislativas. Se reafirmaría el criterio de que la oposición es para cerrar el paso a las iniciativas gubernamentales.

      En cualquier caso, las posibilidades de real concertación democrática quedarán mal paradas y más bien tenderán a incrementarse las confrontaciones. Terminaría por sepultarse lo poco que queda ya de proyectos tan importantes como la puesta en operación del Consejo Nacional de la Magistratura y la renovación de los jueces. Al menos hasta que pasen las elecciones congresionales y municipales del próximo año. Ni hablar de las reformas fiscales que ya no tienen defensores, unos porque siempre las rechazaron, y otros porque dudan de la credibilidad del gobierno para impulsarlas.

      Queda una tercera posición: que no se imponga ninguno de los dos poderes, porque el Congreso decida dar largas al proyecto de presupuesto. En tal caso, el gobierno ganaría al operar con el del año pasado, pero tendría que olvidarse de reformas legislativas y sería corresponsable del estancamiento al respecto, por más esfuerzo que haga para hacer recar la responsabilidad sólo en los legisladores.

Ni Fujimori ni Bucarám    

      Mientras tanto, en uno y otro lado se plantean actitudes antidemocráticas. Los partidarios del modelo implantado por el presidente peruano Alberto Fujimori, al disolver el Congreso en 1990, comenzaron a manifestarse hace varias semanas. La destitución por el Congreso del presidente ecuatoriano Abdalá Bucarám llenó los ojos y obnubila el cerebro de los opositores a ultranza, desde hace dos semanas. Otros piden abiertamente el gobierno por decreto, aunque no se desconozca el Congreso.

      Ninguna de esas fórmulas tendrían viabilidad en la actual coyuntura dominicana, caracterizada por grandes expectativas de avances democráticos y con una división tripartita del poder político. Nadie debería olvidar, por demás, que un año después de Fujimori, hubo un Elías Serrano que perdió la presidencia de Guatemala, al intentar reeditar la fórmula del peruano.

      Leonel Fernández tiene la fortuna de no ser un “loco” como Bucarám, y a pesar de los errores tácticos en el manejo del presupuesto y su paquete anexo, sigue disfrutando de credibilidad personal y de considerable respaldo popular.

      No se requiere ser demasiado optimista para percibir que las mayorías nacionales, especialmente en los estamentos decisivos, lo que quieren es avances democráticos, económicos y sociales. Y por cierto que no hay a la vista una alternativa con posibilidad de encarnar la unidad nacional y el liderazgo necesarios para crear nuevas expectativas. Más aún, ni siquiera en los partidos de oposición habría consenso para emprender una aventura que ponga en crisis el país y desestabilice el proceso democrático y la economía nacional.

      El peligro no parece estar realmente en la viabilidad de un golpe a las institucionalidad democrática, sino en el desgaste, en la circularidad que produce cansancio, desazón e indiferencia, y en la confrontación que distrae al gobierno de las niciativas racionales para emprender el nuevo camino de realizaciones, para enfrentar los desafíos de la pobreza, de la modernidad y del afianzamiento democrático. –