Por Juan Bolívar Díaz
Cuando apenas han transcurrido 9 meses de las últimas elecciones, los partidos políticos mayoritarios se aprestan a iniciar el proceso para escoger sus candidatos para los comicios congresionales y municipales de mayo de 1998, para lo cual faltan todavía casi 14 meses.
Sólo una vigorosa intervención de la Junta Central Electoral (JCE), con respaldo de la opinión pública y de la sociedad civil podría evitar otra larga campaña electoral, con costos económicos directos e indirectos mayúsculos y que distraería las energías nacionales de importantes tareas gubernamentales, legislativas y municipales pendientes.
El gran riesgo de las elecciones cada dos años estriba precisamente en que el activismo político, del cual viven millares de personas, se convierta en una actividad casi permanente, en una nación donde las campañas electorales desatan tantas pasiones y perturban las actividades productivas.
Elecciones separadas
Para las actuales generaciones de dominicanos y dominicanas las elecciones congresionales y municipales separadas de las presidenciales será una novedad y un desafío. Sólo esporádicamente se registra el fenómeno en la historia política de la nación. Al final de la dictadura de Trujillo, el 15 de diciembre de 1960, hubo una elección municipal y para gobernadores provinciales, en la que, por cierto, el tirano Rafael Leonidas Trujillo se hizo “elegir” gobernador de Santiago, y en 1968 se celebraron elecciones municipales.
En las últimas décadas, la separación de los comicios congresionales y municipales de los presidenciales fue una reivindicación política que surgió en todos los debates de reformas políticas, por el convencimiento generalizado de que de esa forma se evitaría el arrastre de los candidatos a la Presidencia y se fortalecería el Poder Legislativo y el municipal. La precipitada reforma constitucional de 1994, en medio de la crisis postelectoral, consagró la separación, que meses antes había sido pactada por delegados de todos los partidos en el consenso que auspició la Fundación Siglo 21.
La principal objeción a la separación comicial ha sido siempre que elevaría los costos del ejecicio partidario y sumiría al país en una continua campaña electoral. Todavía el año pasado, aún después de la reforma constitucional se levantaron voces, incluyendo la del Cardenal Nicolás López Rodríguez, que relevaban ese inconveniente de cara a los comicios de mayo del 1998.
La reforma, que tiene un carácter indiscutiblemente democrático, podría quedar desacreditada si en la primera elección congresional y municipal se verifica una costosa y larga campaña electoral y si a consecuencia de ello disminuye la participación de electores. .
Riesgos generalizados
La nación no se ha recuperado todavía de la extensa campaña proselitista que precedió a las dos vueltas presidenciales del año pasado, la cual comenzó desde principios de 1995, cuando los partidos de oposición, se adelantaron a escoger sus candidatos. De hecho el país estuvo en permanente campaña electoral, desde principios de 1993, con excepción de los 5 meses transcurridos entre el final de la crisis de 1994, en agosto, y las primeras semanas de 1995.
Si para la elección congresional y municipal se verifica una campaña de casi un año, lo lógico sería esperar que pocos meses después se inicie la correspondiente a los comicios presidenciales del 2000. Contribuiría a ello el hecho de que es casi seguro que ni los líderes máximos de los dos principales partidos opositores, ni el presidente Leonel fernández, figuren en las boletas de ese año, lo que determinaría que todos comiencen temprano a promover nuevos candidatos para perseguir el poder al comienzo del próximo siglo y milenio.
Como las fuentes privadas de financiamiento de los partidos y candidatos están exahustas por los costos que ha conllevado el activismo político en los últimos 4 años, será mayor la tentación tanto del gobierno central como de los municipios de recurrir al erario público, abierta o solapadamente, para encontrar los recursos de financiamiento que conllevan las campañas electorales extensas. Más aún cuando este año el gobierno dispone de miles de millones de pesos fuera del presupuesto y más fácilmente declinables al financiamiento de activistas. Lo mismo se podría temer de las administraciones municipales en manos de los dos principales partidos de oposición.
La situación podría ser más crítica si además se aprobara la propuesta de reforma electoral de la JCE que incluye la prohibición de financiamiento de los grupos económicos y de instituciones y gobiernos extranjeros a los partidos y candidatos. Según el proyecto de reforma, el financiamiento estatal propuesto no se materializaría hasta la aceptación de las candidaturas, lo que de acuerdo a la ley electoral no ocurriría antes de faltar tres meses para la elección.
Con o sin campaña abierta con anticipación excesiva, el partido de gobierno ya evidencia marcado interés en cambiar su desventajosa posición en el Congreso Nacional y en los municipios.Con sólo un senador y una docena de diputados, y sin controlar uno sólo de los 107 municipios, es una gran tentación para el Partido de la Liberación Dominicana el financiar activistas con recursos del Estado.
Congresistas, autoridades municipales y dirigentes locales de la oposicón se lanzarían a buscar financiamiento sin reparar en costos para tratar de defender los puestos que ostentan o ganar nuevos, como forma de mantener vigencia política, al márgen como se encuentran de la administración gubernamental.
Los primeros aprestos
Desde enero pasado, tanto en la capital como en Santiago y otras ciudades del país ya se barajan los candidatos para cargos legislativos y municipales. El perredeísta Delfín Santana ha sido pionero en la impresión de afiches y el lanzamiento de su pre-candidatura para Síndico del Distrito Nacional, donde ya se mencionan otros 4 aspirantes.Mientras el líder del PRD ha tenido que sacrificar su lucha por la vida para tratara de contener los primeros posicionamientos tras la candidatura presidencial para el año 2000.
Peledeístas y reformistas se promueven en diversas ciudades del país para posiciones congresionales y municipales. Y si en el partido de gobierno no ha sido más clara la promoción de precandidatos presidenciales es porque algunos han osado sugerir la posibilidad de luchar por una nueva reforma constitucional para promover la reelección del Presidente Fernández, aunque éste fue electo con una Constitución que le prohibe el intento.
En el reformismo, el caudillismo aún vigente del ex-presidente Balaguer y su tradicional espera hasta el último momento para decidir sobre candidaturas, determinan que el proceso sea más lento. Aún así líderes del partido han insistido en reclamar una reorganización de sus cuadros para iniciar este mismo año la escogencia de los candidatos para los comicios congresionales y municipales.
Ya el 20 de marzo, el Comité Central del PLD tomó decisiones referentes a las candidaturas para el próximo año, tras una reunión de 4 horas, a la que asistió el Presidente Fernández. Su secretario general Lidio Cadet declaró que la elección de los candidatos será este año,” lo más pronto posible”, ya que el partido “no se dormirá por nada del mundo”, considerando que ya los demás partidos están inmersos en el proceso.
El Presidente en funciones del PRD, Vicente Sánchez Baret, adelantaba la semana pasada, que una vez transcurrida la Semana Santa, se iniciaría el proceso de reestructuración y de información para culminar en los próximos meses con la elección de sus candidatos para los comicios congresionales y municipales.
La JCE puede contenerlos
Aunque la JCE tiene facultad para pautar lo relativo a las campañas electorales, las que formalmente se inician con la proclama que regularmente se realiza tres meses antes de los comicios, es evidente que por sí sola carece de fuerza para contener el activismo partidario, amparado en que proclama de candidatos no equivale a campaña abierta, aunque todos saben que ambas cuestiones son indisolubles.
Aparte de sus facultades, la JCE bien puede convocar una reunión, preferiblemente con el alto liderazgo político, para tratar de convencerlos de la necesidad de aplazar las escogencias de candidatos. Lo ideal sería que esto no ocurra antes del próximo año. Sería suficiente que lo hicieran en febrero cuando faltarán tres meses para los comicios congresionales y municipales. Una campaña en estos niveles, por tener un carácter local, no debería requerir más de dos meses,. como ocurre en muchos países, aún cuando se trata de elección presidencial dentro de inmensos territorios que los candidatos de ninguna forma pueden recorrer completamente, como ocurre en el país.
En ese propósito es seguro que la JCE encontraría un cálido respaldo de la opinión pública en general, y particularmente de la sociedad civil organizada, consciente del costo económico, político y en término de desarrollo que conllevan las campañas electorales prolongadas. Las entidades que agrupan a los empresarios, principales financiadores de las campañas partidarias, deberían tomar la iniciativa en ese esfuerzo de contención.
La reforma electoral
Antes que lanzarse precipitadamente a la elección de candidatos, los partidos y el Congreso Nacional deberían concentrar su atención en el proyecto de reforma electoral propuesto por la JCE, en manos de una comisión bicameral que esta semana inicia un proceso de vistas públicas.
Se trata de una pieza legislativa de múltiples aspectos, que requerirá tiempo y búsqueda de concertación, más difícil cuando comienzan a predominar más que nunca los intereses partidarios coyunturales.
Las cámaras legislativas tienen todavía pendientes numerosos proyectos de reformas estructurales que datan de varias legislaturas. Se espera que pronto sean apoderadas también de un proyecto de ley de seguridad social actualmente en manos del Presidente de la República, elaborado por una comisión especial creada al efecto presidida por el Secretario de Trabajo.
Los responsables del sistema partidario deberían tomar en cuenta el cansancio de campañas electorales que registra la población, que en su inmensa mayoría no cifra mayores expectativas en las elecciones congresionales y municipales. Una campaña muy prolongada podría producir una saturación nada conveniente para la concurrencia a comicios en que no estará en juego el gobierno central. Las estadísticas universales indican que la participación en este género de elección tiende a caer drásticamente en relación a las presidenciales.-