La acción judicial y sus implicaciones políticas

Por Juan Bolívar Díaz

            El sometimiento a la justicia de seis ex-militares, cinco de ellos auto-inculpados desde hace 22 años, por el asesinato del periodista Orlando Martínez, conmovió a la nación el viernes 4 de abril, en vísperas del Día del Periodista, con repercusiones en el panorama político, renovando las esperanzas de que alguna vez la sociedad dominicana sancione el crímen político tan frecuente en la historia del país.

            La providencia calificativa emitida por el juez de instrucción Juan Miguel Castillo Pantaleón, deja abierta la posibilidad de que otros que pudieran estar vinculados a la conspiración y el asesinato del periodista, ocurrido en 1975, aunta a los que protegieron a los confesos autores materiales del crímen, constituyendo una espada pendiente sobre importantes personajes políticos y militares del pasado reciente, incluyendo al ex-presidendete Joaquín Balaguer.

            La decisión con que el juez y el ministerio público han enfrentado la demanda de justicia en el caso parece incrementar las diferencias entre el gobierno y los seguidores de Balaguer, disgustados ya por las recientes denuncias de corrupción en el régimen anterior, lo que podría tener repercusiones en el futuro inmediato.

Histórica decisión

            El juez Castillo Pantaleón se empeñó durante meses en llevar las investigaciones hasta el grado de ordenar el procesamiento de los acusados y no quiso desaprovechar la festividad de los periodistas para emitir su veredicto, el día antes, reivindicando así en parte el reclamo del colectivo de los comunicadores que desde 1975 pedía el castigo de quienes troncharon la existencia de uno de sus más sólidos y acreditados miembros.

            Obtenida la confesión de cuatro de los inculpados y apresado el general retirado Salvador Lluberes Montás, señalado por aquellos como instructor de las órdenes de persecución de Orlando Martínez, quedaba poco por hacer al juez, a no ser que ordenara la conducencia de otros ex-jefes militares indirectamente involucrados en el caso, ya como auspiciadores de la conspiración, o como encubridores, y entre estos estaría nada menos que el doctor Joaquín Balaguer en su condición de entonces Presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

            Deseo tal vez no le faltaba al valiente juez Castillo Pantaleón, quien en numerosas ocasiones había querido interrogar al ex-presidente Balaguer sobre su confesión escrita, en su libro Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo, de que sabe quienes fueron los autores del asesinato del director de la revista Ahora y columnista del vespertino El Nacional. Pero el magistrado comprendió que por sí sólo no tenía fuerza suficiente para hacer comparecer al caudillo, y las autoridades gubernamentales no han mostrado decisión de llegar hasta ahí, tal vez por temer repercuciones políticas de magnitud imprevisible.

            Aunque desde la semana anterior se había informado que era inminente la emisión de la providencia calificativa de la instrucción, a mitad de semana no parecía que se alcanzara la meta. Pero el Hábeas Corpus fijado para el sábado 5 en favor del ex-general Lluberes Montás, por el “inefable” juez Juan María Severino, habría precipitado el acontecimiento. Así la histórica decisión, retrasada en 22 años, se celebraría conjuntamente con el Día del Periodista, el 5 de abril.

Los mismos acusados

            En realidad el juez Castillo Pantaleón no hizo ningún descubrimiento. Bastó su decisión de cumplir su responsabilidad luego de ser apoderado del caso en 1995, lo que no hicieron otros magistrados por cuyas manos pasaron por lo menos dos expedientes, desde el mismo 1975 cuando fue consumado el crímen.

            Todos los procesados habían figurado en los resultados de las investigaciones realizadas en octubre y noviembre de 1975 por una comisión de altos jefes militares encabezados por el entonces Jefe de la Policía Nacional, general Neit Rafael Nivar Seijas. Tal como se supo desde el principio, varios de los interrogados, encabezados por el entonces mayor Joaquín Pou Castro, habían confesado su participación en el crímen y algunos habían señalado que la orden salió de una reunión de los jefes de las fuerzas armadas y de la PN en marzo de 1975, tramitadas a ellos por Lluberes Montás, a la sazón Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, a la que pertenecían los militares implicados.

            La obtención de una copia de los interrogatorios de hace 22 años fue clave para el procesamiento, pues el magistrado tuvo a su mano una confesión pormenorizada de casi todos los implicados y las pruebas grafológicas evidenciaron que ellos la habían firmado. Desde que el primero ratificó la confesión, los demás estaban contra la pared.

            En el dictamen del juez Castillo sólo figura como autor intelectual Lluberes Montás. Los autores materiales son los ex-generales Pou Castro y José Isidoro Martínez González, y los ex-militares Rafael Alfredo Lluberes, Luis Emilio de la Rosa Beras y Mariano Durán, éste último prófugo, se supone que en Estados Unidos, y de quien el Procurador General Abel Rodríguez ya adelantó que se pedirá la extradición. Martínez González padece de cáncer terminal. Lluberes Montás sufre del corazón y se afirma que tiene varios marcapasos y que ha tenido que pasar por dos cirugías cardiovasculares. Otros dos implicados en el crímen, el señor Eulogio Cordero Germán y el ex-capitán Jesús María Sánchez Guzmán, fallecieron, por lo que ya no pueden ser procesados.              

¿Esos son todos?

            Conocida la lista de los acusados del asesinato de Orlando Martínez, con un solo ex-general como autor intelectual, en la opinión pública persisten algunas dudas, y son muchos los que se preguntan si en realidad fueron todos los que están y si están todos los que fueron. Otros de los jefes militares de entonces, como el poderoso Enrique Pérez y Pérez, el contralmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, secretario de las Fuerzas Armadas al ocurrir el crímen, y el general Ernesto Cruz Brea han sido mencionados persistentemente como participantes en una reunión, junto a Lluberes Montás, en la que se habría decidido la trágica suerte de Orlando Martínez.

            Todos han negado responsabilidad en el crímen, frente a cuestionamientos públicos y cuando fueron interrogados por autoridades judiciales. Lo mismo ha hecho Lluberes Montás, pero Pou Castro y otros de los procesados coinciden en señalarlo como el que impartió la orden contra Martínez.

            Como jefes militares que eran, al igual que el Presidente Balaguer, algunos de los indicados por lo menos pudieran salir responsables de encubrimiento, especialmente después de la investigación de Nivar Seijas, puesta en manos de su comandante en jefe, no sólo en su transcripción escrita, sino también en cinta magnetofónica donde se escuchaban claramente las confesiones e implicaciones.

           Se supone que es a estos a quienes alude el juez Castillo Pantaleón en su dictamen cuando sostiene que los señalados como autores materiales estuvieron detenidos en 1975 para los interrogatorios en que se inculparon, pero “fueron puestos en libertad, con la posible connivencia de autoridades civiles, militares o judiciales, como parte de las distorsiones que el proceso investigativo sufrió durante años”…

            El dictamen se refiere al “manejo de falsas coartadas en favor del acusado Joaquín Pou Castro y otras posibles manipulaciones” que configurarían los delitos de ocultamiento, perjurio y complicidad del perjurio, indicando que “corresponde al Ministerio Público la atribución de pedir suplementariamente la continuación de las indagatorias que determinen nuevas responsabilidades, si durante el transcurso del juicio oral, público y contradictorio que intervenga, surgieren otras concordancias, elementos, piezas o testimonios que así lo justifiquen”.

            En otra de sus consideraciones, el fallo del juez Castillo indica que la responsabilidad de la ejecución material del asesinato “debe ser igualmente compartida por todas aquellas personas, civiles, militares y funcionarios públicos, que en el ejercicio de sus funciones idearon, autorizaron o dieron instrucción, adquirieron el conocimiento o mediante maquinaciones o tramas culpables provocaron la acción, o participaron en su planificación, facilitaron los medios de ejecución o su realización, asistieron u ocultaron a los responsables, y contra quienes aún no ha sido posible determinar con suficiencia su vinculación en este proceso”. Insiste en que corresponde al Ministerio Público pedir la continuación de las investigaciones si surgiesen otros elementos, piezas o testimonios en ese sentido.

Justa reivindicación

            La alarma que ha cundido en sectores del viejo régimen y la implicación del ex-presidente Balaguer en el ocultamiento de los autores del crímen, puesto que le correspondía más que a nadie mover la acción judicial tras recibir el resultado de la investigación de Nivar Seijas, hace que algunos mantengan reservas sobre la culminación justa del proceso iniciado por el juez Castillo Pantaleón.

            Ahora habría que esperar que el juez que resulte apoderado del caso para el proceso final muestre la misma diligencia y la valentía precisas para llevarlo hasta el final y emitir un veredicto justo, con plenitud de garantías para la defensa de los acusados, especialmente del que niega su responsabilidad en el crímen.

            Todavía el ex-presidente Balaguer podría tener la oportunidad de dar el testimonio que se reservó en su “página en blanco” de su libro-memoria, que por lo insólito y por el desprecio que implicó a la ley, ha contribuído a mantener vivo el interés de amplios sectores nacionales por reivindicar la justicia en este caso que lleva más de dos décadas lacerando el sentimiento nacional.

            Ese testimonio podría ser más importante aún si alguno de los implicados es inocente o si los verdaderos responsables no han sido señalados en las investigaciones, ya por ocultamiento voluntario o porque su poder infundiera temor a los procesados. Hay quienes sostienen que Lluberes Montás, quien no era de los más represivos del régimen de los doce años, no tenía razón para ordenar el crímen por sí solo. Su testimonio en el juicio podría resultar también definitorio.

Señalado por el resto de los acusados no podrá escapar simplemente negando su participación.

Implicaciones políticas

            Aunque el gobierno se ha empeñado en afirmar que el caso está en manos de la justicia, especialmente del juez de instrucción, que por cierto inició sus indagatorias en pleno régimen de Balaguer, los reformistas ven el curso del proceso como parte de una persecución contra ellos, que estiman desleal debido a que fueron determinantes para el triunfo electoral del Partido de la Liberación Dominicana en los comicios del año pasado, y esperaban no ser tocados ni con el pétalo de una rosa.

            Muchos no olvidan que también está pendiente en la justicia la culminación de las investigaciones de la desaparición del profesor Narciso González, sobre la cual el presidente Leonel Fernández prometió personalmente promover responsabilidades.

            A una de las figuras claves de la conformación del “Frente Patriótico” que dio el poder al PLD, Guaroa Liranzo, se le señala como muy vinculado afectivamente al general Lluberes Montás. En el fin de semana se dijo que habría tratado, infructíferamente de ver al Presidente Leonel Fernández, y que ni siquiera fue recibido por el Jefe de la Policía Nacional, ni se le había permitido ver a su protegido.

            Andrés Vanderhorst, vinculado político al reformismo y el dirigente colorado Angel Lockward aparecieron el domingo 6 en el programa televisivo Aeromundo, denunciado el proceso como una persecución a Balaguer. El primero prometió defenderlo “con todo lo que sea necesario”, advirtiendo que si sarandean al caudillo “van a saber como tiembla la República Dominicana”.

            Ya la pasada semana, el presidente en funciones del PRSC, doctor Donald Reid Cabral y el presidente del Senado habían expresado ardientes advertencias sobre lo que estimaban persecuciones políticas por las denuncias de corrupción en el reparto de tierras estatales de los días precedentes, algunas sustentadas solamente por los medios informativos.

            Reid Cabral sugirió a la justicia “dosificar la apertura de casos…ya que en un país tan pequeño como el nuestro no es aconsejable levantar muchos avisperos al mismo tiempo”. Amable Aristy Castro, presidente del Senado, implicado personalmente en una distribución de terrenos aledaños a la playa higueyana de Macao, fue más lejos al declarar la guerra al gobierno, advirtiendo que su partido enfrentará a la actual administración “por cualquier vía”. Ni en las tierras de Macao, ni en las irregularidades concernientes a las distribuciones de Bahía de Aguilas, Pedernales, y de Sosúa, en las que están implicados personeros balagueristas, todavía las autoridades gubernamentales no han formulado cargos en la justicia.

            En medios reformistas se cree que el gobierno estaría buscando descalificar al partido colorado para crecer a su costa en los comicios del próximo año. Se lo haya propuesto o no el gobierno, en la historia dominicana no se concibe la sanción de crímenes políticos como los que cortaron las existencias de Orlando Martínez y Narciso González y menos sin el patrocinio de los detentadores del poder.

            El dictamen del juez Castillo Pantaleón, con firme colaboración del ministerio público, representado en el Procurador General y el Fiscal del Distrito Nacional, doctores Abel Rodríguez del Orbe y Guillermo Moreno, es un paso trascendental al esclarecimiento de uno de los crímenes más impactantes en la historia nacional, que a 22 años sigue produciendo sacudimientos políticos. Pero es temprano aún para que se pueda cantar reivindicación. Las implicaciones políticas son indiscutiblemente graves.-