Por Juan Bolívar Díaz
A un año de las elecciones congresionales y municipales el panorama se caracteriza por una crisis de credibilidad en el sistema partidario, mientras el proyecto de reformas a la ley electoral parece estancado en el Congreso Nacional sin que ninguna de las fuerzas políticas predominantes se decida a auspiciarlo ni la Sociedad Civil genere un movimiento capaz de presionar las modificaciones necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática.
Sin embargo, la opinión pública expresó la semana pasada un vigoroso rechazo al propósito de precipitar una reforma constitucional para realizar el cambalache de restaurar la reelección presidencial a cambio de una absurda prolongación del período de los legisladores y munícipes, lo que implicaría la anulación de los comicios previstos para el 16 de mayo de 1998.
La situación revela un grave desconcierto en la oposición política, que luce sin estrategia de mediano y largo plazo, naufragando en la politiquería más descarada e ignorando el clamor nacional por un fortalecimiento de la institucionalidad y de la soberanía popular.
Panorama desolador
El cuadro político en lo que va de mayo no podía ser más desolador, centrado en el debate del absuro propósito de la prolongación del mandato de los legisladores y de la restauración de la reelección presidencial en contradicción con los esfuerzos de los últimos años por fortalecer la institucionalidad democrática.
Aunque tanto el gobierno como líderes de los partidos de oposición han rechazado, cada uno a su manera, la precipitación de una nueva modificación de la Constitución de la República para propósitos tan alejados del sentimiento democrático nacional, ha quedado de manifiesto que una buena parte de los legisladores, sino la mayoría, carece de respeto a la soberanía del voto y a los principios en que se sustenta la democracia representativa.
Se afianza la convicción de que sectores gubernamentales alentaron subrepticiamente el propósito de grupos de legisladores opositores sin concepto democrático, como forma de inducir un mayor desprestigio del Congreso Nacional para sacar beneficio político en lo inmediato y de cara a los comicios del próximo año. Ninguna de las dos actitudes se inscribe en las expectativas institucionales de la sociedad dominicana, pero sí generan una sensación de desilusión del sistema partidario y hasta frustración política.
Se ha llegado a cuantificar en más de un centenar el número de los legisladores que prestaron su aprobación para la precipitada convocatoria de la reforma constitucional, lo que implica a una gran mayoría de la oposición congresional y pone de manifiesto la crisis de liderazgo en que se encuentran los partidos políticos que la encarnan.
Las advertencias públicas de posibles sanciones a los legisladores que auspicien el cambalache, por parte del liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano y de dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano, demuestra la orfandad de principios que rige la política nacional.Tanto como el hecho de que los voceros gubernamentales sólo hayan rechazado la prolongación del período legislativo-municipal, guardando silencio sobre la restauración de la reelección presidencial, como si ambos aspectos no fueran parte del mismo despropósito, que de materializarse, sentaría un precedente funesto para la institucionalidad democrática, especialmente en su desconocimiento de la soberanía de los electores.
Reformistas: a la carga
A los reformistas no se les puede cargar mucha responsabilidad en la maniobra, ya que la generalidad de ellos nunca han hecho profesión de anti-reeleccionismo ni se han pretendido militantes de la institucionalidad democrática. Por eso, algunos de sus legisladores han dado la cara por el proyecto.
El presidente en funciones del PRSC, doctor Donald Reid Cabral, y su secretario político, Ingeniero Federico Antún, rechazaron el proyecto en gestación, aunque quedaron dudas de si hablaban a título personal, o como voceros autorizados al respecto.
La algarabía generada por la ocurrencia no ha logrado sacar de su prolongado silencio al caudillo del partido, el doctor Joaquín Balaguer, a quien el presidente en funciones del PRD, doctor Hugo Tolentino, señaló como susurrante del proyecto de cambalache, a través de una de sus clásicas preguntas “inocentes” dirigida a dirigentes perredeístas algunas semanas antes de que fuera destapado.
En el caso de los reformistas, la suspensión de las elecciones del próximo año, buscaría evitar un bien temido descalabro de su posición en el Congreso Nacional y los municipios. Un previsible crecimiento de la cuota legislativa y municipal del Partido de la Liberación Dominicana sería a costa de la oposición en general, pero sobre todo del tercer partido en las elecciones del año pasado. Sin Balaguer en las boletas y dado su agotamiento físico y político, las posibilidades del PRSC lucen bien inciertas para las elecciones congresionales y municipales.
El acercamiento generado por la alianza electoral reformista-peledeista de 1996, y la circunstancia de que muchos militantes del partido colorado han tenido que buscársela con el gobierno, mientras algunas figuras relevantes compran consideraciones, determinan una tendencia al crecimiento del PLD en detrimento del partido de Balaguer. A ello hay que sumar la política peledeísta que busca ganar espacio en sectores conservadores votantes reformistas de las últimas décadas. El acto de “reconciliación” del 24 de abril pasado se inscribe claramente en esa táctica.
El PRD luce al garete
El que una parte considerable de los legisladores perredeístas haya sido asociada al despropósito del cambalache reelección-continuismo sólo tiene explicación en la profunda desorientación que sacude a ese partido como consecuencia de la grave enfermedad que amenaza la vida de su líder el doctor Peña Gómez, quien ha tenido que amenazar con precipitar su retorno al país para imponer el orden en sus huestes.
A los perredeístas sí hay que tomarle en cuenta la apostasía de su credo anti-reeleccionista de más de medio siglo y de lo que sería una traición a sus programas reivindicativos de la institucionalidad democrática, tanto como del discurso de Peña Gómez, quien ha sido el más persistente dirigente político en el reclamo del fortalecimiento de los principios democráticos y las reformas institucionales.
Con más posibilidades de encarnar la oposición, y siendo el partido, junto a sus aliados del Acuerdo de Santo Domingo, de mayor votación provincial y municipal en los comicios del año pasado, el de mayor militancia acostumbrada a lidiar desde fuera del poder, el PRD no tendría que temer tanto a la prueba de las elecciones congresionales y municipales, a noser que el Frente PLD-PRSC sea reeditoado. Bastaría recordar que en la primera vuelta electoral del año pasado, ganó 25 de las 30 provincias y 92 de 107 municipios.
Se afirma que parte de los perredeístas simpatizantes del cambalache reelección-continuismo, temen al poder económico que ya exhibe el PLD. Ese factor puede ser muy importante, pero no necesariamente determinante, como no lo fue en elecciones anteriores. Mucho menos en comicios locales, que no requerirán el financiamiento de los presidenciales.
Parece cierto que Peña Gómez tampoco estará en las boletas del 1998, pero un abuso de los recursos estatales en la campaña, podrìa afianzar el voto independiente, de los que militan por la institucionalidad democrática, en favor del PRD, que ya le favoreció en el pasado. Ello sólo sería posible en la coherencia de los principios, que evidentemente no es sólida en muchos niveles de la dirigencia y militancia del partido blanco.
Lo que sí parece un factor negativo para los perredeístas es su seria dificultad para mantener la disciplina partidaria y la coherencia interna, sobre todo ahora cuando la vigencia de su último gran líder está en cuestionamiento. Antes de Peña Gómez, tuvieron un Juan Bosch con capacidad y autoridad para imponer la disciplina y la unidad. Y aún así se resquebrajaron tanto en la oposición como cuando fueron gobierno.
¿Y la reforma electoral?
Mientras el oportunismo político y la ausencia de principios ganan terreno en el sistema partidario, la primera legislatura del año está a dos semanas de concluir, sin que ninguno de los bloques legislativos ni de los partidos muestre interés suficiente en impulsar el proyecto de reformas a la ley electora, presentado por la Junta Central Electoral el año pasado.
El proyecto, sometido a dos vistas públicas, parece haber caído en el vacío, aunque ha tenido gran respaldo en la sociedad civil y en la opinión pública en general, especialmente en la propuesta de instituir las circunscripciones o distritos electorales.
La semana pasada, casi todos los partidos minoritarios pidieron públicamente, en comunicado conjunto, el aplazamiento de su conocimiento, temerosos de los distritos electorales. El sistema partidario en general, parece coincidir en advertir que esa reforma fortalecería el poder del voto ciudadano en la elección de diputados y regidores. Lo que sumado a la separación de los comicios congresionales y municipales de los presidenciales, debilitaría el arrastre presidencial, el tráfico de candidaturas y las alianzas oportunistas.
Los distritos electorales favorecen la representatividad democrática y promueven una mejor selección de los candidatos a diputados y regidores, lo que junto a la eliminación del arrastre de los candidatos presidenciales, se traduciría en mayor representación comunitaria, en detrimento de los profesionales de la política. De ahí el poco entusiasmo con que el sistema partidario ha acogido la propuesta, aunque la gran mayoría de los partidos había favorecido en el pasado esa reivindicación democrática. Al menos en los papeles.
Crisis de credibilidad
Dentro de ese cuadro político se inscribe el desencanto y la crisis de credibilidad que se registra en la sociedad civil como en múltiples voceros de la opinión pública. La crisis de fe en el sistema partidario explica la tibieza con que la opinión pública ha recibido el nuevo intento de diálogo entre el gobierno y la oposición, en torno a los proyectos de reformas pendientes.
Ciertamente que numerosos grupos de la sociedad civil se han manifestado en rechazo al oportunismo del cambalache relección-continuismo a espalda de la institucionalidad democrática. Pero se advierte la ausencia de un movimiento concertado capaz de presionar sobre el sistema partidario, como el que generó la sociedad civil, luego del trauma electoral de 1994, que tanto contribuyó a la limpieza del proceso electoral del año pasado. La preocupación se discute en diversos ámbitos de la sociedad civil, impactada por la incoherencia programática del sistema político dominicano.
Hay quienes confían en que la presión de la sociedad civil se hará más efectiva si los auspiciadores del cambalache reelección-contininuismo cumplen su propósito de introducir su proyecto al Congreso Nacional. El asunto, junto a versiones de renovados intentos de los partidos por repartirse la integración de una nueva Suprema Corte de Justicia, ya ha ocasionado hasta la reactivación del Grupo de Acción por la Democracia y el inicio de proyectos de concertación.
Lo que resulta evidente dentro del cuadro político nacional es que la sociedad dominicana está resultando más conservadora y lenta de lo que se esperaba en el propósito, por todos enunciado, de modernizar las estructuras no sólo económicas y sociales, sino también jurídicas y políticas. Parece como su hiciera falta un grave sacudimiento para que se despierten voluntades dormidas y se limite el oportunismo y el clientelismo polìticos.-