Por Juan Bolívar Díaz

      La renuncia de la doctora Aura Celeste Fernández como jueza de la Junta Central Electoral (JCE) tras los recientes cuestionamientos de dirigentes de los partidos de oposición, contribuyó a aumentar las preocupaciones por las elecciones congresionales y municipales del próximo año, poco después que fracasara el intento por convocar una asamblea revisora de la Constitución para restablecer la reelección presidencial a cambio de una extensión del actual período congresional, lo que implicaría suspensión de esos comicios.

      Una avalancha de preocupaciones se expresó tras conocerse la renuncia de la doctora Fernández, sin que faltaran quienes denunciaran planes para anular las elecciones congresionales y municipales, en tanto la amenaza de una renuncia colectiva de los jueces electorales ensombrecía aún más el panorama a menos ya de un año para esos comicios.

      Mientras el país vive una especie de limbo político en torno a las reformas pendientes, y al frustrado diálogo gobierno-oposición en el cual las expectativas e intereses individuales de los legisladores y dirigentes parecen estar por encima de los compromisos programáticos y hasta partidarios, sin suficiente respeto a los electores..

La jueza cuestionada

      El cuestionamiento a la doctora Aura Celeste Fernández, en su condición de jueza electoral, comenzó de manera extraña cuando a mediados de mayo se publicó una carta dirigida a la JCE, con la firma del doctor Juan Esteban Olivero Félix, delegado del Partido Reformista Social Cristiano ante el organismo, en la cual se le recusaba supuestamente por ser simpatizante o miembra del Partido de la Liberación Dominicana.

      El documento nunca llegó a presentarse formalmente y de inmediato obtuvo el rechazao de los altos dirigentes del partido colorado, quienes aseguraron que no habían decidido esa recusación.

      Hay quienes afirman que la carta, junto a otros papeles, fue dejada “inadvertidamente” en un escritorio de la JCE. De cualquier forma, cayó en manos de medios informativos que la hicieron pública. Nadie ha podido explicar el extraño caso. Por lo menos el doctor Olivero Félix no ha negado que el documento existiera ni menos que fuera apócrifo. Entonces, ¿se trataba de una iniciativa personal, o era un proyecto real, abortado al dársele luz pública antes de ser depositado?

      Mientras los reformistas negaban que fueran a recusar a la jueza, el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, Hatuey de Camps, avaló la versión de que la doctora Fernández tiene simpatías o nexos con el partido de gobierno. Aunque le reconoció honestidad y capacidad, de Camps consideró que no era indicada para presidir la JCE. Sin embargo dijo que su partido no objetaba que ella siguiera como jueza titular.

      A su vez, los dos cuestionamientos a Aura Celeste generaron que el dirigente del PLD doctor Franklyn Almeyda saliera al ruedo y planteara las posibles simpatías con el perredeísmo de un juez titular y un suplente de la JCE, con lo cual se minaba aún más la credibilidad de la institución que se anotó el éxito organizativo de las elecciones presidenciales del año pasado. Todo ello cuando el presidente del tribunal electoral, doctor César Estrella Sahdalá, acababa de hacer efectiva su renuncia, y su suplente, Jorge Subero Isa, asumía interinamente sus funciones.

Por la Presidencia

      Ninguno de los partidos objetó a la doctora Fernández ni a ningún otro miembro de la JCE en el difícil tránsito electoral del año pasado. Ciertamente ella fue propuesta al cargo en 1994 por el PLD, pero no se le reconoce militancia, como tampoco a su esposo, el actual fiscal del DN, Guillermo Moreno. Otros de los jueces fueron propuestos por los demás partidos, sin que tampoco hayan sido señalados como militantes partidarios.

      Al salir el doctor Estrella Sahdalá de la presidencia de la JCE, la doctora Fernández sonó como candidata a presidir el organismo. Incluso, llegó a ser propuesta para el puesto por un grupo de instituciones de la sociedad civil, especialmente por organizaciones de mujeres, que la enarbolaban como una muestra de la superación, capacidad y honestidad del sexo femenino.

      En círculos políticos se cree que ni los reformistas ni los perredeístas tenían interés en recursar a la jueza. Aunque podrían estar coincidiendo en no quererla en la presidencia de la JCE. En tal sentido, la carta de Olivero Félix, cumplía el objetivo de presentarla como controversial, aunque no llegara a ser formalizada.

      La declaración de Hatuey de Camps, en una entrevista de televisión, pudo ser parte de una concertación con los reformistas, pero también una simple opinión no suficientemente ponderada. En cualquier caso contribuyó a “quemar” a Aura Celeste como presidenta del tribunal de elecciones.

      Sectores reformistas no han ocultado su preferencia por el doctor Subero Isa para la presidencia del organismo electoral. Siempre se ha dicho que él fue el favorito del doctor Balaguer para ese cargo en 1994, aunque el consenso se dio en torno a Estrella Sahdalá. Quedó como suplente del presidente. El presidente del Senado, Amable Aristy Castro, ha dado señales de que “no tiene prisa” en colocar en agenda la elección de nuevo presidente del tribunal electoral, aunque han sobrado los reclamos.

      Aunque Subero Isa es favorecido por los reformistas para presidir la JCE, no se le reconoce militancia partidaria. Varias entidades de la sociedad civil lo propusieron también como juez de la Suprema Corte de Justicia. Se le reconoce como un jurista de altos vuelos. El tiene, empero, una desventaja en relación a los demás miembros actuales del tribunal, y es que de los suplentes fue el único que no se integró plenamente a la organización de las elecciones de 1996. Por tanto no es depositario de la rica experiencia arrojada por el proceso.

Una decorosa renuncia

      Aura Celeste Fernández, una hermosa dama, dotada de una recia personalidad y exquisita sensibilidad, pudo haber sido la primera mujer en presidr la Junta Central Electoral. Su carta de renuncia resalta sus acertados criterios y deja lecciones que no deberían ser ollvidadas, como esa de que “Sólo se puede y se debe ser juez electoral en plenitud de facultades y a condición de que todos los actores políticos y a unanimidad, le acepten como árbitro imparcial, en igualdad de condiciones con los demás honorables jueces, sin condicionamientos previos.” Cuántos dolores se habría evitado la nación si otros jueces electorales hubiesen puesto en práctica un criterio tan ponderadoen el pasado reciente. Tal vez la diferencia radique en que estos fueron fruto de la imposición, y tenían una misión partidaria.

      La dimisión de la doctora Fernández está escrita en términos tan categóricos y conceptuosos que no deja lugar al retiro, a menos que todos los partidos le formalizaran un voto de confianza, cosa que no parece posible en las actuales circunstancias. No bastarán las numerosas peticiones de instituciones sociales, aún las poderosas del presidente del Consejo nacional de la Empresa Privada y del cardenal Nicolás de Jesús López.

      No es descabellada la opinión de Celso Marranzini de que podría estar en marcha un plan contra los jueces electorales encaminado a anular las elecciones del próximo año. Los cuestionamientos a la jueza Fernández coincidieron con los aprestos de una buena parte de los legisladores de convocar una asamblea revisora de la constitución para restaurar la reelección y establecer los comicios congresionales y municiaples dos meses antes de los presidenciales, lo que implicaba aplazarlos para marzo del 2,000.

¿Lograrán consenso?    

      Ahora habiendo renunciado dos de los 5 jueces titulares de la JCE se hace más urgente que el Senado se aboque a sustituirlos. Para ello será preciso un consenso entre los partidos mayoritarios, sea para escoger entre los suplentes u otros juristas. El asunto se agrega a otros consensos que no acaban de producirse, como los necesarios para designar la Suprema Corte de Justicia o para conocer el proyecto de reforma a la ley electoral.

      La segunda renuncia en la JCE se produce precisamente en momentos en que se vive un limbo político en las relaciones de los partidos mayoritarios y entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tras el retiro del gobierno del diálogo que venían sosteniendo. Aunque los proyectos de leyes de reformas reintroducidos hace un mes al Congreso, no han sido retirados como se planteo.

      El asunto es reunir el consenso preciso para escoger jueces electorales que prosigan los avances registrados en los comicios presidenciales del año pasado. Es más difícil cuando existen tendencias que desean el aplazamiento de las elecciones, por temores a perder posiciones en el caso de los partidos, por dificultades para obtener las nominaciones y ganar en el caso de dirigentes y actuales legisladores, ya que en esas elecciones habrá que ganarse el voto en cada provincia y municipio, sin el arrastre de los candidatos presidenciales. Y ya se decidió que las boletas congresionales y municipales serán separadas, con lo que unos candidatos no podrán arrastrar a otros.

      Mientras se sustituyen los jueces renunciantes, sus suplentes deben concentrarse en el esfuerzo para que no se detenga la organización electoral. En tal sentido no es bueno repetir la amenaza de renuncia colectiva para el caso de que persistan los cuestionamientos, como advirtió el doctor Subero Isa. Ya que expone el tribunal a tomar decisiones trascendentales por declaraciones irreflexivas o planes maquiavélicos que pudieran presentarse.-