Huelgas, gobernabilidad y perspectivas políticas

Por Juan Bolívar Díaz

      El paro de actividades en San Francisco de Macorís y otras ciudades del nordeste evidenció una vez más las serias dificultades de gobernabilidad de que adolecemos los dominicanos tan profundamente divididos en organizaciones políticas con pocas visiones ideológicas pero muchas ambiciones de gente que ingresa a la política buscando una escalera para el simple ascenso económico y social personal.

      Antes de que concluyera la paralización del nordeste ya se anunciaba que las protestas serían extendidas proximamente a la región sur y al Distrito Nacional, mientras en San Cristóbal y en barrios capitalinos se realizaban jornadas de “calentamiento” con pequeñas manifestaciones, que auguran nuevos brotes de anarquía callejera y confrontaciones llamadas a repercutir negativamente sobre el importante sector turístico y la inversión.

      Las dificultades del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para concluir el largo proceso de elección de los jueces de la Suprema Corte y el desinterés del Senado en elegir los sustitutos del Presidente de la Junta Central Electoral César Estrella Sahdalá y de la jueza Aura Celeste Fernández, son parte también de un ambiente negativo para la consolidación democrática institucional de la nación.

Balance del Nordeste   

      Mueve a preocupación en diversos sectores el hecho de que las ciudades de San Francisco de Macorís, Salcedo y Bonao fueran paralizadas, junto a otras más pequeñas de la región, durante tres días por un llamado de organizaciones locales, sin que mediara una acción abierta de apoyo de alguno de los grandes partidos o de las centrales sindicales. En Macorís hubo verdaderas dificultades para levantar la protesta. El jueves hasta agotada la tarde dirigentes locales, encabezados por el obispo Jesús Moya, tuvieron que emplearse a fondo para convencer a los más radicalizados de que dieran una tregua y plazo para que las autoridades les escucharan.

      Es obvio que la paralización no fue total ni igual en las tres provincias involucradas, aunque sí suficiente para aumentar la beligerancia de los protestantes e incentivar las mismas manifestaciones en otras zonas del país.

      La paralización de San Francisco de Macorís no debería sorprender a nadie. Esa ciudad tiene un récord de protestas que puede ser único en el mundo durante las últimas tres décadas. No ha respetado ni los gobiernos de Balaguer, ni el de Antonio Guzmán ni el de Salvador Jorge Blanco. Muchas de sus protestas han sido más violentas que la de la semana pasada.

      Sorprendente pudo haber sido el caso de Salcedo, donde el Partido de la Liberación Diominicana, en el poder, tiene mucha influencia y mayores simpatías, aunque los resultados de la última elección provincial, arrojaron un tercio a cada uno de los tres grandes partidos que se disputaron la senaduría por decenas de votos.

causas y justificaciones     

      ¿Qué causas determinan estos paros provinciales y barriales? La pregunta ha sido formulada reiteradas veces en las últimas semanas. Tiene que darse, en primer lugar, un ambiente objetivo, o por lo menos subjetivo de protesta. En este caso puede ser más de lo segundo que de lo primero, y disposición de la población a aceptarla, sino a promoverla. Nunca ha bastado con que un grupo o un partido decida la protesta para que se materialice. Muchas convocatorias han fracasado precisamente porque algunos creyeron que podían imponerse sobre la realidad.

      Desde luego que en todo movimiento de protesta hay ingredientes de coacción. Hay suficiente experiencia acumulada en el país desde las luchas contra los remanentes del trujillismo, tras el ajusticiamiento del tirano en 1960. Ni los paros más legítimos y masivos prescindieron del ingrediente coacción, ya en amenaza directa, en obstrucción de las vías de circulación o en violencia.

      Pero ninguno de esos factores ha sido suficiente cuando ha estado ausente el espíritu de protesta en la población.¿ Por qué ahora contra un gobierno de diez meses? Tal vez por las mismas razones que le paralizaron la capital, con balance de 7 muertos, al gobierno de Antonio Guzmán al año de gestión, en 1979. Porque las expectativas acumuladas son muy superiores a la capacidad de respuesta de cualquier gobierno.

      Desde luego, aquella vez como ahora y como siempre, los opositores alientan las protestas, esperando capitalizarlas políticamente. Ahora con el agravante de que hay elecciones congresionales y municipales a mitad de período, lo que ha venido a complicar la gobernabilidad en una situación en que el partido de gobierno tiene apenas un trercio del respaldo del electorado, lo que en un régimen parlamentario equivaldría a una negociación obligada o al cambio de gobierno.

      En el caso del nordeste llama la atención la debilidad del pliego de demandas, resaltando la construcción de un aeropuerto internacional en Hatillo, un hospital materno-infantil y otras obras comunitarias, que no justifican la dureza de las protestas ni los radicalismos. Por ejemplo, es muy discutible en qué medida servirá un aeropuerto a los grupos comunitarios y populares, que tienen el de Puerto Plata y tendrán el de Samaná a menos de hora y media de distancia.. La única justificación es que el Presidente Leonel Fernández fue el único de los candidatos presidenciales que respaldó el discutido proyecto en la campaña electoral.

Repercusiones del paro

      El gobierno volvió a demostrar su escasa capacidad de negociación y la torpeza de algunos de sus altos funcionarios, desde que se anunció el paro del nordeste. Las declaraciones desafiantes y destempladas, las incitaciones a la delación del secretario de Interior y Policía y la exagerada militarización, con lanzamiento de paracaidistas, no contribuyeron a serenar los ánimos, sino que los agitaron. Llevaron demasiado al primer plano el asunto.

      Por fortuna, durante los tres días de la protesta, el gobierno pudo mantener control sobre las fuerzas represivas, acostumbradadas a desbordarse fácilmente, aún cuando fueron objeto de graves provocaciones por grupos de anarquistas y enmascarados que dispararon armas de fuego contra la fuerza pública con relevante sistematicidad. La mayoría de los heridos, esta vez, fueron del lado de los organismos públicos o, como el caso de un reportero, de quienes se movían en ese polo de la confrontación.

      Las protesas, pues, no consiguieron la represión ni la sangre que grupos radicales e interesados hubiesen querido. Pero la transmisión de videos por la televisión nacional e internacional donde parecía se libraba una guerra civil, afectó la imagen del gobierno. Emisoras de radio y televisión de diveros lugares llamaron interesadas por la situación. La BBC de Londres quería la tarde del jueves entrevistar por teléfono a algún líder del Colectivo de Organizaciones Populares que encabeza Ramón Almánzar.

      La difusión en el exterior de esas confrontaciones, aún cuando no arrojen un balance trágico, tiene que afectar necesariamente al turismo y hasta a la inversión extranjera. También proyectos de inversión nacional podrían ser retrasados o cuestionados en un ambiente de protesta social sin aparente control, no sólo del gobierno, sino de alguna entidad polìtica específica con la que se pudiera negociar.

Habrá que negociar     

      Anunciada la extensión de los paros a la región sur y al Distrito Nacional, el gobierno tendrá que emplearse a fondo para desarrollar una capacidad de negociación o de acciones que neutralicen la promoción de la protesta. Ya no basta atacar a sus opositores, responsabilizándoles de los paros y sus efectos.

      Si se reconoce que hay una disposición a la protesta, aunque sea subjetiva, habrá mayor capacidad para neutralizar el propósito de extenderla, evandiendo caer en la tentación de la represión pura y simple. Para ello el gobierno tendrá que utilizar a mejores negociadores que los que envió a San Francisco de Macorís cuatro días antes del paro, o de los que volvieron allí con la protesta en todo su calor, y no pudieron lograr su suspensión.

      Lo importante es detener la bola de fuego que se expande por el país, al amparo de un verano excesivamente caluroso, todavía con pocos aguaceros y con demasiados apagones, para que no tome cuerpo la anarquía.

      No se le debe pedir al gobierno que de mayores señales de debilidad. Pero tampoco que no reconozca sus propios límites, el hecho de que está enfrentado a dos grandes partidos y que dispone se muy limitados recursos para responder a las expectativas derivadas del final de un régimen, que como el de Joaquín Balaguer, acumuló muchísimas demandas de justicia, redistribución, institucionalización y democratización, así como de sanción de la corrupción.

¿Quién crea ilusiones?

      Frente a las posibilidades de que las protestas arropen al gobierno y lo obliguen a la represión o a la claudicación, con todas sus repercueiones sobre el presente y el futuro de la nación, se impone la pregunta de quién crea nuevas ilusiones en estos momentos. No hay a la vista un líder ni una organización política que cree la expectativa de cambio con éxito. Entre los graves problemas de los dominicanos de este fin de siglo está la falta de expectativas, y la pobreza del liderazgo, en el declive de quienes dividieron el país en las décadas anterioes: Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Frnacisco Peña Gómez.

      La situación es particularmente grave en el Partido Revolucionario Dominicano, cuyo líder Peña Gómez, hubo de admitir la semana pasada que va camino a la división, una vez más a consecuencia de la lucha por las candidaturas. Esta vez el síndico Rafael Suberví Bonilla y el agroempresario Hipólito Mejía, ya enfrascados en una batalla campal por la candidatura presidencial para unos comicios a celebrarse dentro de 2 años y 11 meses.

      Aparentemente urgidos de posiciones rentables en términos económicos, los perredeístas se disputan en todo el país las principales nominaciones para los comicios de 1998, tanto en el Congreso como en los municipios. Las posiciones ideológicas o políticas son cosas del pasado. Nada que no sea la segmentación y la lucha de facciones parece tener sentido.

      Del lado reformista la situación no luce mejor. A casi 91 años, el doctor Joaquín Balaguer sigue siendo amo y señor del partido, y son pocos los que creen que su máximo interés no sea volver a ser candidato a la presidencia en los comicios del 2 mil, cuando estará buscando los 94 años. Por demás, la semana pasada, se vio al bloque de diputados del PRSC amenazar a los empresarios con presentar un proyecto de ley para aumentar el sueldo en el sector privado en 80 por ciento, si ellos no se ponejn de acuerdo con las demandas sindicales.

      El cinismo de la política dominicana es tal que los reformistas pueden aparecer ahora como reivindicadores del salario, cuando durante toda su vida Joaquín Balaguer fundó su política en la contención de las demandas salariales y sindicales en general.

El desafío del CNM

      El cuadro nacional está urgido de algunos golpes de efecto para recomponer el proceso y salir adelante,. Por ejemplo, el Consejo nacional de la Magistratura, donde confluyen proporcionalmente las fuerzas políticas, debería dar un ejemplo de concertación y escojer ya una Suprema Corte que responda a las expectativas nacionales.

      Luego de casi tres años de la reforma constitucional que instituyó el CNM para elegir la Suprema Corte, todavía no termina el proceso de escogencia que ha acaparado la atención del país por lo menos en los últimos 4 meses.

      Tal consenso sería también preciso para recomponer la Junta Central Electoral, eligiendo un presidente nuevo y sustituyendo a la doctora Aura Celeste Fernández, ambos por renuncia, así como a dos de los suplentes que por igual han dimitido.

      Frente a la ineficiencia que se atribuye al gobierno, con más o menos razón, está la ofarndad de la oposición. Ningún desgarramiento promete nada en un país carente de ilusiones y excesivamente cargado de ambiciones.-