Por Juan Bolívar Díaz
La elección de la Suprema Corte de Justicia, que se espera ocurra definitivamente esta semana, es un desafío para todos cuantos anhelan el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, y especialmente para el Presidente Leonel Fernández y la doctora Milagros Ortiz Bosch y las fuerzas políticas que representan, a la luz de los renovados intentos atribuídos al Partido Reformista Social Cristiano de conseguir una cuota significativa de los jueces. La renovada propuesta del doctor José Francisco Peña Gómez, al regresar al país el domingo pasado, para una concertación desde ya entre las diversas fuerzas políticas para enfrentar los más graves problemas nacionales, será puesta a prueba también con la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Mientras, nadie ha logrado entender la absurda propuesta del caudillo reformista Joaquín Balaguer de que se adopte la terna de candidatos en las elecciones congresionales y municipales del próximo año. Hay consenso de que la misma carece de viabilidad y que sólo se explica en un intento por desviar la atenciòn de asuntos de primer orden como la Suprema Corte de Justicia y las demandas de reformas al sistema electoral para eliminar el arrastre.
Proceso cuesta arriba
La elección de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, con la que se estrena el Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido un proceso cuesta arriba, que ha consumido meses de reuniones, desde septiembre de 1996, y cabildeos y las energías de representantes de tres partidos políticos, involucrando a dirigentes de los tres poderes del Estado dominicano.
El pasado jueves 17, cuando se esperaba que culminaría la selección, se dieron varios pasos hacia atrás. Diversas explicaciones se han ofrecido extraoficialmente de lo que habría entamponado el proceso. No hay información oficial ya que las sesiones y decisiones del Consejo de la Magistratura han carecido de la transparencia en que deben ventilarse los asuntos judiciales, al igual que los del poder legislativo y del Ejecutivo.
Sin embargo, versiones circulantes dan cuenta de que los reformistas declarados, el presidente del Senado y el delegado de la Cámara de Diputados, Amable Aristy Castro y César Francisco Feliz, endurecieron sus posiciones en el Consejo, reclamando, además de la presidencia de la Corte Suprema para el doctor Jorge Subero Isa, la designación como miembros de los abogados Hugo Alvarez Valencia, Brígido Ruiz, Dulce Rodríguez de Goris, Enilda Reyes Pérez y Juan Guiliani Vólquez.
Aparentemente la delegada y el delegado perredeístas, doctora Milagros Ortiz Bosch e ingeniero Rafael Peguero Méndez, así como el presidente Leonel Fernández estaban en actitud de aceptar a Subero Isa, a quien consideran un jurista capaz y honesto, lo que le garantizaba la elección. Aunque vetaban varios de la cuota reclamada por los colorados.
El tranque se inició cuando el doctor Amadeo Julián recordó que en la secretaría del Consejo radicaba una declinación a ser considerado envíada por el doctor Subero Isa, actual presidente en funciones de la Junta Central Electoral. Por lo que según el procedimiento seguido, no podía ser electo. Fue entonces que los reformistas Aristy y Féliz reclamaron una pausa para consultar, trasladándose a la residencia del doctor Joaquín Balaguer.
Posición endurecida
De regreso a la reunión, una hora más tarde, la posición de los reformistas se endureció. Aristy Castro no sólo sustentó a Subero y los vetados Brígido Ruiz, Dulce Rodríguez, y Enilda Reyes, sino que reintrodujo al doctor Pedro Romero Confesor, vetado desde el principio por su condición de dirigente del partido colorado.
A partir de ahí, el tranque pareció insuperable, por lo que se optó por aplazar la elección, convocándose una nueva sesión del Consejo para el jueves 24.
De acuerdo a las versiones que han trascendido, hay consenso para elegir a 10 de los 16 jueces de la Corte Suprema. Ellos serían Hugo Alvarez Valencia, Ana Rosa Bergés de Farray, Víctor José Castellanos, Eglis Esmurdoc Castellanos, Bernardo Fernández Pichardo, Julio Ibarra Ríos, Rafael Luciano Pichardo, Julio Aníbal Suárez y Margarita Tavárez y Subero Isa.
De los 28 candidatos restantes, después de la declinación de César Estrella Sahdalá y Ramón Morel Cerda, se consideran definitivamente vetados Mario Carbuccia Fernández, José Hernández Machado, José Aquiles Nina Encarnación y Brígido Ruiz. Miriam Germán Brito, sustentada básicamente por la doctora Ortiz Bosch, ha tenido el veto reformista. Amadeo Julián ha sido evadido por los reformistas, sin encontrar sólido respaldo en los perredeístas.
El presidente Leonel Fernández habría evadido respaldar a Norma Bautista de Castillo, esposa de un diputado del PRD, así como a Brígido Ruiz, Julio G. Campillo Pérez, Enilda Reyes y Dulce Rodríguez . Bajo consideración quedarían Bergés Cchupani, Bourget Frómeta, Guilliani Vólquez, Edgar Hernández Mejía, Luperón Flores, Sánchez Sanlley, Gabriel Santos y Wenceslao Vega. Se cree que Amadeo Julián podría ser aceptado, ya que no tiene un veto formal.
De los 10 en que habría algún nivel de consenso, ocho figuraron preponderantemente en las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil.A ninguno se les reconoce militancia en partidos políticos, aunque varios han sido activamente promovidos por delegados de los tres partidos mayoritarios.
Siguen las negociaciones
Tras el fracaso del jueves último, han proseguido los contactos entre los delegados al Consejo de la Magistratura. Por lo menos se ha publicado que la senadora perredeísta Milagros Ortiz se reunió durante el fin de semana con el Presidente Fernández y con dirigentes reformistas, tras lo cual ha vuelto a expresar optimismo de que pueda haber un consenso para una Suprema Corte bastante aceptable, ya que hace tiempo que se descarta la ideal.
El viernes, la senadora perredeísta emitió una declaración escrita, en la que se reflejaban preocupaciones. Advertía que el Consejo debe “superar dificultades, evitar sorpresas y crispaciones que la sociedad dominicana no necesita”. Agregaba que el consenso debe buscarse “en beneficio de una justicia honesta, trabajadora, independiente y ausente de reparto, porque el acuerdo compartimentalizado podría perjudicar el resurgimiento del Poder Judicial y la creación del clima de confianza en que debemos sepultar un pasado de dudas y suspicacias”. Terminaba expresando su esperanza de que esta semana, con la presencia en el país de los líderes nacionales que más han contribuído al desarrollo de la democracia, ”será propicia para la reflexión y las decisiones a que aspira la nación”.
Los que pueden perder
Evidentemente que la opinión pública no ha cifrado sus esperanzas de una Suprema Corte a la altura de sus reclamos en la decisión de los reformistas. Ellos han controlado la justicia durante décadas, y parecen interesados en mantenerlo. Se afirma, incluso, que en las últimas semanas, fruto de varios sometimientos por corrupción en el pasado gobierno, han aumentado su empeño en lograr una buena tajada de los jueces. Ellos ganan con la manipulación.
Quienes tienen más que perder entre los delegados, no son los dos representantes de la actual Suprema Corte, aunque el doctor Julián ha sido de los pocos rescatables de ese desastre. Los que más podrían perder de una nueva frustración judicial son el Presidente Fernández y la senadora Ortiz Bosch. De ellos es que mayores esfuerzos se esperan para que los jueces supremos estén a la altura de las expectativas.
El otro delegado, el perredeísta Peguero Méndez, que preside la Cámara de Diputados, no tiene el reconocimiento nacional para que pueda perder mucho, aunque sí podría ganar, si contribuye a lo mejor.
Una vez más las circunstancias han colocado a los líderes del PRD y el PLD en la posibilidad de concertar para hacer avanzar la institucionalidad democrática. Una vez más están desafiados y bajo la observación de la sociedad dominicana. Quedan pocas esperanzas de que puedan sumar fuerzas en una misma dirección, pero todavía hay quienes creen en los milagros.
El Grito de Peña Gómez
Al respecto resalta el discurso bien moderado y conciliador del doctor Peña Gómez en la manifestación con que fue recibido el domingo 20 a su retorno al país. El líder perredeísta restó importancia a las alianzas electorales, a diez meses de los comicios, y a la luz de la realizada el año pasado por peledeístas y reformistas, que no llegó a la juramentación del gobierno y por lo tanto no ha servido para ayudar a la gobernabilidad ni al avance nacional.
Bajo el grito de alianza electoral para qué, Peña Gómez propuso en cambio una concertación para enfrentar los grandes problemas nacionales de la educación, la salud, el medio ambiente, y para decidir sobre las reformas fiscales, económicas y electorales, muchas de ellas en forma de proyectos de leyes en manos del Congreso Nacional.
El llamado de Peña Gómez, sintonizado con planteamientos recientes del presidente Fernández y por el clamor de la opinión pública, será sometido a prueba esta misma semana en el Consejo de la Magistratura. Lo ideal es que la concertación incluya al Partido Reformista, pero si no es posible que por lo menos se manifieste entre los dos partidos fundados por el profesor Juan Bosch.
Un fracaso en la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia conllevaría un serio revés para la propuesta renovada por el líder perredeísta.
Absurda propuesta
Lo que nadie ha defendido, y parece más bien una bola de humo para desvíar la atención del clamor institucional en la elección de la Suprema Corte y de la necesidad de reformas a la ley electoral para democratizar las elecciones y evitar el arrastre, es la propeusta del doctor Balaguer para que se instaure un sistema de ternas para los comicios congresionales y municipales del próximo año.
Tal vez por cortesía, varios voceros políticos han considerado “interesante” el plan del caudillo reformista. Pero nadie ha tomado en serio el asunto.
Y es que basta considerar que en el Distrito Nacional, por ejemplo, hay actualmente 31 diputados y 62 regidores. Si por cada partido se presentan tres candidatos, en la boleta congresional cada partido inscribiría 93 candidatos a diputados. Si compiten 5 partidos, la boleta tendría que soportar 465 nombres. El doble para la boleta municipal. Y si actualizan el número de diputados y regidores en función del último censo, en el DN habría que escoger unos 45 de los primeros y 90 de los últimos.
¿Cómo van los analfabetos a escoger entre tantos nombres?¿Cuánto tiempo se necesitaría para que cada elector escogiera? Y cuántos días se pasarían realizando los cómputos, con las consiguientes dificultades, alegatos y dudas fundamentadas.
Es obvio que tal propuesta es impracticable. Sólo tendría sentido para el senador en cada provincia y el síndico municipal. Y desde luego, contrario a lo dicho por el doctor Balaguer, ello no disminuiría la campaña interna. Incluso la podría incentivar. Por ejemplo, si ya hay 12 perredeístas aspirando a la sindicatura del DN, podrían ser más si supieran que no sería uno el escogido, sino tres.
El fundamento de la propuesta balaguerista es “la necesidad de preservar y fortalecer nuestros partidos políticos…de que las organizaciones a las que pertenecemos puedan perpetuarse para que continúen como garantes de la estabilidad democrática del país”. Es obvio que el nonagenario caudillo no sintoniza con los reclamos de la sociedad, recogidos en parte en el proyecto de reformas electorales sometido por la Junta central Electoral, de garantizar al elector la posibilidad real de escoger. Lo que pide la sociedad es mayor protagonismo ciudadano, ejercicio real de la democracia, no perpetuación de los grupos políticos, responsables en mayor o menor medida del atraso del país. –