Las vicisitudes de la reforma electoral

Por Juan Bolívar Díaz

       Con la reconstitución de la Junta Central Electoral (JCE), materializada durante la última semana como fruto de una concertación entre los partidos mayoritarios, se despeja otro grado el curso hacia las elecciones congresionales y municipales programadas constitucionalmente para mayo de 1998.

      Pendiente queda determinar si los líderes políticos serán capaces de lograr acuerdos también en torno al proyecto de reformas a la ley electoral, aunque la división en distritos electorales que instituiría ya no podrá ser aplicada en los próximos comicios, por falta de tiempo al decir del nuevo presidente del tribunal electoral.

      Mientras, los partidos concentran su atención en la selección de precandidatos para antes de que termine este año proceder a las nominaciones, muchas de las cuales quedarán sujetas a cambios por efecto de alianzas electorales, necesitadas sobre todo por el Reformista Social Cristiano (PRSC) y en segundo lugar por el de la Liberación Dominicana (PLD)

Bonnelly presidente

      Aunque había una preconcertación, al menos entre el PRSC y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), desde cuando se produjo la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, fue precisa la mediación de la Iglesia Católica para que estos y el PLD lograron ponerse de acuerdo en la selección de dos nuevos jueces electorales e igual número de suplentes.

      El PRD promovió que se ascendiera al doctor Juan Sully Bonnelly a la presidencia de la JCE y se escogiera al doctor Salvador Ramos, como su suplente. El PLD propuso al doctor Cirilo Collado Luna, como juez titular, y a su suplente el doctor Miguel Arcángel Vásquez Fernández. El PRSC señaló el otro nuevo titular, el doctor Alejandro Asmar Sánchez.

      En general se trata de abogados sin militancia partidaria y considerados serios en el ejercicio profesional. Se hizo justicia al promover a Bonnelly a la presidencia, pero no así con los suplentes Luis Arias, Rafael Cáceres Rodríguez y Francisco Díaz Morales, que aunque se integraron activamente a los trabajos del pasado proceso electoral, no fueron reconocidos por los partidos a la hora de sus negociaciones.

      Juan Sully Bonnelly es un abogado maduro, hombre trabajador y afable que lleva con orgullo el legado jurídico de su padre el licenciado Rafael F. Bonnelly, ex-presidente del Consejo de Estado que en diciembre de 1962 auspició una de las primeras elecciones libres de la historia nacional, de las cuales emergió como presidente de la República el profesor Juan Bosch. Aunque las simpatías políticas de los consejeros estaban en la Unión Cívica Nacional, no trataron de cambiar el curso de los comicios ni maniobraron para entorpecer el ascenso del nuevo gobierno.

      Entonces, en febrero de 1963, el PRD fue tan sectario y hasta torpe que evadió, por expresa disposición de Bosch, ni siquiera invitar a Bonnelly a la juramentación presidencial. Tres y media dácadas después, correspondió a los perredeístas proponer la candidatura de Juan Sully Bonnelly, distante de los compromisos partidarios, para presidir el tribunal electoral.

Ahora las reformas

      Reconstituída la JCE, no sin que antes los senadores reformistas “reivindicaran sus derechos”, haciendo comparecer al Congreso a los propuestos por los partidos, la atención política parece centrada en las reformas electorales propuestas hace un año por el tribunal electoral que presidía el doctor César Estrella Sahdalá.

      De entrada el doctor Bonnelly expuso públicamente lo que ya era casi un consenso en el seno del organismo: que no queda tiempo para implementar los distritos electorales para la elección de diputados y regidores, que es una de las más importantes reformas contenidas en el proyecto.

      De las cuatro reformas más trascendentes, entre las propuestas, hay otra, la del voto de los dominicanos residentes en el exterior que sólo está concebida para las elecciones presidenciales, lo que implica que no estaría en juego para el próximo año. El financiamiento de los partidos políticos y la cuota del 30 por ciento de las nominaciones a cargos congresionales y municipales para las mujeres quedarían pendientes de aplicar para mayo próximo.

      Si el Congreso no se apresura, lo de la cuota de las mujeres se quedaría también para el futuro, dado que los partidos ya están en el proceso de selección de candidatos. El paso de la hicotea, puesto en marcha con el proyecto de reformas electorales por la Comisión de Justicia del Senado que durante 12 meses no ha podido ni siquiera rendir el informe correspondiente, podría tener el fruto de limitar o impedir reivindicaciones políticas ampliamente respaldadas por la opinión pública.

El financiamiento sí      

      Si la opinión pública y la sociedad civil se descuidan, cuando vengan a ver se habrá aprobado una reforma electoral tan parcial que su único fruto sería el del interés partidario: instituir el financiamiento de las campañas electorales con fondos del presupuesto nacional. Ese es la parte del proyecto que más consenso ha tenido entre los legisladores. Tanto entusiasmo ha despertado que las diferencias estriban en que algunos consideran que el financiamiento debe ser mayor que el propuesto por la JCE en su proyecto.

      Aunque tanto el PRD como el PLD se han manifestado reiteradas veces de acuerdo con las líneas básicas del proyecto, sus legisladores poco hicieron en los meses pasados para materializarlas. Recientemente el doctor José Francisco Peña Gómez instruyó a los legisladores perredeístas para que buscaran su aprobación y por una iniciativa de estos la pieza fue hecha propia por la Cámara de Diputados que la sometió a estudio de una comisión.

      La elección de los diputados y regidores por distritos electorales podría ser la reforma más trascendente, porque transferiría a los electores un mayor protagonismo en la elección de sus representantes, disminuyendo el poder de las cúpulas partidarias en la selección de candidatos que son electos por arrastre y en consecuencia deben más a los partidos que los colocan en posiciones electivas que a los electores que les confieren el voto.

      Los reformistas han sido los más renuentes a las reformas electorales. El presidente del Senado, Amable Aristy Castro, llegó a proclamar meses atrás que ese proyecto no sería aprobado porque era muy “conflictivo”, sin hacer la más mínima gestión para que fuera conocido democráticamente por esa cámara, donde fue introducido.

      El financiamiento de los partidos tiene ahora mismo mayores simpatías entre los opositores. Los perredeístas han sido francos, al señalar su interés en la materia, aduciendo que el financiamiento para elecciones congresionales y municipales será mucho más difícil que para las presidenciales, y que en tal circunstancia el partido de gobierno tiene una ventaja relativa, por las ventajas que confiere el uso del poder.

Facultad a la JCE

      Hay quienes creen que la división por distritos electorales no será tan difícil, excepto en el Distrito Nacional y que con voluntad política podría acordarse en cuestión de semanas, siguiendo los resultados del censo de población de 1993. E incluso aplicándolo por número de mesas electorales.

      Obviamente, la JCE hubiese preferido mucho más tiempo para reducir los riesgos de errores o conflictos. Una posición prudente en extremo es lo que hace prevalecer el criterio en su seno de que para los distritos electorales en mayo próximo ya no hay tiempo.

      Eso no puede utilizarse como pretexto para bloquear la aprobación del proyecto de reformas. Basta con que se le introduzca un artículo transitorio, donde se otorgue facultad a la JCE para poner en vigencia ese aspecto, cuando lo estime posible, o a partir de las elecciones congresionales y municipales del 2,002. De hecho, la votación de los residentes en el exterior ya está condicionada, en el proyecto, al momento en que la JCE considere viable su ejecución.

      Las próximas semanas pondrán a prueba el proyecto dela JCE, puesto que el tema está en la agenda de la concertación que tiene como padrino principal al Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, y dado que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD y su líder se comprometieron a impulsarlo.

      Entre tanto, ya el presidente de la JCE advirtió que en los comicios próximos se aplicarán los resultados del último censo poblacional, con lo cual habrá 27 diputados y 80 regidores adicionales. En el DN se elegirán 13 diputados más para un total de 44. La boleta los venderá al por mayor, junto con el Senador. Es decir que se volverá a votar por partido, no por representantes.

Desean alianzas

      Los partidos mayoritarios están inmersos en el proceso de selección de precandidatuos, y ya el PLD ha anunciado que sus nominaciones serán el 7 de octubre, en tanto el PRD las programa para el 26 del mismo mes. Los reformistas están un poco más atrasados en el proceso, aunque se están moviendo a partir de la constitución de la comisión de tres que dirige el proceso reorganizativo y de preselección de candidatos.

      La circunstancia de que esta vez la elección congresional y municipal sea separada de la presidencial, por primera vez en los tiempos modernos, conlleva mayor cuidado de los partidos a la hora de seleccionar candidatos. La tendencia será a escoger mejores candidatos.

      Sin embargo, las alianzas que se acarician podrían revigorizar el voto de arrastre por partidos. Los tres mayoritarios han estado contemplando la posibilidad de acuerdos electorales, especialmente el PRSC que parece el más nbecesitado de ello, y el PLD, que requiere cambiar considerablemente su corelación de fuerzas en el Congreso Nacional. Ellos han arrastrado a sectores perredeístas a plantearse alianzas, hasta con sus antagonistas del reformismo.

      Los resultados de encuestas que se han realizado en los últimos meses por encargo de instituciones privadas y partidos políticos, indican que el que tiene mayores probabilidades de un papel exitoso sin alianza es el perredeísmo, y que el más necesitado es el reformismo, urgido de evitar ser ratificado como el tercer partido del sistema electoral.

      Encuestas que han sido vistas por analistas, aunque sin autorización de publicar cifras, colocan al PRD por encima del 40 por ciento en intenciones de votos, o creencia de que “es el que va a ganar”, al PLD cerca del 30 y al PRSC muy lejos, por debajo del 10 por ciento.

      Tanto el PLD como el PRSC han expresado públicamente su vocación para las alianzas. En el liderazgo perredeísta se teme a una reedición del Frente Patriótico, que no se debe descartar, aunque resulte más oportunista que la alianza de 1996, a la luz de la distancia que han guardado esos partidos desde antes del inicio del actual gobierno. Pero al moenos en las actuales circunstancias, al perredeísmo no le iría mal ocupando solo el espacio de la oposición.

      Las posibilidades de alianzas será tema de debate por largos meses, hasta que llegue el límite para inscripción de pactos ante la JCE, que vence tres meses antes de las votaciones. Mientras se puede creer que muchos de los nominados de estos días y de los candidatos de los próximos dos meses, serán temporeros, sujetos a pactos polìticos.-