Por Juan Bolívar Díaz
El consenso logrado hace más de un mes por los partidos mayoritarios en torno al proyecto de modificaciones a la Ley Electoral 5884 reduce los alcances democratizadores de la propuesta introducida al Congreso Nacional por la Junta Central Electoral (JCE) hace 13 meses, lo que junto a otras manifestaciones recientes expresa una dicotomía entre el sistema partidista y las aspiraciones de la ciudadanía.
Fuentes de la JCE indican que los jueces pasaron la última semana elaborando una serie de observaciones a los acuerdos pactados por los tres principales partidos políticos nacionales, las cuales serían hechas públicas a principios de esta semana, lo que se reflejaría en una nueva dilación en el proceso de aprobación de las reformas.
De hecho, el retraso del Congreso en conocer la propuesta de la JCE determina que sólo lo concerniente al financiamiento estatal de los partidos políticos entraría en vigencia para los comicios del próximo año, relegando otras aspectos básicos que han contado con la simpatía mayoritaria de la sociedad dominicana.
Tiempo perdido
Cinco fueron las principales reformas identificadas en el proyecto sometido al Congreso en septiembre de 1996, tras un arduo trabajo de la JCE, entonces predidida por el doctor César Estrella Shadalá: la creación de circunscripciones o distritos electorales, la cuota del 30 por ciento de los puestos electivos para las mujeres, el voto de los dominicanos residentes en el exterior, la liberalización de las condiciones para el reconocimiento de partidos políticos y agrupaciones independientes, y el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos.
De hecho, el tardío acuerdo de los partidos sólo implementaría de inmediato el financiamiento, que extienden a todos los años, no sólo a los elecciones, y modifican las proporciones en detrimento de los agrupamientos políticos minoritarios.
Aunque aprueban la elección de diputados y regidores por distritos electorales, lo han relegado para los comicios del 2,002, ya que se agotó el tiempo que era preciso para ponerlo en vigencia en los del próximo año.
Se ignora si en definitiva lograron consenso en torno al voto de los dominicanos residentes en el exterior. Los reformistas han sido renuentes a esa reivindicación. Su delegado electoral Juan Esteban Olivero, llegó a aducir que ello se podría prestar para fraudes. En cualquier caso, ya voceros partidarios avanzaron que eso requeriría mucho tiempo, dado que tendría que iniciarse un registro de electores, por lo que lo descartan para las elecciones presidenciales del año 2,000.
La cuota mínima de postulaciones para las mujeres fue reducida del 30 al 25 por ciento, pero como ya los partidos están escogiendo sus candidatos y el proyecto no ha sido convertido en ley, se teme que tampoco pueda ser aplicada en los comicios de 1998, quedando relegada para dentro de cuatro años.
Observaciones de la JCE
La quinta reivindicación, referente a las condiciones para el reconocimiento de nuevos partidos, fue virtualmente revocada por el consenso partidario. El proyecto de la JCE buscaba reducir la condición actual de tener local abierto en más de la mitad de los municipios del país. Como pasan de 110, es virtualmente imposible que un nuevo partido comience con más de medio centenar. La propuesta de JCE lo redujo a la zona urbana de cada uno de los municipios cabeceras de provincias y del Distrito Nacional, es decir a 30, casi a la mitad. También pretende reducir el respaldo del 5 al 2 por ciento de los votantes en las últimas elecciones presidenciales, como condición para el reconocimiento de nuevos agrupamientos partidarios, lo que tampoco cuenta con el beneplácito del consenso tripartito.
Esta es de las observaciones que la JCE se proponía hacer al consenso de los partidos mayoritarios. De hecho, como las autoridades electorales han actuado desde 1995 con estricto apego a la ley, casi todas las solicitudes de reconocimiento de partidos y agrupaciones independientes han sido rechazadas. Es virtualmente imposible que nadie las llene a plenitud, lo que significa que en la práctica, la legislación cierra la posibilidad de nuevos partidos, lo que es antidemocrático..
Entre los jueces electorales primaba también el rechazo a la pretensión de los partidos mayoritarios de obtener un financiamiento anual y a la proporción en que plantean su repartición. Aunque, para la fuente informativa, no era seguro que este aspecto prevaleciera en el planteamiento que se redactaba.
Lo inaceptable
Si en algo ha habido absoluta unanimidad entre los cinco titulares de la JCE y hasta en los suplentes participantes es en rechazar la propuesta de los partidos de que la designación del personal administrativo del organismo pase por previas consultas con sus delegados ante el mismo.
La fuente señaló que esa condición era absolutamente inaceptable, y que algunos de los jueces dijeron que preferían abandonar sus puestos a delegar en los políticos las responsabilidades administrativas del máximo organismo electoral. Se dijo que el rechazo a este asunto estaba siendo redactado en términos que no dejarían la más mínima duda y que obligaría a los dirigentes de los partidos envueltos en la búsqueda de consenso a reunirse nuevamente para reconsiderarlo.
La JCE estaría, incluso, dispuesta a apelar a las diversas instancias de la sociedad para buscar respaldo en su decisión de defender su autonomía administrativa. Entienden que de esa forma impiden que los partidos pretendan posteriormente repartirse cuotas de funcionarios y empleados, lo que haría más delicada la administración electoral en el futuro.
Otro asunto que genera prepocupación en la Junta Central Electoral es la decisión de los partidos de promover una nueva cedulación para los comicios presidenciales del 2,000. Los jueces estarían de acuerdo con un documento más seguro, como el que se plantea ahora, que el gobierno y los reformistas rechazaron en 1992. Pero entienden que hará más difícil y costosa la organización de los comicios a celebrarse dentro de dos años y medio. Y temen que muchos ciudadanos no vuelvan a cedularse apenas a cuatro o cinco años de haberlo hecho.
Caminos paralelos
Si a lo referente a las reformas electorales se le agregan las denuncias de que los dos partidos mayoritarios de oposición concertaron un listado de candidatos a jueces y que lo habrían hecho llegar a la Suprema Corte de Justicia, más la propuesta de elegir una asamblea constituyente por paquete al igual que diputados y regidores, se llega a la conclusión de que las expectativas de los partidos y de la ciudadanía andan por caminos paralelos.
Esa denuncia generó un fuerte rechazo de numerosas instituciones de la sociedad civil y de la opinión pública en general, que la consideran un nuevo intento partidista por seguir repartiendo los empleos y funciones públicas atendiendo a intereses clientelistas, o como forma de agenciarse apoyo o simpatías en sectores independientes.
Tampoco ha ganado apoyo en la Sociedad Civil, aunque sí en la Sociedad Política, la propuesta del doctor José Francisco Peña Gómez de elegir representantes para una asamblea constituyente, como suplentes de diputados o en una boleta adicional en los comicios de mayo próximo.
De hecho, numerosos organismos de la Sociedad Civil hacen esfuerzos por concertar una respuesta al planteamiento del líder perredeísta, acogiendo la idea de que la reforma constitucional se encomiende a una Asamblea Constituyente elegida al respecto, pero con posibilidad de elección individual y no exclusivamente en los listados de los partidos.
El politólogo Rafael Toribio, dirigente de Participación Ciudadana ya expuso por televisión el domingo último el criterio de que una elección de constituyentes en la forma que ha planteado Peña Gómez implicaría una cooptación de los dirigentes de la Sociedad Civil por parte de los partidos políticos, lo que por demás inhibiría a muchos dirigentes sociales, que no quieren confundir su papel con el de los dirigentes y militantes partidarios.
Papeles diferentes
Entre muchos dirigentes políticos predomina la suspicacia en torno a la misión de la Sociedad Civil. No es el caso del doctor Peña Gómez que teóricamente la ha valorado, aunque en el caso de la Asamblea Constituyente, plantea su cooptación por los partidos. Hay quienes creen que detrás de cada dirigente social se esconde un aspirante a dirigir la cosa pública o a cargos electivos. Se les daría la razón si se acepta esa forma de participación de la Sociedad Civil.
En la medida en que los dirigentes cívicos pasen a engrosar las listas de candidatos de los partidos, estarán debilitando la misión y representación de los organismos no partidarios, y produciendo una confusión que reducirá la lucha democrática al clientelismo partidario. La tendencia universal hoy día es que los partidos prevalecen en la búsqueda del poder y los estamentos de la Sociedad Civil son una compensación, un equilibrio democrático.
Los partidos serán más democráticos en la medida en que interpreten el clamor del conjunto de las organizaciones sociales. Tienen una oportunidad en la solicitud de Participación Ciudadana, llevada la semana pasada hasta la JCE, para que se disminuya el arrastre en las elecciones del próximo año, permitiendo que se pueda elegir por separado los senadores de los diputados y los regidores de los síndicos, aunque sea sólo con dos boletas como ya decidió la JCE en consulta con los partidos. Es decir, marcando dos veces en cada boleta.
Esta propuesta, respaldada por el Listín Diario, no requeriría mayores complicaciones en su implementación. Si acaso fuerea necesario, una pequeña reforma al artículo 90 de la Ley Electoral que postula “candidaturas indivisibles” en el nivel provincial -senador y diputados- y en el municipal, correspondiente a síndico y regidores.
No se ve ninguna razón para que los partidos no acojan esa propuesta, teniendo en cuenta el clamor nacional contra el arrastre en las elecciones, que de todas formas obligará a los electores del Distrito Nacional a “comprar al por mayor” 43 diputados y unos 80 regidores en los comicios de mayo venidero.-