El deterioro político e institucional, preocupa seriamente a la sociedad

Por Juan Bolívar Díaz

            Después del desenlace de la disputa por la Liga Municipal Dominicana y la concentración de las tensiones hacia la Junta Central Electoral se ha generalizado el criterio de que la nación está sumida en una peligrosa crisis política que de no ser contenida tendrá graves implicaciones institucionales que podrían conllevar un retroceso en los avances democráticos de los últimos años.

            Aunque con pocas ilusiones y muchas frustraciones, crece en la sociedad dominicana un cuestionamiento al partidismo político y a la actual gestión de gobierno que registra tasas de desaprobación casi sin precedentes, expresión de lo cual fue el llamado del Cardenal López Rodríguez para que la Sociedad Civil forme un movimiento de contención y reclamos.

            Por falta de madurez y coherencia de dirigentes del principal partido de la oposición, pero sobre todo por el afán del gobierno por sobreponer el presidencialismo al veredicto de las urnas que nos condenó, al menos por 4 años, a la independencia de poderes, la convivencia política ha devenido en un enconamiento estéril que subordina completamente los grandes objetivos nacionales y las demandas sociales.

Grave preocupación

Las preocupaciones sobre el destino inmediato del país se han expresado dramáticamente en los últimos días, en términos que no han sido recogidos por los medios de comunicación ni voceados, tanto por miedo como por la falta de ilusiones y de alternativas al pragmatismo y la falta de ética que infestan la actividad política y de gobierno.

Aunque muchas instituciones han evadido -empiezan a sentir temores- una condena explícita de la actuación gubernamental en el conflicto de la Liga Municipal que culminó con un golpe policial a la autonomía y la institucionalidad municipal, la realidad es que la preocupación está generalizada. En otros ámbitos se trabaja por la conformación de un foro de la sociedad civil que reclame el respeto a los procedimientos democráticos, a los principios constitucionales y al imperio de la ley.

Por lo menos tres conciertos de dirigentes e instituciones sociales convergieron la semana pasada en la necesidad de aunar esfuerzos y sacudir conciencias antes que el desbordamiento arrase con los avances institucionales de los últimos años. Las preocupaciones se extienden hasta la suerte no sólo de la Junta Central Electoral, sino también del Congreso Nacional y de la Suprema Corte de Justicia.

Puede que haya exageración y hasta temores infundados, así como informaciones alarmistas, pero en los últimos días se cuenta por lo bajo sobre numerosos planes y conspiraciones. A ello han contribuido no sólo el abierto uso de la fuerza policial y recursos estatales para imponerse en la LMD y el cerco de algunas horas al Congreso Nacional, sino también las advertencias públicas de dirigentes de la alianza PLD-PRSC de que el próximo objetivo es la Junta Electoral.

A ello hay que sumar el recrudecimiento de la posición reformista que no ve más alternativa en el tribunal electoral que la plena renuncia de todos sus titulares, aunque fueron designados legítimamente por el Senado.

Aparentemente envalentonados, lo mismo que algunos dirigentes del PLD, se responde con el todo o nada la propuesta perredeista, concretada en un proyecto de ley, de elevar a 7 los jueces electorales, como forma de transacción ante el tranque en la JCE. Buena o no, hay que reconocer al PRD algún grado de disposición a la transacción, Como la mostró también con su propuesta de que un grupo de notables asumiera la organización de la asamblea general, para evitar la división de la LMD. Lo mismo ocurrió antes del 16 de agosto pasado, cuando buscó con el gobierno y el PRSC algún nivel de concertación programática que evitara el enfrentamiento. En todos los casos la alianza bipartidista ha persistido en la línea de confrontación.

El grito del Cardenal

En los últimos días el Cardenal López Rodríguez viene endureciendo sus críticas al sistema de partidos, pero también al gobierno, al que se responsabiliza en gran proporción de los enfrentamientos, por comisión y por omisión. Lo recogido por los diarios del lunes 8 coincidió con los sentimientos expresados en los días anteriores por decenas de dirigentes de organizaciones sociales, comunitarias y de base, incluyendo a numerosos sacerdotes y monjas. Un encuentro de reflexión celebrado el sábado en el Centro Bonó de los jesuitas fue explícito sobre el particular.

De allí salió el compromiso de trabajar intensamente para buscar detener el curso de la crisis política, buscando algún escenario donde se pudiera sentir la acción de varias redes de organizaciones de los diversos estamentos de la Sociedad Civil.

El domingo el Cardenal-Arzobispo planteó que “no podemos continuar en este proceso de deterioro cada día más grave”, al plantear un movimiento, una actividad rápida pde la Sociedad Civil para reclamar al mundo político, “tanto al gobierno como a los gobernados, que ponga orden y revise sus actitudes y actuaciones”.

Para ser más gráfico, el purpurado católico advirtió sobre el deterioro de la institucionalidad y el respeto al estado de derecho, llegando a indicar que “hace falta que sepamos que no todos somos idiotas, que estamos observando este asunto con preocupación y que no nos da igual que el país esté bien, que esté en la forma en que se está conduciendo”. Dijo también que el estado de derecho está herido con frecuentes violaciones acompañadas de gran desparpajo.

Entre dirigentes de la Sociedad Civil se cree que el llamado de Monseñor López Rodríguez podría influir en importantes instituciones empresariales y sociales que, aunque han expresado preocupación, han optado por tímidas reprobaciones generalizadas, reduciendo el enfrentamiento de poderes y el abuso del poder a simples querellas interpartidarias. Se ha temido que tales actitudes contemplativas alienten a los sectores radicales que estarían empeñados en aprobar la resistencia de la sociedad dominicana al regresionismo político.

                             Orígenes de la crisis

En el encuentro del Centro Bonó, moderado por el antropólogo, sociólogo y sacerdote Jorge Cela decenas de dirigentes sociales reconstruyeron los orígenes de la crisis política, partiendo de la supervivencia de una cultura autoritaria y presidencialista, el monopolio de los partidos en las decisiones nacionales, la herencia balaguerista, la intolerancia política, la corrupción como forma de gobierno, a la falta de un proyecto común de los sectores de poder y las persistentes debilidades de la Sociedad Civil dominicana.

Fueron señalados también factores coyunturales como la muerte de José Francisco Peña Gómez que dejó al PRD en la incoherencia y las disputas por su liderazgo, así como el coaso de los demás líderes tradicionales.

Como fuente importante de la crisis fue registrado el resultado de los tres últimos comicios: Los fraudulentos de 1994, los presidenciales de 1996 y los congresionales y municipales del año pasado. Cuando Leonel Fernández asume el gobierno en 1996 su partido es minoría en el Congreso (14 diputados y un senador) y no controlaba ni uno de los 115 municipios. En 1998 el electorado concentra el control de ambos poderes en el PRD, dejando en la orfandad al PRSC y al PLD sólo con el Ejecutivo.

Ello coincide con un escenario de reformas del cual sale una Suprema Corte independiente, como nunca se había visto en la nación, en aptitud y actitud de dictaminar acorde con los principios jurídicos, independientemente de que convenga o no a los intereses de quienes ejerzan el Poder Ejecutivo. Es decir que el presidencialismo había quedado de golpe y porrazo sin parte de su base de sustento, que era la subordinación sino el control de los demás poderes del Estado.

Con miras a las elecciones del 2000, el partido de gobierno se propone reeditar el Frente Patriótico de 1994, haciendo predominar el presidencialismo por encima del veredicto del electorado en relación al Congreso y los municipios. De ahí la reunión del presidente Fernández con el caudillo Joaquín Balaguer el 14 de julio, y la convocatoria extraordinaria del Congreso el 27 del mismo mes del 1998, que trató de modificar el estatus de la justicia, improvisando una ley de carrera judicial que eliminaba la inamovilidad de los jueces y los fracasados intentos de reformar la Constitución para restablecer la reelección presidencial, reunificar las elecciones y hasta prolongar el período de los anteriores legisladores.

Los analistas no dejaron de apuntar entre los orígenes de la crisis política, el marco universal de ausencia de ideologías y reducción de la importancia de los programas y los proyectos, que tiende a igualar los partidos y a concentrar el debate en los intereses puramente partidarios e individuales, dentro de un pragmatismo salvaje que avasalla los principios éticos y fomenta el clientelismo político y la corrupción.

Terrible desaprobacion

            La encuesta que empezó a publicar el Listín Diario el lunes 8 arroja una terrible desaprobación de la ciudadanía a la gestión de los poderes del Estado, en términos que deben ser considerados alarmantes y comprobatorios de la ausencia de ilusiones y la indiferencia que se advierte en importantes segmentos poblacionales.

            Según la investigación de la firma española Sigma Dos, entre 1200 ciudadanos y ciudadanas que no militan en partidos políticos, el 70.6 por ciento se manifestó poco o nada satisfecho con la gestión del gobierno, porcentaje que se redujo un poco, al 56 por ciento, con la del propio presidente Leonel Fernández. La desaprobación al desempeño del Congreso alcanzó al 62 por ciento y al 50 por ciento global en relación al manejo de los municipios. La institución que menor tasa de insatisfacción registró fue la Junta Central Electoral con un 48 por ciento.

            Esas tasas de desaprobación no pueden sorprender a los observadores desapasionados con algún instrumental de análisis. Es que lo que se escucha por radio y televisión y se ele en los periódicos, lo que se percibe por todas partes es un terrible sentimiento de insatisfacción y frustración. Y en muchos casos sin hace excepción de los actores responsables, lo que es más grave, puesto que nos deja sin grandes ilusiones ni expectativas de mejoría. Algo muy negativo en este casi alborear de un nuevo milenio.-