Por Juan Bolívar Díaz                        

             El escenario parece montado para el nuevo enfrentamiento interpartidario por el control del Comité Ejecutivo y la secretaría general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) en la asamblea general de municipios programada para el 26 de enero próximo.

            Por un lado la persistente alianza del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que intenta desconocer la realidad de que sus contrincantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ganaron las elecciones municipales de mayo pasado en el 83 por ciento de los municipios, 95 de 115.

            Del otro lado, los dirigentes perredeistas endurecen su lenguaje mientras amenazan con apelar al reglamento para vetar la candidatura del senador Amable Aristy Castro a la secretaría general de la LMD, estimando que no reune las condiciones básicas para desempeñar el cargo.

El escenario

            Con el ingeniero Julio Maríñez candidato perredeista a la reelección en la secretaría general de la LMD y el senador Amable Aristy Castro, aspirante oficial por los reformistas y extraoficial por el PLD, disputándole el puesto, el escenario está montado para el enfrentamiento.

            En puridad de ejercicio democrático no debería haber disputa, dadas las ventajas que tiene en los papeles el PRD. Aunque con 95 síndicos, perredeistas y sus aliados del Acuerdo de Santo Domingo, sólo controlan las salas capitulares de 73, (63 por ciento) según los numeritos de Maríñez. Sumados los regidores del PLD y el PRSC predominan en 42. Otra fuente le acredita un total de 47, con lo que sólo le faltarían 11.

            Los numeritos significan que para lograr el control del Comité Ejecutivo de la Liga, y por tanto de su secretaría general, encargado de ejecutar sus acuerdos y resoluciones, la alianza requiere revertir su desventaja en 16 municipios. A primera vista parece imposible, pero no lo es si hay de por medio muchos recursos, incluyendo el que proporciona el control del gobierno central y del presupuesto nacional.

            En la gran mayoría de esos municipios la diferencia es de un voto, lo que significa que basta “incentivar debidamente” a una veintena de regidores acuerdistas para conseguir el efecto. Es por eso que los perredeistas están denunciando sistemáticamente intentos de comprar votos, llegando al grado de crear un “Comando de Campaña”, integrado por altos dirigentes para distribuirse por todo el país la misión de invalidar la “avalancha de recursos” que ellos solo atribuyen al gobierno, pero de los que dispone también Aristy Castro.

            Otro recurso de “persuasión” denunciado por los perredeistas es la coacción, incluso encarcelamientos, intimidación de autoridades y hasta militarización, como ocurrió en la última reunión del Comité Ejecutivo de la LMD a mediados de noviembre, cuando la policía fue envíada para ocupar entradas y pasillos del organismo rector de los ayuntamientos.

¿Simple competencia?

            Ante una mayoría absoluta tan clara como la del Acuerdo de Santo Domingo en los municipios, no debería discutirse nada, en cualquier país con tradición democrática. Así lo determinó el electorado y se respetaría. Pero aquí es distinto. Y no se juega a conquistar votos en base a programas, calidad de candidatos, razones ideológicas u otro recurso ético de persuasión, que no son la fuerza del senador y cacique higueyano Aristy Castro.

            Lo que está en juego es la capacidad de comprar regidores para la selección de delegados o en último recurso a estos, o para intimidarlos. Cierto que para que alguien pueda comprar, tiene que haber una contraparte de venta. Aunque evocando a Sor Juana Inés de la Cruz se puede preguntar cuál es más corrupto, “aunque cualquiera mal haga, ¿el que peca por la paga o el que paga por pecar?”

El recurso de incidentar las reuniones de las salas capitulares ya ha producido enfrentamientos y elecciones paralelas en una decena de municipios, lo que se traducirá en problemas de instalación en la Asamblea General de enero.

            En esta ocasión, como ocurrió en agosto cuando la alianza gobiernista reformista mantuvo a Héctor Peguero Méndez en la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que parece en juego es la decisión de reducir al principal partido de oposición, sin importar los recursos a utilizar. Al fin y al cabo en la política dominicana hace tiempo se han legitimado todos, incluyendo la compra de cienciencias y aparentemente la generalidad los considera legítimos. De ahí que para muchos sectores la batalla de la LMD “es un simple problema entre políticos”, sin medir las implicaciones para la democracia del predominio de la corrupción y el arrebato.

Aristy Castro

            En todo caso queda la posibilidad de que Aristy Castro sea un candidato ideal para principal ejecutivo de la Liga Municipal, razón por la cual el PLD está dispuesto a respaldar sus aspiraciones, y que por lo mismo obtenga el apoyo de una parte de los regidores del Acuerdo de Santo Domingo.

            El hombre no debe ser subestimado. Ha sido un cacique eficaz y negociador en su provincia natal de La Altagracia, donde ha sido electo a senador en varias ocasiones consecutivas, con claras mayorías. En la última campaña electoral invirtió una suma multimillonaria. Entre otros recursos utilizó un centenar de vehículos de todas las categorías, según testimonio de un alto dirigente de su mismo partido.

            Su riqueza se origina en su calidad de comerciante y se ha afianzado en su condición de legislador. Se le ha involucrado en tráfico de tierras por sumas millonarias en dólares en las playas de Higuey, de alto valor turístico, en base a lo cual el dirigente perredeista Enmanuel esquea Guerrero habló de “expediente delincuencial”. Un expediente de la CDE le atribuye en 1994 haber asaltado el almacén de ese organismo. El mismo Aristy Castro aceptó que dispuso materiales para llevar electricidad a varias comunidades. En la aceptación no incluyó, desde luego, a fincas de parientes y relacionados.

            Amable Aristy es señalado como uno de los reformistas más decididos a la negociación con el gobierno del PLD, que en algún momento llegó a considerar la posibilidad de someterlo a la justicia, al igual que su colega de Pedernales, por el tráfico de tierras estatales en playas. Hay quienes atribuyen a ello su decisión concertadora, que se manifestó generosamente en la promoción de la reforma constitucional para reinstaurar la reelección presidencial, entre junio y agosto pasado.

Valor político

            El enfrentamiento por la LMD es esencialmente de valor político, aunque median unos 500 empleos que tiene el organismo. Pero en realidad maneja un presupuesto que en 1998 sumará unos 35 millones de pesos, según fuentes de la contraloría del organismo.

            La ley 176-97 establece que el 4 por ciento de los ingresos normales del Estado se destinan al financiamiento de los ayuntamientos. Pero también indica que sólo un 5 por ciento de lo recaudado por ese concepto (unos mil 100 millones en 1998) se queda en la Liga, y de esa fracción sólo el 40 por ciento puede utilizarse en asuntos administrativos. El resto queda reservado para pensiones y retiros, liquidación de personal y asistencia de emergencia a los cabildos.

Tan poco valor económico tiene la secretaría general de la LMD que hay quienes no entienden que Aristy Castro quiera cambiar por ella una curul de senador de la República. Con 95 síndicos en contra, muy poco puede hacer un secretario general de la Liga Municipal, que no sea dar un golpe político a un partido contrincante.

El golpe no sólo estaría en invalidar la gran mayoría perredeista, sino también en demostrar que sus militantes y dirigentes tienen un precio en el mercado de la corrupción, lo que disminuye la responsablidad de los compradores. Aún se trate de regidores que en su vida nunca hayan tenido en sus manos 100 mil pesos juntos.

Posible veto

            Los perredeístas amenazan con vetar la candidatura de Aristy Castro, basados en que ni es profesional universitario ni tiene la experiencia que requiere el cargo, al tener del artículo 45 del Reglamento sobre Organización y Funcionamiento de la LMD del 26 de enero de 1988. Ese texto dice que Para ser secretario general de la LMD se requiere ser dominicano, mayor de 25 años de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser profesional universitario o haber laborado durante 5 años en asunstos municipales”.

            El senador Aristy podría dar un palo si presenta un título universitario o una certificación de haber laborado más de 5 años en asuntos municipales, esto último algo ciertamente muy elástico, aunque la intención del legislador parece obvia. De presentarse una objeción se profundizaría el enfrentamiento y es posible también que se incidente la asamblea de enero. Habría otro espacio para retención de fondos por parte del Ejecutivo.

            Nada se debe descartar de aquí a la asamblea. No debe olvidarse que detrás de la candidatura de Aristy puede andar la mano maestra de Joaquín Balaguer, quien el 8 de agosto de 1978, apenas 8 dias antes de salir del gobierno, hizo aprobar la ley 904 que devolvió a la Asamblea General de la LMD la facultad de elegir su Secretario General. De esa forma privó al gobierno de Antonio Guzmán de la posibilidad de designarlo, como lo mandaba la ley 603 del 8 de febrero de 1965. Obviamente el síndrome del despojo persigue a los perredeístas desde el 25 de septiembre de 1963.-