Por Juan Bolívar Díaz
La relativa y rápida concertación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para facilitar la aprobación del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del gobierno central para 1999 fue todo un acontecimiento que marcó la última semana de noviembre y contribuyó a disminuir las tensiones políticas.
Analistas y observadores registraron también una reducción de la agresividad en el lenguaje del liderazgo político y hasta una tregua en el conflicto derivado de la elección de los jueces de la Junta Central Electoral (JCE).
A ello pudo haber contribuído el que la atención de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana y los principales funcionarios gubernamentales estaba concentrada en el plebiscito realizado el domingo 29, en el cual lograron evadir una derrota a manos de las bases y sectores peledeistas inconformes.
Buena oportunidad
El proyecto de presupuesto para 1999 por un monto de 44 mil 671.7 millones de pesos llegó en un momento en que no cabía más gartata ni encono en el sistema político dominicano. Había una sensación de cansancio sobre los enfrentamientos que algunos dirigentes políticos e influyentes legisladores registraron.
Se produjo una trega momentánea y el beligerante Rafael Peguero se comunicó con su colega en la presidencia del Senado, Ramón Alburquerque para proponerle la integración de una comisión bicameral para estudiar y discutir el proyecto de presupuesto con los funcionarios del área económica y de planificación del gobierno.
Bastaron tres reuniones para que se produjera el acuerdo. En p’rincipio, los legisladores se proponíoan introducir modificaciones por un orden que rondaba los mil millones de pesos, de acuerdo lo publicado por el Listín Diario del 23 de noviembre. Pronto se percataron de que el secretario Técnico de la Presidencia y el director de la Oficina Nacional de Planificación no estaban tan condescendientes.
En menos de una semana se llegó a un consenso, bastante cómodo para la posición oficial. Los legisladores se olvidarían de casi todas las “reivindicaciones presupuestales”, incluyendo hasta la de la Junta Central Electoral, cuyas finanzas podrían ser revisadas más adelante en el marco del acuerdo que de alguna forma se tendrá que producir para que concluya la nueva cedulación y organice las próximas elecciones. La Universidad Autónoma, la Plaza de la Salud y otras instituciones tendrían que esperar de la generosidad del gobierno, no de la del Congreso Nacional en manos del principal partido de oposición.
Sin alternativa
Nadie había sospechado el nivel de desprendimiento que mostraría el gobierno, y la resignación de los legisladores. Se transaron en p´rincipio por 60 millones de pesos de reforma, 30 para mejorar el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, 20 para el de la Cámara de Diputados y 10 para el Senado. Sobre el monto total, las concesiones gubernamentales ascendían a 0.13 por ciento, lo que debe ser un récord en negociación presupuestario en las democracias modernas.
Desde luego, la mitad de lo “reivindicado” beneficiaría a los mismos negociadores, o mejor dicho a los presupuestos de las cámaras legislativas. Incluso parece ser que luego el gobierno sería un poquito más generoso, elevando el de los diputados en 42 millones de pesos y en 21 millones el del Senado, para un total de 63 millones. Dicen que en esa dosis adicional de generosidad operó el la capacidad negociadora del inquieto presidente de los diputados.
Cuando se hizo la reformulación, los técnicos gubernamentales aprovecharon para ligeros cambios entre secretarías de Estado y dejaron caer su borona a la Cámara de cuentas, con 8 millones de pesos adicionales. La JCE seguiría mendigando atención, con desconcertante indiferencia de quienes la integraron en espíritu de enfrentamientos de poderes. Los ayuntamientos que sigan acariciando un aumento del procentaje de los ingresos ordinarios.
A observaciones al respecto, el presidente del Senado, Alburquerque, y el vocero perredeista en la Cámara baja, Fafa Taveras, dijeron que no había alternativa, que no podían abrir otro frente de enfrentamiento, que la sociedad estaba reclamando algún acuerdo, y que en definitiva ellos no tenían alternativa, ya que para modificar el presupuesto sin consentimiento del Ejecutivo se requiere las dos terceras partes, pero ni siquiera de los votos, sino de la matrícula de cada cámara. Imposible en la de los diputados.
Y si no aprobaban el presupuesto, mejor para el gobierno , que de esa forma aplicaría el mismo del año que concluye, y dispondría de más de 6 mil millones de pesos adicionales, que es la diferencia entre los dos años.
Algo es algo
Aunque el consenso fuera un poco forzado por las circunstancias y en realidad se produjeran ínfimas concesiones, el ambiente de esterilidad es tan grande, que la opinión pública lo recibió con alborozo, y el resultado fue de distensión. Era como que el sistema político estaba obligado a algún encuentro, a algún acuerdo que le permitiera oxigenar un poco el ambiente.
Ante el “ejemplo” que tenía por escenario el Congreso, los cañones verbales de los partidos disminuyeron actividad y se dieron una especie de tregua, que los más optimistas esperan que se extienda como para conocer los proyectos de reformas arancelarias y fiscales.
En alguna medida el curso de los acontecimientos ha dado la razón a Carlos Dore cuando planteaba que se declarara una especie de tregua en torno a las diferencias sobre la JCE y se intentara el consenso por el Presupuesto y los proyectos de reformas pendientes. El gobierno no acaba de entregar las partidas pendientes con el organismo electoral, pero abonó otro mes y hay quienes esperan que antes de concluir el año pueda ponerse al día.
A la distensión puede haber contribuído otra concertación, la que se produjo entre diversos ejecutivos de medios de comunicación y comentaristas de radio y televisión, convencidos de que “si quitamos importancia al tema de la JCE, baja la intensidad del fuego verbal y los políticos encuentran fórmula de acuerdo”. El acuerdo todavía no llega, pero llegará si la tregua se extiende varias semanas, a lo que podría contribuir el “espíritu navideño”, forma sublime de designar a las “comentinas y bebentinas” dicembrinas, alentadas por el doble sueldo, bonificaciones y fraternizaciones.
El plebiscito
Uno de esos impenitentes pesimistas que deambulan por esas calles de Dios alertó que la tegua podría ser muy efímera, argumentando que en alguna medida estaba determinaba por la concentración del esfuerzo oficial en el plebiscito que se realizó el último domingo de noviembre.
En algún momento hubo temor de que las bases peledeistas, cuya expresión más visible y consistente se viene encarnando en Franklin Almeyda Rancier, pudiera conferirle un revés a la “cúpula dirigencial” aportronada en el Palacio Nacional, que planteó el aplazamiento del Congreso de cada 4 años, que correspondía celebrar en 1998, hasta después de las elecciones del 2000, para evadir la posibilidad de una renovación del Comité Central.
Desde el Presidente Leonel Fernández -que personalmente acudió a dos encuenstros con dirigentes medios del Distrito Nacional, la mayoría de los funcionarios y legisladores morados tenían su atención concentrada en el plebiscito. Al comprometerse personalmente el primer mandatario con el aplazamiento, hubo mayores temores de que puidiera que producirse un desaire, y se trabajó más intensamente.
Como era de esperarse en un partido tan disciplinado y cerrado como el PLD, se atendió la petición del Presidente y su cúpula y las tres cuartas partes de los organismos se pronunciaron por el aplazamiento del Congreso y por tanto de la elección de nuevos dirigentes. También se aprobó el aumento de la matr´picula del Comité Central y dle Comité Político, a 150 y 16 miembros, respectivamente.
Mal camino
Los organismos de base del PLD se pronunciaron en contra de otras tres propuestas plebiscitarias. Por igual gran mayoría rechazaron que el Comité Central sea quien eliga al secretario general, que los actuales miembros suplentes pasen a miembros de pleno derecho, y que los intengrantes del Comité Político puedan ser titulares de las secretarías y otros organismos del partido.
Como se advierte, estos tres objetivos rechazados, estaban llamados a reforzar la concentración del poder del partido y a evaidr el voto de las bases. Ahora se supone que por lo menos tendrán que convocar a la elección del secretario general y de los 55 nuevos miembros del Comité Central.
El argumento fundamental para solicitar el aplazamiento del Congreso era que el partido no podría distraer su atención eligiendo dirigentes antes de las elecciones. Si se ratifica que el secretario general lo eligen las bases, y se rechaza elevar los suplentes al Comité Central, mientras se aumenta el número de los integrantes de éste, en la práctica se está convocando el Congreso.
En la práctgica qdue el PLD perderá el mismo o más tiempo entre el plebiscito primero y la elección de 55 dirigentes y del secretario general a consecuencia del voto de las bases. El argumento carecía de solidez, si se toma en cuenta que, hasta ahopra, las campañas internas en el PLD no han pasado de algunas semanas.
El temor a la renovación, a cierta rebelión de las bases, el deseo de mantener la hegemonía partidaria, sobre todo para la hora de decidir quiénes serán los precandidatos presidenciales, facultad del Comité Central, fue lo que determinó la solicitud de aplazamiento del Congreso.
De esa forma, el PLD ha entrado por un mal camino, ya transitado por el Partido Revolucionario Dominicano cuando llegó al poder, a partir de 1978, el de los aplazamientos de la renovación de sus cuadros dirigenciales, primer paso al resquebrajamiento de la democracia interna y efecto corrosivo del poder. El argumento siempre es el mismo, la necesidad de evadir pérdida de tiempo y enfrentamientos debilitantes. El resultado también es el mismo, concentración del poder de decisión y corrosión institucional.-