Por Juan Bolívar Díaz
En la medida en que crece la conciencia sobre las implicaciones negativas que tiene para la nación el clima de confrontación en que están envueltos desde hace dos meses los principales partidos y por consecuencia los poderes Ejecutivo y Legislativo, comienzan a bajar las tensiones, pero aún no parecen darse las condiciones para que se produzca un diálogo fructífero.
Las diligencias que realiza el rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, todavía no encuentran terreno fértil para la anhelada concertación política y social. A diferencia de lo que ocurría antes del 16 de agosto, ahora los renuentes son los perredeístas, mientras el binomio PLD-PRSC para más empeñado en la negociación, especialmente después del palo del PRD con la elección de los jueces de la Junta Central Electoral.
Aunque hay fatiga, decepción y hasta frustración en sectores de la Sociedad Civil, diversos estamentos de la misma siguen reclamando diálogo a los actores políticos y señalando que corresponde el gobierno, y en especial el Presidente Leonel Fernández, encabezar los esfuerzos por la concertación y el clima adecuado para la gobernabilidad democrática frustífera.
Vientos de tempestad
A muchos no se les ha olvidado que el clima de confrontación comenzó en los primeros días de julio, cuando llegaba a su fin la prórroga de la primera legislatura ordinaria del año, que debió ser la última del período congresional 1994-98, llamada a concluir el 24 de julio.
Ya a principios de ese mes, los perredeistas se habían retirado de las cámaras legislativas, denunciando intentos del binomio PLD-PRSC por aprobar a la carrera, sin ponderación ni búsqueda de consenso, numerosos proyectos de leyes. El día 9 se produjo una “doble matanza” cuando el Senado aprobaba la ley de “contra carrera judicial” y la Cámara de Diputados aquel malhadado proyecto de amnistía general.
Eran los días de la aprobación en ambas cámaras del Instituto de Protección Social del Legislador y de decenas de pensiones privilegiadas, mientras se voceaba la “necesidad” de realizar una reforma al vapor de la Constitución de la República, con objetivos que implicaban la revocación de las reformas de 1994, es decir, restablecer la reelección presidencial, y juntar de nuevo las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, para lo cual se acariciaba la idea de externder el período a los legisladores y munícipes salientes, Ello implicaba aplazar los resultados de los comicios de mayo pasado, ganados ampliam,ente por el PRD.
Fue en tales circunstancias, ante tantos desaguisados, que el Cardenal Nicolás López Rodríguez llegó a plantear, en la segunda semana de julio, que el Congreso debería ser cerrado hasta la instalación de los nuevos legisladores el 16 de agosto, reclamo que no fue interpretado en su justo alcance.
Legislatura adicional
En medio de versiones que daban cuenta de una “reedición del Frente Patriótico” entre el PLD y el PRSC, el presidente Fernández sorprendió a la opinión pública cuando el 27 de ujilio, mediante el decreto 265 convocó una legislatura extraordinaria, apenas a dos semanas del inicio del nuevo Congreso.
Contrariando la tradición, para algunas jurisprudencia, el primer mandatario no especificaba en el decreto el objetivo de la convocatoria. Es decir, no señalaba, no transparentaba el motivo de aquella convocatoria.
Desde entonces fue que se agrió el debate público entre los partidos y en el ámbito del Congreso Nacional. Se acabó de aprobar y promulgar la Ley de Carrera Judicial sin inamovilidad de los jueces, haciendose caso omiso a los reclamos de la Socidad Civil y del PRD. Se pensionó a los jueces de la Cámara de Cuenta y se eligió nuevos, incluyendo a políticos y a la esposa de un de los senadores electores. En tumultuosa sesión se dió por modificado el reglamento de la Cámara de Diputados para hacer secreto el voto, aunque al día siguiente hubo de reconocerse que no se llenaron los requisitos legales.
Después de varias semanas de soabresaltos el Congreso derivado del trauma electoral de 1994 concluyó su gestión sin poder realizar la reforma constitucional, no porque no lo quisieran los sectores coaligados, sino porque no les resultaba fácil completar las dos terceras partes de cada cámara que era preciso para poder aprobar las reformas, después que los perredeístas se reincorporaran a las sesiones precisamente para dificultar ese objetivo. El influyente Danilo Medina dijo en días pasados que “casi” tenían los dos tercios. Pero no pudo explicar cómo lo sabía, cuando para eso además de todos los votos peledeistas y reformistas,, requerían unos 20 del PRD y sus aliados.
El PRD buscó concertar
En la medida en que se vició el clima político, los perredeístas buscaron concertación. Su comisión Política envió una delegación ante el líder reformista Joaquín Balaguer y otra ante el Presidente Fernández. En ambos casos plantearon su disposición a comprometerse en la discusión de una agenda legislativa de consenso y a establecer colaboración entre los poderes del Estado.
Para los observadores más agudos no pasó desapercibido que el decreto convocando la legislatura extraordinaria fuera emitido una hora antes de que el presidente recibiera a los comisionados del PRD. El mensaje no fue percibido por los perredeístas que salieron creyendo que estaban en vías de concertación. Lo mismo le ocurriría posteriormente al doctor Enmanuel Esquea, quien tras otra conversación con el primer mandatario, salió convencido de que observaría el proyecto de Ley de Carrera Judicial.
Un tercer fracaso ocurriría el 15 de agosto, cuando en vísperas de la instalación del nuevo Congreso Esquea volvería a conversar con el Presidente de la República, según informaciones no oficiales. Todavía apelaban a que el partido de gobierno no apoyara a Héctor Peguero Méndez para la presidencia de la Cámara de Diputados.
En los finales de julio y primera mitad de agosto los perredeistas clamaban por la mediación de la Iglesia Católica. El 6 de agosto Monseñor Núñez Collado viajó al exterior un poco decepcionado por no haber logrado reunir a gobiernistas y opositores, pese a los esfuerzos que hizo en las semanas precedentes.
Cambio de escena
La elección unilateral de los jueces de la Junta Central Electoral invirtió la escena. Desde entonces los líderes del PLD han comenzado a reclamar concertación, y algunos funcionarios del gobierno a advertir las consecuencias que conlleva la confrontación. El asesor presidencial Carlos Dore y el director de Planificación, Rafael Camilo, han sido de los más expresivos, junto al dirigente peledeista Franklin Almeyda. Camilo advirtió el riesgo de que se pierda la oportunidad de obtener créditos de organismos internacionales por unos 500 millones de pesos.
Los perredeístas, que no salen del enojo y la indignación, son ahora los que entienden que no hay para qué dialogar. O por lo menos no creen en la sinceridad del gobierno. Algunos, como el presidente del Senado, Ramón Alburquerque, y el secretario general Hatuey de Camps, se mantienen a la ofensiva. Los más partidarios del diálogo no se atreven aún a reasumir la conciliación.
El caudillo reformista, por su parte, fiel a su extraordinaria capacidad para tirar la piedra y esconder la mano, se ha mostrado hasta dispuesto a mediar entre el gobierno y el PRD, como si él no hubiese tenido nada que ver con los orígenes de la confrontación. Pero para mostrar su “flexibilidad”, Balaguer llegó a plantear que las decisiones que indignaron a los perredeístas pudieran ser objeto de revisión, junto con la composición de la Junta Electoral.
Aunque el rechazo de peledeistas y reformistas ha sido total en relación a los nuevos jueces electorales, en el PRD parece predominar la línea del “hecho cumplido”, asumiendo el mismo lenguaje de sus contrincantes, en cuanto al derecho y la legitimidad de las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional, como los del Poder Ejecutivo. Dentro de ese marco fue que el presidente del Senado llegó a decir que si los jueces electorales deben renunciar por no ser fruto del consenso, debería hacerlo también el Presidente de la República, que tampoco fue electo por consenso.
La Sociedad Civil
Aunque algunos grupos han dado respaldo a uno y otro de los sectores confrontados, la mayor parte de las instituciones de la Socieddad Civil han desaprobado la confrontación en todos sus capítulos, insistiendo en la necesidad de volver a la concertación que ha predominado en los últimos años no sólo en la elección de jueces electorales, sino también en todos los proyectos importantes de reformas políticas, económicas y sociales.
En ese sentido se inscribió el comunicado publicado el día 3 de septiembre por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que se refirió a “los acontecimientos acaecidos en las últimas semanas”, para plantear que “las conquistas democráticas logradas con la reforma constitucional del 14 de agosto del 1994, están en serio riesgo. Desafortunadamente, lo que ha debido constituirse en oportunidad de todos para continuar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, está al borde de ser destruído”.
En su tercer párrafo, el influyente CONEP enumeró: “La extensión de la pasada legislatura, la designación de los jueces de la Cámara de Cuentas, la promulgación de la Ley de Carrera Judicial, el espectáculo tumultuoso y triste de la elección del Bufete Directivo de la Cámara de Diputados, la designacióln de los jueces de la Junta Central Electoral, los constantes debates públicos entre funcionarios del sistema judicial, los reparos contra la Suprema Corte de Justicia y la recurrente discusión en torno al tema de la reelección presidencial, son acontecimientos que alteran el clima de serenidad necesarios para continuar el proceso de desarrollo económico y social y que podrían afectar la paz social de la nación”.
Como muchas otras instituciones sociales, el Consejo empresarial apela a “la sensatez de todas las fuerzas políticas y de los integrantes de los tres poderes del Estado, reclamando diálogo, conciliación, concertación y búsqueda de copnsenso con efectiva participacióin de la sociedad civil.
Marea en baja
Aunque hace días que se habla de esfuerzos concertadores por parte de Agripino Núñez, todavía parece que la marea no ha bajado suficientemente, aunque se encuentra en retroceso. Por lo menos ya no es un solo sector que ve conveniente el dialogo y la concertación.
No sólo en los sectores partidarios, sino también en otros ámbitos todavía se espera un gesto grandilocuente del Presidente Fernández, que pueda ayudar a recomponer el clima necesario para la concertación, y especialmente para lograr que los perredeistas vuelvan a creer que es posible concretar acuerdos para la convivencia de los poderes del Estado. El pasado fin de semana el mandatario criticó la violencia y abogó por el diálogo del gobierno con los sectores sociales que protestan en las calles. Obviamente no quiso extenderlo a todos los sectores políticos y a los diversos poderes del Estado.
Las posiciones cerradas tendrán que ceder. La realidad está mostrando que la nación no logrará nada positivo en la confrontación. Y de eso empiezan a tomar conciencia hasta los más encarnizados combatientes de esta batalla veraniega.-