En lugar de aplacar las aguas de la discordia, el Gobierno las agita

Por Juan Bolívar Díaz

            Los acontecimientos políticos de la última semana parecen demostrar que en vez de ir hacia la concertación, los líderes de los partidos mayoritarios y especialmente los del gobierno, acentúan la confrontación.

            Mientras inauguraba la “Casa del Diálogo”, el Presidente Leonel Fernández mantenía la política de asfixia económica a la Junta Central Electoral (JCE) reducía drásticamente el presupuesto solicitado por la Suprema Corte de Justicia para el próximo año, y observaba la ley que otorgaba el nombre de José Francisco Peña Gómez al aeropuerto internacional de Santo Domingo, decisiones todas llamadas a incrementar las hostilidades.

           En tanto aumentan los cuestionamientos de líderes religiosos y sociales al gobierno, por lo que el reconocido médico Bernardo Defilló diagnostica como saturamiento de malas noticias y atosigamiento, generadores de un permanente estado de frustración y estrés que atentan contra la salud individual y familiar.

Persiste el bloqueo

            El gobierno sólo ha cumplido a medias el veredicto judicial que ordenó la entrega del presupuesto a la JCE. De los dos meses que le debían sólo le entregaron uno y más de dos semanas después, el Contralor General de la República “explica” que ello se debe a que “han bajado las recaudaciones tras el huracán Georges”, prometiendo entregarlo cuando reciban recursos “si antes no se produce algún nuevo recurso judicial en su contra”. Aunque se trata de 25 millones de pesos.

            Para el martes 10 de noviembre el Procurador Fiscal de la Corte de Apelación, Amado Cedano Santana, había citado a la jueza Nurys Landry de Castillo, para interrogarla por el veredicto que obliga al gobierno a entregar su presupuesto a la JCE:a valiente jurista se negó a comparecer, dirigiendo una carta al funcionario judicial-gubernamental, cuyo contenido se desconoce.

Mientras el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, consideraba necesario advertir contra esos interrogatorios a los jueces.

            Al mismo tiempo trascendía que el juez Ricardo Ogando -contra quien Cedano emitió órden de conducencia para impedir que conociera el recurso de la JCE- había presentado a la Suprema Corte una querella por abuso de poder contra el Procurador Fiscal.

El presupuesto

            La semana pasada el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley de Ingresos y gastos públicos para el próximo año. Como si quisiera conflicto, lo envió por la Cámara de Diputados afectada por una parálisis a consecuencia de los interminables enfrentamientos interpartidarios y entre perredeistas y su antigua compañero, Rafael Peguero Méndez, quien parece haber perdido toda habilidad para presidir el organismo.

            Desde luego, el Presidente tenía derecho a escoger la cámara legislativa por donde introducir su proyecto. Pero dadas las circunstancias, si se hubiese querido evadir nuevas dificultades, lo recomendable era enviarlo al Senado y mostrar disposición a que los técnicos gubernamentales discutan todo lo necesario con los legisladores, hasta hacer algunas concesiones.

            De cualquier forma tendrá que pasar por el Senado, donde el PRD tiene las tres cuartas partes, y con sus senadores habrá que negociarlo si se quiere su aprobación. Era preferible entonces evitarse el conflicto de la Cámara baja, por donde pasaría más fácilmente de mediar un consenso previo con los senadores.

¿Provocaciones?

            En círculos de oposición se considera provocaciones las drásticas reducciones de los presupuestos solicitados para 1999 por la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral.

            En el primer caso, el presupuesto sometido al Ejecutivo sumaba 960 millones de pesos. Le quitaron poco más de la tercera parte, para dejárselo en 610 millones de pesos. Desde luego, Subero Isa se apresuró a advertir que en tales circunstancias importantes planes judiciales, como nuevos tribunales, no podránb implementarse. Sin dejar de manifestar su sorpresa de que no se consultó ni tomó en cuenta a ese “Poder Independiente” para tan considerable reducción presupeustaria.

            A la JCE no le fue mucho mejor. Este año 1998 recibió 588 millones de pesos, de los cuales 171.7 fueron para el financiamiento a los partidos. Le quedaron 417 millones de pesos. Presupuestaron 405 millones para 1999, y sólo le asignaron 330 millones, casi un 25 por ciento menos. Aunque el proyecto de presupuesto es un 15 por ciento superior al de este año.

            Evidentemente, dadas las relaciones del gobierno con ambas instituciones las reducciones pueden ser interpretadas como provocadoras. Aunque, a decir verdad, a muchas instituciones estatales siempre les asignan menos de lo que solicitan. Pero en este caso se trata de dos poderes del Estado que reclaman autonomía financiera y administrativa, y aque merecen tratamiento especial, o por lo menos satisfaciones, si se quieren guardar, por lo menos, las apariencias.

Fondo de emergencia

            Otro conflicto de la semana pasada tuvo lugar con el Fondo de Emergencia de 3 mil 500 millones de pesos, concertado entre el Poder Ejecutivo y los Senadores y aprobado por estos el 30 de septiembre pasado. El proyecto está atrapado en las contradicciones de los diputados.

            Cuando la semana pasada el presidente de la cámara baja se negó a darle preminencia en la agenda dos días consecutivos, se escuchó a Reynaldo Pared, vocero peledeísta, decir que a los perredeístas sólo les interesaba ese fondo porque destinaba 200 millones de pesos (el 7 por ciento) a los ayuntamientos. ¿Por qué si el gobierno pactó con los senadores y en dos días aquellos lo aprobaron, no hacerle honor al acuerdo, mes y medio después, en la Cámara de Diputados?

            Paralelamente en esa cámara legislativa hay otro conflicto, por el proyecto de ley que aumentaría al 10 por ciento de las recaudaciones ordinarias el presupuesto destinado a los municipios, que desde luego tiene el rechazo de quienes ejercen el poder, aunque parte de sus aliados reformistas lo favorecen, en beneficio de sus propios ayuntamientos, ahora que no tienen el gobierno central, porque antes todo era para el Poder Ejecutivo, quien dejaba caer migajas a su voluntad y manipulando políticamente.

            El salto del 4 al 10 por ciento es grande, sin garantías de que los cabildos estén en capacidad de darle el mejor uso, aunque esto último tampoco ocurre en el gobierno central, pero es obvio que el fortalecimiento municipal y la descentralización requieren de eso y hasta más. En todo caso deberá ser negociado, concertado, como se dice ahora, y a lo mejor se transen por un 7 por ciento, que desde luego será considerado excesivo por quienes manejan ahora el 96 por ciento de los ingresos.

Veto a Peña Gómez

            El punto culminante de una semana que empedró aún más el camino de la concertación política fue la observación del Presidente Fernández a la ley aprobada por el Congreso Nacional que da el nombre de José Francisco Peña Gómez al aeropuerto internacional de Santo Domingo, originalmente aeropuerto de Punta Caucedo y luego Las Américas.

            En la primera parte de la observación el Presidente defiende el nombre de Las Américas, por haber sido esta ciudad entrada al nuevo mundo, pero termina anunciando que propondrá que se llame Juan Pablo Duarte, con lo que invalida lo primero, y como si el nombre del patricio no estuviera en innumerables monumentos o bras públicas en todo el país, y estuviera esperandose un reconocimiento.

            No hay que ser peñagomista para advertir que se trata de un veto al extinto líder político. O una manera de mantener encendido el enfrentamiento con sus sucesores y seguidores. Fernández reconoce que Peña Gómez tuvo méritos indiscutibles como para que sea recordado a través de monumentos públicos, pero le contrapone nada menos que al Padre de la Patria.

            En tal marco se entiende que un funcionario del gobierno haya considerado en un artículo que la designación del aeropuerto con el nombre de Peña Gómez era una “provocación”. Una iniciativa innecesaria, que expuiso a ese político extraordinaria y generoso que fue Peña Gómez a un veto postumo, uno más. Cuando en realidad su nombre será recordado y vivirá en las memorias de las grandes masas populares, indepenidnetemente de que sea o no gravado en piedras o pintadso sobre edificios.

Reacción de Esquea

            La reacción más negativa o desproporcionada del lado perredeista se produjo en la semana por parte del presidente del partido blanco, Enmanuel Esquea, quien al denunciar la retención de los fondos de la JCE y el proyecto de presupuesto, advirtió que el gobierno está jugando con fuego.

            Lo que fue más fuerte aún: Esquea Geurrero amenazó con empezar a hacer la oposición que el pueblo requiere a “este pedazo de gobierno”, calificativo que repitió dos o tres veces en la misma rueda de prensa en que dió por cerradas las conversaciones con los demás partidos, a no ser que convoque la Iglesia.

            Las negociaciones de han empantanado, cuando peldeistas y reformistas reclamaban que se levara de 5 a 9 el número de los jueces electorales, y los segundos insistieran además en la renuncia de los elegidos en agosto pasado. Los perredeistas estaban dispuestos a designar otros dos por consenso, para elevarlos a 7.

Cansancio marcado

            Mientras tanto el cansancio es cada vez más notable en la ciudadanía por la incapacidad de concertación del liderazgo político y la bilegerancia del gobierno. Ello se puede leer en los diarios del lunes16 en la mañana, donde aparecen las declaraciones de Bernardo Defilló, del obispo Francisco Ozoria Acosta y de los sacerdotes Jorge Cela y Pablo Kosonga.

            Defilló reclamó al Presidente Fernández que asuma el liderazgo de la nación y nos conduzca con esperanza, optimismo y suma de voluntades hacia objetivos y metas claras.

            El obispo de San P. de Macorís fue duro al considerar que el gobierno “no está interesado en solucionar los principales malesnacionales e intenta crear una crisis con la que busca sacar ventajas ante una eventual agudización de los problemas vigentes”. Monseñor Ozoria agregó que el país no podrá superar sus dificultades mientras el Estado esté dirigido por gentes a los que calificó de insensatas y fanatizadas´”, según reportre de El Siglo, páginas 1 y 9 del día 16.

            Jorge Cela manifestó su extrañeza de que los actuales gobernantes no escuchen ni aprendan, pese al paso del tiempo, sugiriendo que busquen un maestro “siempre y cuando no se cre que uno lo sabe todo y no busca alianza con sectores que pueden enfrentar las dificultades por las que atraviesa la myaoría de la población”.

            Mientras el párroco de Tamayo, Pablo Kosonga, se quejó de que en ocasión de la visita del presidente a esa ciudad el domingo 15, se convirtió en manifestación política el reparto de alimentos, con la movilización de personas de otros lugares.

            La lectura de los periódicos, como ver y escuchar televisión y radio, arroja un balance terriblemente negativo para el PLD y su gobierno. Pero lo peor es que no se dan por enterados. Y reaccionan atribuyendolo todo al PRD. Todavía no ha dicho que los perredeistas contolen la Iglesia. Sólo los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, la JCE, la Suprema Corte, partre del empresariado y para algunos hasta la política norteamericana en el país. Al paso que van las críticas eclesiásticas, pronto controlarán ahsta al Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y eso será mucho. Pero al decir de la beligerancia y escasez autocrítica del peledeismo, el PRD lo contamina todo. –