Por Juan Bolívar Díaz
Con el intento de diálogo entre los partidos mayoritarios congelado, la propuesta de Carlos Dore de que se adopte la agenda de la Sociedad Civil, relegando a un segundo plano el debate sobre la Junta Central Electoral, es expresión de la corriente gubernamental que privilegia la concertación en aras de un mejor desempeño en los últimos 21 meses del régimen del presidente Leonel Fernández.
Para el opositor Partido Revolucionario Dominicano, la propuesta conllevaba una gracia al quitarle de encima la presión de los balagueristas y los halcones del gobierno, pero la confusión política es tan grande que su Comité Ejecutivo Nacional se apresuró el sábado a rechazarla, apenas horas después de conocida.
La sugerencia del inteligente analista y asesor presidencial conecta con la posición institucional enarbolada por Franklin Almeyda que privilegia la negociación con los perredeístas como forma de avanzar en las reformas, cosa imposible de lograr en la alianza con el ex-presidente Balaguer y Marino Vinicio Castillo, razón por la cual éste último atacó abiertamente a Carlos Dore y usó el chantaje frente al presidente Fernández.
Juego trancado
En la tercera desión del diálogo promovido por la Iglesia Católica, celebrada el jueves 5 de noviembre, quedaron bien claras las dificultades de concertar entre las tres fuerzas políticas mayoritarias. Si bien perredeistas y peledeistas estaban dispuestos a hacerse concesiones, los delegados de Balaguer -no de su partido que cada día es tomado menos en cuenta- trancaron el juego.
Para el viejo caudillo y quienes “lo secuestran” no hay que conceder ni una letra: se van todos los jueces de la JCE y eligen una nueva, lo que saben es impracticable para el PRD, porque aunque quisiera no podría humillar de esa forma a los jueces escogidos por el Senado. Más aún cuando tres de ellos ya habían tenido el consenso de todos los partidos, Luis Arias y Salvador Ramos cuando fueron designados suplentes del máximo tribunal electoral (el primero dos veces), y Ana Teresa Pérez para presidir la fundamental Junta Electoral del Distrito Nacional.
El tranque fue tan firme que los mediadores, encabezados por el Cardenal Nicolás López Rodríguez, despidieron la sesión sin poner nueva fecha, dejando la posibilidad de otro encuentro a que prosperaran gestiones informales. La opinión pública, en general, dió por fracasado el intento de diálogo.
Actora inesperada
Fue precisamente cuando se celebraba esa sesión que apareció una actora inesperada: una delegación de veinte instituciones de la Sociedad Civil se presentó al escenario de los partidos para formular su propia propuesta, consistente en que los partidos salgan del empantamiento en que los sumió el enfrentamiento, y vayan a los problemas de fondo de la nación.
Esos grupos, empresariales, sindicales, cívicos y de servicios, reclamaron que la agenda de concertación no se quede en lo coyuntural y se extienda al proyecto de presupuesto papara el próximo año, a las reformas económicas y sociales pendientes, al combate de la pobreza, más aún después de que fuera agravada por el huracán, a la descentralización del Estado y al inicio de un proceso que establezca bases para una futura reforma constitucional dentro de un clima constructivo y de conciliación.
Otro párrafo era clave en el comunicado entregado a los partidos: “Es indiscutible que la nación no puede agotar el actual período de gobierno en medio de una confrontación política, llamada a agudizarse en la medida en que se acerque la próxima elección presidencial, y sin garantía de que cesará con la elección de otro gobierno. La concertación que se necesitará después es la misma que se requiere ahora”.
Aunque deplora que los actuales jueces electorales no fueran fruto del consenso, el comunicado de esa parte de la Sociedad Civil precisa cómo y quiénes rompieron el consenso y no objeta a los escogidos por el Senado ni centra su preocupación en esas diferencias. En realidad son parte de un conjunto más amplio y trascendente, la incpacidad para acuerdos y respetos mutuos de poderes del Estado independientes realmente por primera vez en la historia de la nación.
Ahora o nunca
Lejos de los grupos halcónicos que tanto han influído en el Presidente Fernández, y del antiperredeismo tradicional del peledeismo ortodoxo, el director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, Carlos Dore Cabral, está en mejor perspectiva para percibir el contenido del comunicado de los grupos sociales, que le dicen al joven mandatario que “no desaproveche la oportunidad histórica” (discurso del presidente LF en julio pasado) de pactar con quien tiene que hacerlo si no quiere agotar todo su período en medio del enfrentamiento que ha consumido gran partre de sus energías.
Dore como Almeyda han asumido la realidad y la han defendido valientemente. También lo dijo hace dos semanas el doctor Rafael Kasse Acta: el PRD no puede ser ignorado. Es con quie tiene que negociar el gobierno, no sólo por su condición de partido mayoritario, sino por tener absoluta mayoría en el Congreso y en los municipios. Más aún porque los halcones -heridos en su propotencia- le atribuyen también el control de la Suprema Corte de Justicia, de la prensa, del gobierno de Estados Unidos y no se sabe de cuántos sectores de poder más.
El influjo de los halcones, más el gérmen antiperredeísta que disminuye al PLD le ha impedido entender, desde el principio del gobierno, que no podía ignorar al PRD y que les convenía negociar con él, más fácil en los últimos meses de vida del doctor José Francisco Peña Gómez. Fue lo que hizo el presidente Arnoldo Alemán en Nicaragua cuando ganó la presidencia y aún la mayoría en el Congreso: llamó a una mesa de negociaciones a los sandinistas, para abrir un espacio a la gobernabilidad. Sabía que ignorarlos era peor que reconocerlos.
No cogen la seña
La confusión y la escasez de grandes miras es tan grande en la política nacional que la mayoría de los dirigentes del PRD no atinaron a darse cuenta a tiempo de que la propeusta de Carlos Dore era conveniente para la nación, y que le daba a ellos una tregua en el problema de la JCE. La vieron como un intento de revivir la reforma constitucional para intentar la reelección.
Esos perredeístas lucen congelados. No se han dado cuenta que tanto el presidente Fernández como el PLD han reconocido que ya no hay tiempo para modificar la Constitución y abrirle un espacio al continuismo. Por algo fijaron para febrero la escogencia de su candidato presidencial, en medio de un debate interno. Obviamente tampoco leyeron bien el comunicado de la Sociedad Civil.
Una parte del perredeísmo ve la propuesta de Dore como un recurso tardío, simplemente encaminado a dar vida al PLD y por eso simplemente la rechazan, sin mirar más allá, e incluso sin entender que en caso de que ellos ganen las elecciones del 2000 también requerirán de la concertaciójn y el consenso, sino de inmediato, probablemente sí a partrir del 2002.
El rápido y simple rechazo parece indicar que en sectores del perredeísmo se reniega de la amplitud de miras de Peña Gómez, amparados en que no serán como él tan generosos con sus adversarios, lo que es una mala promesa para el futuro nacional. Se ignora cómo fue la decisión en el CEN, pero hay que dar crédito a Hatuey de Camps y a José Rafael Abinader, que sí cogieron la seña y públicamente favorecieron la propeusta de Dore.
Abierto chantaje
Esa mayoría del CEN perredeísta debería cuestionarse su coincidencia con los halcones gubernamentales que encabeza Vincho Castillo en su rechazo a la propuesta de la Sociedad Civil ampliada por Carlos Dore.
Castillo estuvo tan desencajado en su programa televisivo del domingo 8 que atacó frontalmente al influyente asesor presidencial, llegando a chantajear públicamente al propio doctor Leonel Fernández, a quien casi demandó que lo cancele, porque él no va a renunciar, tras criticar que el mandatario acatara el dictamente judicial que ordenó entregar el presupeusto de la JCE.
En su enojo Vincho quiso desautorizar a Dore, diciendo que en 1994 “era un seguidor del Acuerdo de Santo Domingo”. Y al Presidente Fernández le recordó, documento en mano, y desde el mismo canal estatal, la carta que firmó junto al doctor Balaguer, pidiendo la renuncia de los jueces electorales designados por el Senado, como si eso lo obligara a desafiar al Poder Judicial más de lo que ya se hizo.
Obviamente, el abogado Castillo entiende perfectamente que un entendimiento entre el gobierno y el PRD aunque sea para dos o tres puntos de la agenda pendiente, entraña una derrota para él y para cuantos han hecho profesión del antiperredeismo, unos sin pasado y otros sin futuro políticos.
Aunque sea tarde
Es cierto que el presidente Fernández y su estado mayor han perdido demasiado tiempo para entender que tenían que negociar con el PRD, pese a los consejos públicos y privados al respecto. Pero como dice el milenario adagio, más vale tarde que nunca. Y todavía parece preferible a mantener el enfrentamiento que sólo sirve para que los perredeístas pongan en segundo lugar las contradicciones derivadas de las ambiciones desenfrenadas.
Empero, se duda que el presidente saque las energías necesarias para liberarse de los compromisos con el balaguerismo más atrasado y con Vincho Castillo y su claque, que ya sólo tienen peso político específico rescotados de él o de quien ejerza el poder.
Desde luego ese sector tiene contraparte dentro del PLD y en la misma presidencia de la República, y opera en su favor el éxito de las negociaciones de 1994 y 1996 que culminaron en el ascenso de Fernández a la Presidencia de la República. Y el presidente parece muy agradecido de quienes auspiciaron su éxito. Ahí está su contradicción.
Sin embargo, el fino olfato político del doctor Fernández Reyna debe estarle advirtiendo que de su desempeño en los próximos 21 meses depende su futuro político, y que el poder lo tiene él, no Balaguer, y que éste ya no es el mismo del 1994, cuando una orden suya desde el Palacio era acatada ciegamente por sus partidarios.
Pero mientras el presidente Fernández decide si sigue dejándose chantajear de Vincho Castillo, convendría que todos cuantos creen que este país tiene que salir adelante por encima de mezquindades pongan atención a la recomendación de quitar importancia, al menos coyunturalmente, al diferendo en torno a la JCE y centrarla en la terrible miseria de las mayorías nacionales y en la necesidad de invertir la tortilla y privilegiar los acuerdos por las reformas y la modernización.-