Por Juan Bolívar Díaz
Con la decisión de acatar el dictamen judicial que ordenó entregar el presupuesto retenido a la Junta Central Electoral (JCE), el Presidente Leonel Fernández abre nuevamente las puertas a una concertación con la oposición política que le permitiría concentrar su atención en los 21 meses que le quedan de gobierno en los graves problemas nacionales y las reformas socioeconómicas.
Al adoptar la decisión, al día siguiente que la jueza Nuris Landry del Castillo dispusiera el desbloqueo de la JCE, el doctor Fernández provocó el enojo de sectores de la lína dura o halcones que lo han empujado por el camino de la confrontación en detrimento de las posibilidades de un exitoso gobierno.
Si alguien tiene que empeñarse en que el nuevo intento de negociación entre los partidos mayoritarios, con mediación de la Iglesia Católica, llegue a buen puerto es el gobierno. El Partido Revolucionario Dominicano puede sentarse a ver pasar el tiempo y los intentos de desbaratarlo provenientes del poder no harán otra cosa que fortalecer su unidad interna.
Gran desgaste
Entre observadores y analistas se advierte que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicano (PLD) sigue registrando un desgaste que por momentos parece incontenible. Su credibilidad es poca entre sectores independientes, en la sociedad civil, en el ámbito diplomático y de los organismos internacionales, en las iglesias y el empresariado. Sólo se escuchan quejas y expresiones de preocupación por el rumbo de la nación y hasta por la suerte del doctor Fernández, que personalmente despertara tantas esperanzas.
Las preocupaciones han volado al exterior y de ahí que el gobierno de Estados Unidos dispusiera la visita del subsecretario de Estado John Hamilton, quien llegó discretamente con el mes de noviembre para dejar constancia del interés norteamericano por el mantenimiento de la institucionalidad democrática y por los avances en la modernización y las reformas. Su visita no fue anunciada públicamente.
Todos los movimientos políticos después de las elecciones de mayo pasado, han presentado al gobierno en una actitud cónsona con la línea halcónica que llegó a la conclusión de que “al PRD hay que confrontarlo y promover su división para evitar que gane la presidencia en el 2000”, mientras paralelamente se planteaba el acercamiento -a cualquier costo- con el ex-presidente Balaguer para garantizar nuevamente su respaldo en otra segunda vuelta presidencial.
Esa confrontación fue tan mal llevada sobre todo en el Congreso Nacional, en los meses de julio y agosto, y especialmente en la legislatura extraordinaria cuya convocatoria no justificó el Presidente Fernández, que sólo sirvió al descrédito del gobierno que aparecía negado a aceptar los resultados de los comicios legislativos y municipales.
Ciclón devastador
El gobierno del PLD ha tenido un bajo perfil ejecutivo, el cual quedó casi a ras del suelo con el devastador huracán Georges que azoló el territorio nacional el 22 de septiembre. El desastre demandaba una mayor eficiencia y empuje, que no se dio ni en las horas antes ni durante ni inmediatamente después del huracán, afianzando la idea de la ineficiencia.
Inexplicablemente el Presidente Fernández no ha hecho rodar una sola cabeza siquiera como cabra expiatoria de los errores colectivos. Su generosidad con sus colaboradores y compañeros de partido es tan inmensa, que prefiere cargar con todas las responsabilidades de la ineficiencia, en vez de dar golpes de efectos que calmen las inquietas graderías.
El ciclón sorprendió al gobierno justo cuando comenzaba su ofensiva de ahogamiento económico de la JCE, a través de burdas maniobras leguleyas encaminadas por sus aliados políticos, pero con la clara bendición del Palacio Nacional, llegándose al extremo de aceptar un embargo preventivo, o una retención presupuestaria a un organismo del Estado, en base a una simple querella política, algo sin precedente en la nación.
Como altos voceros gubernamentales llegaron al grado de sostener que con esa JCE no habría elecciones en el 2000, las sospechas apuntaron hacia lo que algunos señalaban como un intento por romper la institucionalidad democrática para abrir una brecha al continuismo. Y había aliados del gobierno que así lo planteaban.
Desde antes de las elecciones se intentaba, con respaldo de algunos empresarios, un proyecto que promovía la reelección o la continuidad. Como la primera está prohibida en la Constitución y el resultado electoral de mayo hizo más difícil su reforma, no faltaron quienes plantearan aprovechar cualquier contingencia, derivada de la confrontación en marcha, para mantenerse en el poder por ecaminos no institucionales.
Todo eso no ha servido más que para sembrar desconfianza y descrédito y para generar rechazo al asfixiamiejnto de la JCE y a la política de confrontación. Ningún sector se ha aventurado a dar respaldo a la posición del partido de gobierno, y más bien han criticado fuertemente las actuaciones en el Congreso y luego frente a la JCE, y en consecuencia ha habido un generoso silencio frente al golpe perredeísta-senatorial de elegir los jueces electorales sin consenso.
Línea halcónica
Entre analistas políticos se estima que el presidente Fernández ha estado debatiéndose entre seguir la línea concertadora favorecida por la opinión pública y una parte de sus colaboradores, como Temístocles Montás, Ramón Pina Toribio y Carlos Dore, y por una parte del PLD, o la línea halcónica encabezada por Danilo Medina y Miguel Cocco, la cual conexta con Guaroa Liranzo y Vincho Castillo, quienes al decir público de dirigentes reformistas “tienen secuestrado al doctor Joaquín Balaguer”.
Lo del secuestro es obviamente matafórico, pero no así el calificativo de liquidacionista que se le endilga a Liranzo y Castillo, en referencia al Partido Reformista Social Cristiano, que quieren convertir en simple ariete del PLD gobernante. Estos dos políticos han jugado un papel decisivo en las políticas que produjeron los resultados electorales de 1994 y 1996. En la concertación PRSC-PLD para la salida de la crisis postelectoral de 1994 y para el “Frente Patriótico” de 1996 que convirtió a Leonel Fernández en presidente de la República.
Fuentes bien informadas indican que entre los halcones hubo enojo con el presidente Fernández por el “precipitado” anuncio de que entregaría los fondos a la JCE tras el dictamene judicial, cosa que llegó a disponer a fines de septiembre, tal como lo consignaron los periódicos, aunque luego se dijo que sólo se hizo “el libramiento”. El abogado Ramón Pina Acevedo no ocultó su molestia, pues quedó bastante mal parado después de reaccionar al dictamen de la jueza Nuris del Castillo diciendo que no lo iban a acatar.
Del mismo sector sacó Amable Aristy Castro, en agosto, su reclamo público al Presidente Fernández de que se pusiera los pantalones e impulsara definitivamente la reforma constitucional antes de que se juramentaran los legisladores electos en mayo.
¿Opción definitiva?
El presidente Fernández ha oscilado entre los concertadores y los halcónicos. Ahora muchos esperan que su opción por la concertación sea definitiva, no sólo porque la nación requiere de un mínimo de acuerdos entre sus actores políticos, sino también por la credibilidad del joven político.
Fue el mismo Fernández quien pidió a los empresarios hace dos semanas que promovieran la mediación de la Iglesia en la crisis política. En privado expresó su preocupación a dirigentes de diverssos sectores y a creadores de opinión pública con quienes se vio en los últimos 15 días.
El presidente ya hizo un esfuerzo fructífero para la distensión con el Poder Judicial, con la reunión que sostuvo con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia dos semanas atrás y con su reconocimiento posterior (en la última semana de octubre) del papel jugado por el máximo tribunal en el saneamiento de la justicia.
Tomada la decisión de elegir en marzo próximo el candidato presidencial del PLD, las perspectivas no favorecen para nada una reforma constitucional que permita la reelección. Tampoco hay posibilidad alguna de otro camino. En tal circunstancia el presidente Fernández precisa de una tregua larga para concentrarse en su acción de gobierno en los 21 meses de gobierno que le quedan, y sólo 18 para las elecciones presidenciales.
Efecto contrario
Hay quienes creen que el hostigamiento y la confrontación al PRD en vez de promover su división tienden al efecto contrario, generar coherencia interna, sobre todo en un partido de 60 años de vida, 51 de los cuales ha estado en la oposición, debatiéndose contra persecuciones y conspiraciones. La confrontación exterior ha contenido la debilidad de los perredeistas de embarcarse en feroces luchas internas. A casi 6 meses de la desaparición de su líder José Francisco Peña Gómez, no se han aproducido ni las confrontaciones ni las divisiones vaticinadas.
Es cierto que el PRD perdió el control de la Cámara de Diputados con el incentivo del gobierno a Rafael Peguero Méndez, pero éste apenas sacó 7 de 83 diputados y nadie más lo ha seguido ni parece que haya debilitado las posibilidades electorales del partido blanco de cara al 2000. En cambio, lo que ha implicado para el gobierno la confrontación es demasiado, al menos en tiempo perdido y en pérdida de credibilidad.
Un agudo observador, funcionario de una institución internacional, señalaba en estos días que el PRD podría cruzarse de brazos y seguir el juego de la confrontación, haciendo el papel de víctima del poder, y distrayendo las energías del gobierno y llegaría en coche a mayo del 2000. Mientras un funcionario gubernamental aceptaba que a quien más le toca hacer es al gobierno.
Nuevas esperanzas
Las negociaciones efectuadas la semana pasada con auspicios de la Iglesia Católica han despertado nuevas esperanzas de acuerdos, sobre todo alentadas por los últimos gestos del Presidente Leonel Fernández.
La oposición, encarnada en el PRD, tiene que intepretar las señales de paz que da la sociedad dominicana y tomarle la palabra al gobierno, facilitando los acuerdos. Cierto que no pueden girar sólo en torno a la JCE. Ni siquiera es suficiente sumarle los temas de la Liga Municipal y la Cámara de Cuentas, colocads en la agenda. Será preciso una mirada más profunda hacia el interior de la sociedad para atender también los reclamos de la ciudadanía, que sigue esperando reformas sociales, económicas y políticas pendientes.
Sobre todo después que el huracán Georges dejó al desnudo la inmesa pobreza, la enorme deuda social contraída con las mayorías nacionales, que reclama toda la atención del gobierno central, del Congreso y de todos los organismos e instituciones estatales.-