Por Juan Bolívar Díaz
La decisión del gobierno de retener las asignaciones presupuestarias de la Junta Central Electoral, acatando un recurso judicial incoado por sus aliados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la Fuerza Nacional Progresista de Vincho Castillo, implica una escalada más en la confrontación política nacional, justo cuando se hacían contactos para un diálogo de los principales actores políticos.
El recurso interpuesto por las dos agrupaciones no tiene precedente y adolece de bases jurídicas, siendo un simple paso de presión política, dado el hecho indiscutible de que la JCE, como todos los organismos del Estado, es inembargable, razón por la cual no puede prosperar ningún recurso contra sus finanzas.
El acatamiento del pedido de suspensión de fondos, sin previa decisión del tribunal, establece un grave precedente por parte de un Poder Ejecutivo que aparece subordinando el interés del Estado a los intereses partidarios o de particulares y acogiendo una intimación proveniente de un subordinado que tiene categoría de secretario de Estado, al tiempo que se ratifica por debajo de las maniobras del ex-presidente Joaquín Balaguer.
Nueva escalada
Aunque se rumoreaba desde días antes, la demanda presentada ante la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, causó revuelo en la opinión pública. Llamó la atención que lo suscribiera el PRSC y no así el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al que se supone cabeza de la confrontación con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), lo que mostró una firme determinación del ex-presidente Balaguer, pese a las numerosas disidencias recientes en su partido, donde él acostumbraba imponer su voluntad sin resistencias.
Desde pocos días después de designados los jueces electorales, en circulos gubernamentales se buscaba la forma de cortar los recursos financieros al organismo, lo que había sido advertido como posibilidad por el secretario de la Presidencia, Danilo Medina. Pero hubo juristas que desaconsejaron ese curso de acción. Incluso algunas “consultas” que habrían incluído a diplomáticos norteamericanos mostraron que tal decisión no contaría con muchas simpatías.
Obviamente el PLD quiso quedarse fuera del recurso legal pretendiendo engañar bobos, lo que a la vez preanunciaba el propósito de dar por buena y válida la demanda de suspensión de la asignación presupuestal a la JCE. Así el Presidente Fernández no actuaba como juez y parte.
La nueva escalada cortó de cuajo los esfuerzos que se hacían para acercar a gobiernistas y perredeistas, que se encaminaban por medio de la Iglesia Católica, ejecutivos de medios de comunicación e influyentes empresarios.
Recurso leguleyo
Tras asumir que los jueces electorales fueron electos irregularmente, en contradicción con el artículo 22 de la Ley Electoral 275-97, los dos partidos pidieron al indicado tribunal que ordene al Estado “abstenerse de hacer ningún desembolso con cargo a los fondos públicos, destinados a suplir las partidas correspondientes a la Junta Central Electoral, mientras se mantenga el estado de irregularidad en la designación de sus miembros y en el ejercicio por ellos de las indicadas funciones”.
También reclaman que el juez ordene “la ejecución provisional y sin fianza y no obstante cualquier recurso que se interponga contra ella, de la sentencia que intervenga”. Los interesados notificaron de su demanda a una serie de funcionarios públicos, “advirtiéndole al Estado Dominicano y por tanto al señor Presidente de la República, que cualquier desobediencia al presente requerimiento, generará la responsabilidad tanto civil como penal de quien incurra en la entrega de fondos a personas y entidades sin calidad por razón de la ilegitimidad de su designación”.
La debilidad del argumento central se hace obvia cuando se lee que el Artículo 22 de la Ley Electoral está bajo el Título IV de la misma que reza “De las Juntas Electorales”. Es decir que corresponde a lo que antes de la última reforma de ese texto se denominaban juntas municipales electorales. Lo concierniente a la JCE está bajo el título III de la ley, que señala: “De la Junta Central Electoral”.
La demanda también pretende irregularidad en la designación de los jueces que sustituyeron a los doctores Alenadro Asmar y Cirilo Collado, al estimar que el mandato de estos duraba hasta el año dos mil, lo que no ha sido aducido ni siquiera por los directamente afectados, en razón de que completaban el período 1994-98, al tenor del artículo 107 de la Constitución de la República y su párrafo II.
Decisión precipitada
El presidente Fernández se precipitó el domingo 20 al anunciar que los fondos de la JCE estaban congelados por la acción intimatoria de los dos grupos políticos. En la víspera se había dicho que estaba realizando consultados sobre un acto realizado apenas dos días antes, y que por sus implicaciones políticas y de Estado obviamente ameritaba mayor ponderación. Por demás tampoco había apuro alguno.
“Yo lo que diría en este caso es que tendríamos que esperar la decisión del tribunal para poder desembolsar los dineros a la JCE”, argumentó el mandatario en entrevista de prensa dominical. Pero ya el lunes se informaba que el juez Ricardo Ogando Contreras había señalado el primero de diciembre para conocer el recurso. Antes de ello habrán de ser entregadas tres partidas presupuestarias a la JCE, incluyendo la de septiembre en curso.
Lo extraño del caso es que al mismo tiempo que profundiza la confrontación con el Senado y el PRD, aceptando una intimación ridícula proveniente de un subalterno, como lo es el secretario de Estado Marino Vinicio Castillo, y aparece plegado al ex-presidente Balaguer, el presidente Fernández ofrecia “colaboración para la solución del problema” y apelaba a la ayuda de la Iglesia Católica, expresando su esperanza de que “el buen juicio se impondrá, que habrá una tolerancia mutua entre las distintas fuerzas políticas”.
El mandatario desaprovechó otra oportunidad para colocarse por encima del interés circunstancial de la política partidaria, cediendo ante los sectores de su gobierno que pretenden pescar enturbiando las aguas de la confrontación.
No es embargable
Aunque el mandatario lo consideró “algo rutinario en la justidcia”, no se tienen antecedentes de que un organismo del Estado haya sido objeto de retención de su presupuesto, mediante un “acto conservatorio”. Ello es rutinario ciertamente, frente a personas e instituciones privadas.
Pero resulta que la JCE, como todas las instituciones del Estado es inenbargable. Es decir que nadie puede embargarle sus cuentas ni paralizarla mediante recursos legales o pseudolegales, como abundan en el ámbito de la justicia civil. Un recurso similar nunca había sido agotado por los partidos, aun cuando la JCE dió veredictos tan absurdos como el “Fallo Histórico” que en 1978 despojó al PRD de 4 senadores y varios diputados para regalarle la mayoría congresional al partido de Balaguer.
Menos correspondería después de la reforma a la Ley Electoral de 1997 que establecie que la JCE “constituye una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y en las condiciones que la Constitución, las leyes y sus reglamentos determinen y con autonomía económica y presupuestaria”.
Sería un terrible precedente que la JCE pudiera privarsele de los recursos presupuestarios hasta para pagar el sueldo de sus empleados, por un alegato de ilegalidad de los partidos, aún antes de que lo conozca un tribunal. Ello conlleva graves riesgos para su papel de organizadora de las elecciones. Un acto similar podría pralizarla semanas antes de unos comicios. Por cierto que sus funciones no son meramente electorales, y sería un absurdo que una querella particular paralizara las oficialias del Estado Civil y se le negara la cédula de identidad a quienes lleguen ahora a la edad correspondiente.
Otros peligros
La decisión de congelar el presupuesto a un organismo del Estado conlleva graves riesgos de una lluvia de demandas, con peticiones conservatorias , por ejemplo contra las secretarías de Estado y direcciones generales que adeudan decenas y cientos de millones de pesos, o contra instituciones estatales como Bienes Nacionales o el Instituto Agrario Dominicano que han ejecutado expropiaciones de bienes sin pagar las indemnizaciones correspondientres, aún cuando han sido previamente acordadas.
Pero los mayores peligros radican en que la JCE o cualquier otro interesado lleve el caso ante la Suprema Corte de Justicia o ante un tribunal ordinario, por violación de la ley general de Ingresos y Gastos Públicos.
La crisis podría profundizarse más si el Senado llama a interpelación a los funcionarios responsables de la retención del Presupuesto de la JCE, y estallar si intentan un juicio político al Presidente Leonel Fernández como ya sugirió precipitadamente el precandidato presidencial perredeista Hipólito Mejía.
Esta escalada de la confontación es tan desacertada que está dividiendo hasta al PRSC, donde siempre se ha impuesto la voluntad de Balaguer con escasos cuestionamientos. Pero en la última semana la pauta generalizada ha sido la protesta, la expresión de serias diferencias con el viejo caudillo y asomos de rebeldía tan notables que han involucrado a fioguras de primer orden en el partido.
La escalada genera profundos disgustos y desconciertos en todos los sectores nacionales. Se ignora con qué fuerzas pueden contar los sectores gubernamentales que quieren jugar a la profundización de la confrontación. Es un secreto a voces que ni el empresariado, ni las iglesias, ni los Estados Unidos ven con simpatías el juego gubernamental. El otro poder fáctico tradicional, los militares, luce suficientemente reducido o reorientado a la apoliticidad, como para que nadie cuente con beligerancia protagónica. Al menos no se ve. Lo que no quiere decir que algunos no estén soñando con lo que luce imposible.-