Por Juan Bolívar Díaz

            La designación de una nueva Junta Central Electoral a la medida del interés del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por parte del Senado bajo su control, es una muestra más de hasta dónde puede llegar la confrontación por la que optó el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con la renovación del Frente Patriótico que lo llevó al poder hace dos años.

            Se ha visto claro lo que el gobierno ofrece al partido colorado como colectividad y a algunos de sus dirigentes en particular, pero los analistas no acaban de convencerse de los beneficios que obtendrá a cambio, aunque se estima que está jugando la aventura de intentar absorber el partido colorado, en colaboración con una rama liquidacionista del mismo que según círculos de la organización, la encabeza el influyente Guaroa Liranzo.

            Con la llamada agenda de reformas legislativas engavetada y mientras la Suprema Corte de Justicia comienza a recibir recursos para que declare inconstitucional la recién aprobada al vapor ley de Carrera Judicial, aumentan las preocupaciones de quienes temen una confrontación generalizada entre los poderes del Estado.

La siguiente batalla

            La confrontación no sólo abarca a los tres poderes fundamentales del Estado dominicano, sino que también podría incluir al municipal, porque desde ya se vislumbra un nuevo escenario de batalla en la elección del Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, lo que debe ocurrir el 26 de enero del próximo año, es decir, dentro de 5 meses.

            Ya dirigentes de los tres partidos dominantes se han referido a la batalla por la Liga Municipal, e incluso se vocea que Amable Aristy Castro podría ser desprendido de su curul de senador para que desde la secretaría general de ese organismo pueda expandir su liderazgo oriental hacia todas las regiones del país.

            Aunque el PRD ganó la sindicatura en 94 de los 115 municipios, en una parte de ellos la suma de los regidores reformistas y peledeistas supera a los perredeistas, por lo que podrían controlar una mayor proporción de presidencias de los ayuntamientos. Si no les faltaren muchos para la mitad, los “incentivos gubernamentales” podrían conquistar los votos necesarios.

            La beligerancia es tan grande que de los tres partidos mayoritarios han surgido ya denuncias y se han formulado advertencias. Como siempre, en el PRD hay corrientes internas dispuestas a luchar “hasta la muerte” por el control de la Liga Municipal. Y ya hay aspirantes en campaña, sin que faltare un Elpidio Ramírez que reclamara públicamente las reglas “del juego”. Julio Maríñez, desde luego, aspira a la reelección.

El palo devuelto

            El jueves 21 de agosto, justo cuando el gobierno recibía a los jefes de estados del Caribe y a Fidel Castro, el Senado controlado por el PRD devolvía a peledeistas y reformistas uno de los palos recibidos recientemente, tras la ruptura de las hostilidades. Sin consultar absolutamente con nadie, los perredeistas se colocaban un traje a la medida en la Junta Central Electoral. El doctor Manuel Ramón Morel Cerda sería el presidente. Los demás miembros titulares los abogados Luis Arias, Salvador Ramos, Ana Teresa Pérez y Luis Ramón Cordero.

            Arias y Ramos ya eran suplentes de jueces. El primero con la experiencia de la JCE que organizó los comicios de 1996 y 1998, es un académico de buena reputación, vinculado al PRD, aunque no tan estrechamente como el segundo. Teresa Pérez, quien presidía la Junta Electoral del Distrito Nacional, y Cordero, un veterano ejecutivo periodístico, son abogados independientes, con reputación de serios y eficientes.

           A Morel Cerda se le vincula al perredeísmo desde 1963 cuando fue Procurador Fiscal en el gobierno del profesor Juan Bosch. En el de Francisco Caamaño, durante la guerra civil, fue Procurador General de la República. Se contó entre los defensores del expresidente Salvador Jorge Blanco, en el proceso por corrupción administrativa que se le siguió tras su salida del poder. Es un abogado que ha mantenido una imagen de incorruptible, con intenso ejercicio y responsabilidad en la defensa de derechos humanos y civiles.

            No son objetables por sí mismos, al igual que los suplentes, entre los cuales resaltó la doctora Carmen Amelia Cedeño, miembra de Participación Ciudadana que dirigió la red de observadores electorales en los dos últimos comicios nacionales, y quien rechazó la designación, bajo el correcto argumento de que prefería el consenso político y no la imposición en materia tan delicada.

Iba a ser peor

            La decisión del Senado encontró el rechazo de numerosas instituciones de la Sociedad Civil, partidarias de la equidad, del consenso y de la concertación, aunque en general reconocen que fueron los peledeistas y reformistas quienes primero desataron la guerra de imposiciones y arrebatos políticos.

           Los perredeistas habían quedado iracundos tras el festival PLD-PRSC en el Congreso, que incluyó           la eliminación de la inamovilidad de los jueces, el generoso proyecto de ley de amnistía, el retiro de los miembros de la Cámara de Cuentas y la elección de los nuevos, así el arrebato de la presidencia de la Cámara de Diputados, mediante métodos que ellos denunciaron como “compra de conciencias”.

            Tan indignados estaban los senadores del PRD que el martes, cuando celebraron la primera sesión, contemplaron llevar a la presidencia de la JCE a un dirigente del partido. Consideraron especificamente al doctor Virgilio Bello Rosa, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y uno de sus representantes ante el mismo tribunal de elecciones. Insistían en que no pondrían la otra mejilla ante la confrontación desatada por los otros partidos.

            Hubo quienes les recomendaron sosiegoy que por lo menos consultaran a la Sociedad Civil, pero tales posiciones conciliatorias no encontraron terreno fértil. Tampoco la idea de que pusieran al frente de la JCE un abogado tan independiente como el doctor Guillermo Moreno, lo que de todas maneras era un palo al PRSC, que no le perdona su independencia en la Fiscalía del DN y al gobierno que lo destituyó, considerándolo “poco político”. Había una corriente que abogaba por una JCE de perredeistas declarados, como forma de forzar el restablecimiento de la negociación y la concertación.

Perdió oportunidad

            El nuevo Congreso Nacional quedó instalado el 16 y pasó su primera semana sin que se recibiera la agenda legislativa que el Presidente Leonel Fernández había anunciado en su discurso del 29 de julio pasado. El mismo en el que advirtió que bajo ninguna cirsunstancia pretendía “perder la oportunidad de realizar un pacto histórico con el Partido Revolucionario Dominicano y con el Partido Reformista Social Cristiano que asegure la prosperidad y el progreso de nuestro pueblo en el futuro, por una reforma a la Constitución hecha por el actual Congreso que viabilice la reelección”.

Apenas dos semanas después el Presidente Leonel Fernández había perdido esa oportunidad, al menos con el PRD. Y no por una reforma constitucional para viabilizarse una reelección, sino por menos. Hasta el 15 de agosto todavía la Comisión Política del PRD buscaba una conciliación de posiciones con el primer mandatario y su partido. Pero para ella era fundamental que no se improvisara otro “Frente Patriótico”, fundado en malas artes, para arrebatarle la presidencia de la Cámara de Diputados.

           Rotas las hostilidades, la agenda presidencial de diez proyectos de leyes económicas y sociales y hasta el proyecto de reforma constitucional han tenido que quedar engavetados, hasta que mejore el tiempo. Lo mismo ha ocurrido con la agenda elaborada por los perredeistas, y presentada a consideración de los demás sectores políticos durante el seminario para los nuevos legisladores celebrado a principios de mes en La Romana.

            El predominio de la confrontación dejó mal parados dentro del PRD a los abanderados de la concertación, entre quienes se cuentan el presidente Enmanuel Esquea, el secretario general Hatuey de Camps, la senadora Milagros Ortiz Bosch, el presidente del Senado Ramón Alburquerque y el senador Milton Ray Guevara.

Otra tormenta

            El lunes 24 de agosto mientras el Comité Político del PLD se disponía a fijar posición sobre la nueva JCE, los perredeistas elevaban a la Suprema Corte su recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Carrera Judicial. Por su parte, una comisión de abogados de decenas de instituciones de la Sociedad Civil, preparaba su propia instancia.

            Ya el presidente de la Suprema Corte, el doctor Jorge Subero Isa, había advertido que el organismo tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de la ley, en virtud de mandato de la constitución, si recibía una petición al respecto.

            No han faltado juristas y dirigentes políticos que adviertan una profundización grave de las confrontaciones si laSuprema Corte declara inconstitucional la Ley de Carrera Judicial que eliminó la inamovilidad de los jueces. No han faltado quienes postulen que en esa materia no vale el mandato constitucional, porque “no se puede ser juez y parte”.

            Todo lo que se advierte en el horizonte político es confrontación y desasosiego, lo que nadie ve con optimismo para el clima que requiere “la prosperidad y el progreso de nuestro pueblo” que avizoraba el presidente Fernández hace menos de un mes. Ni siquiera para que el gobierno tenga mayor éxito en esta segunda mitad de su mandato. Tampoco para el turismo ni para atraer inversión extranjera, siempre sensible ante los conflictos que involucren el poder legislativo.

¿A cambio de qué?

            Todavía los analistas se preguntan a cambio de qué prefirió el gobierno la concertación con el PRD. No se advierte qué recibe el PLD y su gobierno en lo inmediato. Y si no han resultado engatusados por la inmensa capacidad y ductilidad del expresidente Balaguer, quien el domingo llegó al grado de declararse admirador de Fidel Castro y sus ideas.

            Tal vez los peledeistas han sido arrastrados por la posición de Guaroa Liranzo, quien, al decir de dirigentes del PRSC juega a la liquidación del partido en aras de sus intereses personales. No faltan quienes crean que Balaguer “está perdiendo facultades” y es el engatusado, de Liranzo, quien junto al director de Aduanas Miguel Cocco, dirigió el operativo que mantuvo a Héctor Peguero Méndez en la presidencia de los diputados.

            Obviamente que con la alianza los reformistas lograron éxitos como el haber anulado la inamovildiad de los jueces, o haber pretendido una amnistía hasta preventiva sobre la corrupción, y una participación en la Cámara de cuentas. Mientras arrastraban al PLD a sus posiciones, haciéndole renegar de viejos principios.

            Lo que no se asegura es la ganancia del PLD, que quedaría pendiente para el futuro, si los reformistas le restauran la confianza y no tienen otra alternativa en una segunda vuelta electoral en el año 2 mil, que de ninguna forma se dará en las mismas circunstancias de 1996, porque ni ellos estarán en el poder, ni el doctor José F. Peña Gómez será candidato.

            Hay quienes creen que una vez más Balaguer es el ganador neto, pues ha logrado que PLD y PRD se enfrenten en términos dramáticos, mientras él parece no cargar ninguna responsabilidad. Por ese camino pretendería llevarlos al desgaste, especialmente al gobierno, a costa de quien tiene que recuperarse el PRSC, de ninguna forma contando con su éxito. A no ser que el liquidacionismo en el PRSC lo encabece Balaguer en vez de Liranzo.

            Ya se verá posteriormente hasta dónde llega el “respaldo” del reformismo al gobierno. Mientras tanto adios a los procesos judiciales y a los principios y todos los partidos lucen carentes de programas y a merced del oportunismo y la conveniencia coyuntural dentro del pragmatismo salvaje.

            En la comunidad reformista hay desconcierto y no son pocos los que se sienten frustrados. Aunque todavía predominan los que aguardan en silencio que la taumaturgia balaguerista haga de nuevo el milagro del renacimiento o de la resurrección. Aunque el victorioso caudillo estará en los próximos dias entrando en los 92 años.