Por Juan Bolívar Díaz
La sorpresiva y acelerada aprobación de dos proyectos de leyes para anular la inamovilidad de los jueces, reclamada dentro del proceso de reformas que requiere la nación, e instituída en la Constitución de la República, y para declarar una “amnistía” sobre la corrupción administrativa de las últimas dos décadas, ha sembrado confusión y desconcierto en el país.
La mayor preocupación se deriva de la participación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la obvia concertación para aprobar los proyectos, uno en el Senado y el otro en la Cámara de Diputados, con los cuales el partido de gobierno sigue adjurando de los principios que enarboló con firmeza en sus primeras dos décadas de existencia.
Para algunos analistas la explicación de los saltos peledeistas radica en un desesperado empeño por crear condiciones que permitan la reedición del Frente Patriótico con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que le aseguró el triunfo en las elecciones presidenciales de hace dos años.
Rápido doble-play
Todo fue sorpresivo. En ambas cámaras legislativas, el jueves 9 diputados y senadores, en proporciones mínimas, parecieron concertados para realizar lo que en el beisbol se conoce como doble-play, que para algunos cronistas y comentaristas del deporte rey dominicano equivale a una doble matanza.
En ambas cámaras legislativas se propusieron sorpresivamente reformulaciones que tergiversaban proyectos de leyes en discusión. El de carrera judicial apareció durante varias semanas centrado en el establecimiento de una edad límite para el ejercicio de los jueces. Voceros de los senadores, incluyendo a los del Partido Revolucionario Dominicano, habían advertido que la inamovilidad no implicaba que no hubiese una edad de retiro. Se hablaba de un consenso para establecerla en 75 años, lo que de por sí había provocado contradicciones en la Suprema Corte de Justicia.
Como fórmula de transacción y transitoriamente se permitiría que los actuales jueces supremos que sobrepasan ese límite duraran cuatro o cinco años más en el ejercicio de funciones que apenas suman 10 meses.
Al aprobar el proyecto en segunda lectura en el Senado se le introdujo una modificación para que se volviera al período de 4 años en el ejercicio judicial, lo que contradice abiertamente la reforma constitucional pactada en 1994 por los mismos tres partidos dominantes. Otra adición de último momento limita la dirección de la escuela de la magistratura a abogados que no estén en ejercicio activo de la profesión desde un bufete u oficina, para golpear a la Suprema Corte que designó para esa responsabilidad al distinguido jurista Juan Manuel Pellerano, cabeza de uno de los principales grupos de abogados del país.
Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados, se aprobaba al vapor una ampliación de los alcances de un proyecto para amnistiar al ex-presidente Salvador Jorge Blanco y algunos de sus colaboradores acusados de crímenes contra el patrimonio público. De golpe se extendió la amnistía desde 1978, hasta el momento en que fuere promulgada la ley, lo que implica una patente de corso, aunque sea temporal.
¿Cuál carrera judicial?
El proyecto aprobado por el Senado es un absurdo, pues instituye una carrera judicial en base a elección por cuatro años, y retrotrae el ejercicio de la magistratura a lo que se suponía superado con la reforma constitucional que instituyó la inamovilidad de los jueces.
Absurdo también resulta que el proyecto aprobado persista en el límite de los 75 años para el retiro de los jueces, lo que sólo tenía sentido dentro de una carrera garantizada por la inamovilidad. Si se han de elegir cada cuatro años, habría que dejar que los electores decidan cuando un juez ya no está en condiciones de ejercer.
No deja de ser una burla a los reclamos de muchos años que ahora se pretenda una “inamovilidad de los jueces por cuatro años” como establece el proyecto aprobado y como abogó el domingo último el caudillo reformista Joaquín Balaguer. No se advierte la diferencia con el sistema anterior al precepto constitucional de la inamovilidad de los jueces. Siempre fueron electos por 4 años, antes por los senadores y ahora el Consejo Nacional de la Magistratura.
Como el Consejo de la Magistratura está integrado por funcionarios que se eligen cada cuatro años, es decir llamados a cambiar frecuentemente, en representación del Poder Ejecutivo, las cámaras legislativas y la Suprema Corte, el ejercicio judicial volvería a quedar supeditados a los intereses políticos. En otras palabras que no habría garantía de carrera judicial ni de inamovilidad, en contradicción con los párrafos 1 y 3 del artículo 63 de la Constitución de la República.
Otro gran absurdo
El proyecto de amnistía aprobado por los diputados es otro gran absurdo, probablemente sin antecedente en el país ni en ninguna otra parte del mundo. Las leyes de amnistía, como las de 1978, se promulgan para suspender persecuciones políticas, o crímenes estrechamente vinculados a la acción política, pero nunca para beneficiar a los que se apropian del patrimonio público.
Es mucho menos probable que se encuentre un perdón del delito de corrupción adelantado hasta para actos que pudieran registrarse hasta el momento de la promulgación de una ley, aun cuando no hubiesen sido conocidos por los tribunales.
La amnistía para el expresidente Jorge Blanco ha sido más o menos aceptada, aunque con el reparo legítimo de algunos. Pero es obvio que en su caso hubo persecución política, que las acusaciones se conocieron y debatieron públicamente hace 11 años, y que fue objeto de una condena por un tribunal, aunque manipulado. También el exmandatario pagó con cárcel y humillaciones. Si amnistía es perdón y olvido, en su caso tiene algún sentido. Aunque hay quienes creen que él no debería aceptarlo, sino reclamar un juicio imparcial y transparente en atención a su apelación de la sentencia en primera instancia.
Obviamente que con la amnistía a Jorge Blanco se pasa de contrabando un olvido y perdón de crímenes contra el patrimonio público que no han sido dilucidados, e incluso de los que pudieran salir a flote posteriormente. Algo similar a las execrables leyes de “punto final” que impusieron los militares en Chile, Argentina y Uruguay, como precio al restablecimiento de la democracia, frente a asesinatos y desapariciones, viles y masivos, pero también de carácter político.
¿Hubo concertación?
Al momento de escribir este análisis se ingoraba si hubo una concertación entre reformistas y peledeistas para aprobar ambos proyectos. Pero aparentemente sí. De no haberla habido, debe concluirse que los peledeístas están actuando sin brújula, renunciando a cuestiones tan importantes de sus proyectos, programas y compromisos públicos como la carrera judicial y la inamovilidad de los jueces y el castigo de la corrupción, simplemente para satisfacer a los reformistas, tratando de reconquistar su favor. A no ser que estén pensando en propia corrupción.
Lo del senado con el proyecto de carrera judicial pasó por dos sesiones. Y en la última los del PRD y el Acuerdo de Santo Domingo se retiraron. El único senador del PLD, Bautista Rojas de Salcedo, fue imprescindible tanto para mantener el quorum como para la aprobación. Hasta el lunes el PLD no se había desligado de sus actos ni había salido en defensa del compromiso de la carrera judicial y la inamovilidad de los jueces. Aunque el presidente Leonel Fernández es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y los peledeistas reivindicaban la reforma judicial entre sus logros.
En el caso de la Cámara Baja, la actuación peledeista ha sido tan vergonzante que algunos oficialistas han alegado que no votaron por la “patente de corso” que implica esa amnistía. Ciertamente hubo confusión en la votación. Tanta que el presidente de la Cámara, Héctor Peguero Méndez, pidió “reconteo”, sometiendo otra vez a votación el proyecto”. En el video pasado varias veces por Teleantillas se ve al doctor José J. Bidó Medina, diputado y miembro del comité político del PLD, dubitanto entre mantener en alto la mano o bajarla. Pero se le escucha luego aclarar que los peledeístas no votaron por el proyecto original, pero sí por el informe de comisión que extendía el alcance de la amnistía.
Los que no tuvieron dudas fueron los reformistas. Votaron todos las dos veces. En cuanto a los perredeístas cinco lo hicieron en la primera votación y tres en el “reconteo”. La mayoría de los blancos se abstuvo. En el Senado el quorum fue el mínimo de 16 miembros, y todos votaron positivamente. En la primera de los diputados votaron 55 de 79 presentes. Y sólo 47 en el reconteo.
Reacción del gobierno
Generó alivio, aunque también confusión, la declaración leída el viernes por el director de prensa del Palacio Nacional en la que se rechazaba el proyecto indicando que el gobierno “no apoya ni apoyará jamás que un funcionario que haya cometido hechos reñidos con la honradez que debe caracterizar la función pública, pueda escapar del brazo de la ley escudándose en su posición política”.
El gobierno rechazó los términos del proyecto según la declaración, aunque unas horas después que lo hiciera hasta el expresidente Jorge Blanco a quien se supone beneficiario del mismo. Esta pudo haber sido la razón del rechazo, o que el presidente Leonel Fernández no aprobara la actuación de los legisladores de su partido.
Llamó la atención que la declaración oficial no aludiera en lo más mínimo al otro proyecto aprobado al vapor con el voto de los reformistas y peldeístas, el que anula la carrera judicial y la inamovilidad de los jueces.
Exposición inútil
Ahora con la objeción del Ejecutivo, el proyecto aprobado por los diputados luce a la deriva. Pero lo mismo se puede decir del aprobado en el Senado, a la luz del rechazo del PRD y de la reiteración del presidente de los diputados de que lo enviará -cuando lo reciba- a una comisión especial, lo que quiere decir que lo engavetará dado que sólo faltan 2 semanas para concluir la legislatura. En el próximo congreso, desde el 16 de agosto, las posibilidades de ambos proyectos lucen nulas.
En conclusión que el esfuerzo podría resultar totalmente inútil. Se explica en la posición de los reformistas, pero incongruente y absurda exposición de los peledeistas. Muchos se preguntan si será pura torpeza o pasos en falso. No faltan quienes ahora entienden las ofensivas del Procurador general Abel Rodríguez y del secretario de Estado Vincho Castillo contra la Suprema Corte de Justicia.-