Por Juan Bolívar Díaz
A tres meses de los comicios presidenciales, el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Hipolito Mejía, sigue encabezando la competencia con una cómoda ventaja ratificada por todas las encuestas, aunque cada vez con inusitadas variaciones.
Deficiencias institucionales estimuladas por la nueva tecnología que maneja la Junta Central Electoral (JCE), se erigen aún como sombras sobre la culminación exitosa del proceso electoral y alientan a sectores que no han vacilado en proclamar su disposición a jugar a la crisis política electoral para cambiar el curso de la nación.
Hay quienes creen que el tribunal electoral deberá apelar a la asesoría especializada para superar los problemas tecnológicos que confronta, que aparentemente van más allá de la entrega de 800 mil cédulas pendientes, lo que no podrá culminar en el plazo original de febrero, pero sí en marzo próximo, cuando todavía sobrará tiempo para conformar el padrón de electores.
La carrera de Hipólito
La encuesta de Penn, Schoen & Berland publicada la semana pasada por el diario El Siglo produjo impacto en los círculos políticos nacionales, y especialmente en los ámbitos gubernamentales y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sus resultados eran casi similares a los registrados en otra investigación de la misma empresa realizada tres meses antes, a finales de octubre pasado.
Las preferencias electorales no habían cambiado para nada en un período de 90 días, similar al que resta ahora para las elecciones. El agrónomo Hipólito Mejía, quien en octubre registró un 51 por ciento, ahora lograba un 50, el ingeniero Danilo Medina del PLD, capturaba ese punto para colocarse con el 27 por ciento, justamente uno más que el 26 por ciento de octubre. El doctor Balaguer se mantuvo en su 20 por ciento.
El impacto de la encuesta Penn tenía que ser mayor en los ámbitos gubernamentales, puesto que esta goza de credibilidad en los mismos, especialmente desde las elecciones presidenciales anteriores, cuando sus investigaciones sirvieron a la planificación del entonces candidato Leonel Fernández y los resultados fueron ratificados por los electores.
Por demás, quien contrata esa encuesta ( hasta hace poco sólo Penn & Schoen) desde los comienzos de los ochenta, cuando sirvieron de base al candidato Salvador Jorge Blanco, es un prestigioso profesional de la investigación histórica, amigo personal del presidente Fernández, que hasta hace tres meses era su embajador en Washington: el licenciado Bernardo Vega. El también economista proclamó el mes pasado su criterio de que Fernández es el mejor presidente que ha tenido la nación.
Dirigentes peledeistas han admitido que los resultados de la encuesta Penn cayeron como un balde de agua helada sobre los ámbitos gubernamentales, al ratificar que Mejía podría ganar en la primera vuelta, y que conseguiría una cómoda ventaja en una eventual segunda ronda en cualquiera de los escenarios posibles, sea con Medina o con Balaguer encabezando la boleta, 21 puntos sobre el primero y 12 sobre el segundo.
Aunque la Penn coloca a Medina firme en un segundo lugar de las preferencias electorales, al momento de su última encuesta, dista 23 puntos del puntero, una perspectiva muy diferente a la que esa firma registraba en la campaña para las presidenciales de 1996. Ya en diciembre del 95 Leonel Fernández aparecía tan sólo con 3 puntos por debajo de José Francisco Peña Gómez, 35 a 38 por ciento. La Gallup para Rumbo, de noviembre de 1995, los colocaba virtualmente empatados 37 para Peña y 36 para Fernández. Aunque la del 18 al 23 de febrero de 1996 los separó al otorgar 43 por ciento a Peña Gómez, 33 a Leonel Fernández, y 18 a Peynado. Con 6 por ciento de indecisos.
Si la semana pasada fue deprimente para los peledeistas, esta puede resultar de recuperación para ellos y de preocupación para los perredeistas, a raíz de los resultados de la encuesta de Hamilton and Staff para el diario Hoy, dados a conocer el lunes 14, que registran una caída de 7 puntos en las preferencias de Mejía, y un aumento de un punto para Medina y Balaguer, en relación a la anterior encuesta de esa firma realizada del 22 al 28 de noviembre.
Llama la atención que ni Medina ni Balaguer pudieron aprovechar significativamente los 7 puntos de caída de Mejía. O que creció fue el porcentaje de indecisos, que pasó del 6 al 10 por ciento.
También llama la atención las diferencias entre los resultados de las encuestas de Penn y Hamilton, dado que se hicieron con muy pocos días de diferencia. La primera del 25 de enero al 1 de febrero, y la segunda del 31 de enero al 4 de febrero, es decir, que incluso tuvieron dos días en común. Nada extraordinario ocurrió en esa semana para justificar cambios tan drásticos.
Temores Persistentes
Entrada ya la recta final para los comicios, se siguen expresando temores e incertidumbres en los más diversos sectores, desde el Palacio Nacional a los locales de los principales partidos, esta vez incluyendo al PRD, por los retrasos en la cedulación y las versiones de dificultades en la conformación del padrón de electores.
El lunes la JCE puso en práctica una nueva ofensiva que pretende entregar las cédulas a todos los ciudadanos que la solicitaron en el curso de unas semanas. Decidieron emitir una nueva a aquellos ciudadanos que vayan a buscarla, con comprobante de haberla solicitado, en caso de que no aparezcan. Aparentemente esa facilidad supondría aplazar la comprobación de las huellas dactilares para más adelante. En caso de que luego se compruebe que no procedía otorgar una cédula, se le anularía para fines del padrón electoral.
Los informes disponibles permiten creer que la JCE terminará por cedular a los 4.3 millones de ciudadanos y ciudadanas que solicitaron el documento antes del 31 de enero pasado. Aunque no es lo ideal, la emisión podría extenderse incluso hasta mediados de abril. Pero en todo caso es preferible a autorizar el voto con el viejo documento, lo que sería imprescindible si no se puede entregar el nuevo carnet a una parte de los que lo solicitaron. El derecho al voto no puede quedar suprimido por problemas técnicos o competencia administrativa.
Para discutir medidas extremas todavía queda tiempo. Por el momento lo que amerita el proceso es que los partidos y la opinión pública ayuden a la JCE a culminar la cedulación, sin pronunciamientos prejuiciados, alarmistas o que minen la credibilidad del organismo institucional.
Todavía hay grupos que acarician la esperanza de un tranque electoral para forzar negociaciones no institucionales, como en el pasado. Por fortuna la generalidad de los factores de poder no apuntan en esa dirección, sino a la ratificación de los avances registrados en los comicios de 1996 y 1998, cuando no hubo una sola impugnación de los resultados electorales.
La sociedad civil se mantiene vigilante, promoviendo la firma del Pacto de Etica Electoral; el embajador de Estados Unidos, Charles Mannat, trajo una agenda electoral muy específica de promoción de elecciones “libres y justas”; los organismos internacionales se mantienen vigilantes del proceso dominicano; las Fuerzas Armadas sin posibilidades de lograr consenso para respaldar un chanchullo electoral; y casi todas las fuerzas políticas significativas en el carril del fortalecimiento institucional.
El Presidente Leonel Fernández luce bien consciente de la situación, con los riesgos y peligros a la vista, tanto por las deficiencias del proceso electoral, como por la reacción de sectores que no se resignan fácilmente a aceptar que el voto popular no les es favorable. El mandatario está empeñado en fortalecer su legado de gobierno y en mejorar su imagen de estadista, pensando en el futuro que, en su caso, con apenas 46 años, es todavía dilatado.
Necesitarían asesoría
En fuentes bien informadas y preocupadas por la transparencia electoral toma cuerpo la convicción de que en el Centro de Cómputos de la JCE persisten algunas dificultades técnicas, derivadas de la nueva tecnología. Ellas podrían repercutir en problemas en el padrón electoral, como que alguna proporción de electores cedulados no aparezca en los listados o estén desubicados. También se cree que hay retraso en la programación de la transmisión y procesamiento de los resultados electorales.
Recientemente se llegó a informar que la JCE era partidaria de que la comisión de asesores, integrada por ejecutivos de informática de tres grandes empresas (Codetel, Banco Popular y Mercasid) tomaran un papel más activo, integrándose provisionalmente a los trabajos del tribunal electoral. Otra versión daba cuerpo a la idea de buscar asesoría en organismos internacionales especializados.
Una cosa parece cierta, y es que los jueces electorales, con el doctor Ramón Morel Cerda a la cabeza, están conscientes de su responsabilidad y no están dispuestos a salir mal parados de la prueba. Están conscientes de que sobre ellos han recaído hasta culpas que no les correspondían, como los problemas derivados de una nueva tecnología mucho más complicada, con huellas dactilares, fotografía integrada al carnet y padrón fotográfico, que no fue decidida por ellos y que como abogados no estaban supuestos a controlar.
Morel Cerda será un hombre a veces poco político y rígido, pero de una honestidad a toda prueba, y no está dispuesto a ponerla en duda. Por eso, dicen, está empeñado en hacer todo lo necesario para mantener la credibilidad y culminar con éxito el proceso electoral en marcha.-