Por Juan Bolívar Díaz

            El Presidente Leonel Fernández tiene legítimo derecho a promover la candidatura presidencial de su Partido de la Liberación Dominicana pero subordinado a su primer compromiso que es ser garante de unas elecciones tan limpias y libres que reafirmen el proceso de democratización que vive la nación.

            En tal dirección le urge al gobierno una nítida colaboración con la Junta Central Electoral, cambiando una política que se ha caracterizado por la confrontación y que ha alentado las más variadas especulaciones en contradicción con la coyuntura regional y continental que favorece el fortalecimiento de los procesos electorales democráticos y rechaza todo género de imposición.

            Ninguno de los sectores tradicionales de poder está en capacidad ahora mismo de cambiar el curso democrático de la nación y ni siquiera de embarcarla en una crisis que revertiría los avances institucionales y en materia de estabilidad económica y social de los últimos años.

Imprudente recorte

            El recorte de 152 millones de pesos al presupuesto de 552 millones presentado para el próximo año por la Junta Central Electoral (JCE) por parte del Poder Ejecutivo ha sido el último eslabón de una larga cadena de desentendidos entre los dos organismos estatales.

            Conocidas las dificultades por las que ha atravesado el proceso de cedulación y organización de las elecciones presidenciales, con nueva tecnología, es inexplicable que los técnicos de planificación del gobierno le hayan tumbado más de un veinticinco por ciento al presupuesto solicitado por el organismo rector del proceso democrático sin consultar a sus ejecutivos o funcionarios financieros.

            No habría llamado tanto la atención si el recorte no hubiese coincidido con una nueva oleada de denuncias de la JCE, de vaticinios sobre el fracaso de la cedulación y de planteamientos en pro del voto con doble cédula por parte de sectores políticos y de los medios de comunicación, elementos que fundamentan posiciones absurdas como la de que hay sectores interesados en llevar el país a una crisis política en mayo próximo.

            A ello han contribuido planteamientos provenientes del mismo sector oficial, como el formulado hace algunas semanas por el doctor Euclides Gutiérrez Félix cuando dijo que podrían aplicar a los comicios la medicina con la que trataron a la Liga Municipal Dominicana, que no fue otra que la del despojo mediante el uso de la fuerza.

Después de haber firmado, junto al doctor Joaquín Balaguer, aquella carta de rechazo a los jueces electorales elegidos legítimamente (aunque sin consenso) por el Senado de la República, de haber avalado la maniobra política que le suspendió por varios meses el presupuesto a la JCE, no es buena señala una nueva confrontación presupuestaria al comenzar el tramo final para los comicios.

La situación es tan absurda que el recorte presupuestario no ha podido ser defendido por nadie, y hasta el Partido de la Liberación Dominicana se manifestó en favor de que se otorgue al tribunal electoral los recursos que demanda la organización del proceso.

No conviene a Leonel

La imagen de confrontador de la JCE no conviene al Presidente Leonel Fernández y le causa daño en el ámbito internacional donde ya perdió prestigio con el arrebato de la Liga Municipal y algunas otras actitudes contradictoras de la imagen de gobernante modernizador, con visión de futuro y promotor de reformas democráticas que ha logrado labrarse en materia económica y administrativa.

El protagonismo contra la JCE que ha caracterizado al sector oficial apenas ha dado tregua para que se pueda garantizar la conclusión de la misión de la nueva cédula con fotografía y firma integradas y huellas dactilares comparadas, que se supone harían más difícil la materialización de fraudes electorales. El enfrentamiento tuvo ribetes tan irracionales que dirigentes peledeistas y funcionarios gubernamentales llegaron a denunciar la calidad del mejor carnet que puede aparecer en el mercado internacional.

Por su jerarquía en una democracia tan endeble como ha sido la dominicana, y por el peso del presidencialismo, lo que conviene a la trascendencia del doctor Fernández es comprometerse completamente en todos los pasos conducentes a garantizar elecciones libres. Para que su ejercicio presidencial concluya fortaleciendo el proceso democrático, de ninguna forma con regresionismos. Sobre todo teniendo en cuenta que fue electo en comicios libres, después de varios traumas electorales consecutivos.

Para ese objetivo será fundamental que se empeñe en evitar el uso de recursos estatales de cualquier género en la campaña, incluyendo no vincularse4 personalmente a la recaudación de fondos ni llegando al grado de la descalificación de los candidatos de otros partidos, como ya hizo dos veces la semana pasada hablando a periodistas extranjeros.

No beneficia la imagen de un presidente democrático decir que un candidato de oposición vive en el siglo pasado porque habla del pichirrí, o que carece de visión histórica, que de ganar la República se iría a pique, que entraría en etapa regresiva, etc. Como representante de toda la nación, sobre todo en el exterior, lo que corresponde al presidente es promover la idea de que como quiera saldremos adelante y se afianzarán los procesos de reformas democráticas, económicas y sociales. Sobre todo si el aludido figura a la cabeza de todas las encuestas y luce con muchas posibilidades de sucederlo en la representación de la nación.

Proceso irrevocable

            Por más vuelta que se de al asunto, todos los factores apuntan a la celebración de elecciones democráticas en mayo próximo. Ninguno de los sectores de poder está en capacidad por sí sólo ni de aunar voluntades para torcer el rumbo democrático nacional. El primero que no va a jugar su suerte a ello es el propio Fernández, quien saldrá del Palacio Nacional con apenas 48 años y debe verse en el espejo del difunto presidente Antonio Guzmán, quien no logró pasar la descompresión del poder, habiendo hecho un gobierno tan positivo que pocos años después las encuestas lo presentan como el mejor en la historia contemporánea.

              Ni en las Fuerzas Armadas ni en los sectores empresariales ni en las iglesias se reune hoy el consenso mínimo necesario ni para evadir la consulta electoral democrática ni para realizar un fraude o algún otro género de imposición. Mucho menos en el sistema político, donde predomina un sólido régimen tripartidista. Tampoco en la Sociedad Civil en general, alerta como nunca en la defensa de los avances democráticas e institucionales.

              En el ámbito internacional la situación no es menos auspiciosa para la democracia dominicana. Las organizaciones internacionales, los grupos de presión, los gobiernos del continente como los europeos apuestan todos a la transición democrática, con los Estados Unidos a la cabeza, lo que es una diferencia fundamental con el pasado de debilidad democrática al amparo de la guerra fría.

              Y el gobierno de Bill Clinton no ha dejado la menor duda. El mensaje fue reiterativo en la reunión sostenida en Miami por el presidente Fernández con el subsecretario de Estado norteamericano Peter Romero, el envíado del Presidente Clinton, Alexander Buddy McCabe, y la encargada de negocios Linda Watt.

              Y como el secretario técnico de la presidencia, Temístocles Montás, no lo entendió y declaró a periodistas dominicanos que los norteamericanos habían expresado sus insquietudes al presidente sobre la cedulación, la señora Watt se acercó al día siguiente a los reporteros para precisar que “la preocupación básica de su gobierno es que se celebren elecciones justas y libres”.

               El mismo Peter Romero vino al país, al igual que el subsecretario de Estado John Hamilton, a finales de 1998, para expresar al Presidente Guzmán y a todo el mundo, el interés norteamericano porque prosiga el proceso democrático electoral. Lo hicieron cuando el Poder Ejecutivo estaba enfrentado completamente a la JCE.

               Luego vino la primera dama Hillary Clinton y también puso énfasis en la importancia de las elecciones libres y justas y del entendimiento democrático. Cuando se cuestionaba el nuevo carnet electoral el cónsul general de Estados Unidos Edwin Cubbisum y la misma Linda Watt fueron hasta la propia JCE a respaldar el nuevo documento. Y a defender las autoridades electorales.

                  Aparentemente no es sólo la firme posición norteamericana de promoción de la democracia lo que se ha evidenciado, sino también que en Washington perciben que aquí persisten grupos o tendencias que en el pasado tuvieron éxito en los arrebatos electorales.

                  Para que nadie se llame a engaño Estados Unidos ha enviado como embajador en Santo Domingo a Charles Manatt, una personalidad de primer rango político, comprometida precisamente con la promoción de la democracia en el continente y en la República Dominicana.

                   El currículum del embajador Manatt es bien elocuente: Presidente fundador del Instituto Nacional Democrático y vicepresidente del Fondo Nacional para la Democracia, ambas entidades vinculadas al Partido Demócrata, y miembro de la junta directiva del Centro para la Democracia (del presidente Jimmy Carter).Y si todo eso no dice nada debe agregársele que fue presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, (IFES) de destacada actuación durante la crisis electoral dominicana de 1994.

                   Las perspectivas definitivamente no apuntan en la dirección que quisieran algunos grupúsculos antidemocráticos. Hará muy bien el presidente Fernández en ignorarlo y afianzar su compromiso con el proceso democrático, aún en el riesgo de tener que entregarle a otro partido. Aunque no le gusten los refranes populares, aquí vale recordarle que a él le queda más tiempo que longaniza.-