Por Juan Bolívar Díaz

               Muy a pesar de las algarabías ultra nacionalistas, colindantes con la xenofobia, que ha vivido el país en las últimas semanas, los dirigentes de la sociedad dominicana tendrán que entender la urgencia de una política que norme la inmigración de ciudadanos haitianos o prepararse a enfrentar nuevas denuncias de violaciones de derechos humanos.

            Dos informes de organismos internacionales, del sistema interamericano y las Naciones Unidas, publicados en menos de 3 semanas deberían ser suficientes para aplacar las iras y prepotencias y dar paso a la consideración de la compleja cuestión de la inmigración haitiana con suficiente ponderación, sensatez y hasta generosidad.

            La imagen de la República Dominicana en relación a Haití es muy mala en el concierto internacional desde la matanza de haitianos ejecutada por Trujillo en 1937 y se ratifica permanentemente con las denuncias de violaciones de derechos humanos, ultimamente en especial por la negativa de reconocer la nacionalidad de los hijos y hasta nietos de haitianos residentes en el país.

El gran destape

            La última oleada de sensibilidad ultra nacionalista en relación al “problema haitiano” no fue originada del lado occidental de la frontera ni en los organismos internacionales. Fue una propuesta de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica que produjo el gran destape, al demandar del Senado una resolución para “dotar de acta de nacimiento a millares de niños, adolescentes y adultos de origen dominicano o no, que están en calidad de apátridas en el país, por carecer de un acta de nacimiento por no haber sido declarados”, según publicó el diario Hoy el 6 de octubre pasado.

            Igual demanda habían formulado en repetidas ocasiones sacerdotes y laicos, directivos de la Pastoral Católica para los Haitianos, así como representantes de organizaciones sociales, especialmente de las que trabajan con los haitianos residentes en el país.

            La propuesta, sometida a una comisión especial y pedida la opinión de la Junta Central Electoral, despertó una nueva ola de artículos y declaraciones sobre “el problema haitiano” en la que se repitieron argumentos de que los hijos de haitianos sin residencia legal en el país no son dominicanos, aunque nazcan y se críen aquí.

            El argumento es reciente, data de la última década cuando el sentimiento antihaitiano fue instrumentado contra las expectativas políticas del doctor José Francisco Peña Gómez, hijo de haitiano y dominicana, y víctima de la persecución encarnizada de 1937, cuando quedó virtualmente huérfano.

            Aún décadas antes, hijos de haitianos residentes ilegales en el país eran declarados como dominicanos. Aquí se quedaron y siguieron produciendo descendencia. Entre los millares que ahora están indocumentados aparecen muchos cuyos padres y hasta abuelos ya fueron documentados como dominicanos, cuando las pasiones no habían calado tan profundo en los propulsores del sentimiento antihaitiano.

            Contradictoriamente, entre quienes más duramente rechazan que se reconozca la nacionalidad de niños, jóvenes y adultos de ascendencia haitiana ha aparecido la máxima figura de la Iglesia Católica, el cardenal Nicolás López Rodríguez, quien procedió a desautorizar la solicitud de la Pastoral Juvenil. Otros obispos y sacerdotes han disentido abiertamente, en una expresión de las divisiones que origina el “problema haitiano”.

El informe de la OEA

            En pleno fervor nacionalista, pasaron cuatro semanas de “enjundiosos” artículos y declaraciones en los que expresamente se confundía a los hijos de haitianas que cruzan la frontera para dar a luz en hospitales dominicanos, con los de los residentes en el país, y a estos se les declaraba en “tránsito” aunque llevaran décadas viviendo aquí.

            El viernes 29 de octubre se conoció el informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana 1999”, aprobado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo contenido sobre el tema haitiano desbordaría por completo las pasiones.

            El extenso documento, que por cierto documenta muchas otras violaciones de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales de delincuentes y presumidos delincuentes, critica las deportaciones masivas de inmigrantes haitianos, las precarias condiciones en que estos viven en el país, y recomienda adoptar medidas tendentes a garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales. Recuerda que el artículo 22 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la que el país es suscriptor, prohibe la expulsión colectiva de extranjeros.

            Este documento denunció la negativa a reconocer a los haitianos nacidos aquí, rechazando que sean “extranjeros en tránsito” personas que ha residido por años en un país, desarrollando vínculos de todo género, mientras a sus hijos se les niega el acceso a los servicios de salud y educación. Recomienda documentar a los inmigrantes haitianos con cédulas de trabajo y de residencia así como legalizar la situación de los nacidos en el país.

Reacción indignada

            Las autoridades dominicanas reaccionaron con desproporción. Primero porque como es su práctica obligada, la Comisión sometió el informe al gobierno dominicano, para que expresara sus reacciones, el 28 de junio, más de tres meses antes de publicarlo, y en su respuesta no hubo contradicciones significativas. Segundo, porque pretendieron negar las facultades de la Comisión de Derechos Humanos, amparadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con una larga tradición de denuncias y reclamos en defensa de derechos políticos, económicos y sociales, incluso en la República Dominicana. Y tercero, porque “para reafirmar la soberanía nacional” se incurrió escandalosamente en mayores y atropellantes deportaciones masivas.

            En otras palabras, que la reacción del gobierno dominicano, además de enviar tropas a la frontera, fue una demostración de que en el territorio nacional hace “lo que les parece” y nadie tiene derecho a criticarlo, sin incurrir en injerencia o extralimitación. Fue tan emotiva que no reparó en la imprudencia de tal política a pocos días de la reunión cumbre en Santo Domingo de los jefes de gobiernos de los países de Africa, el Caribe y el Pacífico, en su gran mayoría negros y con mayores vínculos históricos, culturales y diplomáticos con Haití.

            Fuentes diplomáticas afirman que los acontecimientos de Santo Domingo, con manifestaciones hostiles en Puerto Príncipe, Miami, Nueva York y otras ciudades, repercutirá de diferentes formas en la cumbre de esta semana. Incluso se afirma que algunas delegaciones fueron reducidas a causa del imprudente diferendo.

La ONU remacha el clavo

            No había cesado la algarabía contra la OEA, cuando las 9 agencias de las Naciones Unidas que trabaja en el país dieron a conocer su informe “La República Dominicana, 1998. Visión de las Naciones Unidas sobre la Situación del país desde la Perspectiva de los Derechos Humanos”, en la misma línea de denuncias y recomendaciones.

            No fue una reacción, pues este documento ya estaba impreso en un libro de 81 páginas, cuando se conoció el de la OEA. Además de reclamar mejores condiciones para la fuerza laboral haitiana en el país, plantea que “es necesario atender el derecho a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes. Se han constatado trabas y restricciones para el registro de niños y niñas nacidos en territorio dominicano, hijos de parejas inmigrantes o de parejas conformadas por un extranjero y un nacional. Estas cortapisas violan un derecho humano fundamental y también la normativa legal dominicana”.

            Las Naciones Unidas también urgen a “establecer, a la mayor brevedad, una política migratoria clara, explícita y acorde con la perspectiva de derechos”, señalando que su formulación ya ha sido iniciada por el actual gobierno, aunque está en fase incipiente. Como para no dejar dudas de cómo se refleja el país, las 9 agencias de la ONU en el país dicen que “en la medida en que avance la definición de la política migratoria será necesario avanzar también en la concientización de la sociedad nacional, buscando superar prejuicios raciales y nacionalistas existentes, muchos de los cuales fueron creados en el pasado con participación gubernamental”.

            No está demás señalar que entre los firmantes del documento, entregado en rueda de prensa, se cuentan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la UNESCO, UNICEF, OPS, FAO y el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, quien fue el vocero en el acto.

            Mientras tanto, las denuncias de abusos con nacionales haitianos y dominicanos negros, de ascendencia haitiana o no, han dado la vuelta al mundo, reafirmando visiones del país como tierra de graves contradicciones, que abomina de los inmigrantes, pese a haber saturado Puerto Rico, varias ciudades de Estados Unidos, casi todas las islas del Caribe, Centro y Sur América con más de un millón de migrantes.

            Los medios informativos han dado cuenta de múltiples abusos al compás de las últimas deportaciones. Baste citar la página 13-A del Listín Diario del domingo 21 de noviembre, que cuenta el caso del agricultor dominicano Eddy Martínez, de 48 años, apresado la semana pasada en El Ranchito de La Vega, junto a su esposa Mary y sus hijas Olga y Teresa de 10 y 8 años, llevado a Dajabón y deportado a Juana Méndez, Haití, pese a haber mostrado toda su documentación dominicana. Parecía haitiano y no había nada más que averiguar, aunque ellos gritaran “somos negros, pero no haitianos”.            

            Los documentos de la OEA y la ONU deberían bastar para una reflexión y emprender la regulación racional de una inmigración que ya es indispensable no solo para la caña y otros cultivos básicos, sino también para la industria de la construcción.